La Cámara Nacional de Agricultura  ante el combo agrícola

Por Maritza Cordero

stamos totalmente concientes de la buena voluntad del gobierno al tratar de implementar proyectos que modernicen el sector; sin embargo, esta modernización no se puede desligar en ningún momento de los verdaderos protagonistas de esta historia, productores de todo el país que ven embargados sus bienes, malpagadas sus cosechas y, como si fuera poco, invadidos y destruidos por una mal entendida apertura comercial. Es preocupante que la política usada por los últimos gobiernos se haya mantenido tan distante del productor, que no es el tonto ni es el vago, como muchos lo llaman, sino que es el costarricense que se tira a las calles cuando le quieren arrebatar su único sustento, y el que espera con ansia que alguien le devuelva la confianza de trabajar la tierra, la seguridad de vender la cosecha y la tranquilidad de saberse en un país en donde estiman su trabajo.

A nivel nacional, el fácil acceso al crédito disponible, una verdadera extensión agrícola y precios justos que le garanticen su permanencia en una actividad cada día más desteñida, son problemas imperativos que el productor pide sean resueltos a corto plazo. A nivel internacional, la activa incursión del sector agrícola en el comercio exterior, cuando se trate de negociar tratados de libre comercio, es indispensable si se quiere proteger al productor nacional y competir en aquellos productos que estén preparados para ello.

Los proyectos y reformas de leyes referentes al agro (combo agrícola) que se han venido discutiendo en el plenario y en diversas comisiones legislativas, si bien pueden ayudar a organizar institucionalmente el agro, no resuelven en su totalidad el problema del agricultor nacional, que requiere más que un cambio institucional para que su labor sea realmente valorada y su situación mejorada. La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), que apoya todo impulso al bienestar agropecuario del país siempre que los alcances y los métodos adoptados no dañen a ninguno de los sectores productivos, ha venido estudiando tales proyectos y reformas y considera que algunos de ellos están necesitados de cambios drásticos y urgentes. Seguidamente se hace algunos comentarios sobre tres de los proyectos que ocupan los primeros lugares de discusión de la agenda legislativa agropecuaria.

El proyecto de ley de Creación del Instituto de Innovación Tecnológica en Agricultura (Inta), sobre el cual la CNAA recientemente expresó su posición en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, es un proyecto muy ambicioso que en su propuesta inicial adolece de varios defectos. Nuestra primera observación crítica se refiere a la investigación científica atingente al campo agrícola: el proyecto presenta grandes deficiencias en cuanto a la integración de las diversas actividades de investigación científica referentes al agro en el país y no contempla la participación activa de instituciones con muchos años en el campo de la investigación, tales como las universidades estatales, las estaciones experimentales, el Connita, el Fitacori, etcétera.

La segunda observación crítica sobre tal proyecto está relacionada con el anterior: consiste en que respecto del instituto que se crearía, la ley debiera establecer más claramente cuáles serían las medidas que aquel ente implementaría para que la brecha entre los "oferentes y demandantes de los conocimientos tecnológicos" realmente desapareciera. No queremos que el instituto se vuelva un creador de tecnología tan teórica que deje al final en penurias y zozobras al agricultor, por implementar paquetes tecnológicos no concordantes con las verdaderas necesidades del agro. Trabajar en este aspecto es asegurarse en gran medida el éxito del instituto, pues cuanto más se trabaje con el agricultor los alcances de la tecnología serán mayores y realmente útiles.

La tercer crítica se refiere a la junta directiva: no es conveniente y nos oponemos a la selección de los miembros de la junta por el método de "ternas". Se propone en su lugar que los representantes de los sectores distintos al gobierno sean los designados por sus cuerpos directivos, sin ningún tipo de condicionante o poder de eliminación por parte del gobierno del miembro propuesto. Por otro lado, si se pretende crear una sociedad anónima, debería comenzarse desde la junta directiva con cuatro privados y tres del gobierno, dándole mayor oportunidad a otros sectores productivos.

La cuarta crítica tiene que ver con la inclusión del sector pecuario: consideramos de suma importancia que el instituto contemple también al sector pecuario y pase de ser agrícola a agropecuario.

La quinta atañe a la ayuda a los agricultores: es imperativo que el nuevo instituto asegure un programa especial de transferencia tecnológica a los productores de escasos recursos y se les capacite gratuitamente. La venta de servicios que pretende el instituto deja al margen a muchos agricultores de escasos recursos imposibilitados de acceder a las nuevas tecnologías por sus precios; además, ésta sería una buena forma de canalizar el apoyo que la entidad recibirá del estado.

Finalmente, está el defecto referente al director ejecutivo: el poder generalísimo que se le pretende otorgar a éste podría darle facultades ilimitadas, por lo que sería conveniente que su actuación se diera de manera conjunta con algún integrante de junta directiva. Adicionalmente, este puesto debiera ser desempeñado por un profesional capacitado o apoderado generalísimo en la ejecución de acuerdos adoptados por la junta directiva y apoderado general en la administración.

El proyecto de ley de creación de Mercados de Costa Rica, que transformaría el Pima en Mercorisa, debiera especificar dentro de las funciones de esta nueva entidad la de que, periódica y ampliamente, informara sobre los precios prevalecientes en los mercados bajo su administración. Éste es uno de los servicios más importantes que ha ofrecido el Pima y en el que los productores agropecuarios han encontrado un aliado valioso en la negociación de las condiciones de intercambio de los productos que precisamente no llegan aún a los mercados organizados. Asimismo, resultaría conveniente que el nuevo Pima, o sea, Mercorisa, continuara con el servicio de información de mercados de productos que ha ofrecido hasta el momento, accediendo a Internet y a la red latinoamericana Siapa a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Respecto de la junta directiva, sería conveniente que el fiscal fuera del sector privado y así quedara en la ley; esto produciría un adecuado equilibrio en relación con el manejo presupuestario y financiero, de forma que se capitalizara lo necesario y conveniente, sin tampoco producir excesos en esa materia. Lo que opinamos de la selección de miembros de junta directiva del Inta por medio del método de "ternas" lo hacemos extensivo a este caso.

En relación con el sector público parece sensato que con la transformación del Pima en Mercorisa se dejara claro cómo quedarían las relaciones que el Pima venía manteniendo con otros entes públicos como el Consejo Nacional de la Producción, pues, aun transformándose en una sociedad anónima, al tener capital social estatal, el estado debiera tener al menos un contacto para corroborar el buen uso de estos recursos, máxime cuando Mercorisa quedaría exenta de la Ley de Planificación Nacional y de la Ley General de Administración Pública y con el único control presupuestario de parte de la Contraloría General de la República.

Nos parece muy acertado que el Pima convertido en Mercorisa se desligue de las trabas propias de las empresas públicas, por ejemplo del Servicio Civil. Esto por cuanto los puestos dentro de la propia institución se volverían más competitivos, desechando al personal poco eficiente mediante un trámite menos engorroso que el anterior. Asimismo, al no estar sujeto a leyes que limitan el presupuesto, los gastos se liberarían permitiendo invertir en infraestructura, capacitación y una más amplia y mejor gama de servicios como la red de frío y la creación de otros centros de acopio.

Es de suma importancia que Mercorisa asegurara en muy alta medida la directa participación del pequeño y mediano productor en la comercialización, eliminando así el papel del intermediario. Debe recalcarse que dentro del actual mercado Cenada los intermediarios se han apoderado de muchos puestos que ahí se alquilan, tergiversando el objetivo principal de proveer al productor de un sitio seguro donde vender su cosecha. Es por esto que creemos que el solo hecho de enfocarse principalmente al mercado nacional -por ejemplo con la creación de nuevas alternativas (cenadas) en diferentes partes del país- será ya beneficioso para el productor, pues le permitirá una más activa participación en la venta de sus productos.

Se debe tomar en cuenta la necesidad de que los productores y el personal de la institución tengan acceso a información sobre tecnología de poscosecha, pues el uso de la red de frío lo requiere para no incurrir en el almacenaje de productos no compatibles y, en general, para elevar tanto la calidad como la durabilidad de los productos que se transan en estos mercados.

Por último, el proyecto de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (Ida) en Instituto de Desarrollo Rural (Inder) nos parece una iniciativa bastante acertada, pues con este cambio se le pretende dar una visión más integradora al concepto desarrollo rural, que en los últimos años se ha malentendido como una simple ayuda al sector agropecuario.

En la Cámara concordamos plenamente con que al sector rural hay que darle un trato de urgencia, pues afectarlo a él tiene repercusiones de muy amplio radio, como por ejemplo la migración campo-ciudad. El nuevo enfoque de desarrollo rural debiera ser el inicio de un programa que no sólo ayude al sector rural en sus sistemas agrícolas, sino también a los sectores involucrados en el desarrollo y mejora de la calidad de vida en el campo: salud, servicios básicos, educación, infraestructura vial, crédito, turismo, empleo, es decir, que se trabaje integralmente para convertir la zona rural en una zona atractiva para vivir, para trabajar, para invertir y en la cual el país pueda tener un fuerte apoyo económico.

Esta labor de desarrollo integral, promovida intelectualmente por lo que se llamaría el Coder, y con un reforzado sistema de parcelización, propiedad de tierras y asuntos de disputas territoriales, responsabilidad del Fondo Nacional de Tierras y el Tribunal de Administración Agraria, guiaría adecuadamente las intenciones del gobierno hacia el sector rural y el país en general. Sabemos que se requiere mucho esfuerzo para lograr aquéllo, pero creemos que la figura del Inder puede darle un vuelco positivo a la situación.

Es loable que este proyecto de ley cree los Comités Regionales de Desarrollo Rural, que llevarían a la práctica con programas y proyectos las directrices del Coder, pero nos oponemos a que los representantes de los agricultores en las correspondientes juntas directivas sean escogidos por el sistema de ternas, que es poco juicioso y se presta para la intromisión de intereses políticos.

La participación del agricultor en tales comités, que a todas luces serían los pequeños motores que harían funcionar al Inder, debiera ser más cuantiosa y significativa, en el entendido de que aquél va a ser el primer afectado con los programas y políticas que se implementen.

Y, finalmente, el hacer partícipes a todos los ministerios de la elaboración de las directrices del Inder supone que ellos han de tener un conocimiento actual y detallado de la situación del agro, pero ¿es eso así?, ¿conocen ellos las necesidades del sector rural y la forma en la cual podrían articular sus acciones para la solución de las mismas?

Todos los proyectos y reformas de ley comprendidos en el llamado combo agrícola requieren mucha discusión y pronta. El gobierno debe cumplir la función de facilitador; además debe ayudar al sector agrícola, guiarlo, protegerlo, pero en primer lugar comprenderlo, pues sólo entendiendo la profundidad del problema se podrán tomar las decisiones correctas, no para imponer políticas, sino para facilitar la articulación del sector, hacerlo crecer y que el país crezca con él. El diálogo y la humildad necesaria deben imperar para rectificar nuestros errores en aras del bienestar de todo el país.

La autora, abogada, es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria