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Programa radiofónico de la UNA Visión Crítica Edición Marzo 28 2003 Posgrado en Administración de Justicia Por una justicia más humana y más eficaz José Rodolfo León: "El programa puede servir como apoyo, motor y palanca para varios cambios que se han venido dando y que se tienen que seguir dando en el ámbito de Administración de Justicia". José Carlos Chinchilla: "Se vió la necesidad de tener una visión real de la sociedad para llegar, mediante este posgrado, a humanizar la Administración de Justicia". José Ml. Arroyo: "Este programa de la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Nacional es un esfuerzo más de los que ha estado haciendo el Poder Judicial en los últimos años para dar las respuestas que el público está exigiendo". E.D.- Hoy nos vamos a referir en esta edición de Visión Crítica a un programa muy interesante que lleva a cabo la Universidad Nacional con otros socios. Se trata del postgrado en Administración de Justicia de Centroamérica y Panamá, enfoque socio jurídico en el que participan, entre otras personas, destacados miembros de la Academia y también de la administración de justicia en el país. Me refiero a José Carlos Chinchilla (J.C.Ch.), decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional; José Rodolfo León (J.R.L..), juez del Tribunal Superior Civil y José Manuel Arroyo Gutiérrez (J.M.A..), magistrado de la sala III. Será un diálogo con los tres José. Empezamos con José Carlos Chinchilla, a quien le pedimos que nos ubique en los antecedentes del posgrado; por qué se inaugura, cuándo y con qué objetivos fundamentales. Bienvenido al programa. J.C.Ch.- Bueno, en primer lugar un gusto compartir con Visión Crítica y con el auditorio y principalmente con usted Elbert y por supuesto nuestros compañeros de trabajo José Manuel y José Rodolfo, quienes son coordinadores. José Manuel Arroyo de la especialidad en Administración de Justicia Penal con el enfoque sociojurídico y José Rodolfo León en la Administración de Justicia Civil con el enfoque sociojurídico. Este programa de administración de justicia en Centroamérica y Panamá surge de una idea que se plantea en la tercera reunión de Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y Panamá de 1991. Allá se planteó como una necesidad tener jueces, fiscales y defensores que tuviesen una formación especializada en el campo de la Administración de Justicia. Esta idea se fue procesando a lo largo del tiempo hasta que en un momento importante de la escuela judicial y de la Universidad Nacional llegamos a un acuerdo, a un convenio, en el cual decidimos impulsar el posgrado de especialidad en Administración de Justicia. Este encuentro institucional de la Universidad Nacional y del Poder Judicial se concretó sobre la base de un trabajo muy detallado, muy constante, en el cual participaron las dos personas que nos acompañan junto con otro grupo de distinguidos juristas quienes al final de un año y medio, casi dos años de trabajo, terminamos concretando la propuesta de especialidad, la cual es un programa de un año, un año calendario, en la cual participan jueces, fiscales y defensores del país becados por el Poder Judicial, así como también contamos con gente de la Región Centroamericana, principalmente Honduras, El Salvador; tenemos participantes de Guatemala, Panamá y de otras partes como República Dominicana en ocasione. El programa tiene la característica de que se basa en la idea, no solo de la necesidad de que exista gente especializada en el campo de la Administración de Justicia, sino también, gracias al aporte de la Universidad Nacional, de que tenga un enfoque sociojurídico. ¿Qué quiere decir esto?. Quiere decir que queremos especialistas en el campo de la Administración de Justicia que tengan un conocimiento profundo de la sociedad en la cual desarrollan su trabajo. Y es aquí donde hacemos un aporte, en nuestra modesta percepción, un aporte a la administración de Justicia de la región Centroamericana; la incorporación de la dimensión social como un componente central de la Administración de Justicia implica un salto cualitativo en las oportunidades de justicia que las pobladoras y pobladores de la región Centroamericana tienen. E.D.- Esto me da pie para hacer la siguiente consulta. ¿Se partió, me imagino, de un diagnóstico de que las cosas no estaban tan bien como se deseaban en cada uno de los campos de las especialidades que ustedes desarrollan?. J.M.A.- Muy buenas tardes, y muchas gracias por esta oportunidad. Sí, quizá lo que está a la base de los antecedentes a las que ya refirió José Carlos es que nuestras universidades y nuestras escuelas de Derecho no forman a las personas que estudian derecho para ser jueces. En el mejor de los casos, después de 4 o 5 años de estudio, nuestras escuelas de derecho preparan en términos generales para el ejercicio de la abogacía, y lo cierto es que la judicatura, y en términos más generales, el administrador de justicia, para incluir ahí a fiscales y defensores, requiere de conocimientos y destrezas específicos que no le da la universidad. Eso es un fenómeno prácticamente universal. En el caso costarricense desde hace 25 o 30 años la Escuela Judicial ha venido llenando esa laguna, es decir, a los jóvenes profesionales que se incorporan al Poder Judicial y a las tareas de Administración de Justicia, la escuela terminaba incorporándolos con cursos más o menos sistemáticos en el oficio y en las destrezas que se requieren. Pero obviamente esa es una labor que ha tenido que irse también armando con los años. Es un esfuerzo muy importante pero que definitivamente no daba todas las herramientas necesarias. Es por eso que en los encuentros internacionales a los que hizo referencia el master Chinchilla lo que sale a relucir es que esa es una necesidad de todos nuestros países Centroamericanos, el Caribe y Panamá por lo que había que abrir un espacio que abriera respuestas a esas necesidades. El programa de Administración de Justicia, el posgrado, como especialidad que es, pretende realmente darle a las personas que se dedican a esto las herramientas necesarias para su profesión. J.R.L.- Bueno, muchas gracias don Elbert. Gracias también por invitarme a participar en esta edición de Visión Crítica de hoy. Realmente, como dijo José Carlos, en 1991 se sintió esa necesidad de especializar a los profesionales que colaboraban en la Administración de Justicia. En un principio se vio la necesidad en las dos áreas que tienen mayor cantidad de profesionales, donde hay mayor despachos en los países centroamericanos, que es el área Penal y el área de Derecho Civil. Son las más extensas en los países. Pero sobre todo se vió la necesidad de tener una visión real de la sociedad para llegar a humanizar la Administración de Justicia. Buscábamos mejorar no solo el aspecto de naturaleza eminentemente técnica o jurídica, sino también el aspecto de contacto con la realidad, la visión de la realidad, para dar una solución justa y adecuada a los problemas que se dan en el entorno social. En particular creo que en nuestra región ha sido muy valioso contar con la participación de jueces, fiscales, defensores, de toda Centroamericana para compartir experiencias y opiniones sobre la forma en que en cada país se han venido afrontando problemas que son comunes en la Administración de Justicia. En especial ha sido valioso el ejercicio para tratar de fortalecer el aspecto democrático. Al principio se decía que nos faltaban muchas cosas, pero sobretodo lo que hacía falta era tener ese contacto de jueces con otros jueces y de jueces con la realidad. Constatamos que en nuestros sistemas jurisdiccionales se había creado un desfase, es decir una especie de alejamiento del juez de la comunidad en la que está dando el servicio. Me parece que ese es uno de los puntos fundamentales que en el área civil y en el área penal se ha tratado de desarrollar a través de este programa. E.D.- Don. José Carlos, ¿cómo se incorpora la experiencia del usuario, del ciudadano, en esta especialización y complementación de los administradores de justicia?. J.C.- Voy a hacer una analogía. Uno de los grandes problemas que tiene la salud pública y la atención médica en este país es que muchas veces los médicos creen que la gente que va al Seguro no tiene, digamos, derecho de demandar calidad en sus servicios. Creo que en ese sentido hay que hacer dos cambios: primero, que la gente reconozca que tiene derecho a un buen servicio, y lo segundo, que los médicos, éticamente, asuman, digamos, una función de servicio en salud importante para el mejoramiento de la salud de los usuarios de la medicina. Bueno, pues yo creo que en Administración de Justicia uno de los grandes aportes que tratamos de tejer en conjunto es que el servidor de esa Administración de Justicia entienda que está al servicio de la ciudadanía, que cumple una labor fundamental en la estabilidad democrática del país y que las personas que acuden a los servicios de justicia tienen el derecho de la mejor calidad de justicia. En ese sentido el programa desarrolla no solo transversalmente la significancia del servicio público que tiene el administrador de justicia, sino que también la significancia ética que conlleva esa calidad en el servicio. Pero no solo la calidad en el servicio, sino también la responsabilidad que se tiene con el país, con la democracia del país y con el derecho de las personas. Tal vez la persona más indicada para hablar de este tema es don José Manuel, quien es el profesor de ética aplicada al razonamiento judicial, quien podría tal vez ampliar. Pero yo diría que uno de los elementos fundamentales es cambiar esa mentalidad de que quien asiste a los sistemas de justicia tiene el derecho de la mejor calidad, de la mejor atención y de que, además, hay de por medio un compromiso ético con el país. J.M.A.- Esa es otra cuestión fundamental de esta propuesta académica. La especialidad incorpora una serie de cursos que son técnicos, es decir, se procura mejorar el conocimiento especializado del futuro juez o del futuro fiscal o defensor, por ejemplo, en el área de lo penal en teoría del delito, lo referente a lo procesal penal, es decir, los cursos que tradicionalmente forman parte de lo que es la formación básica. Ahí tenemos, por supuesto, el beneficio indirecto de que una persona profesionalmente mejor preparada estará en condiciones de prestar un mejor servicio. Pero como bien lo decía José Carlos, aquí tenemos una propuesta académica que incorpora Gestión de Despacho, por ejemplo, que eso no se recibe en ninguna otra parte. Se supone que aquí el estudiante aprende a organizar la oficina y a mejorar las herramientas tecnológicas con las que puede contar para prestar un mejor servicio. Digamos que a eso, en términos muy generales, se orienta el curso. También hay cursos de lógica o de razonamiento judicial. Desgraciadamente nuestras universidades no enfatizan en esto y es también una destreza indispensable para que el servicio se preste con calidad y con eficiencia. Es decir, que las decisiones que tomen los jueces las hagan acompañar de los razones que las sustentan. Esto plantea un problema de orden democrático esencial. El funcionario público tiene que saber que las decisiones que toma tienen que ser decisiones razonadas, y que el ciudadano tiene derecho a que le den razones de por qué se está tomando una decisión en un sentido o en otro. Entonces no es un estudio de la lógica en abstracto y para ejercicios académicos puristas, sino por el contrario, que los operadores -por cierto que es una palabra que no le gusta a mucha gente-, que los funcionarios, pues, los profesionales de la administración de Justicia le den a la ciudadanía los fundamentos, los motivos, las razones por las cuales está tomando una determinada decisión y no otra. Lo mismo con el tema ético. Yo soy el profesor del curso de ética, totalmente orientado a problematizar a los futuros funcionarios de la Administración de Justicia en los núcleos más sensibles donde hay problemas éticos. Es necesario que ellos reflexionen sobre el impacto que sus decisiones van a tener en la comunidad, que sepan cómo relacionarse precisamente con el público, con la prensa, con los otros Poderes de la República, en fin, hay una serie de campos, ámbitos sensibles de la relación entre el juez, la jueza y la comunidad, que nosotros exploramos desde la perspectiva ética; en todo caso creo que es importante señalar que ésta concepción supone que el servicio de justicia es un servicio público y hay una discusión incluso teórica si es un servicio público o si es otra cosa, pero evidentemente un servicio público con particularidades, pero servicio público al fin, donde nosotros nos debemos a la ciudadanía. J.R.L..- En el ámbito del postgrado en el campo civil que es en el que me desenvuelvo yo, un aspecto muy importante que se ha tratado de introducir es precisamente tomar a la persona como sujeto de la actividad de administración de justicia y no como un simple objeto de esa actividad. Desgraciadamente en nustro país el proceso civil es un proceso escrito, es un proceso por decirlo así, burocrático, donde el juez no tiene contacto directo con las personas. Desde ese punto de vista, desde el ámbito de la especialidad civil, se insistió mucho en una reforma legislativa de la nacesidad de que el proceso sea oral, que tenga presencia del administrado, que se pueda ver el rostro de las personas que están pidiendo solución a sus problemas a los jueces de la jurisdicción civil. En el ámbito civil también se ha tratado de desarrollar lo que llamamos medios de resolución alternativa de los conflictos a través de la mediación, de la conciliación judicial. Se busca que en algunos casos los conflictos sean solucionados por las personas directamente, mediante diálogo, negociación y conciliación. Se busca también que la respuesta a sus problemas provengan directamente de ellos y que no sea impuesta por los juzgadores desde lo externo, porque muchas veces la solución que se obtiene no es precisamente la que las partes necesitaban para su caso concreto. Algunas veces a través de estos técnicas uno se da cuenta de que la solución que se obtiene no la hubiéramos podido obtener con el mecanismo ordinario que es el proceso burocrático, escrito, en el cual la persona no tiene contacto ni siquiera con los juzgadores. Desde ese punto se ha tratado de darle un rostro más humano a la Administración de Justicia. El punto es que nosotros solucionamos problemas humanos y es un punto entonces en el cual consideramos que la actividad del posgrado tiene que ir acompañada necesariamente de una reforma en la legislación. Tenemos que ir preparando un poco el camino para esa reforma legislativa. E.D.- ¿Cuales son en opinión de ustedes los aportes más significativos que está dando éste progama en el mejoramiento de la calidad de la Administración de Justicia en los países de la región?. J.M.A..- Lo primero que yo quisiera decir es que ya este programa tiene una fama ganada de ser un curso, un año de especialización muy exigente, donde la gente realmente siente que su experiencia como estudiante es de un gran esfuerzo personal y de un gran sacrificio precisamente por el nivel que se exige. En Centroamérica, tanto como en el país, ya tenemos una fama bien ganada en ese sentido. Obviamente a nosotros como responsables del programa nos alegra que tengamos esa "mala fama". Lo segundo es que efectivamente el programa de lo penal y el programa en general está estructurado sobre cuatro ciclos. Hay un primer ciclo que es de orden general donde hay materias como las que decíamos, gestión de despacho, ética, razonamiento judicial, sociología jurídica, que son la base tanto para que después la gente se vaya especializando en los otros ciclos en su materia, sea penal, o sea civil. El último de los ciclos se ha manejado bien con la reinserción laboral del estudiante para que in sitú, en su trabajo cotidiano, pueda ser evaluado acerca de la asimilación que ha tenido de los conocimientos en los ciclos anteriores, o bien realizando individual o grupalmente investigaciones orientadas a detectar algunos de los problemas fundamentales de la Administración de Justicia. Les puedo contar por ejemplo que este año se ha hecho una investigación muy seria en todo el país con la participación de todos los estudiantes de la especialización de penal, en cuanto a la oralidad en materia penal, es decir, nosotros en Costa Rica damos, por supuesto, la oralidad en materia penal, y lo cierto es que ese es un tema que todavía tiene que ser mejorado en muchísimos aspectos. Desgraciadamente el derecho tiene muchos siglos de ir por rutas que no se avienen con la tradición oral. Nosotros tenemos varias décadas en lo penal de estar en esta materia, pero el peso histórico, verdad, la forma en que la gente ha sido formada en las universidades, etc., termina siendo un fardo muy pesado para que a través de la oralidad se agilicen los procesos. Entonces estamos detectando en qué estamos fallando en la oralidad de conformidad con el último Código Procesal y estamos dando soluciones; quiero decir también, finalmente, que este esfuerzo académico del Programa de la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Nacional para la Administración de Justicia, es un esfuerzo más de los que ha estado haciendo el Poder Judicial en los últimos años para dar las respuestas que el público está exigiendo y esperamos que con el tiempo se vea con toda claridad que ha sido un programa exitoso y que efectivamente contamos con los funcionarios que la ciudadanía demanda para dar un buen servicio. J.R.L.- Bueno, como lo explicaba José Manuel, el programa es anual, tiene cuatro ciclos o ciclo común, dos ciclos específicos de materias correspondientes a cada una de las áreas en la cual se pretende un conocimiento y formar destrezas específicas en los participantes, y un último ciclo que podríamos denominar una práctica dirigida, que podría verse desde dos puntos de vista, o sea, como decía José Manuel, la reinserción nuevamente de los estudiantes al mundo laboral en la Administración de Justicia, pero también en la aplicación o en la utilización de los conocimientos adquiridos en el análisis de los problemas de punta que en cada jurisdicción se vienen dando. Por ejemplo, en el área civil, en este último ciclo de práctica dirigida, se ha tratado de ahondar en problemas emergentes o problemas nuevos que se van presentando en el mundo jurisdiccional, por ejemplo, se afrontaron a nivel centroamericano los problemas de las modificaciones que se dieron en propiedad intelectual, básicamente los derechos de autor y el derecho de propiedad industrial. Con un cambio que se dio del 2000 en adelante en todos los países centroamericanos era muy interesante aprovechar tal experiencia, porque pudimos analizar cómo en cada uno de los países la Administración de Justicia comenzaba a afrontar problemas comunes por la unificación de la normativa en estos campos. También en materia de propiedad, de tutela del consumidor, de los problemas entonces del acceso a la justicia en casos de derecho del consumidor; un punto que para mí es muy importante es que no solo a nivel nacional los estudiantes que han venido saliendo del posgrado han sido, por decir así, gente de "punta" en reformas y en el análisis crítico de las instituciones jurisdiccionales, sino que también a nivel centroamericano el posgrado ha tenido mucha proyección, por lo menos en el ámbito del derecho civil. A ello se suma el análisis de la propuesta de reforma de la estructura del proceso civil en Centroamérica. Actualmente, por ejemplo, en Honduras se está trabajando muy fuerte en un cambio del sistema escrito al sistema oral, en El Salvador también se han hecho grandes avances en cuanto a la flexibilización del proceso y los egresados del área civil han sido, por decirlo así, muy importantes en esos procesos de desarrollo en esos otros países. Entonces vemos que esa satisfacción queda. Al menos en el área civil la proyección que se ha tenido a nivel no solo interno, sino también a nivel Centroamericano, ha sido muy amplia. J.C.Ch.- En cuanto a logros, yo comenzaría indicando que el programa tiene una visión olística, es decir, tiene una visión integral, queremos administradores de justicia con una visión completa, no solo de lo jurídico como elemento fundamental, sino también que incorporen las otras dimensiones, como se ha dicho anteriormente: la parte ética, la parte social, la parte del razonamiento, como elementos fundamentales, y además, un enfoque eurístico, es decir, práctico; es un conocimiento orientado a la aplicación, es decir, no nos interesa el conocimiento erudito de la gente, interesa el conocimiento hacia la aplicación concreta en el campo de la Administración de Justicia. Esos son como los dos grandes ejes, olístico- integral y eurístico, la aplicación en el campo de la Administración de Justicia. Es importante anotar que el posgrado se inscribe dentro de un programa general de Administración de Justicia en Centroamérica y Panamá, el cual tiene un área de formación que sería la especialidad profesional. A lo largo de estos seis años hemos desarrollado en la región centroamericana una gran cantidad de seminarios y talleres al más alto nivel, es decir, con los jueces, fiscales y defensores públicos, con presencia de magistrados de corte y de la mismas Cortes Supremas de Justicia. Junto con ello también tenemos otra dimensión que es una dimensión en la cual hacemos investigación específica sobre temas de relevancia. Recientemente en Costa Rica hemos cumplido una investigación muy interesante sobre la mora judicial, analizada desde la perspectiva de las prácticas dilatorias que utilizan los abogados. Y en alguna medida, como lo dijimos en la presentación, descubrimos, para decirlo de alguna forma, como la fase oculta de la luna. Es decir, en principio pareciera que la mora judicial descansa únicamente sobre los hombros o la responsabilidad de las jueces y los jueces, cuando en realidad también parte de la mora descansa sobre prácticas dilatorias que utilizan los abogados a la hora que llevan los procesos. En fin, hay una serie de aportes en muchas dimensiones. Por lo tanto, el programa de Administración de Justicia cumple esa función. En este momento estamos diseñando para Honduras un plan de capacitación, para darle continuidad a lo que años anteriores hemos desarrollado. Hemos desarrollado más de 30 seminarios desde Panamá, República Dominicana y hasta Guatemala. Hemos tenido estudiantes de Bolivia porque el programa ha llamado la atención y ha venido gente desde ese país suramericano por el enfoque que tenemos; hemos tenido gente de Panamá, Honduras, Salvador, Nicaragua y Guatemala. En estas primeras seis promociones tenemos 106 graduados, de los cuales, cerca del 40% son de la región centroamericana y del Caribe, más un boliviano. Además, con la sétima promoción tendríamos 134 estudiantes. Son muchos y son pocos, en el sentido de que obviamente lo ideal sería que tuviésemos una población mayor, sin embargo el efecto multiplicador que tienen estos estudiantes en la región es importante. Por ejemplo, en el caso de Honduras, en el campo penal, una de las personas que ha estado dirigiendo el proceso ha sido un graduado distinguido de nuestra Universidad Nacional. En El Salvador, gente que estuvo dirigiendo parte de los programas primarios de formación para gentes que van a ser jueces también estuvo a cargo de gente nuestra, y así podríamos enumerar una gran cantidad de fenómenos por el estilo. Recientemente en El Salvador el programa recibió un homenaje por parte de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, del órgano judicial, así como de los mismos graduados, quienes reconocieron el esfuerzo y el aporte que hemos hecho a nivel centroamericano. En fin, hay una política importante en esa dirección. Ahora yo quisiera agregar algo más. Este proyecto, éste programa, es una muestra de lo que una universidad como la Universidad Nacional puede hacer por el país en relación a la solución de los problemas, o a contribuir, o cuadyuar a la solución de los problemas. Este es un programa que surge de la claridad que tienen en su momento los dirigentes de la Universidad Nacional y quienes conducían y conducen en este momento el Poder Judicial, porque nos hace converger a la universidad al contribuir al desarrollo del país, y por otra parte, la Corte Suprema de Justicia al comprender que el recurso humano en el campo de la Administración de Justicia es el elemento central, y que una alianza con una universidad nacional, que crea un programa en conjunto con la Corte,y con los funcionarios de la Corte, para una propuesta de Administración de Justicia, resulta una lección importante para otros campos, y por qué no, también para otras universidades públicas. Creo que esto es uno de los grandes aportes de este programa, la posibilidad de un trabajo conjunto, respetando las autonomías propias de cada institución y articulando una convergencia para la solución de un problema. E.D.- Indudablemente que la mayor calidad de los profesionales, de las personas que adminstran justicia, tiene que ir de la mano con cambios en la estructura de Administración de Justicia. ¿Cómo se va dando ese acompañamiento?. J.M.A..- Bueno, yo estoy, en lo personal, muy comprometido con los procesos de reforma del Poder Judicial. Me corresponde coordinar una comisión de magistrados que está impulsando una fase más, porque esto viene desde hace 10 o 15 años. Los esfuerzos del Poder Judicial por ir respondiendo a los cambios de las épocas, a las exigencias de la ciudadanía tiene varios años. Para nadie es un secreto que todavía nos falta mucho que hacer en el tema de la mora judicial, del retardo en la Administración de Justicia. El público se queja básicamente de tres cosas. Se queja del retardo, de la duración de los procesos, se queja del trato o del mal trato que recibe en algunas ocasiones de parte de los empleados y funcionarios, y también está la queja de la calidad de las resoluciones judiciales. Si usted le pregunta a los abogados, al público, en ese orden están las grandes quejas de la ciudadanía; entonces, este programa, como decía, quiere incidir en la solución de esos problemas, pero obviamente el Poder Judicial está trabajando en la propuesta de reformas de fondo, tanto internas como las que requieren de cambios legislativos, o inclusive hasta constitucionales, para un mejor diseño de la institución y un mejoramiento del servicio que presta. J.R.L..- Yo creo que el programa puede servir como una especie de apoyo, motor y palanca a varios cambios que se han venido dando y que se tiene que seguir dando en el ámbito de Administración de Justicia. Por ejemplo, puede servir de palanca para apoyar cambios legislativos, como en el caso del Derecho Civil pasar de un proceso eminentemente escrito a un proceso oral, pero también puede servir de apoyo en cuanto al diagnóstico de problemas y, eventualmente, en el estudio de las posibles soluciones a esos problemas. Como en el caso del estudio que se hizo recientemente en cuanto a la mora de la tramitación de los procesos. Entonces desde esos puntos de vista no es que el programa sea la solución a los problemas, porque verdaderamente no podemos arrogarnos esa atribución, pero sí de apoyo a los procesos de solución, a los procesos de estudio y a los procesos de análisis. Sobre todo buscando respuestas concretas y factibles al mejoramiento de la Administración de Justica, y otra cosita que quería decir es que también el programa está para crecer, es decir, una de las metas que yo creo que todos tenemos es tratar de ampliar inclusive la formación académica no solo a una especialidad, sino eventualmente a un grado académico más alto, y también eventualmente abrir áreas nuevas, por ejemplo en materia del Derecho de Familia tenemos mucho pensado y mucho hablado para que podamos abrir tal vez otra área de estudio, entonces el programa tiene que ir creciendo junto con las soluciones y los problemas que se nos van presentando día a día. No queremos que se quede estacionado en lo que estamos ahora, sino que deseamos que la respuesta interinstitucional sea cada vez mayor y más efectiva. E.D.- Es bueno saber que hay personas y hay instituciones que toman decisiones para mejorar la calidad de quienes intervienen en la Administración de Justicia. Hay que enterar de esto a la mayoría de los ciudadanos, a los habitantes del país, a los usuarios de esa administración de la justicia. J.C.Ch.- Yo quería agregar dos aspectos que son fundamentales, esto es como hablar de futbol sin hablar de los jugadores y de los entrenadores, verdad. En realidad yo creo que el éxito del programa se ha basado en dos grandes pilares. Uno, la calidad de los docentes; son gente de muy alto nivel. Un 70% con experiencia cotidiana en el trabajo de Administración de Justicia y el otro 30% académicos del más alto nivel a nivel nacional que dichosamente están en el programa. El otro factor que es muy importante es la calidad de estudiantes que hemos tenido. Yo quiero decir que son gente que no solo está dedicada tiempo completo sino que mientras dura el programa está de vida completa porque tienen que estudiar día y noche, más allá de una jornada de trabajo, es decir, es gente que tiene una cuota de sacrificio importante. Tratamos de lograr en un año lo que otros no logran ni en dos. Es la intensidad del trabajo, la dedicación que esta gente le ha puesto, lo que nos permite impactar a nivel regional con una propuesta de Administración de Justicia con un rostro humano y con una conciencia clara de que se presta un servicio público fundamental para el desarrollo de la democracia y del sentido humano en el tratamiento de las personas. E.D.- ¿En lo personal, qué es lo que más satisfacción les ha producido en este programa de posgrado? J.M.A..- En mi caso ha sido muy enriquecedor y hasta impactante a veces el reconocimiento que hacen los egresados de que han cambiado, de que son personas nuevas y profesionales nuevos; son esas manifestaciones inequívocas de que el paso por nuestras aulas les ha cambiado la vida para bien y no solo en el campo laboral, sino en lo profesional y personal, es decir, cuando un exestudiante le dice a usted cosas como esa pues obviamente usted entiende que no se ha barado en el desierto y que el terreno ha sido abonado con lo mejor que el ser humano puede tener. J.R.L..- Mi satisfacción personal es el contacto que he tenido con cada uno de nuestros estudiantes durante las diferentes generaciones. El hecho de que en el programa uno crece, el mismo docente crece como persona y crece como profesional junto con los estudiantes, cada año uno tiene la presión de ser más humano y más profesional en lo que está haciendo. Entre las anécdotas interesantes: en el primer año teníamos un estudiante hondureño que literalmente dejó sangre en sus trabajos. Era tanta la presión que tenía junto a sus compañeros que para hacer un trabajo del curso mío tuvo que pasar la noche en blanco, y cuando llegó a la universidad, subiendo las gradas se cayó, se rompió la frente y me entregó el trabajo lleno de sangre. Entonces me dijo: "yo hasta sangre dejé en este posgado". Hay que subrayar que ellos han dejado el alma, y la satisfacción más grande es cuando ellos vuelven a sus puestos de trabajo. Uno oberva entonces el desempeño que tienen, es completamente diferente, es decir, demuestras, en la vida cotidiana que han cambiado y han mejorado en todas sus actitudes y en su labor profesional. Eso para mí es lo más importante. J.C.Ch.- Yo pienso que lo más importante además de lo que han dicho José Manuel y José Rodolfo es saber que las ideas se pueden concretar; que con trabajo, con buena voluntad, con conocimiento y con conciencia de que estamos acá para servir y para hacer cosas mejores, las ideas se pueden concretar y hacer realidad. Arriba |
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