La incorporación del tema ambiental en las políticas públicas se inició con gran fuerza en nuestro país a finales de los ochenta, considerándose entonces los aspectos ambientales como esenciales para el desarrollo. Pero, conforme han pasado los años, los gobiernos han ido perdiendo el dinamismo que el tema ambiental reclama de ellos, y se ha perdido mucho espacio logrado en décadas pasadas para consolidar a Costa Rica como un país líder en materia ambiental.

En la presente administración gubernamental el tema ambiental ha pasado a segundo plano, tratándosele como uno más de los importantes -seguridad, pobreza, educación, fomento de la producción, etcétera-, de los que se suele hablar con lugares comunes, los usuales en el tratamiento de esos temas de los que hay que hablar pero sobre los que no ha de marcarse pautas concretas en las políticas de gobierno.

Con la lectura de los planes que sobre materia ambiental se han incorporado en los programas de gobierno de los partidos mayoritarios, pareciera ser que ésta es la tendencia que pretenden seguir los candidatos presidenciales, perdiéndose así la oportunidad de que se utilice la campaña política para que los temas se discutan públicamente, que pasen a ser elementos esenciales de las preocupaciones políticas tanto de los candidatos como de los ciudadanos. A cambio de eso pasa a enfrentarse el peligro de que las acciones de los gobernantes nuevamente sean improvisadas y carentes de claridad, con el consecuente perjuicio tanto para la sociedad como para el ambiente (…)

Hay temas novedosos que totalmente se han dejado de lado en los planteamientos que hacen los políticos, como si no existieran. Por ejemplo, en los foros internacionales se ha venido estableciendo el concepto de bienes públicos globales, como aquellos que son necesarios para consolidar los derechos de los habitantes del planeta, y que por ello trascienden cualquier titularidad, y de la necesidad de que los gobiernos procedan a su protección; dentro de ellos se incorporan bienes que hasta ahora se han considerado como componentes del ambiente, como el aire puro y las aguas limpias, que llenan necesidades vitales, pero ahora se comprende que al estar en peligro de convertirse en un bien escaso no puede llevarse a la categoría de bienes de mercado, en los que puede intervenir el interés económico. Son bienes necesarios para que las personas puedan ejercer el derecho fundamental -derecho humano- de disfrutar de un ambiente sano, de la misma manera como se ha de tener acceso a servicios médicos y de educación. (…) Pareciera que el uso político de esos conceptos novedosos, que sin duda podría de nuevo poner a Costa Rica en el sitio protagónico que le corresponde, habrá de esperar a mejores momentos.

Las propuestas de los cuatro principales candidatos a la Presidencia de la República, que aparecen en la edición de Ambientico de septiembre de 2001, son muestra clara de que existe un estado de conciencia sobre la ineludible necesidad de que todos gocemos de un ambiente sano y equilibrado, pero tampoco parecen reflejar una preocupación consistente en los diversos aspectos de la grave problemática ambiental nacional. Más bien parecieran reflejar compromisos orientados a considerar el ambiente sólo como una variable más. Los planteamientos incorporan algunas soluciones a problemas que estamos viviendo: manejo de desechos, producción y ambiente, ambiente y energía, manejo del agua, etcétera, pero ello no es suficiente.

Pareciera que carecen, todas ellas, de un hilo conductor que venga a tejer todo el tema ambiental alrededor del compromiso establecido en la garantía constitucional que incorpora el artículo 50 de nuestra Constitución. El hilo conductor es y ha de ser la calidad de la vida humana y ambiental. Los enfoques temáticos deberían tener una ilación consistente y orientadora para la vida social. La educación debería comprender el respeto a los sistemas ecológicos y al bienestar los otros ciudadanos. La producción deberá encauzarse de manera responsable, con mínimas afectaciones al ambiente natural y humano. El apoyo de los gobiernos a estos compromisos básicos de vida social debería ser orientado como resultado de una profunda convicción y no solamente de situaciones circunstanciales.

Debe identificarse como básico y fundamental el rescate y respeto a la calidad de vida, y definirse en forma precisa, en la práctica del ejercicio de la responsabilidad de gobierno, las obligaciones y derechos que tenemos tanto las autoridades públicas como todos los ciudadanos en nuestras distintas actividades y acciones que realicemos.

Los cambios de actitudes de la sociedad deben comenzar por el ejemplo que den los gobernantes. Es por ello que los programas de gobierno de los cuatro candidatos más importantes en la actual contienda electoral dejan mucho que desear.


La autora, abogada, es directora de Fundación Ambio.

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