A pesar de que en la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (Pusc) se indica que se trata de "ideas preliminares del programa ambiental de gobierno", lo primero que llama la atención de ella es su vaguedad y poca articulación, lo cual la hace ver más como una simple enumeración de buenas intenciones (muy en consonancia con la personalidad del candidato). La propuesta no parece darnos elementos de juicio para creer que existe una estrategia alternativa de desarrollo dentro de dicho partido, muy erosionado de por sí por el ocaso del modelo neoliberal que fue la base de su propuesta. Conociendo la práctica de la actual administración y de su ministra del Ambiente, más bien parece un documento de un partido de oposición: Se nos habla de fortalecimiento institucional y coordinación del estado con las comunidades, cuando tenemos ante nosotros un Ministerio del Ambiente (Minae) debilitado y decenas de comunidades en pie de lucha. Se nos habla de desarrollo del sector forestal, cuando prácticamente ya no quedan bosques fuera de las áreas protegidas, el sector maderero no termina de aprender qué significa el manejo sustentable de bosques y la promesa de campaña de la administración Rodríguez de declarar como protegida el área de anidamiento de la lapa verde ha quedado incumplida (o va en camino de hacerlo). Se nos habla de desarrollo urbano con criterio ambiental, pero los límites de protección de la Gran Área Metropolitana se hubiesen visto sobrepasados si no hubiera sido por la acción militante de ambientalistas. Se nos habla de un manejo integral de los recursos hídricos pero la nueva propuesta de ley de su partido no aporta prácticamente nada nuevo respecto de la de 1942 y se concentra en facilitar el acceso al recurso agua a los productores hidroeléctricos privados.

Ante esto nos queda preguntarnos: ¿por qué no hemos escuchado una voz más decidida de don Abel frente a estas realidades, excepción hecha de su firme oposición a la actividad petrolera?, y ¿quiénes son los que desde el Pusc llevarán adelante la agenda ambiental de su gobierno? Y para terminar: ¿qué significará exactamente la promesa según la cual: "Actividades económicas ambientalmente no amistosas, por más productivas que fueran desde el punto de vista de la renta tradicional que generan, no serán apoyadas por nuestro gobierno mientras no se hagan sostenibles ecológicamente"? ¿Será algo así como permitir la minería de oro por lixiviación con cianuro (actividad no sustentable per se) sólo porque una compañía diga que utilizará cierto tipo de geotextiles? ¿O habrá alguna voluntad de imaginarse realmente otro camino ante las "...serias deficiencias que comprometen nuestra existencia futura"?

Otto Guevara/Movimiento Libertario

A la propuesta del Movimiento Libertario (ML) considero que debemos reconocerle la sinceridad de su fundamentalismo neoliberal. (…) Al leerla constatamos que el ML atribuye las causas del deterioro ambiental y, consecuentemente, social a: un excesivo intervencionismo estatal, un reconocimiento insuficiente de parte del estado de los derechos de la propiedad privada, un excesivo control de los recursos naturales por parte del estado ("en manos del estado") y una insuficiente libre competencia.

(…) En Costa Rica, donde el modelo neoliberal ha sido implementado "a medias" debido a la tesitura de su pueblo y donde el control estatal del deterioro ambiental se ha visto seriamente disminuido por la desarticulación parcial de su estructura (y a pesar del trabajo abnegado y buenas intenciones de muchas funcionarias y trabajadores del Minae y del Ministerio de Seguridad Pública), debemos preguntarnos por qué, a pesar de la disminución efectiva del estado, los indicadores ambientales (fuera de las áreas protegidas) tienden a desmejorar. Del bosque, lo único que prácticamente nos queda es lo que está en las áreas protegidas, háyase pagado o no. El control forestal del manejo de este recurso (a pesar de las regulaciones teóricas) en áreas privadas es inexistente o sumamente deficiente (como ha sido demostrado hasta la saciedad), lo que ha tenido como consecuencia su desaparición como ecosistema. ¿Por qué para los propietarios privados (en la práctica los madereros) no es interesante su protección y manejo sustentable?

El ML se pregunta cuánto bosque existiría hoy si el estado no hubiera intervenido. Menos que el actual, muy probablemente, respondemos. Y podríamos preguntar: ¿no sería mejor socialmente pagar terrenos no cancelados o adquirir otros de importancia estratégica con los dineros actualmente utilizados para el pago por servicios ambientales, los cuales estamos de acuerdo benefician a muy pocos? ¿Por qué las empresas no se muestran interesadas en hacer económicamente atractivo el reciclaje de los residuos que generan -por ejemplo el aluminio (lo que se paga por una lata desechada no motiva el retorno)? ¿Por qué, y considerando que la legislación y su puesta en práctica es tan permisiva -o sea, inexistente-, las empresas no se muestran interesadas en sistemas de purificación de las aguas residuales de su operación? ¿Por qué no se han vuelto dóciles los problemas de la conservación a pesar de tanta permisividad de parte de un estado cada vez más inexistente? ¿Por qué ante los crecientes libertad y respeto a la propiedad privada de que gozamos en la actualidad la empresa Pedregal no detuvo la explotación del tajo de su propiedad sólo hasta que el acuífero Colima estaba ya expuesto? ¿Cuál sería la propuesta del ML para evitar la típica captura neoliberal del estado por intereses particulares de poderosos grupos político-económicos y lograr una amplia y equitativa participación en la distribución de los beneficios económicos generados por el menor y mejor uso de los recursos naturales?

Trataré de opinar en paralelo acerca de ambas propuestas al considerar que son las más serias y revelan tras de sí una mayor elaboración y un equipo de trabajo más sofisticado.

Se nota en ambas un claro esfuerzo por considerar nuestros activos ambientales (particularidades bioregionales) y su uso racional como la base de un nuevo modelo de desarrollo, desligándose de la visión utilitarista de los recursos que caracteriza al modelo productivista hasta ahora en práctica. Ambas atribuyen a la participación ciudadana una importancia preferencial a la hora de decidir acerca de la conveniencia o no de determinados proyectos, a través de la descentralización y la gestión (acción) comunitaria. Es evidente en ambas una fuerte interiorización (al menos a nivel discursivo) de las propuestas y elementos conceptuales originados en la Cumbre de Río (por ejemplo, los consejos regionales para el desarrollo sostenible, casi totalmente menospreciados por la actual administración) y desarrollados a través de esta década, acercándose en muchos aspectos a una visión más propia de la economía ecológica que de la neoclásica.

Ambas propuestas muestran mucha coherencia en lo referente a las acciones que le darían consistencia a sus propuestas teóricas, aunque sería necesario conocer más detalles acerca de la política económica de ambos partidos y a partir de qué mecanismos se le daría consistencia económica a las acciones propuestas y a los entes encargados de ellas.

Sin embargo, a pesar de la coherencia interna de las propuestas, parece que ambas parten de la suposición de que la globalización es efectivamente un proceso simétrico, mutuamente beneficioso. A la luz de las realidades expresadas en las negociaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio (ampliamente favorables a las compañías transnacionales, Estados Unidos y la Unión Europea) queda poco clara la forma en que, según Acción Ciudadana, se logrará "fortalecer nuestra participación en la economía mundial, pero de manera compatible con la estabilidad macroeconómica y el desarrollo humano", y en que, según Liberación Nacional, "con el fin de integrarnos adecuadamente al desarrollo mundial y regional, aplicaremos de forma inteligente y conforme a nuestra realidad los acuerdos regionales y mundiales...".

Situar a los actores locales (comunidades, organizaciones locales, representantes de la sociedad civil) en el centro de la discusión acerca del modelo más adecuado de desarrollo y de la toma efectiva de decisiones en torno al acceso, control, uso sustentable y disfrute de los beneficios generados a partir de la verdadera riqueza (los recursos naturales) es sin duda un reto mayúsculo. Ante todo, y en eso no debemos pecar de ingenuos, porque esto significa retar a otros actores (los tradicionales) muy influyentes: las transnacionales y los sectores más poderosos de este país, o sea, los grandes ganadores de la globalización económica neoliberal (la actual estrategia de acumulación del capital).

¿Asumirán Solís y Araya dicho reto? La posición del primero parece más combativa, a pesar de su visión de globalización, al ser él mismo un elemento crítico y disidente de la estructura de uno de los partidos tradicionales y al llevar en su papeleta diputadil elegible a personas que han tenido una destacada participación en diversas luchas sociales y ecologistas. El segundo parece, en principio y a pesar de sus esfuerzos para desmarcarse del neoliberalismo que impregna a su partido, estar más supeditado a una estructura que tuvo en el pasado cercano (en el gobierno de Figueres Olsen) la oportunidad de implementar un programa similar pero que fue incapaz de hacerlo, a pesar de su elaborado discurso acerca del desarrollo sostenible y de verse rodeado de muchas figuras de la generación Alcoa. ¿Lo permitirán las estructuras nacionales y transnacionales del poder neoliberal? ¿Lo permitirán los acreedores de ese pesado e injusto fardo que es la deuda externa, esos mismos que son los llamados a responder por la deuda ecológica? ¿Lo permitirán el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y el Plan Puebla-Panamá?