
El
15 de junio de este año los presidentes de Centroamérica, Panamá y México
dieron formal inicio al Plan Puebla-Panamá (PPP) en el marco de la Cumbre
Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla,
mecanismo de cooperación y colaboración de los presidentes de la región que
fue originado por iniciativa del gobierno mexicano. El proyecto involucra
exclusivamente a Mesoamérica, es decir, las regiones mexicanas de Campeche,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla., Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán,
y los trritorios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá. Representa un mercado cercano a los 64 millones de personas
(el Pib per cápita de esta región equivale a cerca del 50% del Pib
latinoamericano, es decir, se trata de una región inatractiva como mercado para
el intercambio comercial del capital globalizado), y su objetivo declarado es
“potenciar la riqueza humana y ecológica de la región mesoamericana, dentro
de un marco de desarrollo sustentable que respete la diversidad cultural y étnica”.
Conjuntamente
con la presentación de esta iniciativa, los presidentes hicieron manifiesto su
apoyo irrestricto a las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas
(Alca), revelando así al PPP como un instrumento del proceso de globalización,
lo cual está más allá de sus objetivos explícitos, que, al igual que los del
Convenio Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los de
cualquiera de los Planes de Ajuste Estructural, siempre plantean la loable
aspiración de alcanzar el desarrollo sustentable.
En
realidad, el condicionante externo fundamental del PPP es el proceso de
negociaciones del Alca. Aquí no es posible analizar las implicaciones del Alca,
pero es necesario tener presentes algunos de los señalamientos críticos que se
han hecho a esa propuesta en aspectos básicos para el desarrollo sustentable,
que incluso van más allá de las amenazas derivadas de la OMC: (1) la
liberalización indiscriminada de los servicios supone el colapso de los
sistemas de seguridad social de toda la región; (2) no se contemplan mayores
salvaguardas ambientales, lo que exacerbará el deterioro ambiental actual
afectando negativamente la sostenibilidad del desarrollo –máxime por la
agresiva orientación de la administración Bush y la especialización propuesta
por el Alca en cuanto a energía, exportación del agua y otras propuestas-, y
(3) la agricultura, que constituye la base de la cultura de los pueblos de la
región, será objeto de un sistema corporativo de negocios que implicará la
entrega de nuestra soberanía alimenticia y la pauperización del campesinado.
Ahora
bien, en el marco de una estrategia de liberalización los gobiernos diseñan
sus estrategias a partir de las ventajas comparativas de sus países, por lo
menos según lo enuncia la teoría económica oficial. Desarrollar una ventaja
comparativa está sujeto a un proceso de largo plazo para lograr un éxito real;
por ejemplo, si se quiere incentivar la innovación tecnológica se debe contar
con la adecuada dotación de recurso experto, a cuya formación se habrían de
dedicar al menos 16 años si se parte de niveles muy bajos de escolarización.
Tratándose del Alca, cuyo inicio propuesto es el año 2005, aunque algunos de
sus abanderados más cándidos lo quisieran para el 2003, no es posible el diseño
y ejecución de una verdadera estrategia de inserción competitiva en la economía
global, y en realidad el PPP tampoco persigue tal objetivo. A corto plazo, que
es el plazo dado por el proceso del Alca, la región estaría compitiendo con su
mano de obra barata y con sus aún abundantes recursos naturales. Esto queda de
manifiesto si se somete a examen los mega-proyectos que concretarían el PPP:
1.
Iniciativa mesoamericana de desarrollo humano: pretende elevar la
calidad de vida de los habitantes de la región mediante estrategias de inversión
en capital humano y generación de empleos. Esta estrategia, que no se basa en
las verdaderas necesidades del desarrollo de los pueblos de la región, lo que
realmente busca es dotar de mano de obra barata a la industria maquiladora.
2.
Iniciativa mesoamericana de desarrollo sustentable: mediante el
reforzamiento del Corredor Biológico Mesoamericano se busca que la iniciativa
beneficie a las comunidades que habitan las áreas de gran biodiversidad.
Verdaderamente, el PPP no se propone modificar la estructura de exportaciones
con alto contenido de bienes primarios; además, el diseño del PPP refleja una
orientación centralizada en las necesidades del proceso de globalización con
el apoyo de las tecno-burocracias del Bid, el BCIE, el Sica y otros. No es
entonces esperable que las comunidades, y particularmente las indígenas y las
campesinas, sean beneficiadas por esta iniciativa. Menos aun si se considera las
implicaciones de los Trips (derechos de propiedad intelectual relacionados con
el comercio), o sea, la biopiratería. Actualmente, éste es un proyecto en
marcha con financiamiento del Gef-Banco Mundial y el Bid, y en menor medida del
Pnud y el Pnuma.
3.
Iniciativa mesoamericana de facilitación del intercambio comercial:
pretende contribuir al incremento del comercio mediante medidas como la
homologación de tratados comerciales, la modernización de aduanas y la promoción
del comercio de las Pymes (pequeñas y medianas empresas). La realidad del
proceso de globalización es que el sector Pymes resulta excluido y marginado en
su desarrollo, no vislumbrándose de qué manera el PPP podría revertir esta
tendencia.
4.
Iniciativa mesoamericana de integración de telecomunicaciones: pretende
la integración plena de las comunidades a la sociedad de la información, para
lo que se prioriza la participación del capital privado. No obstante, es sabido
que la inversión globalizada en telecomunicaciones se centra en la generación
de utilidades y no en la integración de las comunidades, mucho menos si éstas
son rurales y paupérrimas.
5.
Iniciativa mesoamericana de integración vial: pretende reducir un
significativo componente de costo
de las exportaciones de la región: el transporte -obviamente con miras a los
mercados de exportación del primer mundo.
6.
Iniciativa mesoamericana de interconexión eléctrica: se apoya en el
impulso al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países Centroamericanos
y a la interconexión eléctrica entre Guatemala y México -ambos procesos en
marcha. La generación eléctrica, en particular a partir del recurso hídrico,
constituye una de las mayores inquietudes del movimiento ecologista y de las
comunidades afectadas -como quedó de manifiesto en el Foro Nacional sobre
Represas y Comunidades realizado en San José en mayo pasado. Este proyecto
realmente no busca mejorar el nivel de vida de las comunidades excluidas del
disfrute de energía, sino el suministro de electricidad a actividades de uso
intensivo de energía, priorizándose la inversión privada.
7.
Iniciativa mesoamericana de prevención y mitigación de desastres: trátase
de un manejo del riesgo de desastres que -verdaderamente- carece tanto de un
diagnóstico exhaustivo de tales riesgos como de una estrategia debidamente
fundamentada y financiada con instrumentos transparentes de ejecución.
8.
Iniciativa mesoamericana de promoción del turismo: desarrollo del
turismo ecológico, cultural e histórico de la región. No es claro cómo se
pretende lograr tales fines, ni mucho menos cómo beneficiará esto a las
comunidades, ni de qué manera se preservará la riqueza natural de la región
ante el desarrollo hotelero depredador.
Cabe
señalar, finalmente, que en julio pasado, en San Salvador, en el taller Encuentro
Mesoamericano sobre Comercio, Integración y Desarrollo Sostenible, en el
que participaron diferentes organizaciones de la sociedad civil, se hizo un análisis
crítico del PPP y se llegó a la conclusión de que, más que una oportunidad,
él es una amenaza al desarrollo sustentable de la región. En el análisis se
evidenció que la formulación del mismo no parte de un reconocimiento de las
causas estructurales del rezago de la región ni del deterioro ambiental,
consecuentando esto que las medidas propuestas no incidirán en un mejoramiento
de la calidad de vida en un contexto de desarrollo sostenible. El PPP tampoco
obedece a un proceso participativo, siendo escaso el aporte de la sociedad civil
en su diseño, y resultando particularmente notoria la exclusión de los
sectores laboral, campesino, indígena, negro, femenino y ambientalista. Resulta
además evidente cómo los círculos mexicanos de poder conciben a Centroamérica
como patio trasero suyo. A pesar de sus limitaciones -en cuanto a
formulación de sus proyectos, a viabilidad financiera y otros- el PPP
constituye una concreción regional del proceso de globalización del capital
transnacional.
El
autor, economista, es miembro de la organización ecologista Coecoceiba-Amigos
de la Tierra.