
La Ley N° 4.240, de 1968, caracteriza el Plan
Nacional de Desarrollo Urbano como "el conjunto de mapas, gráficos y
documentos que describen la política general de distribución demográfica y
usos de la tierra, fomento de la producción, prioridades de desarrollo físico,
urbano-regional y coordinación de las inversiones públicas de interés
nacional". La definición es clara y el mandato de ley aun más. El
artículo 7° de dicha ley crea la Dirección de Urbanismo y, acto seguido, le
da el mandato de elaborar el Plan. En el artículo 4° le asigna a la Junta
Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo la competencia de
proponer, divulgar y renovar periódicamente este instrumento de desarrollo.
Para ponerlo en palabras más seglares: puede decirse que el Plan es la batuta
del estado para guiar su desarrollo.
Pero, entonces, ¿por qué han pasado 33 años sin ni siquiera contar con un intento básico de lo cumplir el mandato de ley?, ¿por qué se ha "engavetado" esta ley visionaria dejando al país sin una dirección clara, sin directrices en su desarrollo urbano regional? La única explicación es que en esta materia ha imperado el interés partidista, las ocurrencias, los intereses privados y la politiquería dejando de lado intereses superiores como el bien común, un desarrollo con visión de futuro, un acuerdo tácito entre los programas de desarrollo de interés nacional y la importancia de contar con una política ambiental complementaria a ese desarrollo.
Un caso concreto de esa impericia, de esa superficialidad en las políticas del estado y de la carencia de un análisis visionario orientado a prever sus virtudes y consecuencias, son los programas de vivienda ejecutados durante las últimas dos décadas. El tema vivienda se convirtió en un producto simplista fácil de vender y rico en sus réditos políticos. La complicidad entre los partidos políticos y la clase social más necesitada de vivienda, en contra de cualquier regla que pudiera implicar desarrollo ordenado, previsión urbana, negativas por razones ambientales o de riesgo... es muy evidente. Para el político las viviendas han sido números convertidos en votos. La organización estadística de que habla el historiador urbano inglés Reyner Bennan se estaba aplicando en Costa Rica desde hace mucho tiempo.
Otro caso digno de mención de esa anemia en el campo de la planificación es el caso del desarrollo turístico altamente estimulado por el estado y que ha dado buenos réditos en su atracción de divisas al país. Aquí, curiosamente, se utiliza un elemento precisamente de planificación para justificar la concesión de las tierras con valor turístico más atractivas del país. Eso sí, esa microplanificación es hecha por el interesado, quien la moldea de acuerdo con sus necesidades.
El estado no fue capaz de leer e interpretar la vieja Ley de Planificación Urbana, y los famosos planes reguladores de nuestros litorales se convirtieron en "mamotretos" para cumplir con una "permisología" absurda y plagada de corrupción. La planificación urbana en función del interés nacional no era prioridad política y se dejó de lado una de las más grandes oportunidades de desarrollo urbano y una oportunidad única para revertir el proceso migratorio del campo a la ciudad. El estado ha sido incapaz de ver lo que tenía frente a sus narices: posibilidad de crecimiento urbano organizado, distribución de la riqueza, fuentes de empleo, fomento de la microempresa alrededor del turismo, etcétera.
Pero, como bien lo dice Eduardo Lizano, "la jarana sale a la cara". Este combo de ocurrencias implementadas por los gobiernos de turno ha puesto en evidencia la necesidad de resucitar la vieja ley. Ya los políticos, gracias a Dios, agotaron el filón de la vivienda, ya los grupos organizados perdieron su poder para, en contubernio con el munícipe o el diputado, comprar el barranco disponible de algún familiar o algún terreno barato sin importar aptitudes urbanísticas para sorprender con ellos a las instituciones y a los más pobres de este país.
Los problemas urbanos han empezado a estudiarse seriamente en el ámbito universitario y en algunas organizaciones no gubernamentales, y se están convirtiendo en una piedra en el zapato -difícil de ignorar- de los futuros gobernantes. La contaminación ambiental –aire y agua-, el transporte, el desarrollo urbanístico -y no el macheteo de las mejores tierras en manos de urbanizadores-, y varios otros problemas son temas complejos que no se pueden enlatar y distribuir para ganar elecciones. Le ha tocado a la presente administración iniciar este despertar con herramientas como el censo del año 2000, la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la revisión integral del Gran Área Metropolitana y el posible financiamiento del Plan mediante un convenio con la Unión Europea, esfuerzo un poco tardío pero, por fin, un inicio.
Es hora de dejar de lado el cortoplacismo de los cuatro años de
gobierno e iniciar, aunque tardíamente, un proceso de planificación que nos
guíe en el corto, mediano y largo plazos. Es hora de entender que el Plan no es
una camisa de fuerza sino un instrumento noble que debe afinarse constantemente,
que se ajusta a nuestra naturaleza evolutiva y que es utilizado en otros países
con excelentes resultados como elemento de armonía entre el hombre y su
hábitat. Es hora de pensar en nuestra función de servir de puente entre el
Norte y el Sur. Sólo algunos ignorantes nos confunden y nos creen una isla. Las
ocurrencias pueblerinas nos llevan a veces a vernos encerrados entre dos cercas
y dos mares, cuando en realidad Costa Rica esta llamada a ser un corredor con
nodos estratégicos de desarrollo y un exportador de riqueza energética,
cultural e intelectual.
El autor, arquitecto, es miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.