Desde hace más de diez años en
Centroamérica -región que contiene el 7% de la biodiversidad mundial- se da un
proceso de integración en materia de políticas públicas para el sector de
recursos naturales y ambiente que se orienta a dar lineamientos de política y
arreglos institucionales para la promoción del desarrollo sostenible, y que
tiene como promotor a la Dirección General del Ambiente y a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) (Foro Centroamericano de
ministros).
En 1996, un equipo técnico regional
financiado por el Fondo Mundial del Ambiente (Gef) hizo los estudios y diagnóstico
pertinentes para la creación del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), en
los cuales no quedaba claro cuál era la realidad y las necesidades de la
poblaciones asentadas en la vecindad de las áreas protegidas ni de las
incluidas en éstas. Esa primera propuesta del CBM se basó en criterios y
conceptos que no tomaban en cuenta los grandes desafíos que enfrentan las
poblaciones indígenas, campesinas y negras de la región. Por añadidura, fenómenos
como los incendios forestales y, más recientemente, el huracán Mitch,
mostraron que las áreas protegidas en las que la población no ve un beneficio
directo o indirecto son más vulnerables al resultar una especie de tierra de
nadie; contrariamente, aquellas experiencias en que se da una interacción
productiva con las comunidades adyacentes o presentes en el área tienden a
conservarse mejor, muestra de lo cual son las concesiones forestales
comunitarias de El Petén, Guatemala, las zonas de frontera agrícola en la región
atlántica nicaragüense y el Parque Nacional Palo Verde en Costa Rica.
Esa primera
propuesta claramente establecía un desequilibrio en la relación entre zonas de
reserva y zonas de producción. Pero en el proceso de gestación del CBM
organizaciones como nuestra Coordinadora
Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana lograron
influenciar para un cambio del enfoque, gracias a lo cual, y a la apertura de
algunas instancias oficiales, ya en 1998 la CCAD decía que “El CBM es un
programa estratégico para impulsar el desarrollo y consolidación de acciones
que promuevan un nuevo equilibrio entre las necesidades de sustento de los
habitantes de la región, la dinámica económica imperante y el potencial de
recursos naturales de acuerdo a ciertos criterios ecológicos, económicos y
sociales”.
En un esquema sin participación de las comunidades las capacidades
humanas se ven seriamente rebasadas por las responsabilidades, ya que en teoría
a cada funcionario de campo que trabaja en las áreas protegidas en los siete países
le correspondería cubrir alrededor de 5.000 ha. Y aparte del problema de
personal hay varios otros obstáculos que hacen que la administración y manejo
de las áreas protegidas sea poco eficiente en la mayoría de los casos:
ausencia de programas de capacitación que responda a necesidades, falta de
programas de investigación participativa, equipo inadecuado y presupuesto
insuficiente y poca integración de las comunidades de las áreas protegidas.
La estrategia del componente social y productivo
del CBM -que siguiendo la Estrategia Global de la Biodiversidad considera
la biodiversidad como la totalidad de
los genes, las especies y los ecosistemas de una región, que en muchísimos
ocasiones han sido modificados por la milenaria acción humana, siendo ésta
entonces también parte o complemento de la biodiversidad- plantea la
necesidad de articular la propuesta oficial del CBM con una propuesta construida
a partir de la riqueza de las experiencias comunitarias, una propuesta que sea
reconocimiento, fortalecimiento y multiplicación de esas experiencias en tanto
formas de participación real, concreta y productiva de las comunidades.
El llamado componente social y productivo del
Corredor Biológico Mesoamericano es una iniciativa que pretende articular los
esfuerzos por proteger y conservar el patrimonio de la biodiversidad de la región
centroamericana, la reserva estratégica de recursos naturales y el fomento de
actividades productivas amigables con el ambiente en las zonas de vecindad de
las reservas boscosas y en estas mismas. Tal
componente se considera
una alternativa dentro del CBM para incorporar a la gente y sus actividades
productivas, demostrando que también existe un corredor social y productivo en
Mesoamérica que requiere apoyo y fortalecimiento.
El
autor, ingeniero forestal, es especialista en forestería comunitaria y asesor
de la Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria
Centroamericana.