eléctrica y desplazamiento campesino

En el marco de esta situación convulsa e incluso violenta generada por la discusión en la Asamblea Legislativa de la Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones, la atención de Costa Rica se dirige a unas pequeñas comunidades del sur del país, los distritos Rivas y General Viejo. ¿Por qué?

Hace cinco años, los pacíficos habitantes de esas comunidades por casualidad se enteraron de la tramitación en cascada de cinco proyectos hidroeléctricos (cuatro privados y uno estatal) que afectaban su territorio: desde las alturas del Chirripó hasta la planicie de General Viejo, comprometiendo los caudales de los ríos Chirripó y Buena Vista, más los afluentes de éste. Sin contar con un plan de manejo para ambas cuencas, con pésimos -por no decir criminales- estudios de impacto ambiental aprobados por la Setena (Secretaría Técnica Ambiental, del Ministerio del Ambiente) y sin oir a los pobladores, comenzó la tramitación de las concesiones de agua. Consonantemente, la aprobación del Proyecto Hidroeléctrico Los Gemelos, de la empresa tico-española Antheus, se inició sin importar los siguientes y graves hechos: (1) la prohibición de construcciones en la zona por la declaratoria de alto riesgo contenida en el Plan Regulador de Pérez Zeledón; (2) que los procedimientos para entregar la concesión de aguas a la empresa fueron ilegales, violando los derechos de participación y oposición por parte de las comunidades; (3) el señalamiento, por parte de la Defensoría de los Habitantes, de serias deficiencias en los estudios de impacto ambiental aprobados por Setena; (4) que el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica descalificó el Estudio Global de la Cuenca del Río Chirripó presentado por la empresa ante Setena; (5) que no existe un plan de manejo de las cuencas que asegure el acceso al recurso hídrico por parte de los distritos Rivas y General Viejo y en general del cantón; (6) que más de tres mil personas formalmente han manifestado ante la municipalidad la necesidad de un plebiscito que determine la voluntad popular en relación con la instalación de represas hidroeléctricas en las zonas de alto riesgo, y (7) que la Procuraduría General de la República en pleno reconoció que no se puede aplicar la Ley de Aguas en materia de generación hidroeléctrica privada, por lo que no se puede tramitar servidumbres de agua a las siete familias que se han opuesto a vender sus tierras a empresarios privados. -No obstante lo cual, el Gobierno ha insistido en tramitar las servidumbres forzosas de estas propiedades a favor de Antheus, por lo que tales familias, acompañadas y sostenidas por la Iglesia Católica, y solidariamente unidas a otras comunidades que viven situaciones similares en sus cuencas -como Sarapiquí y Chachagua-, presentaron un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra el presidente de la República que fue acogida para su estudio y que paralizó todas las gestiones de esa empresa y de todas las empresas de generación eléctrica (hay 80 proyectos hidroeléctricos privados en trámite amparados en la ley Nº 7.200, la cual rompió de hecho el monopolio estatal en materia de generación eléctrica dando paso, desde 1990, a experimentos empresariales que han ocasionado desastres, ambientales y sociales, vividos por nosotros en carne propia).

Curiosamente, en ese intermedio en el que la Sala Constitucional debe resolver si una empresa privada puede expropiar los terrenos de las mencionadas familias, el Poder Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que rompe el "tope" del 15 % de participación de la empresa privada en la generación de electricidad. Si con el tope hay ya en trámite 80 proyectos, ¿qué les espera a nuestros ríos y a las comunidades rurales con la apertura total? Además, los artículos 107 y 108 declaran de interés público las tierras que las empresas privadas necesiten para sus proyectos de generación pudiéndolas el estado expropiar para entregarlas a los empresarios privados.

Como se ve, la apertura no es un problema meramente macroeconómico o técnico que deba ser resuelto sólo por personas "que entiendan" -como dice el empleado de La Nación, Julio Rodríguez, al referirse a las valientes manifestaciones de monseñor Ignacio Trejos en relación con el tema. La apertura va a afectar hasta el tuétano nuestra vida democrática y el delicado equilibrio ambiental del país: los ríos, riqueza vital de todos los costarricenses, se pondrán en manos de empresarios privados para su explotación, que, mediante la "competencia", harán el negociazo del milenio con ese recurso que pertenece a todos. Y, como no se sacian, se legisla para entregarles las tierras de los campesinos, se abandonan los requisitos legales que debían contener los estudios de impacto ambiental para empresas hidroeléctricas -como, por ejemplo, la protección al patrimonio arqueológico- y, como dice monseñor Trejos, se abandona de golpe y porrazo el sistema subvencionado de tarifas a los consumidores, una de las bases del desarrollo y de la democracia ticas. Y, para colmo de males, se amarra al Instituto Costarricense de Electricidad más aun de lo que ya está para que no tenga la posibilidad de competir con los bondadosos capitales extranjeros que vendrán.

La empresa Antheus, del proyecto Los Gemelos, es una de esas empresas generosas que vienen a aportar su capital para el "desarrollo" del país... Pero, eso sí, ha presentado una solicitud de préstamo a nuestra banca nacionalizada para financiarse. Este mismo proyecto, de 20 megavatios, afecta directamente las tierras de 66 familias, lo que a nadie le preocupa: se arguye que la relación entre éstas y la empresa es meramente comercial: la empresa compra y que el pueblo busque su reubicación geográfica y cultural. Para nuestros gobernantes la tragedia de los desplazados no es un problema. Lo que importa y quien manda es el dios dinero.

Una única cosa buena ha tenido este proyecto de ley: a los costarricenses nos ha hecho despertar y ver las reales intenciones de aquéllos a quienes elegimos para guiar el país. Además, en medio de tanta oscuridad hemos descubierto que nuestras obligaciones democráticas van más allá de elegir gobernantes cada cuatro años. Hoy sabemos que debemos tener ojo atento ante cada una de sus acciones y que en nosotros está la fuerza moral para exigir honestidad y transparencia. Pero, sobre todo, hemos experimentado que tenemos la fuerza para decir basta. Son tiempos muy oscuros, pero "nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer": en Costa Rica el sol de la justicia comienza a clarear. Desde Rivas y General Viejo velaremos hasta que llegue el nuevo día.

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