Combo agrícola atenta contra la agrobiodiversidad, la legislación existente y compromisos internacionales

Por Roxana Salazar

isposiciones tendientes a la conservación in situ y ex situ (dentro y fuera de sus hábitats naturales) de los componentes de la diversidad biológica, y también tendientes a la conservación y el uso sostenible de la diversidad agrobiológica, fueron respectivamente adoptadas en la Convención sobre la Diversidad Biológica (1992) y en la Tercera Conferencia de las Partes (1996). Esta última orienta hacia el cambio de los sistemas tradicionales de producción agrícola fomentando tecnologías y prácticas resguardadoras y restauradoras de la biodiversidad: agricultura orgánica, manejo integrado de plagas y sustitución de agroquímicos, policultivos y rotación de éstos y agroforestería, y establece compromisos para la coordinación entre academia, sector público y sector privado en función de un trabajo conjunto para la protección de los ecosistemas terrestres y acuáticos. En Costa Rica, la Estrategia Nacional de Biodiversidad da una serie de directrices que apuntan al fortalecimiento de acciones de protección de la biodiversidad, e incluso considera la implantación de un sistema interinstitucional de cálculo del daño ambiental ocasionado por proyectos de desarrollo, sistema que habría de definir la magnitud y ubicación del impacto y su relación con los recursos que deberán protegerse.

Recientemente, Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, nos ha recordado que en lo tocante a agricultura, bosques y pescadería, nuestro mundo depende inexorablemente de la sostenibilidad de los ecosistemas y casi la mitad de la población mundial, que sobrevive con menos de dos dólares diarios per capita, depende directamente de los mismos. Él ha resaltado la responsabilidad que tienen los decisores de todos los países de buscar un adecuado balance entre los compromisos en cuanto a políticas macroeconómicas, pobreza y protección de biodiversidad. Es evidente que en países como Costa Rica ese balance no existe, siendo las políticas más de degradación que de protección.

Según muchísmos productores agrícolas y expertos, en el campo la pequeña producción campesina es el más efectivo puntal del desarrollo sostenible; de hecho, grupos organizados -como la Mesa Nacional Campesina- han propuesto e impulsado proyectos de conservación de suelos en áreas susceptibles de degradación, investigaciones sobre agricultura sostenible y biodiversidad desde una perspectiva campesina, iniciativas tendientes a la recuperación de suelos, al reordenamiento territorial, a la promoción de la agroforestería, de la agricultura orgánica, del agroturismo, de la defensa de la biodiversidad frente al uso de patentes, etcétera. Sin embargo, como se señala en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el campesinado costarricense, y especialmente el subsector de pequeños campesinos, a pesar de su dinamismo político ha experimentado una reducción de sus posibilidades de desarrollo a causa de la poderosa promoción de transformaciones en la producción agrícola.

Por otro lado, a finales del año pasado el Fondo Monetario Internacional, en un sorprendente aunque no impredecible cambio de dirección, definió que las reformas de ajuste estructural que promovió durante más de dos décadas están llenas de lagunas y que ahora el reto está en pasar a otro estadio que permita a los países avanzar efectivamente en el proceso de desarrollo. Las nuevas reformas propuestas se orientan a definir objetivos concretos tendientes a disolver las tensiones provocadas por las diferencias entre las particularidades de los países, sobre todo en lo referente a las áreas social, cultural y política, de modo que armonicen con la tendencia de las demandas globales de integración de mercados, estándares y normas. El FMI plantea la importancia de fortalecer las estructuras políticas y sociales nacionales a fin de facilitar los cambios y lograr un adecuado balance entre el sector público, el privado y los intereses sociales y económicos de la colectividad. Se reconoce que elemento fundamental en ese planteamiento es fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil y promover la integración al proceso de desarrollo de los grupos sociales hasta ahora marginados como resultado de las primeras reformas, que eran dirigidas fundamentalmente a lo financiero y lo estructural. Se afirma que una mayor atención a la justicia en la distribución del ingreso nacional y una mayor transparencia en la toma de decisiones públicas son fundamentales en las reformas que se imponen para esta década (los temas de la inclusión social, la equidad y el aumento de la pobreza habían sido dejados de lado presumiendo erróneamente que el crecimiento económico se encargaría por si solo de resolverlos).

En el camino hacia el desarrollo nuestros países se enfrentan al reto de lograr equidad en la repartición de la riqueza y de erradicar la pobreza. El esquema tradicional de relaciones sociales y políticas debe dar paso a algo más complicado en las esferas nacional e internacional; las propuestas de desarrollo deben incluir lo social y lo humano y ajustarse a las condiciones sociales, culturales y económicas de cada país. Para promover las estrategias planteadas se debe integrar a la diversidad de sectores sociales y fomentar la investigación y la difusión de la información, la cual ha de coadyuvar a la protección de los consumidores especialmente en lo atingente a la biodiversidad cultivada: en efecto, crecientes grupos de consumidores organizados mundialmente reivindican el derecho a comer alimentos seguros para la salud y a saber qué comen (demandan contar con información sobre el contenido y las características de ingredientes transgénicos en los productos alimenticios ofrecidos en el mercado), en respuesta a lo cual los gobiernos han fijado normas alimentarias nacionales e internacionales.

A continuación se hará una crítica a varios de los proyectos de ley que forman parte del combo de proyectos y reformas de ley referentes a lo agrario en trámite en la Asamblea Legislativa.

El Proyecto de Ley de Incentivos para la Pequeña y Mediana Producción Agropecuaria y Agroindustrial al plantear los incentivos que quiere promover ignora todo el marco jurídico vigente: ignora tanto la Ley de Creación del Programa de Reconversión Productiva (Nº 7.742), aprobada hace pocos años, como varios otros programas, entre ellos Infoagro -red de información agropecuaria que está funcionando en todo el país. También ignora el existente sistema integral para el apoyo de la micro y pequeña empresa -que incorpora el conjunto de programas, proyectos, recursos y acciones vinculados con la promoción y desarrollo de la micro y pequeña empresa. Asimismo, establece un nuevo fondo de financiamiento del sector agropecuario, solo que esta vez es por la libre, sin siquiera pautar obligación ambiental alguna -la inclusión de la cláusula que establece que el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Ministerio de Agricultura (Mag) y otros vigilarán los resultados de este proyecto tiene poca relevancia a la luz de la afirmación hecha por el hasta hace poco viceministro del Ambiente (La República, 14-2-00) de que el Ministerio del Ambiente no puede controlar los planes de manejo del bosque ni a los ingenieros forestales colegiados en el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Tal proyecto, además, ignora todos los compromisos y esfuerzos de promoción de un nuevo modelo de agricultura, la orgánica.

El Proyecto de Ley del Instituto Nacional de Innovación Tecnológica en Agricultura, otro de los del combo agrícola, viene a duplicar esfuerzos respecto de los que realizan las universidades nacionales y, peor aun, a trasladar a ese instituto -que resulta ser una sociedad anónima- todo lo que pertenece a la Dirección de Investigación Agropecuaria del Mag (menos los empleados mayores de cincuenta años). Así, la investigación pasa directamente al sector privado eximiendo al estado de su obligación en esa materia, lo que es preocupante.

Respecto del Proyecto Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (Pima) S.A., el Colegio de Agrónomos afirma (La Prensa Libre, 15-2-00) que no soluciona los problemas de comercialización y se opone a que sea sociedad anónima.

El Proyecto de Ley de Creación de la Corporación Nacional sobre Granos Básicos también utiliza fondos públicos para establecer un ente no estatal, refiriéndose la mayoría de su articulado a la composición y atribuciones de la junta directiva sin contemplar ninguna normativa específica sobre rendición de cuentas u obligaciones concretas para destituir a esos directivos en caso de incumplimiento con los fines de la ley.

El Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura descubre con gran precisión que para proteger el recurso hidrobiológico se deben establecer vedas y delimitar áreas de reserva para la protección de ciertas especies y de la pesca artesanal. Mas promover nuevamente compromisos en este sentido viene a recordarnos el fallo de la Sala Constitucional sobre las tortugas, que dice que: "Es claro que el decreto impugnado nació como una forma de proteger de alguna manera esta especie de quelonio marino, teniéndose como fundamento que los mismos venían siendo afectados por la explotación que el hombre les estaba dando y de que esta especie constituye para los pobladores de la provincia de Limón una importante fuente de proteína, autorizándose una determinada cantidad de especies que podían ser capturadas sin contar con un estudio científico previo que demostrara el riesgo de supervivencia de la especie, pues esta si para entonces era una especie de población reducida o amenazada (Decreto Ejecutivo Nº 22.545 del 30 de agosto de 1933), ahora es considerada una especie en peligro de extinción"; y continúa señalando que: "Todo lo anteriormente transcrito deja entrever que desde la aplicación del decreto impugnado no se han realizado las investigaciones correspondientes en aras de proteger la especie, ni siquiera se mantienen al tanto de los convenios y legislación que viene a protegerla, todo lo que demuestra que se han violentado los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política al no cumplirse con la protección establecida en los convenios internacionales, desprotegiéndose en esa forma el derecho a un ambiente sano y sobre todo ecológicamente equilibrado, para el cual deben establecerse mecanismos preventivos para evitar la extinción de las especies, lo que requiere de una actitud cierta y responsable de las autoridades administrativas competentes". Prosiguiéndose con la afirmación de que: "Así también, es innegable la violación al artículo 7 constitucional al contrariarse los Convenios Internacionales, pues este decreto autoriza la caza de la tortuga verde para su consumo y su captura para el comercio sin bases científicas suficientes para acertar que eso es posible y en qué medida, desprotegiéndolas irresponsablemente con la sola existencia de la duda que gira en torno a la sobrevivencia de éstas, lo que hace a esta normativa inconstitucional según el principio indubio pro natura, donde sólo la duda del perjuicio que se le pueda causar al equilibrio ecológico es suficiente para protegerlo y con mucho más razón cuando existen estudios científicos que exigen su máxima protección". Para concluir aseverando que: "En razón de todo lo expuesto, el decreto Nº 14.524-A resulta violatorio de los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política al afectarse el equilibrio ecológico del medio ambiente, los artículos 5.1 y 8 de la Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, artículos 1, 2, 13 y 27 del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, artículos II, III y IV del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y el principio 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, instrumentos todos que giran en torno a la protección del equilibrio ecológico del cual dependen estas especies".

En general, pues, las propuestas contenidas en el combo agrícola de leyes vienen a poner parches sin lograr la armonización con la legislación existente ni con compromisos adquiridos internacionalmente, como el de fomentar la protección de la biodiversidad ex situ con prácticas agrícolas amigas del ambiente como son la reducción de insumos químicos, la protección de suelos y aguas, la orientación hacia la agricultura orgánica, etcétera... Mas a pesar de los diputados, y sin proyectos de ley, prácticas agrícolas económicamente viables, como esta última, dichosamente siguen fortaleciéndose en nuestro país.

La autora, abogada, es directora de la oenegé ambientalista Ambio