Presentación

En esta edición de Ambientales se retoman, desarrollándolos, varios de los temas que sobre áreas silvestres protegidas se tocaron en las ediciones de Ambien-tico de septiembre y octubre pasados: reorientación de la gestión de las áreas sobre nuevos principios, rentabilización de ellas mediante la implantación de actividades económicas (inconveniencias y posibilidades) y participación comunitaria y -en general- social.

Pareciera que tras la adopción del enfoque por ecosistemas por parte del Convenio sobre Diversidad Biológica, acordado hace unos cuatro años, y el 5° Congreso Mundial de Parques, recientemente celebrado, entre la mayoría de los especialistas y los dedicados al tema de las áreas silvestres protegidas no caben ya muchas dudas respecto de que éstas han de contar, en su gestión, con la participación de las comunidades vecinas (o en aquéllas contenidas), las cuales, además, han de ser prioritariamente beneficiadas por las actividades económicas que pudieran -y debieran- realizarse en dichas áreas. Estos postulados o principios no son nuevos, pero la fuerza que han cobrado últimamente, y la debilitación de la resistencia, hace que cada vez sea más evidente que es a partir de ellos que hay que reorientar la gestión de las áreas naturales bajo protección. A tales postulados se suman otros importantes: que la gestión de tales áreas ha de basarse tanto en el conocimiento científico -que, se reconoce, es heterogéneo, diverso- como en el popular (indígena, campesino), y que la gestión ha de ser lo más descentralizada posible; pero, también, que la gestión de los ecosistemas, a pesar de la importancia concedida al factor humano, debe hacerse de acuerdo con los límites de ellos, priorizando el respeto a su estructura y funcionamiento y planteándose objetivos de largo plazo (semejantes a los naturales más que a los económico-sociales), etcétera.

En fin, en esta nueva vuelta de tuerca en la concepción de las áreas silvestres protegidas y en la reconsideración de su gestión parece haber una total historización de tales áreas y de su necesaria conservación, a la vez que una reivindicación del respeto (que no sacralización) a los procesos naturales, logrando, aparentemente, la conciliación entre humanidad y naturaleza en la gestión de las áreas silvestres.

Por la importancia que en Costa Rica tiene la protección de áreas -estatal y económicamente y en la ideología "popular"-, los nuevos planteamientos crecientemente imperantes en materia de gestión de áreas, elaborados principalmente por organismos internacionales, han sido recibidos fervorosamente por los líderes de pensamiento nacionales en esa materia, máxime porque tales planteamientos -antiautoritarios, democratizantes y "posmodernos"- no hacen cortocircuito alguno con lo que, de acuerdo a la idiosincrasia nacional, estábamos ya potencialmente inclinados a hacer.