En 1983 se aprobó en nuestro país la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo manifiesto es: "desarrollar, promover, regular y controlar la exploración y la explotación de los depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas..." (Capítulo I, artículo 2). Pero la búsqueda de hidrocarburos se dio en Costa Rica desde principios de siglo: Minor Keith, famoso por la construcción del ferrocarril al Atlántico, la constitución de la United Fruit Company y la promoción de la minería de oro, entre otros, fomentó los primeros sondeos de hidrocarburos en Talamanca. Después, durante los cincuentas, sesentas y ochentas ha habido prospección en esa zona. La última fiebre de exploración fue de 1983 a 1986, período en que Pemex y Recope exploraron en varios puntos de Talamanca, en territorio indígena, causando estragos ambientales y sociales (bien documentados por el antropólogo Carlos Borge en su obra Talamanca en la Encrucijada), habiendo valiosos y muchos testimonios de los pueblos indígenas que los sufrieron. Como resultado, en esta zona se abrieron varios campos de exploración petrolera con un promedio de cinco pozos en cada uno, los cuales se encuentran ahora sellados y es técnicamente posible continuar con su prospección, que es lo que actualmente se pretende.

En 1997, el presidente de la República, José María Figueres, fue a Houston a fomentar las inversiones en nuestro país llevando un mapa (verlo en Ambien-tico Nº 78) en el que figuraban 27 bloques listos para exploración petrolera. En ese momento no logró firmar ningún acuerdo con las compañías petroleras -entre otras razones por el prestigio ambiental de Costa Rica-, pero las licitaciones continuaron y, finalmente, en abril de 1998 la empresa MKJ-Xplorations obtuvo cuatro concesiones, correspondientes a los bloques 2, 3, 4 y 12, mediante un contrato con el estado costarricense. Tales bloques van desde Moín hasta la frontera con Panamá; son dos en tierra y dos en el mar y cubren un territorio de 5.600 Km2 (más detalles de este proceso de concesión son accesibles en la página web de la Dirección General de Hidrocarburos: www.dgh.go.cr).

Durante 1999, la empresa presentó el estudio de impacto ambiental ante la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), que lo aprobó sin comprobar en el campo el verdadero costo-beneficio del proyecto. MKJ-Xplorations se asoció luego a Harken Energy Corporation, quien ahora es dueña del 80% de la inversión. El bloque 12, en el mar frente a Moín, fue explorado con prospección sísmica en noviembre de 1999; la segunda etapa de exploración, que es la perforación de pozos, está programada aproximadamente para julio; en este momento se está a la espera de la presentación del estudio de impacto ambiental ante Setena. Y hace unos dos meses el Ministerio del Ambiente y Energía cedió en concesión a la empresa norteamericana Mallon Oil Company otros seis bloques que van desde Moín hasta Barra del Colorado y, hacia el oeste, por toda la frontera del río San Juan y las llanuras de Caño Negro hasta Upala.

En resumen, hay 10 bloques concesionados para exploración y eventual explotación petrolera (solamente el centro del país y el Pacífico Norte están en este momento libres de la amenaza de exploración), lo cual fue hecho sin ningún tipo de consulta a las comunidades, organizaciones y personas que se verán afectadas, irrespetando así -como es tan común- los acuerdos de la Declaración de Río 92, que llaman a desarrollar procesos conjuntos, participativos y amplios que permitan la toma consensuada de decisiones alrededor de cualquier proyecto con posibles impactos ambientales y sociales. Si no fuera por la prensa y los edictos aparecidos en La Gaceta los pobladores de las zonas y los costarricenses en general nunca nos hubiéramos enterado de que Costa Rica está a punto de ampliar la frontera petrolera. Ésta es, precisamente, una de las razones que contribuye a que se desarrolle con fuerza inusitada un amplio movimiento de cuestionamiento y oposición a la actividad.

A continuación analizamos cuatro importantes falacias sobre la industria petrolera que se han extendido en nuestras sociedades por mucho tiempo y que deben desenmascararse para poder actuar. No intentamos resolver la discusión con estas proposiciones, sino apenas iniciarla.

En el siglo XX el petróleo ha sido el combustible de la máquina del desarrollo del capital, y si no fuera por esta sustancia muchas cosas ahora no andarían. Sin embargo, el precio que hemos tenido que pagar es muy alto, y ésa es la parte oculta. Los impactos ambientales y sociales -en general- de la actividad petrolera están muy bien documentados, y también lo están los impactos en las zonas tropicales (véase, por ejemplo, la obra Crudo Amazónico, de Judith Kimerling, publicada en 1993 en Ecuador).

Pero no debe confundirse el desarrollo del capital (local, transnacional, global), mejor conocido como crecimiento económico, con el desarrollo de los pueblos. El modelo de crecimiento del que el petróleo ha sido combustible en el siglo XX es el que ha sumido en la miseria a enormes masas humanas, principalmente en los países del Sur, siendo el caso del petróleo una buena muestra de la dinámica de flujo de energía y materiales del Norte al Sur, flujo que se incrementa en forma paralela a la deuda externa del Sur y que beneficia si acaso a un 25% de la población mundial. Este sector social acumula una enorme deuda ecológica con el Sur a la que hay que sumar los daños producidos por el cambio climático, que es consecuencia directa del uso de combustibles fósiles. No es casual que todos los países petroleros latinoamericanos (Ecuador, Colombia, México, Venezuela, Guatemala) estén sumidos en crisis económicas, políticas y sociales.

Muchas personas piensan que sin petróleo no funciona la economía y que es un mal necesario. Pero hay muchas alternativas energéticas que no se han desarrollado debido a la influencia política de las transnacionales del petróleo y del automóvil. Además, el petróleo es una fuente de energía no renovable -agotable- que en un momento cercano se acabará. Los más importantes analistas indican que hacia finales de esta década su precio será altamente prohibitivo (para muchos ya lo es) debido a la reducción de las reservas. Las transnacionales petroleras lo saben y se preparan para el cambio, pero sin poner en peligro sus actuales ganancias: la Shell, por ejemplo, es líder en la investigación en energía solar.

Porque el negocio continúa siendo rentable, la industria petrolera sigue inviertiendo anualmente 300 mil millones de dólares en nuevas exploraciones petroleras. Es decir, hay recursos para encontrar y establecer nuevas fuentes energéticas e independizar nuestras economías de los combustibles fósiles, pero se prefiere usarlos en la mantención de un modo de vida ambiental y socialmente insustentable. (Para alcanzar la sustentabilidad debiéramos renunciar al consumo ilimitado de energía, lo cual supondría que el modelo energético a seguir fuera discutido de manera comunitaria, para establecer en cada país, según sus particularidades, un plan energético sustentable.)

Durante los años ochenta aparecieron claros indicios de que el clima estaba cambiando. En 1990, ya bastante estudiado el fenómeno, los gobiernos del mundo acordaron tomar medidas globales para mitigar ese proceso. En la Conferencia de Río en 1992 vió la luz la Convención sobre Cambio Climático, la cual E. U. y otros países se negaron a suscribir, porque la industria petrolera y del automóvil, a través de su Coalición de Cambio Climático, se dedicó a argumentar que el cambio climático es un fenómeno natural ocurrido desde tiempo inmemorial y que nada tiene que ver con las emisiones por quema de combustibles fósiles.

En 1995, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2.700 expertos en climatología designados por los mismos gobiernos) emitió un informe en el que recomendaba una reducción de las emisiones del 60% en relación con las de 1990 para evitar grandes catástrofes climáticas. Esto porque ya era un hecho aceptado por los científicos que son las emisiones producto de la actividad humana las que causan el efecto invernadero, que genera cambio climático (el huracán Mitch, con daños por unos 8.500 millones de dólares, y los recientes desastres en Venezuela, México y Mozambique -entre otros- no son precisamente naturales).

En 1997, los gobiernos suscribieron el Protocolo de Kioto, en el que se comprometieron a reducir las emisiones en un 5,7 % respecto de 1990. Sin embargo -y a pesar de que los ecologistas lo ven como una mera reducción simbólica-, E. U. y otros países como Australia y Japón se niegan a hacer compromisos claros y vinculantes que garanticen dicha reducción. En relación con ello, Costa Rica jugó un papel importante presentándose como posible proyecto piloto de los mecanismos de desarrollo limpio en la categoría de implementación conjunta, con la cual se pretende que un país que produzca muchas emisiones financie proyectos de conservación o captación de carbono en otro país que emita menos de lo autorizado, y que así aquél pueda descontar esta captación de carbono de su cuenta de emisiones. -¡Nos preguntamos cómo puede el estado costarricense participar activamente en las soluciones para reducir las emisiones (sobre este tema véase revista Ciencias Ambientales Nº 15) y al mismo tiempo incentivar la ampliación de la frontera petrolera!.

El impacto de la actividad petrolera en el sistema global del clima es muy grave, pero es aun más nefasta en los lugares en los que se extrae el petróleo, especialmente en países tropicales como el nuestro. Entre los impactos ambientales están la contaminación de las fuentes de agua, la muerte de especies únicas en el mundo, la contaminación con desechos tóxicos de las piscinas de lixiviación, la contaminación con miles de toneladas de lodos tóxicos, la contaminación del aire por la quema de residuos y crudo, las enfermedades respiratorias en animales y personas y la deforestación y colonización de territorios vírgenes. Todo esto sucede en la Amazonía, en el delta de Nigeria, en los mares asiáticos, etcétera. ¿Por qué no habría de suceder también en nuestro país si se instalara la industria del petróleo?

Nuestras propuestas

Los integrantes de Oilwatch-Costa Rica (parte de Oilwatch Internacional) proponemos: (1) que se declare a Costa Rica (y por extensión a todo el planeta) libre de toda nueva exploración petrolera; (2) que todos los recursos que actualmente se invierten en nuevas exploraciones petroleras sean utilizados para el desarrollo y difusión de alternativas energéticas sustentables en el marco de procesos participativos de toma de decisiones; (3) que se reconozcan los daños ambientales y sociales producidos por la exploración y explotación a las comunidades locales y que dichas poblaciones sean indemnizadas según ellas lo exigan, y (4) que se reconozca la existencia de la deuda ecológica y que sea condonada inmediatamente la deuda externa.

Oil Watch-Costa Rica -red en la que están varias organizaciones ambientalistas, como el Frente Ecologista Universitario- ya ha iniciado una campaña para declarar a Costa Rica libre de toda exploración petrolera, como parte de una campaña por una moratoria global de la exploración coordinada por Oilwatch Internacional, que es la Red Mundial de Resistencia a las Actividades Petroleras. Aparte de Oil Watch-Costa Rica, desde noviembre existe el Comité Coordinador ante la Amenaza Petrolera en Talamanca, que desarrolla actividades de oposición a las concesiones petroleras en ese cantón. Además, en enero se interpuso un recurso de amparo ante la Sala IV por varias violaciones a artículos de la Constitución Política y a varios convenios internacionales.

(Usted ouede sumarse a la campaña firmando la declaración para convertir a Costa Rica en un país libre de exploración petrolera, participar en el movimiento ciclista contra la amenaza petrolera y promover e involucrarse en otras actividades de protesta. Consulte www.cosmovisiones.com/ oilwatch y oilwatch@cosmovisiones.com.)