AMBIEN-TICO
Revista mensual del proyecto Actualidad Ambiental en Costa Rica
Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional.
No. 30, mayo 1995
Dirección: Eduardo Mora C.
Montaje: Cecilia Redondo M.
Circulación: Enrique Arguedas M.
Esta edición está dedicada (desde la pg. 5 ) al tema de la minería en
Costa Rica, el cual, por las amplias labores de exploración que actualmente
se efectúan en las llanuras del norte, otra vez empieza a revestir especial
importancia. Escriben tres representantes de sendas organizaciones
dedicadas al tratamiento de la problemática ambiental. Ellos son Freddy
Vargas, encargado del área de Defensoría del Ambiente de la Asociación
Ecologista Costarricense (Aeco), Alí García, indígena bribri miembro de
Iriria Tsochok y Franklin Araya, integrante de la Asociación Ecológica de
la Zona Norte (Ezono). El primero expone los aspectos principales de la
intervención de la compañía minera Placer Dome en la zona fonteriza con
Nicaragua, el segundo da cuenta de los intentos hasta ahora frenados de
explotación minera en reservas indígenas de Talamanca y el tercero da a
conocer la exitosa lucha protagonizada, en años pasados, por habitantes de
la zona norte del país contra intereses mineros.
CONTENIDO
Análisis de la actualidad ambiental. Por Eduardo Mora ............ Página 1
Minería en la zona fronteriza con Nicaragua. Por Freddy Vargas ... Página 5
Intereses mineros contra reservas indígenas. Por Alí García ..... Página 8
La creación de un parque nacional a contrapelo del desarrollismo
minero. Por Franklin Araya ....................................... Página 10
Análisis de la actualidad ambiental
Ahogados en nuestra basura como el beodo comatoso en su vómito
Eduardo Mora Castellano
No se puede afirmar que Figueres haya viajado a Dinamarca en el punto
clímax de la crisis de la basura porque de ésta vimos el principio mas
parece carecer de clímax y final. Pero fue en medio de la exasperación por
ella, en marzo, que el presidente estuvo en Copenhage y vino luego
haciéndose lenguas del tratamiento modélico que ahí dan a los desechos
sólidos. Lo que los copenhagenses no reciclan lo convierten en compost, lo
que aún les queda lo incineran y con la energía producida calientan el agua
de la ciudad, la cual retorna, la purifican y la hacen reanudar el ciclo.
Los humos de la incineración, se dice, son limpios y los residuos que
finalmente quedan se utilizan como complemento de los materiales con que
reparan las carreteras. Palomas y no zopilotes sobrevuelan el sitio donde
concentran los desperdicios. Figueres, cómo no, vino entusiasmado diciendo
que unos siete meses después de inaugurado el fitzcarráldico y aún incierto
relleno sanitario de Cordel de Mora, que debió ser este 13 de mayo,
empezaríamos la producción de electricidad y luego el reciclaje de los
desechos.
Eso es prácticamente imposible aunque teóricamente no lo sea. Para
inicinerarla nuestra basura es demasiado húmeda y, como afirma Sigifredo
Guevara, coordinador del muy reciente pero ya postergado Plan Nacional de
Manejo de Desechos, habría antes que secarla resultando entonces más caro
el caldo que los huevos. Y el reciclaje, que precisa de la clasificación de
los diversos materiales en las mismas fuentes generadoras, requiere una
capacidad de organización del servicio y una preocupación y voluntad de
participación de los ciudadanos que en Costa Rica, manifiesta Guevara, no
existen ni se avizoran. Aparte de ésto, en Copenhage al que menos paga por
el servicio le imponen una cuota mensual de unos 20 dólares, mientras que
en el núcleo de la Gran Area Metropolitana, donde en nuestro país la
recolección es más cara y la crisis de la basura más álgida, los
casahabitantes más obligados suelen pagar menos de un dólar -baratura
debida a que las municipalidades dan un manejo a los desechos con un
déficit económico alrededor del 50% y, por supuesto, a que el servicio es
pésimo-.
Talvez sea descabellado buscar en este momento otro tema que desgarre en
tantos jirones y con tanta virulencia a la sociedad costarricense. Hay
algunos que la parten en dos, otros que la agitan toda momentáneamente.
Estos constituyen conflictos espectaculares, furiosos, aquellos son
apagados, sordos. Pero todos, o se resuelven pronto o reptan debilitados
siendo apenas vistos. En torno a la basura, en cambio, se ha dado un
conflicto violento que no cesa y en el que con el paso del tiempo más
protagonistas -cada vez de más diversa laya- intervienen atacándose. Pero a
pesar de ésto, los órganos de poder en liza (Gobierno, municipalidades) no
se tambalean, sólo se erosionan, porque ninguno de los actores demuestra,
ni cree, que pueda reemplazarlos en esa materia. Simplemente se agreden, se
cuestionan, se niegan recíprocamente. Ninguno, ni el Estado, que por cierto
está plagado de disensiones e incoherencias frente al tema, tiene la fuerza
para imponerse ni para lograr consenso. La sociedad costarricense no parece
hoy (talvez mañana sí) estar en aptitud de manejar sus desechos acordemente
con la cantidad en que los produce y con las normas sanitarias y ecológicas
-impuestas por el Occidente desarrollado- que aspira respetar. Las
ecológicas, más que las sanitarias, nos han caído de golpe, como también ha
sido súbita la sobrepoblación de la Gran Area Metropolitana (GAM) y abrupto
el aumento de los desechos sólidos con su creciente componente de empaques
no biodegradables. El escuálido Estado y la cultura nacional aún muy rural
fueron tomados desprevenidos y todavía no saben cómo reaccionar.
Fue hace apenas 10 años que verdaderamente empezamos a sentir nuestros
desechos sólidos como problema. Estatalmente se planteó entonces la
necesidad de mejoramiento del aseo urbano y se pidió ayuda a Holanda que la
denegó, luego a Alemania que en 1989 aceptó darla financiando y asesorando
la elaboración de un Plan Nacional de Manejo de Desechos, el cual estuvo
listo en 1991, unos meses después de que el presidente de la República
declarara la basura emergencia nacional quitándole a las municipalidades
del núcleo de la GAM el papel central en la gestión de sus desechos. Tal
declaratoria, expresión de la incapacidad del Estado para enfrentarse al
problema por los medios regulares, constatación de que la nueva situación
rebasaba al dispositivo institucional, fue la respuesta a una crisis que ya
había estallado. Se nos había hecho entonces evidente que a la basura ya no
teníamos donde ocultarla. El servicio de recolección había venido
empeorando, fueron apareciendo desperdicios por todas partes y se hizo
público que el botadero de Río Azul estaba agotado y había que reemplazarlo.
Ahora se sabe que éste, que funciona desde 1973 y en el principio fue
relleno sanitario, tenía y tiene aún una vida útil de varios años
convenientemente manejado, que es como no se ha hecho. Se inició, pues, la
determinación de nuevos lugares adonde llevar la basura del núcleo de la
GAM y empezaron los pleitos porque todos los pueblos escogidos la
rechazaban y la rechazan, y en las riñas han ido interviniendo técnicos,
científicos, personalidades variopintas, Defensoría de los Habitantes,
diputados, munícipes, dirigentes comunales, gobiernos locales, grupos
ambientalistas, colegios profesionales, poder judicial, varios ministerios,
el presidente, los ex presidentes, autoridades eclesiásticas de todo nivel,
radicales de izquierda y otras muchas entidades.
Para ejemplificar con lo más reciente: en la segunda semana de marzo, en
medio de una cadena de renuncias de los más altos jerarcas de la Comisión
Nacional de Emergencias -instancia llamada a la solución de la crisis desde
que ésta fuera declarada emergencia nacional-, el ex presidente Carazo
pidió públicamente a Figueres suspender la construcción del relleno
sanitario en Cordel de Mora. En la tercer semana del mismo mes ante un
recurso de amparo interpuesto por un diputado habitante del lugar, la Sala
Constitucional ordenó la paralización de las obras, y esa misma semana un
grupo de niños también presentó otro recurso por supuestos daños ecológicos
del relleno. En la cuarta semana de marzo la Municipalidad del cantón
Central de San José suspendió el acuerdo, pocos días antes tomado, de
autorizar la construcción de una estación de transferencia de basura (en su
supuesto camino hacia Cordel de Mora) dentro de su territorio,
aparentemente bajo la presión de los vecinos que se organizaron en comité
de lucha. En la segunda semana de abril los munícipes del cantón de Mora se
dirigieron igualmente a la misma Sala con otro recurso de amparo contra el
gobierno por haber violado el principio de autonomía municipal al decidir
inconsultamente instalar allí el relleno, a pesar de que con anterioridad
se habían manifestado anuentes provocando la furia de la población. En esa
misma semana la Defensoría de los Habitantes se pronunció en contra de la
construcción del relleno en el sitio escogido por su peligrosidad ecológica,
coincidiendo así con el pronunciamiento del Colegio de Geólogos dado menos
de un mes antes. En la tercer semana de abril el ministro de Asuntos
Específicos, encargado de clausurar el botadero de Río Azul y ya
desencargado de construir el de Mora por sus diferencias con el presidente,
se salió con la suya y anunció que aquel operará todavía un año más, a
pesar de la promesa de Figueres de que cerraría el 12 de mayo. Y en la
cuarta semana del mismo mes, después de haberles envenenado el río y
quemado árboles frutales, a dos activistas contrarios al relleno en Mora
les incendiaron sus casas de habitación sitas en ese lugar. Todos estos
hechos acompañados de una persistente polémica en los medios de
comunicación y una constante agitación dentro del perímetro del cantón de
Mora.
Las intervenciones de los protagonistas no son propositivas sino críticas,
y las que sí lo son no son viables, sea por su incoherencia e irrigurosidad
científico-técnica -las del Estado-, sea por su desfase con la actitud de
la ciudadanía y del mismo Estado frente al tema -las que hacen ciertos
especialistas-. Estas últimas, en efecto, suelen ir a contrapelo de la
actitud que, más allá de ciertos ejercicios retóricos, aún tiene la
sociedad costarricense frente a sus desperdicios, debida a una mezcla de
pobreza económica y de vigorosa herencia cultural. Es una actitud de casi
indiferencia, de renuencia a invertir en el manejo de los desperdicios
ningún esfuerzo (¡si no son más que desperdicios!), semejante a la del bebé
con sus excrementos. En contraste, y por lo menos de cara al manejo de los
desechos ordinarios, las contemporáneas sociedades del norte del planeta se
comportan profilácticamente. En ellas los procesos de producción y consumo
de bienes tienden cada vez más a ser concebidos en su articulación con los
procesos de generación y manejo de desechos; el cuidado puesto en estos dos
últimos procesos modifica -en virtud de un bucle de retroalimentación- las
maneras en que se efectúan aquellos otros dos. Similarmente, y cada día más
desde hace una década, tiende a ser concebida la relación de los individuos
con su propio cuerpo en esas sociedades: la alimentación y la mayoría de
las actividades de distracción se diseñan en función de la evitación de
ciertos subproductos y secuelas en la salud definidos como no
contribuyentes a ésta o contraproducentes, se anula el placer inmediato en
aras de la sanidad mediata, se hace del esfuerzo del cuerpo una
satisfacción, se sacrifica el goce del consumo despreocupado por la
maximización del rendimiento del aparato físico. Se actúa profilácticamente,
pues. Ambos fenómenos son presumiblemente partes de un mismo proceso
cultural. El seguimiento de tal régimen de vida, dicho sea de paso, permite
a algunos de nuestros conciudadanos manejarse con un cuerpo del primer
mundo en una inmanejable ciudad del tercero.
El problema de la basura sigue y seguirá por un tiempo siendo visto por el
Estado y la ciudadanía costarricenses como el de su disposición final, en
desacuerdo con el ignorado Plan Nacional de Manejo de Desechos, y esa es
una concepción errónea del mismo (Sigifredo Guevara dixit). Tal concepción,
que podría ser aceptable de cara a pequeños centros urbanos de baja
densidad poblacional y baja tasa de generación de desechos en general y de
los no biodegradables en especial, deja ya de serlo a la luz de los
criterios ambientalistas en avance, de acuerdo con los cuales la reducción
de la generación de desechos y el reciclamiento de éstos a partir de la
clasificación en la fuente han de ser hoy día obligatorios. La acción de
las administraciones territoriales locales presionando y orientando a los
ciudadanos hacia una conducta colaboradora y participativa es un requisito,
como también la elevación de las tarifas para un eficiente, ecológicamente
sano y autofinanciado servicio. El manejo de las casi 1.000 toneladas
métricas de desechos sólidos que los 13 cantones del núcleo de la GAM
generan diariamente debería ser, pues, integral, sobre la base de una
concepción también integral -lo expresa así la decena de especialistas
nacionales que sistemáticamente el Gobierno se niega a tomar en cuenta-.
A pesar de estar ahora paralizada por orden de la Sala Constitucional la
construcción del relleno en Mora, de que todos los antagonistas de ella
siguen en pie y multiplicándose y de que la mayoría de los expertos
argullen que ese proyecto no se basa en estudios técnicos suficientes y
constituye un atropello ecológico, el Gobierno jura que la obra concluirá
felizmente en un año y que en ella estriba la solución de la crisis de la
basura. Durante ese período se pretende seguir utilizando el botadero de
Río Azul, y ante el hecho de que los vecinos de éste rígidamente se oponen
a tal medida el ministro de Asuntos Específicos dice estar confiado en su
buen corazón (LN,20-4-95:16A). Sea como sea, mientras florecen por todos
los barrios los llamados basureros clandestinos, el caso del beodo en
profundo sopor que se ahoga en su vómito es un espejo en el que resulta
cada vez más irresistible y espantoso vernos.
Minería en la zona fronteriza con Nicaragua: lo legal y lo ambiental
Freddy Vargas
1. Antecedentes históricos
En América Latina la actividad minera ha tenido un rol protagónico en la
estructuración de las sociedades y economías del continente. De hecho,
durante la colonia la estructura social y espacial fue condicionada
decisivamente por la minería de la plata,que giró alrededor de ricas minas
como las de Potosí en Bolivia y Zacatecas en México, principalmente.
Las minas se erigieron en los mayores centros urbanos de América. A
principios del siglo XVII Potosí era una de las ciudades más grandes del
mundo occidental, con un flujo constante de alrededor de 200.000 personas
que pululaban alrededor de las minas. Ciudades como Lima, Panamá, Veracruz
y la Habana también experimentaron un crecimiento por su condición de
rutas de paso comercial oficialmente establecidas desde las minas hasta la
metrópoli.
La minería indefectiblemente ha sido una de las actividades con más altos
costos ambientales, sociales y culturales. Sin embargo, conforme ha
evolucionado la actividad, si bien la brutalidad en la explotación de los
obreros mineros ha ido atemperándose los daños al ambiente se han
incrementado.
Desde el arribo de los europeos hasta mediados del siglo XX la minería se
desarrolló sobre la base de una intensa y descarnada explotación del
trabajo humano, donde el incremento de la producción estaba en relación
directa con un aumento de la intensidad y el número de horas de trabajo.
Durante todo este lapso, caracterizado por la extracción "subterránea", la
degradación del ambiente se centró principalmente sobre las actividades de
la industrialización y refinado de los metales, ya que el mayor daño
ambiental ocurría a gran profundidad.
Sin embargo, con el desarrollo de la minería industrial a mediados del
presente siglo, la actividad adquirió características dramáticas en
términos ambientales, aunque las condiciones de trabajo de los obreros
mineros mejoraron significativamente.
En la actualidad, los mineros de pico y pala, siguiendo ricas vetas de
mineral a lo largo de profundos y asfixiantes túneles, son una reliquia
del pasado. Modernamente, la minería se caracteriza por el uso de
técnicas a cielo abierto; las innovaciones técnicas han variado
radicalmente la dinámica de la industria, pasando de la extracción de
vetas subterráneas de gran calidad al aprovechamiento de minerales de
menor calidad en grandes yacimientos diseminados en minas a cielo abierto.
En la base de las técnicas a cielo abierto están presentes modernos
equipos de excavación, cintas transportadoras, tuberías de distribución y
nuevas técnicas químicas y mecánicas que permiten remover "montañas
enteras", y dejar así expuestos extensos yacimientos de mineral de baja
calidad.
Aunque históricamente en nuestro país la minería no ha tenido los trágicos
saldos de otros países latinoamericanos como Venezuela, México, Perú,
Brasil y Bolivia, lo cierto es que desde el arribo de los españoles a
nuestro territorio, distintos y reiterados han sido los intentos por
explotar las riquezas mineras de la nación.
En el pasado reciente numerosas han sido las iniciativas, públicas y
privadas, por aprovechar las riquezas del subsuelo, con saldos dramáticos
en términos sociales, culturales y ambientales.
Las exploraciones petroleras a inicios de la década de los 80s a cargo de
la empresa pública nacional RECOPE en Campo Diablo, Cordillera de
Talamanca, dejó heridas que aún hoy no han sanado.
En igual sentido, la explotación de oro a cielo abierto en la Mina
Macacona en Esparza, dejó un panorama macabro: estelas de muerte y
destrucción reemplazaron los bosques y quebradas de la zona. Asimismo, la
minería de oro en la Península de Osa se ha desarrollado a un enorme costo
social y ambiental, en una zona de frágiles y ricos ecosistemas.
A estas nefastas experiencias hay que agregar las pretensiones mineras de
la Aluminium Company American (ALCOA) de explotar bauxita en el Valle de
El General en los albores de la década de los 70s, las pretensiones de la
transnacional EUROSPEC de explotar las riquezas del subsuelo en la
Reserva Juan Castro Blanco a finales de los 80s y, a inicios de la
presente década, los intentos de la PHELPS DODGE y otras transnacionales
de explotar las riquezas minerales en los territorios de las reservas
indígenas, intentos todos que se vieron frustrados por la férrea oposición
de las comunidades, grupos ambientalistas y de un sector importante de
universitarios y estudiantes en general.
Hoy, sin embargo, a 25 años de la gesta de ALCOA, el país enfrenta una
amenaza ambiental sin precedentes.
En la actualidad, la PLACER DOME INC., la mayor empresa minera del mundo,
pretende explorar y explotar metales preciosos en grandes extensiones en
la zona fronteriza con Nicaragua, terrenos enmarcados dentro de las áreas
protegidas que integran el Sistema Internacional de Areas Para la Paz
-SI A PAZ-, iniciativa de conservación que ha sido identificada por Costa
Rica y Nicaragua como el proyecto de conservación prioritario para ambos
países.
2. El código de minería: una legislación permisiva.
El Código de Minería vigente, lejos de garantizar la defensa y protección
de nuestro patrimonio natural, exhibe numerosas limitaciones y debilidades:
prioriza los intereses particulares de los mineros sobre los intereses de
las comunidades y de la nación en su conjunto.
Si bien el artículo Primero prescribe que los recursos minerales son
propiedad exclusiva del Estado costarricense, este mismo artículo
establece que los particulares puedan aprovechar dichas riquezas por medio
de la figura de la "concesión". En nuestro país, de acuerdo al artículo 8,
todo el territorio nacional es susceptible de ser cedido a los
particulares para el desarrollo de actividades mineras, con las únicas
excepciones de los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas.
Una amenaza al patrimonio natural del país y el bienestar de las
comunidades está representada por el hecho de que los mineros no están
obligados a la presentación del estudio de impacto ambiental, sino sólo
después de que han adquirido su derecho a la concesión, situación que
eventualmente puede ser contraria a la Constitución Política, según lo ha
señalado en distintos pronunciamientos la Sala Constitucional, toda vez
que la reforma al artículo 50 constitucional a venido a garantizar el
derecho humano a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En igual sentido, en el evento de que las actividades de minería causen
daños, los montos de las garantías de cumplimiento son irrisorios,
fijándose aquellos en sumas aproximadas a los quince mil colones por km2,
situación que se agrava con el hecho de que los interesados deben
cancelar únicamente el equivalente a la tercera parte de la garantía
fijada por la Comisión Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Adicionalmente, a través de dos reformas legales recientes, el camino de
las compañías mineras se ha allanado: mediante la promulgación del
Decreto Ejecutivo No. 23904-MIRENEM publicado el 12 de enero de este año,
titulado Reglamento para el Descongelamiento de Areas de Interés Minero,
todas aquellas áreas con valor minero que habían sido "congeladas" por el
Estado entran automáticamente en el mercado minero, de suerte que pueden
ser pedidas por los particulares para la exploración o explotación minera.
Finalmente, aprovechando la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, se reformaron los artículos 15 y 18
del Código de Minería, para que en lo sucesivo, la aprobación del traspaso,
el arriendo y la explotación indirectos pase a manos de la Dirección de
Geología y Minas del MIRENEM, despojando así a la Contraloría de sus
potestades contraloras y fiscalizadoras.
3. La minería: una amenaza al ambiente
En el evento de que las exploraciones arrojen resultados positivos, la
explotación del oro, plata y minerales asociados será ejecutado mediante
las técnicas de "a cielo abierto", lo que supone el uso de sustancias
altamente tóxicas y contaminantes como el arsénico y el cianuro en la
etapa de separación de los metales preciosos.
Entre los posibles daños al ambiente y la salud se pueden identificar los
siguientes:
a. altísimos niveles de deforestación, toda vez que la técnica de
"a cielo abierto" supone la destrucción de la cobertura boscosa y la
remoción de las capas superficiales del suelo;
b. pérdida irreparable de la diversidad biológica, tanto a nivel
de la flora como de la fauna y los microorganismos;
c. erosión y pérdida irreversible de los suelos: al ser talada la
cobertura boscosa la escorrentía aumenta la pérdida del suelo y sobreviene
desertificación; naturalmente esto revierte en un incremento de la
sedimentación de ríos y quebradas, lo cual a su vez aumenta los riesgos de
inundaciones;
d. destrucción de la riqueza paisajística: tras la extracción de
los minerales el paisaje se torna desértico e irregular debido a la tala
del bosque y a la creación de gigantescos cráteres;
e. contaminación de los ecosistemas por el uso de sustancias
químicas como el cianuro y el mercurio, y , principalmente, envenenamiento
del recurso hídirico, lo que revierte en una espiral que lo envenena todo:
vida silvestre, suelos y al mismo ser humano;
f. contaminación atmosférica: durante la fase de industrialización
y refinamiento del material extraído se liberan sustancias contaminantes
que envenenan el aire, y , finalmente,
g. el uso del cianuro y el mercurio, y la emisión de gases tóxicos
ocasionan problemas por inhalación en el aparato respiratorio así como
intoxicación por ingestión de aguas envenenadas.
4. La minería: un problema político y una amenaza a la soberanía
Conocido el altísimo costo social, cultural y ambiental de la actividad
minera, la riqueza y la fragilidad de los ecosistemas de las áreas que
conforman el SI A PAZ, y el sin fin de actividades productivas
sostenibles en la zona, una iniciativa como la descrita no sólo evidencia
la mentalidad "cortoplacista" de nuestros gobernantes sino que además
compromete el desarrollo futuro de las comunidades asentadas en la zona
de interés.
La implementación de modelos de desarrollo impuestos por el Estado
nacional, prescindiendo de la opinión y participación de las comunidades
interesadas, y encaminados al ajuste de nuestras estructuras productivas
para atender los compromisos de ese Estado y las demandas del mundo rico,
implican una renuncia al uso soberano de nuestro patrimonio natural.
Nuestros suelos, los bosques, el agua, el aire y nuestra riquísima
diversidad biológica son la garantía de nuestra superviviencia y nuestro
bienestar presente y futuro. Estas riquezas deben ser aprovechadas para
beneficiar a las comunidades de la zona y la nación en su conjunto y no
para satisfacer la rapacidad de un grupo de empresarios mineros.
A 25 años de la gesta de ALCOA debe llamarnos la atención el dicho
popular que reza: no todo lo que brilla es oro, y que detrás de los
yacimientos minerales preciosos sólo dejaremos estelas de destrucción y
desolación. Probablemente la expresión de uno de los líderes del Comité
de Oposición a la Minería en la zona de San Carlos: "la minería, pan para
hoy y hambre para mañana", recoge ajustadamente la lógica suicida de
estas iniciativas privadas avaladas por nuestras clases gobernantes.
Intereses mineros contra reservas indígenas
Alí García
La conducta de celoso resguardo de los recursos naturales que siempre
hemos tenido los indígenas costarricenses ha sido sistemáticamente
ignorada por los gobiernos. Estos se enredan en entelequias acerca de con
qué valores morales y culturales lograr en la gente una actitud
respetuosa de la naturaleza, pero no se fijan ni nos respetan a nosotros
que tenemos esa actitud desde hace milenios. Sus intenciones manifiestas
son de alcanzar un "desarrollo sostenible",sin embargo ellos se mantienen
siempre igualmente lejos de sus metas.
Durante muchos años se han creado leyes para proteger los recursos
naturales, entre éstos los minerales, pero sin perder de vista la
posibilidad de explotarlos. Por eso estas leyes no son contundentes, no
prohiben absolutamente, no reconocen nuestros derechos de una vez por
todas, sino que crean "reservas", "regulan", crean categorías "mientras
tanto". Las leyes muchas veces no han sido sino una cortina de humo,
utilizada para captar fondos internacionales, como es el caso de la
Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA), que con todo y su respaldo
internacional (es una categoría de la UNESCO), sólo aflora en los
informes para solicitar fondos de cooperación internacional y casi nunca
como la voluntad de un manejo adecuado de los recursos que reconozca la
capacidad de los pueblos indígenas en ese sentido (9 reservas indígenas
integran supuestamente la RBA).
Veamos el panorama actual de la minería en las reservas indígenas. Dentro
de éstas, los bosques, los ríos, los animales y hasta los mismos pueblos
milenarios, "nadan" dentro de las solicitudes de exploración minera,
dentro de esos parches de colores que utiliza el Padrón Minero (del
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas) para indicar en las
hojas topográficas las peticiones mineras -entiéndase: las amenazas de
expropiación y de destrucción de la naturaleza y de la cultura, con
modelos de minería a cielo abierto que no dan posibilidad de
sostenibilidad de ninguna especie.
Hasta hace poco, en 1991, 1157 km2 de los territorios indígenas del país
estaban dentro de 78 solicitudes para exploración minera. Ante la presión
de las organizaciones indígenas y ambientalistas, el gobierno emitió un
decreto en 1993 para "congelar"(1) las áreas de las solicitudes mineras
en reservas indígenas que se "archivaban"(2), desalentando supuestamente
los mecanismos de solicitación. Parecía que la amenaza minera perdía
fuerza con esta medida, y la solución del congelamiento tranquilizó a
muchos. Pero un reciente decreto, publicado el 12 de Enero de 1995 en La
Gaceta (prensa oficial del Estado), nos hace ahora cuestionarnos sobre
las intenciones reales de tal mecanismo. Este decreto hace más expedito
el trámite de descongelamiento por parte de los mineros y reduce la
decisión de si se descongela o no a una comisión que encabeza el ministro
del ramo. En otros términos: todas las áreas que fueron congeladas de
repente se abren de nuevo a las solicitudes, y de nuevo las
organizaciones indígenas y ecologistas deben retomar sus banderas de
lucha. Otra vez se nos pide confiar en la "buena voluntad" de unos
cuantos decisores.
En este momento, de las solicitudes originales en reservas indígenas
subsisten 14, que representan un área de 167 km2. El área congelada
dentro de reservas indígenas suma 1565 km2. El total, 1732 km2,
representa el 53 % del área total de las reservas indígenas del país,
abierta a la posibilidad de minería.
Ello nos hace plantear las preguntas: ¿es real, fue real, ese deseo de
protección?, ¿es el discurso de los valores morales y culturales acorde
con la realidad?, y ¿y qué pasa con nuestro derecho histórico sobre
nuestras tierras, las que por innumerables generaciones hemos controlado,
desde mucho antes de la llegada de los europeos al continente?
Lo que los pueblos indígenas nos hemos esmerado en conservar por miles de
años -que incluye los sitios de mayor valor biológico y cultural en el
país- se ve amenazado con un mecanismo tan injustamente sencillo como una
decisión plasmada en media hora en un papel. En Talamanca, por ejemplo,
los cerros Namàsöl y Skuëlàbta, que tienen un valor sagrado para los
Bribris y Cabécares y que contienen extensísimas áreas de bosque primario,
se encuentran dentro del área de las solicitudes #6070 y #6219, con todo
y los habitantes de Coroma, Bajo Coén y Kichökicha, puntos claves para la
sobrevivencia de las culturas indígenas establecidas en ese punto del hoy
territorio nacional.
En franca contradicción con las normas del Convenio 169, adoptado por
Costa Rica en noviembre de 1992, y en una actitud prepotente con respecto
de nuestros propios derechos, que incluyen en primera línea el control
territorial de las áreas que por miles de años hemos habitado, el
gobierno abre ahora este portillo, preocupándose más por que empresas
mineras transnacionales y oportunismos d e toda suerte acaparen los
recursos que por nuestra existencia.
Ya existen solicitudes en estudio, pero aún no se tramitan
descongelamientos, pues la medida ha sido muy reciente y la burocracia
estatal es lerda en ejecutar ciertos acuerdos. Estamos a tiempo para
actuar y pedir la revocación de todas estas amenazas ¡No en vano sacamos
a la Phelps Dodge y sus 51 solicitudes de nuestro territorio y a la misma
Refinadora Costarricense de Petróleo con sus pretensiones de explotar
carbón!
(1) "Congelamiento" es la medida administrativa que reserva al Estado
determinadas áreas de interés minero, dejándole amplios márgenes de
discrecionalidad.
(2) Las solicitudes de exploración que por una razón u otra no son
tramitadas se archivan, con el agravante de que los expedientes son de
consulta pública y que terceros o el mismo Estado, pueden servirse de la
información allí contenida.
La creación de un parque nacional a contrapelo del desarrollismo minero
Franklin Araya Gamboa
Cuando las comunidades cuestionan las políticas gubernamentales en
cualquier campo y analizan los proyectos de "desarrollo" impulsados por
entes gubernamentales y financiados por empresas transnacionales, el
derecho constitucional de opinión y decisión de su propio destino es
negado y lo que es un derecho inherente a nuestra condición de ciudadanos
libres se convierte en lucha.
Apelando a la memoria, han sido muchas las luchas por la defensa de la
ecología y el derecho a un ambiente sano en Costa Rica, pero cabe
mencionar especialmente la lucha librada por el pueblo de San Carlos, o
más bien de la Zona Norte, contra las explotaciones mineras. Esta lucha
tiene su mérito y particularidad, ya que ha sido promovida por la
comunidad, con una amplia participación de todos los sectores, y no
podemos ubicarla solamente en los tiempos recientes, sino que se remonta
muchos años atrás.
Desde 1963 muchos sancarleños mostraron interés por la defensa de los
nacientes de agua del Cerro Platanar, de donde se abastece de agua la
mayoría de la población de la Zona Norte. Esta inquietud generó en 1965
la organizaión de la Cámara Junior para coneguir la protección del cerro,
y da como fruto que en 1968 se declararon 2.500 Has. como Bosque Nacional
mediante un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa por el
Diputado Limbergh Quesada.
Los sancarleños siguieron insistiendo en la protección de estas montañas
con el fin de extender el área a 14.000 Has. y en 1975 lograron la
creación de la Reserva Juan Castro Blanco, nombrada así en honor a uno de
los pioneros de esta región; después se le cambió la categoría de manejo
por la de Zona Protectora dadas las característias del área y para
proteger toda la riqueza biológica que presenta.
Irónicamente, por este mismo tiempo, el 22 de mayo de 1989, el Ministerio
de Recursos Naturales, Energía y Minas autoriza a una empresa extranjera
para que haga gestiones con el fin de realizar explotaciones mineras de
azufre y minerales asociados mediante el sistema de cielo abierto que es
uno de los más destructivos y provoca daños irreversibles al ambiente en
las áreas explotadas.
Ante la posibilidad de ver frustrados los esfuerzos de conservación
impulsados durante muchos años y asumiendo su compromiso histórico y
cristiano por defender la vida, la Pastoral Juvenil de Ciudad Quesada
convoca a los grupos organizados de la comunidad a una reunión de
emergencia, ante el peligro de la explotación minera. Ese día nace la
Comisión Pro-Defensa de la Zona Protectora Juan Castro Blanco, y se
convierte en el germen de la lucha contra las explotaciones mineras.
El descontento de la población de la Zona Norte se hace evidente el 30 de
junio de 1989 mediante una manifestación por las calles de la ciudad con
amplia participación popular y el 16 de octubre se realiza una
concentración de fuerzas vivas de la región en el Balneario San Carlos,
donde las autoridades eclesiales se hacen presentes para apoyar la lucha
y se hace famosa la frase del Presbítero Eladio Sancho quien declara la
Zona Protectora la "Montaña Sagrada".
Durante este tiempo se realiza un intenso trabajo de información y
concientización de la población, ya que las luchas de los pueblos deben
ser procesos concientes y no actos manipulativos. Es esencial que la
población esté debidamente informada para que asuma su papel protagonista
en el proceso de desarrollo. Fueron múltiples las reuniones y visitas a
diversas agrupaciones, instituciones públicas y privadas, colegios,
escuelas, agrupaciones comunales, universidades. Participación en
diversos espacios de la radio, la prensa escrita y la televisión.
Contacto con varios grupos ambientalistas del país y de otros países.
Participación en varios seminarios para el análisis de la problemática
ambiental en Costa Rica. Además de las negociaciones con la Comisión
Gubernamental de Evaluación y Control de Estudios de Impacto Ambiental.
Ante la necesidad de contar con un status legal se crea el 2 de abril de
1990 la Asociación Ecológica de la Zona Norte (EZONO), primera
organización dedicada a la protección del ambiente que se funda en San
Carlos.
El 7 de mayo de 1990 la Comisión Gubernamental de Evaluación y Control de
Estudios de Impacto Ambiental después de analizar los informes técnicos y
un sin número de cartas de organizaciones comunales de la Zona Norte y de
fuera de ella oponiéndose a las explotaciones mineras, decide rechazar el
permiso de explotación minera a la compañía EUROSPECT S.A., empresa
canadiense que pretendía explotar azufre en la Zona Protectora. Esta
resolución no fue respetada por la Comisión de la administración
siguiente, por lo que fue necesario acentuar la lucha y la presión al
gobierno. Después de varias amenazas de huelga, lo cual en los tiempos
actuales parece ser el único recurso de las comunidades para hacer
prevalecer el diálogo en la solución de l os problemas nacionales, el 10
de agosto de 1990 la Comisión de Impacto Ambiental rechaza
definitivamente el estudio de impacto ambiental de la Compañía AUROSPECT
S.A. negando el permiso de explotación y el expediente se archiva. Esto
era un éxito parcial ya que existian 8 expedientes de empresas
interesadas en realizar explotaciones mineras en la Zona Protectora Juan
Castro Blanco.
La categoría de Zona de Protección no brindaba protección absoluta, hacia
falta otorgarle un status jurídico que protegiera el recurso hidráulico
y la diversidad biológica, por lo que la Asociación Ecológica de la Zona
Norte con el apoyo de la comunidad y la iniciativa del Diputado
Ing. Marco Antonio González presentan en noviembre de 1991 a la Asamblea
Legislativa el proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Juan
Castro Blanco. Después de una larga lucha del pueblo de San Carlos por
defender una parte importante de su riqueza ecológica, se logra el 7 de
abril de 1992 su fruto más preciado: la declaración del Parque Nacional
Juan Castro Blanco. Esta declaratoria viene a significar no sólo el
premio a un gran esfuerzo de todo un pueblo, sino también, la seguridad
para los actuales y futuros habitantes de la región de contar con agua
limpia y pura.
Esta lucha se distingue de otros esfuerzos ya que presenta
características muy particulares, principalmente la de que la
coordinación estuvo en manos de personas integradas al trabajo pastoral,
juvenil. comunal, y no a técnicos en asuntos ecológicos o ambientalistas.
Y a diferencia de otras luchas queno han tenido ninguna o muy poca
participación de las comunidades directamente afectadas, la defensa de la
"Montaña Sagrada" se dio con la participación fundamental de las
comunidades que rodean el actual Parque Nacional Juan Castro Blanco.
Los planteamientos de esta lucha se hicieron considerando que el problema
afectaba no sólo el aspecto ecológico sino también lo social, económico ,
cultural y político.
El logro obtenido responde en buena medida a estas características, y es
estímulo y ejemplo para otras comunidades que quieran asumir el
compromiso de ser los artífices de su propia historia.
Para los sancarleños esto apenas es un logro parcial, la lucha por la
defensa de la ecología en la Zona Norte apenas comienza, pero se ha
sentado un precedent e que demuestra que cando las comunidades se
organizan para defenderse ni las transnacionales ni las intenciones
desarrollistas gubernamentales pueden violar el derecho de los pueblos de
ser los sujetos de su propia historia. Ante el poder del dinero y el
poder político más puede la voluntad que mueve montañas. No precisamente
para extraer de sus entrañas riqueza destinada a unos pocos, sino para
preservar lo que beneficie a todos, porque el bien común debe prevalecer
siempre por encima del bien particular.
Los logros no son el fruto de acciones aisladas e individuales, son la
consecuencia de procesos colectivos, donde algunos y algunas ha asumido
su compromiso de luchar por la vida. El ciclo de la siembra y la cosecha
se renueva. Hoy el terreno esta preparado y la semilla esta lista.
AMBIEN-TICO No.30