Decidir sobre
explotación geotérmica
juzgando
el cómo
y no el fin
Por José
María Blanco
Hay temas de las agendas nacionales que permanecen “olvidados” durante largos períodos y sólo ante situaciones de crisis, cuando se enciende el ardor nacionalista y se descorren las cortinas del olvido, emergen con toda su importancia dando lugar a propuestas algunas veces coherentes, pero otras veces faltas de racionalidad técnica y política.
La
energía, en general, es uno de esos temas que apasiona cuando -por ejemplo-
los principales países productores de petróleo desean aumentar sus ingresos
a costa de la dependencia mundial de los combustibles fósiles.
Lamentablemente, en países como Costa Rica, donde el potencial energético
brinda otras oportunidades para balancear la contabilidad energética, la
discusión de esta problemática en la agenda pública y política no es
permanente ni consistente con nuestra dependencia de los combustibles fósiles
importados, olvidándose muchas veces que el país cuenta con una riqueza
natural para desarrollar sus fuentes renovables de energía.
El país
posee una amplia diversidad de recursos locales para generación de
electricidad y calor, por lo que es necesario no sólo valorar su potencial,
sino eliminar las barreras existentes que limitan o impiden su desarrollo
comercial: trátese de los mismos recursos de origen fósil, como el petróleo
y el gas natural, que potencialmente podrían explotarse, o de otros recursos
energéticos renovables, como la energía geotérmica.
La energía
geotérmica es la que se almacena en forma de calor en grandes grietas y
cámaras subterráneas que se llenan de agua que escurre desde la superficie.
El vapor generado es llevado por tuberías a la casa de máquinas, donde
impulsa turbinas de vapor que al girar producen la electricidad usando
generadores convencionales (Biblioteca
Fundamental Ariel. 1976. “Combustible y Energía”. Ecuador). Según
los especialistas en sistemas de potencia para generación eléctrica (La Nación. 31-7-00: 4A), la geotermia es muy atractiva porque
funciona como energía de base, es decir, produce una cantidad de energía
(vatios-hora) constante.
La
capacidad instalada de las plantas geotérmicas Miravalles I y II, propiedad
del Instituto Costarricense de Electricidad (Ice), es de aproximadamente 120
megavatios (MW), y ellas en 1999 generaron 800.000 Mwh (Informativo
16. Serie SIEN-SIEE. Abril, 2000. Costa Rica), lo cual representa casi un
15% de la generación anual del sistema
nacional interconectado. Además, en el pasado mes de agosto se inauguró
la planta geotérmica Miravalles III bajo el esquema denominado BOT (que, por
sus siglas en inglés, significa construir,
operar y transferir) con una capacidad de 27,5 MW, aprovechando también
el calor generado por el campo geotérmico en las faldas del Volcán
Miravalles en la Cordillera de Guanacaste, proyecto desarrollado por la
iniciativa privada al amparo de la Ley Nº 7.508 del 9 de mayo de 1995.
El Ice ha
venido investigando este recurso desde hace muchos años y estudios realizados
revelan que del potencial de energía geotérmica sólo se ha desarrollado un
11%. Siendo que la mayor cantidad de fuentes de geotermia se encuentran
ubicadas en los parques nacionales, no fue casual que la Asamblea Legislativa
aprobara en primer debate -en el artículo 120 del denominado combo energético- la autorización para que fuera Icelec quien
realizara las actividades de desarrollo geotérmico en tales áreas
protegidas. Pero este aprovechamiento conllevaría ineludiblemente un impacto
ambiental en esas áreas, que son ecológicamente muy frágiles, por lo que,
dadas las estrictas condiciones nacionales de resguardo de las mismas, la
explotación geotérmica en Costa Rica se vuelve difícil.
Ese dilema
puede verse desde diversos ángulos: desde el del conservacionismo puro -en un
extremo- se quiere no explotar el potencial necesario de recursos energéticos
de origen local; desde el de los grupos inversionistas -en otro extremo- se
defiende a ultranza la explotación de los recursos. Cuando se adopta una
perspectiva de discusión más amplia ésta suele perderse entre dos frentes:
el de cuáles han de ser los medios por los que Costa Rica debe promover el
desarrollo de sus recursos renovables -como por ejemplo la geotermia-, y el de
la necesidad de lograr una reducción significativa de los combustibles
importados utilizados para la generación eléctrica.
Desde hace
varios años, en su Plan Nacional de
Energía: 1990-2010, el país formuló con toda claridad que el desarrollo
de las fuentes energéticas tiene como objetivo fundamental “asegurar el
abastecimiento de la energía necesaria para el desarrollo integral de la
sociedad costarricense” (2º Plan
Nacional de Energía 1990-2010. 1990. Ministerio del Ambiente. Costa
Rica). Considerando prioritariamente la seguridad nacional es comprensible que
se procure un desarrollo armonioso de la explotación de nuestros recursos
naturales con fines energéticos con el mínimo impacto ambiental. Para evitar
esa confusión entre los medios y el fin, una vez demostrada la factibilidad
técnica del desarrollo de los recursos geotérmicos, y en un marco de
política nacional, se proponen los siguientes principios orientadores:
·
El estado, a través de las instituciones participantes en el
aprovechamiento de la energía geotérmica, debe ser capaz de garantizar el
cumplimiento de las más estrictas normas internacionales para reducir el
impacto ambiental en las fases de exploración y explotación de este recurso,
más aun cuando su desarrollo se ubique en áreas naturales de protección
absoluta, como por ejemplo los parques nacionales.
·
El cumplimiento de esta normativa no debe ser ejercicio exclusivo de las
mismas instituciones que desarrollan el recurso. Su verificación debiera
incluir un equipo de trabajo que incluyera expertos internacionales bajo
contrato con la Defensoría de los Habitantes, la participación ciudadana por
medio de organizaciones e individuos de reconocida solvencia moral y otros
grupos de la sociedad civil organizada que trabajan en las áreas de
conservación involucradas. Los costos respectivos de formulación y
verificación de las normativas ambientales debieran cargarse al costo de
inversión de cada proyecto geotérmico.
·
La institución nacional responsable del desarrollo del recurso debe
brindar, tanto en la fase de exploración como en la de explotación, un bono
o garantía ambiental correspondiente a un porcentaje del costo del proyecto
el cual debiera ser presentado previamente a la ejecución del proyecto como
parte de los requerimientos de aprobación normalmente establecidos por la
Contraloría General de la República.
·
En el plan de expansión de la
capacidad nacional de generación eléctrica la viabilidad del desarrollo
de un proyecto geotérmico debe valorarse -además de por ser ambiental,
técnica y económicamente factible en relación con la utilización de otras
formas de energía- en relación con los programas de administración de la
demanda de electricidad, asignando las prioridades a las alternativas de menor
costo -como podría ser las medidas de ahorro de energía, en un país que se
encuentra electrificado en un 95%.
·
Los proyectos de desarrollo geotérmico propuestos debieran ser
presentados a las diferentes instancias para su análisis y discusión con una
amplia participación popular desde las etapas previas de la fase de pre-inversión.
Ello contribuiría en gran medida a definir el curso de ejecución del
proyecto en sus etapas posteriores, evitando atrasos en los procesos de
licitación, sobrecostos financieros y dilataciones futuras por
cuestionamientos políticos, ambientales y sociales.
El
desarrollo energético en Costa Rica en el siglo XXI no podrá ser atendido
únicamente con recursos aportados por el estado y sus instituciones. Por ello
es que las inversiones en energía geotérmica, como lo ha demostrado el
Proyecto Miravalles III, son una forma armoniosa de conjugar el interés de la
inversión privada con la defensa del patrimonio nacional en materia
energética, para atender las amplias demandas de recursos de inversión que
requiere el sector eléctrico costarricense en los próximos 10 años.
Retomando
lo expresado anteriormente, no es el fin sino los medios los que han de
orientar la discusión acerca de cómo Costa Rica debería lograr el
desarrollo de sus recursos geotérmicos. La forma en que se logre conjugar la
viabilidad técnica y económica con el interés ciudadano -que a final de
cuentas es el dueño del recurso geotérmico-, así como la transparencia en
torno a cuáles serían los impactos ambientales y a cómo mitigarlos, nos
permitirá ser más independientes desde un punto de vista energético sobre
una base más amplia de participación popular en la toma de decisiones
respecto de aquellos temas que usualmente permanecen “olvidados” en las
agendas nacionales.
El autor, ingeniero, es director de la filial centroamericana de Biomass Users Network
