El 15 de junio de este año los presidentes de Centroamérica, Panamá y México dieron formal inicio al Plan Puebla-Panamá (PPP) en el marco de la Cumbre Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, mecanismo de cooperación y colaboración de los presidentes de la región que fue originado por iniciativa del gobierno mexicano. El proyecto involucra exclusivamente a Mesoamérica, es decir, las regiones mexicanas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla., Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y los trritorios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Representa un mercado cercano a los 64 millones de personas (el Pib per cápita de esta región equivale a cerca del 50% del Pib latinoamericano, es decir, se trata de una región inatractiva como mercado para el intercambio comercial del capital globalizado), y su objetivo declarado es “potenciar la riqueza humana y ecológica de la región mesoamericana, dentro de un marco de desarrollo sustentable que respete la diversidad cultural y étnica”.

Conjuntamente con la presentación de esta iniciativa, los presidentes hicieron manifiesto su apoyo irrestricto a las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), revelando así al PPP como un instrumento del proceso de globalización, lo cual está más allá de sus objetivos explícitos, que, al igual que los del Convenio Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los de cualquiera de los Planes de Ajuste Estructural, siempre plantean la loable aspiración de alcanzar el desarrollo sustentable.

En realidad, el condicionante externo fundamental del PPP es el proceso de negociaciones del Alca. Aquí no es posible analizar las implicaciones del Alca, pero es necesario tener presentes algunos de los señalamientos críticos que se han hecho a esa propuesta en aspectos básicos para el desarrollo sustentable, que incluso van más allá de las amenazas derivadas de la OMC: (1) la liberalización indiscriminada de los servicios supone el colapso de los sistemas de seguridad social de toda la región; (2) no se contemplan mayores salvaguardas ambientales, lo que exacerbará el deterioro ambiental actual afectando negativamente la sostenibilidad del desarrollo –máxime por la agresiva orientación de la administración Bush y la especialización propuesta por el Alca en cuanto a energía, exportación del agua y otras propuestas-, y (3) la agricultura, que constituye la base de la cultura de los pueblos de la región, será objeto de un sistema corporativo de negocios que implicará la entrega de nuestra soberanía alimenticia y la pauperización del campesinado.

Ahora bien, en el marco de una estrategia de liberalización los gobiernos diseñan sus estrategias a partir de las ventajas comparativas de sus países, por lo menos según lo enuncia la teoría económica oficial. Desarrollar una ventaja comparativa está sujeto a un proceso de largo plazo para lograr un éxito real; por ejemplo, si se quiere incentivar la innovación tecnológica se debe contar con la adecuada dotación de recurso experto, a cuya formación se habrían de dedicar al menos 16 años si se parte de niveles muy bajos de escolarización. Tratándose del Alca, cuyo inicio propuesto es el año 2005, aunque algunos de sus abanderados más cándidos lo quisieran para el 2003, no es posible el diseño y ejecución de una verdadera estrategia de inserción competitiva en la economía global, y en realidad el PPP tampoco persigue tal objetivo. A corto plazo, que es el plazo dado por el proceso del Alca, la región estaría compitiendo con su mano de obra barata y con sus aún abundantes recursos naturales. Esto queda de manifiesto si se somete a examen los mega-proyectos que concretarían el PPP:

1.    Iniciativa mesoamericana de desarrollo humano: pretende elevar la calidad de vida de los habitantes de la región mediante estrategias de inversión en capital humano y generación de empleos. Esta estrategia, que no se basa en las verdaderas necesidades del desarrollo de los pueblos de la región, lo que realmente busca es dotar de mano de obra barata a la industria maquiladora.

2.    Iniciativa mesoamericana de desarrollo sustentable: mediante el reforzamiento del Corredor Biológico Mesoamericano se busca que la iniciativa beneficie a las comunidades que habitan las áreas de gran biodiversidad. Verdaderamente, el PPP no se propone modificar la estructura de exportaciones con alto contenido de bienes primarios; además, el diseño del PPP refleja una orientación centralizada en las necesidades del proceso de globalización con el apoyo de las tecno-burocracias del Bid, el BCIE, el Sica y otros. No es entonces esperable que las comunidades, y particularmente las indígenas y las campesinas, sean beneficiadas por esta iniciativa. Menos aun si se considera las implicaciones de los Trips (derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), o sea, la biopiratería. Actualmente, éste es un proyecto en marcha con financiamiento del Gef-Banco Mundial y el Bid, y en menor medida del Pnud y el Pnuma.

3.    Iniciativa mesoamericana de facilitación del intercambio comercial: pretende contribuir al incremento del comercio mediante medidas como la homologación de tratados comerciales, la modernización de aduanas y la promoción del comercio de las Pymes (pequeñas y medianas empresas). La realidad del proceso de globalización es que el sector Pymes resulta excluido y marginado en su desarrollo, no vislumbrándose de qué manera el PPP podría revertir esta tendencia.

4.    Iniciativa mesoamericana de integración de telecomunicaciones: pretende la integración plena de las comunidades a la sociedad de la información, para lo que se prioriza la participación del capital privado. No obstante, es sabido que la inversión globalizada en telecomunicaciones se centra en la generación de utilidades y no en la integración de las comunidades, mucho menos si éstas son rurales y paupérrimas.

5.    Iniciativa mesoamericana de integración vial: pretende reducir un significativo componente  de costo de las exportaciones de la región: el transporte -obviamente con miras a los mercados de exportación del primer mundo.

6.    Iniciativa mesoamericana de interconexión eléctrica: se apoya en el impulso al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países Centroamericanos y a la interconexión eléctrica entre Guatemala y México -ambos procesos en marcha. La generación eléctrica, en particular a partir del recurso hídrico, constituye una de las mayores inquietudes del movimiento ecologista y de las comunidades afectadas -como quedó de manifiesto en el Foro Nacional sobre Represas y Comunidades realizado en San José en mayo pasado. Este proyecto realmente no busca mejorar el nivel de vida de las comunidades excluidas del disfrute de energía, sino el suministro de electricidad a actividades de uso intensivo de energía, priorizándose la inversión privada.

7.    Iniciativa mesoamericana de prevención y mitigación de desastres: trátase de un manejo del riesgo de desastres que -verdaderamente- carece tanto de un diagnóstico exhaustivo de tales riesgos como de una estrategia debidamente fundamentada y financiada con instrumentos transparentes de ejecución.

8.    Iniciativa mesoamericana de promoción del turismo: desarrollo del turismo ecológico, cultural e histórico de la región. No es claro cómo se pretende lograr tales fines, ni mucho menos cómo beneficiará esto a las comunidades, ni de qué manera se preservará la riqueza natural de la región ante el desarrollo hotelero depredador.

Cabe señalar, finalmente, que en julio pasado, en San Salvador, en el taller Encuentro Mesoamericano sobre Comercio, Integración y Desarrollo Sostenible, en el que participaron diferentes organizaciones de la sociedad civil, se hizo un análisis crítico del PPP y se llegó a la conclusión de que, más que una oportunidad, él es una amenaza al desarrollo sustentable de la región. En el análisis se evidenció que la formulación del mismo no parte de un reconocimiento de las causas estructurales del rezago de la región ni del deterioro ambiental, consecuentando esto que las medidas propuestas no incidirán en un mejoramiento de la calidad de vida en un contexto de desarrollo sostenible. El PPP tampoco obedece a un proceso participativo, siendo escaso el aporte de la sociedad civil en su diseño, y resultando particularmente notoria la exclusión de los sectores laboral, campesino, indígena, negro, femenino y ambientalista. Resulta además evidente cómo los círculos mexicanos de poder conciben a Centroamérica como patio trasero suyo. A pesar de sus limitaciones -en cuanto a formulación de sus proyectos, a viabilidad financiera y otros- el PPP constituye una concreción regional del proceso de globalización del capital transnacional.  


El autor, economista, es miembro de la organización ecologista Coecoceiba-Amigos de la Tierra.

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