Un sinnúmero de elementos internos y externos hacen casi imposible que el jerarca del Ministerio del Ambiente (Minae) tenga la posibilidad real de conducir, de manera total, la institución tal y como es previsto desde la plataforma político electoral. Esta situación siempre parece escapar de la vista de los equipos ambientales de los partidos políticos que aspiran gobernar. Enumerar aquellos elementos obstaculizantes no es pertinente ahora, pero por ser ellos los distorsionantes de la planificación de los actores en la contienda electoral, quisiera considerar aquí por lo menos cuatro.

Primero, todo partido político que entra en el gobierno encuentra un presupuesto ya definido por el anterior gobierno, lo que limita la redefinición de rubros y acciones del nuevo gobierno, por falta de financiamiento. Segundo, los recursos financieros y humanos del Minae son significativamente insuficientes para cumplir con todas las responsabilidades asignadas por ley (los casos de la Secretaría Técnica Ambiental y de la Dirección de Geología y Minas son ilustrativos) y mucho menos para poder darle soporte financiero y humano inmediato a las prioridades y planteamientos del nuevo jerarca. Tercero, siempre hay una negativa institucional del personal, en especial de los mandos medios del Ministerio, a apoyar los cambios que el nuevo ministro promueva que vayan en detrimento del status quo institucional –entre muchas razones más, esto se debe, principalmente, a la politización partidarista de los nombramientos de los principales puestos de dirección ministerial. Y, cuarto, las cosas urgentes que acontecen en el Ministerio hacen que las importantes queden para otro día... que nunca llega. La atención del ministro y de su equipo de dirección en el Minae se dedican casi exclusivamente a atender asuntos urgentes, pero a la vez cotidianos e intrascendentes, que desvían y distorsionan la visión de mediano y largo plazos y limitan el desarrollo de lo planteado en la campaña política como agenda de trabajo. Asuntos de importancia desde el punto de vista de la política cotidiana, pero intrascendentes en lo estratégico y lo fundamental.

Como preámbulo al comentario de fondo en este artículo he presentado una percepción muy personal de mi experiencia en el Minae y en el trabajo de campaña política, donde aprendí que para planificar un programa de gobierno en la parte ambiental hay que partir de un elemento fundamental que casi todos desconocen o subestiman: el buen conocimiento de la parte operativa del Minae, de su personal (con nombre y apellidos), de sus limitaciones y -muy importante- de su capacidad financiera. Sin conocer en detalle estos elementos es muy poco lo planificado que se pueda desarrollar y mucho lo que se puede improvisar en detrimento del compromiso político, las buenas intenciones y la buena fe.

El cómo se va a hacer y con qué recursos, constituye la clave de cualquier gestión política del Minae, y es en este aspecto en el que todos los partidos políticos en la actual campaña en alguna medida fallan al ponerse a planificar. Al ser los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (Pusc) más precisos y concretos que los partidos Libertario y Acción Ciudadana (Pac) en cuanto al contenido programático, talvez este elemento del cómo y con qué no sea tan significativo, pero siempre será lo que en definitiva defina las posibilidades reales de implementar un plan de gobierno.

A juzgar por las exposiciones de esos cuatro partidos en Ambien-tico 96, desde el punto de visto ideológico el Libertario se diferencia claramente de los otros tres, ya que afirma que el estado, a través de la intervención y la regulación, es el culpable del deterioro ambiental (afirmación que comparto en alguna medida), observándose que en lo forestal, por ejemplo, el estado con sus regulaciones ha generado una serie de distorsiones de mercado que han dado como resultado deforestación a lo largo de nuestra historia. También es acertado el planteamiento de ese partido referente a la importancia de asignar derechos de propiedad sobre los recursos naturales, afirmando con mucha razón que la propiedad privada hace que las personas se interesen en proteger y conservar el ambiente y que la libertad y la propiedad privada facilitan la gestión ambiental. Ese partido nos describe muy en detalle su percepción del problema ambiental pero como solución sólo anota que debe haber una redefinición profunda del papel del estado. Es un programa muy dogmático en este sentido y aporta poco en temas concretos y precisos. Pero a la vez es valioso ya que estimula la utilización de instrumentos económicos de mercado como herramienta valiosa de política ambiental, lo cual el estado costarricense viene haciendo desde que se liberalizó el sector de las plantaciones forestales y se implementó el programa de pago de servicios ambientales.

El planteamiento del Pac se basa en utilizar el ambiente como un factor de competitividad internacional y convertirlo en eje del desarrollo nacional. El crecimiento económico, dice el candidato de ese partido, debe basarse en la protección del ambiente, y en este mundo globalizado esto será una ventaja competitiva. Elementos todos estos muy acertados, claros e importantes para Costa Rica, que mantiene un perfil y reconocimiento internacional ambiental alto y valioso. Al igual que en sus temas principales de campaña, el planteamiento ambiental se funda en claros y firmes principios y valores morales y de compromiso social. La propuesta del Pac, desde el punto de vista de diagnóstico ambiental y de planteamiento teórico, es buena y acertada y compartimos totalmente su visión de la importancia del rol del manejo de los recursos naturales para elevar el nivel de desarrollo humano y la competitividad en este mundo globalizado. Pero es importante mencionar que el programa carece de planteamientos concretos en los diferentes sectores. Del autor del viejo proyecto de ley Culpa (el que prohibía el aprovechamiento forestal en bosques naturales) esperábamos planteamientos muy claros (radicales para algunos) sobre el sector forestal, los cuales no encontramos en este programa ambiental de gobierno. En definitiva, desde el punto de vista conceptual y teórico el documento es muy bueno pero carece, al igual que el del Libertario, de lo verdaderamente sustancial e importante: de planteamientos concretos y precisos de los sectores ambientales. No nos dicen qué van a hacer en el Minae ni cómo lo piensan hacer.

En los programas del Pusc y del PLN vemos a los partidos tradicionales con planteamientos muy parecidos y muy prácticos desde el punto de vista de programación política. Sin mostrar poses ideológicas –a diferencia de los dos atrás coimentados- se concentran en el planteamiento de acciones concretas en los diferentes sectores, tanto en el campo de los recursos renovables como en el de los no renovables, tanto en temas propios de las competencias legales del Minae como en temas ambientales no propios del Minae. Ambos se definen como promotores del manejo forestal sostenible y escépticos ante las bondades del beneficio ambiental y social de la explotación de los recursos naturales no renovables (petróleo y minería).

El Pusc apuesta más a instrumentos económicos de mercado (servicios ambientales, fijación de carbono) y el PLN a la desconcentración, descentralización y democratización de la gestión ambiental, ambas líneas acertadas. Los dos se esmeran en plantear acciones concretas y precisas en los diferentes sectores, pero, aun así, aparte de mencionar lo importante de reforzar la labor institucional del Minae, no nos dicen cómo y con qué van a concretizar esos planteamientos específicos de su plan. Incluso así me agradan los planteamientos del Pusc y del PLN ya que en ellos se reflejan una labor con alto grado de precisión técnica en la materia y una seguridad de continuidad en la política ambiental del país.

El reto para todos los partidos políticos en el tema ambiental, y aquí radica el éxito de la gestión política ambiental, es cómo lograr garantizar una operación del Minae con los recursos necesarios -en especial el recurso humano- para trabajar en lo previamente planificado y no desgastarse en la atención de asuntos urgentes para el entorno político pero intrascendentes en la gestión de gobierno.