Sin duda alguna, la campaña de tantas personas y tantos grupos contra el proyecto de ley que pretende "modernizar" al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es ejemplar y digna de admiración y respeto, porque, entre múltiples razones, irradia un cívico repudio a la apropiación, por una minoría, de lo que es de la mayoría, del pueblo.

Pero eso sí, respetuosamente consideramos que, más allá de nuestra protesta: en contra del desmantelamiento del ICE, de la entrega de los negocios de la energía y las telecomunicaciones a compañías transnacionales y sus aliados locales, de la privatización paulatina del recurso agua, de la no consideración de los impactos ambientales derivados de la expansión hidroeléctrica incontrolada y el incremento de la generación térmica, del irrespeto a las comunidades locales al excluirlas de la toma de decisiones acerca del uso y usufructo de sus recursos, más allá de todo esto debemos meditar -porque es poco lo escuchado al respecto- acerca de algo verdaderamente medular en la discusión: ¿cuál es la política energética sustentable que deseamos promover?, ¿cuáles son los atributos del proceso que llevará a la definición de esa política?, ¿cuáles serán, para nuestro país y para el mundo, las transformaciones tecnológicas y el cambio cultural y político necesario para detener lo insustentable, lo insostenible?

Los principios de la sustentabilidad (uso adecuado de los recursos para sustentar -es decir, asegurar nuestra sobrevivencia) nos llaman a ser altamente precavidos y mínimamente intervencionistas a la hora de ejecutar cualquier acto que modifique los patrones (ciclos y ritmos) naturales del ambiente.

Esta precaución -expresada en el menor y más eficiente uso posible de los recursos y la energía, y en la más justa y equitativa distribución de los beneficios económicos producidos por ese menor y mejor uso de los recursos naturales- debe manifestarse en términos más osados en el ámbito de una necesaria discusión que llegue al verdadero meollo del asunto.

Nosotras y nosotros, los no dominantes -mas no por ello menos poderosos-, siendo testigos de esa lucha desesperada de esas y esos pocos por apropiarse de las fuentes generadoras de riqueza, debemos -como acto de resistencia- reflexionar, definir y actuar respondiendo a las necesidades y a los límites reales de nuestras regiones (de nuestro ambiente) y de nosotras y nosotros mismos como personas. O sea, tenemos la responsabilidad de preparar esa propuesta para una política energética sustentable, elaborada en forma comunitaria y participativa. Lo cual no es un reto menor que hayamos asumido subordinadamente al intento de detención de la nueva ley o "combo" energético, sino que es nuestro reto prioritario, porque seguir adorando al becerro productivista y consumista -haya sido fundido éste por estados públicos o por empresas privadas- nos conducirá sin duda a un callejón sin salida.

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