Por medios de prensa de circulación nacional hemos conocido que el Poder Ejecutivo del país ha aprobado un proyecto de exploración petrolera terrestre y marina para el Caribe Sur. A esta fecha el Poder Ejecutivo ha adjudicado, mediante una primera licitación, cuatro bloques, dos terrestres y dos marinos (5.600 kilómetros cuadrados), para exploración a la Compañía MKJ-Xplorations. Estos bloques concesionados incluyen el área marina del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el área al sur del Puerto de Limón cercana al Parque Nacional Cahuita, y, en el área terrestre incluye la Reserva Indígena Cabécar y fuentes acuíferas de vital importancia en la zona, sin haber tenido conocimiento de eso ninguna de las representaciones locales existentes.

En estos días la compañía inició el estudio de reflexión sísmica en un área de 107 kilómetros cuadrados frente a la ciudad de Limón. La MJK puede empezar a perforar pozos a mediados del próximo año. Sucede que la empresa MKJ-Xploraciones ha hecho los trámites necesarios para la exploración con la aprobación y la voluntad política del presente gobierno. Sin embargo, no ha consultado ni informado aún sobre sus actividades a los gobiernos locales, asociaciones de desarrollo, empresarios turísticos, comités de manejo ambiental, áreas de conservación, comunidades indígenas, sectores ambientalistas y muchos otros sectores de la población de la zona caribeña que posiblemente se verán afectados directa e indirectamente por las actividades de exploración petrolera.

Considerando la urgencia de atender la demanda local para enfrentar el desarrollo de la industria petrolera, los participantes en este taller aprobamos que la coordinación local esté representada por el Comité Coordinador ante la Amenaza por la Exploración Petrolera en Talamanca, el cual recibirá la información pública correspondiente al desarrollo de la inversión petrolera autorizada actualmente en los cuatro bloques de exploración indicados. (El comité podrá ser contactado mediante los siguientes números telefónicos: 750-0191; 750-0149; 750-0428; 754-2047; y, en San José: 221-2900 y 244-3385.)

Los suscritos acordamos solicitar al Ministerio del Ambiente y Energía y a las dependencias competentes en la autorización y tutela del desarrollo de actividades petroleras en el país, que en un plazo máximo de diez días naturales se autorice el acceso -con toda transparencia- a la información referente a los expedientes administrativos que se tramitan para estas concesiones, a las resoluciones administrativas que autorizan las labores de exploración, a los estudios técnicos -u otros- presentados por las empresas involucradas y a los estudios de impacto ambiental -lo anterior a efectos de que los grupos locales de participación ciudadana estén informados y puedan conocer los contenidos de estos proyectos como en derecho corresponde. Solicitamos se facilite al comité la documentación de las dependencias administrativas involucradas en la autorización de estos proyectos a efectos de que fotocopie los expedientes administrativos necesarios para informar responsablemente a los habitantes de la zona. Esta petición se encuentra amparada en la legislación costarricense: el articulo 50 constitucional establece el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual el estado garantizará, defenderá y preservará. Además, Costa Rica ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (Ley # 7316), que norma, en su artículo 6, la obligación del estado de consulta previa a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les pueda perjudicar. Asimismo, la Ley Orgánica del Ambiente ratifica este derecho al estipular en su articulo 6 que el estado y las municipalidades fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente. En el caso de la industria petrolera es importante destacar que a pesar de estas importantes disposiciones legales el Consejo Regional Ambiental del Área de Conservación La Amistad Caribe no fue debidamente consultado, siendo que el consejo indicado conforme lo estipula el articulo 7 de la ley citada establece que es la instancia responsable para analizar, discutir y controlar las actividades y programas en proyectos que afectan en materia ambiental.

Considerando el inicio sorpresivo para nuestras comunidades de las actividades de exploración de la empresa autorizada, los suscritos en forma urgente e inmediata solicitamos que el Poder Ejecutivo suspenda la ejecución de estas actividades a fin de que -como es su obligación- haga efectivo el derecho de las comunidades a ser oídas en el estudio de impacto ambiental de este proyecto, de forma que se garantice la transparencia en el proceso administrativo de discusión de este importante instrumento legal.

Willis Rankin (7-171-772) / Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación

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