que a partir de la Revolución Industrial el modelo de desarrollo impulsado por los países del Norte, basado en la quema de combustibles fósiles, ha generado cambios acelerados en el sistema global del clima;
que la industria del petróleo, a pesar de los billonarios subsidios que recibe por parte de los gobiernos, se ha negado sistemáticamente en las últimas décadas a asumir responsablemente las graves consecuencias que sus actividades tienen en los lugares de explotación petrolera y en la atmósfera;
que a partir de 1988 las naciones del mundo acordaron por primera vez detener el cambio climático reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero;
que a pesar de estos acuerdos el número de contratos para nuevas exploraciones de petróleo y gas concedidos entre 1988 y 1997 ascendía a 4.040;
que en la Convención de Cambio Climático las naciones del mundo se comprometen a reducir las emisiones de gases en un 5,7% por debajo de las cifras globales de 1990;
que la reciente política exterior costarricense ha situado al país como posible proyecto piloto para la implementación de los mecanismos de desarrollo limpio, contribuyendo así con la captación de carbono en el programa de reducción de las emisiones de gases;
que la expansión de la industria del petróleo no responde a las necesidades de desarrollo sustentable de nuestro país sino a los intereses de corporaciones transnacionales cuyo fin es adquirir mayor control sobre las últimas reservas de combustibles fósiles que quedan en el planeta;
que las instituciones estatales responsables de implementar el modelo energético del país (Ice, CNFL, Recope y Minae) enfrentan el gran desafío de impulsar un modelo energético sustentable, no dependiente de combustibles fósiles, del que podamos disfrutar los y las costarricenses durante el nuevo siglo;
que todos los bloques para exploración que el gobierno ha licitado incluyen una grande y densa biodiversidad fruto de la interacción evolutiva sociedad-naturaleza, la cual está inclusive resguardada institucionalmente por los sistemas de parques nacionales y refugios de vida silvestre y de reservas indígenas;
que las características culturales, económicas e institucionales de las zonas concernidas hacen incompatible su desarrollo y su bienestar con la implementación de un modelo de desarrollo basado en la industria petrolera;
que alrededor del mundo se ha constatado que cada una de las fases de la actividad petrolera (exploración, explotación y agotamiento del yacimiento) ocasiona múltiples impactos desestabilizadores en los ecosistemas: deforestación, erosión del suelo, degradación de la biodiversidad, intoxicación de seres humanos y de especies animales y vegetales, contaminación de las aguas y del aire, daños genéticos a sus trabajadores y otras especies, contaminación sónica y alteración irreversible del paisaje rural, y
que las comunidades indígenas y las afrocaribeñas de Talamanca han otorgado un valor cultural y subjetivo al entorno natural del cual dependen sus identidades y que tienen pleno derecho a su patrimonio simbólico, económico y ecológico.
Acordamos:
difundir y educar sobre las causas del cambio climático y las acciones necesarias para estabilizar el sistema global del clima;
declarar la industria petrolera una seria amenaza para la sustentabilidad del planeta y de nuestro país y oponernos a la expansión de sus actividades en nuestro territorio;
exigir una moratoria global de la exploración petrolera y que los billonarios subsidios concedidos a esa industria se inviertan en la búsqueda e implementación de alternativas energéticas;
exigirle al estado costarricense y a las instituciones correspondientes la implementación de un plan energético nacional sustentable basado en las alternativas a los combustibles fósiles, que responda adecuadamente a las necesidades de la población costarricense y no exclusivamente a los intereses de los sectores empresariales;
exigirle al estado costarricense y a las instituciones correspondientes que frenen todos los proyectos que acentúan y fortalecen la dependencia de los combustibles fósiles, incluyendo todo tipo de exploración petrolera;
exhortar al estado costarricense (para que así continúe con su política exterior de sustentabilidad) a que dé un gran paso que demuestre el camino hacia un modelo sustentable declarando el territorio costarricense libre de toda explotación petrolera, y exigir a las instituciones públicas del país la apertura al diálogo con la sociedad civil y las representaciones locales sobre las estrategias y modelos de desarrollo, elemento fundamental para lograr la sustentabildad local, regional, nacional y global en el nuevo siglo.
