La reciente evolución conceptual ha conducido a una mejor comprensión de los estrechos vínculos entre ordenamiento territorial, planificación urbano-regional y gestión del riesgo. Después de un largo proceso crítico sobre la atención, y luego sobre la prevención de los que se denominaban "desastres naturales", se logró trascender el tema inaplazable de la respuesta, pero no lo suficiente todavía como para integrar en una sola acción concertada las actividades directamente vinculadas con la posible ocurrencia de desastres y el proceso de desarrollo. Luego de dos décadas de auge de las perspectivas y propuestas de planificación, nos enfrentamos a un nuevo período que vincula descentralización con desregulación y presiona –lográndolo muchas veces- por desmontar el aparato del estado, entendiendo reforma por reducción abrupta y limitando así su capacidad de intervención para rectificar prácticas privadas depredadoras y productoras de nuevas condiciones de riesgo.

La gestión del riesgo se debe entender como la planificación y la consecuente aplicación de medidas (por parte del sector público y la iniciativa privada, en forma de acciones positivas, reglamentación o limitación de potestades) orientadas a impedir o reducir los efectos adversos de eventos dañinos sobre la población, los bienes, servicios y el ambiente. Se trata de diseñar, financiar y poner en práctica en forma conjunta, concertada y coordinada, las acciones integradas de prevención-mitigación de desastres y preparación para la atención y recuperación de población potencialmente afectable; pero además, se trata de introducir el criterio de riesgo en el diseño de políticas y ejecución de tareas de desarrollo, no sólo en condiciones normales sino también en aquellos momentos en que se invierte en forma concentrada para restituir las condiciones previas al impacto de un desastre particular en un territorio específico y construir nuevas condiciones de seguridad. Así, las etapas de recuperación y reconstrucción son procesos cruciales para revertir tendencias que buscan recuperar con el menor costo las condiciones mínimas de habitabilidad o productivas, pero sin considerar que toda esa inversión es a su vez creadora de nuevas condiciones de riesgo. La inversión productiva o social que provoca nuevas formas de degradación ambiental y que, por restrictiva o inmediata, coloca de nuevo a las poblaciones frente al peligro de repetir las traumáticas experiencias de un desastre, solo pueden revertirse con el análisis de riesgo y la introducción del criterio de su reducción como condicionante para la aprobación de inversiones, créditos o acciones públicas.

El criterio de riesgo es indispensable en todo el proceso que pretenda intervenir en la dirección que asume el desarrollo y, por tanto, es un elemento fundamental de cualquier forma de planificación del territorio, o de las propuestas de ordenamiento que surjan de ambientes académicos, institucionales, políticos o privados.

Inversión, planificación y riesgo son conceptos conocidos y aplicados en el ámbito financiero y de la promoción empresarial, pero criticados o ignorados cuando se trata de orientar o controlar la acción privada -empresarial, familiar o personal- en territorios de propiedad privada. Una perspectiva macro social, histórica y estatal, requiere de la aplicación de estos conceptos en el análisis tanto académico como interventor en temas que normalmente no los utilizan.

La gestión del riesgo no será más que una vaga idea hasta tanto no se introduzca en el hacer cotidiano del ciudadano común y de sus representantes locales, regionales y nacionales en todos los ámbitos de la vida.