Los
gobiernos municipales de América Latina se involucran cada vez más en los
asuntos forestales. La Ley Forestal boliviana de 1996 les concedió a los
gobiernos locales el 25% de las patentes forestales y les permitió reclamar
hasta el 20% de todos los bosques públicos para que sean utilizados por grupos
comunitarios. Honduras restableció los derechos de los municipios para manejar
sus propios bosques, que producen una parte significativa de la madera del país.
De igual manera, se han establecido docenas de unidades municipales de
administración forestal en Guatemala.
Ahora
podríamos preguntar, ¿son tales cambios buenos o malos? Según Anne Larson,
los resultados han sido mixtos. En su documento Recursos naturales y
descentralización en Nicaragua: ¿Están los gobiernos locales a la altura del
trabajo? se concluye que los gobiernos municipales necesitan tener
capacidad, incentivos, e interés para manejar los bosques de una forma
adecuada. En el caso de Nicaragua, sólo los municipios más grandes y las zonas
urbanas, así como los que reciben apoyo de proyectos externos y organizaciones
no gubernamentales tienen suficiente capacidad (recursos humanos y financieros)
para manejar los bosques. Lo que más incentiva a los gobiernos municipales de
estos países para involucrarse en asuntos forestales es la oportunidad de
aumentar los ingresos municipales, las presiones por parte de las oenegés, los
proyectos o los grupos comunitarios y la necesidad de resolver conflictos o
crisis. Las leyes y los reglamentos de Nicaragua permiten que los gobiernos
municipales se involucren en estos asuntos, pero podrían ir mucho más lejos y
otorgarles derechos y responsabilidades más claras. Para la mayoría de las
autoridades locales los temas forestales no son de prioridad alta. Sin embargo,
para enfrentar estos problemas con seriedad necesitan tener un interés real en
ellos. Esto requiere un proceso lento de educación cívica y cambios
culturales.
Larson
basa sus conclusiones en 21 casos documentados por el Instituto Nitlapan, de
Nicaragua. Ella presta particular atención a cuatro municipios que han
progresado más en relación con el tema. Los cuatro han aprobado ordenanzas
ambientales o forestales y tienen comisiones ambientales municipales donde
participan representantes de agencias estatales y de oenegés. Tres de estos
municipios tienen por lo menos una persona de tiempo completo trabajando en los
temas de recursos naturales. Chinandega tiene viveros municipales, brigadas
contra incendios e inspectores forestales. Achuapa estableció brigadas ecológicas
municipales y está haciendo cumplir su ordenanza municipal que regula el uso
del bosque, el agua, la fauna y los incendios forestales. Jalapa ha intentado
controlar el gorgojo del pino y ha motivado a las compañías para que procesen
su madera localmente. Bonanza ha desarrollado un plan municipal para el uso del
suelo, ha creado un parque municipal, ha regulado el uso de las motosierras y
está ayudando a proteger los territorios indígenas contra las invasiones foráneas.
Estos
casos demuestran que algunos municipios de América Latina están progresando,
aunque muchos todavía tienen un largo camino por recorrer.
[Comunicarse
con la autora del documento reseñado a: alarson@tmx.com.ni. Solicitud de versión completa del
documento a: secnitla@ns.uca.edu.ni]