Ante la creciente problemática derivada de nuestra dependencia del petróleo –contaminación atmosférica y contribución al calentamiento global, salida de divisas y desbalance comercial, etcétera- el estado costarricense se ha limitado a proponer poner a funcionar nuevamente, a un costo multimillonario, la refinería estatal -que ni va a producir combustibles más baratos ni menos contaminantes-, y a abrir la posibilidad de explotación petrolera. Para la demanda de energía eléctrica propone más proyectos hidroeléctricos, públicos y privados, sin ninguna planeación nacional integral ni priorización respecto del uso sostenible de las cuencas. Hay una preocupante escasez de propuestas de fondo en el tema y falta absoluta de una verdadera política energética nacional integral.
Se ha dicho que es muy poco lo que se puede hacer para cambiar la situación energética nacional, especialmente en lo referente a combustibles fósiles, ya que las condiciones están fijadas internacionalmente. ¿Será cierto que no se puede hacer nada? Islandia –en contraste con nosotros- ha replanteado su política energética aprobando legislativamente un plan nacional energético integral para los próximos 20 años cuyos objetivos generales son desarrollar fuentes de producción de energía más amigables con el ambiente, ser autosuficientes energéticamente, incentivar la investigación nacional en lo referente a desarrollo de fuentes de energía propias y renovables e incentivar la inversión, preferentemente nacional, en el desarrollo energético del país de acuerdo con los objetivos explícitos. Y los resultados, por cierto, son ya tangibles: el gobierno está apoyando activamente el desarrollo de tecnologías de energía renovable disponible en el país, con especiales avances en geotermia; se está investigando fuertemente en el campo de la obtención –a partir del agua- y utilización del hidrógeno como combustible (es no contaminante y al quemarlo produce agua); se aprobó una ley que exige a los importadores de automóviles que un porcentaje de los carros nuevos usen energía eléctrica u otra renovable (legislación similar a la de California) y se está impulsando el uso de esos automóviles mediante incentivos fiscales; se está promoviendo fuertemente la inversión en el campo energético y, como consecuencia, se ha incrementado en forma significativa la capacidad instalada nacional de generación de energía. Con base en disposiciones diversas referentes al transporte privado y público que ya se han empezado a operativizar, en el 2020 todos los vehículos, incluidos los públicos, van a utilizar energía renovable, especialmente hidrógeno producido nacionalmente, e Islandia se habrá convertido en un exportador de la misma -principalmente hidrógeno- al resto de Europa y el mundo.
¿Están
los islandeses soñando? ¿De ser así, por qué la Shell está gastando
millones de dólares en el desarrollo de la tecnología del hidrógeno y
está publicitando ese esfuerzo? ¿Podríamos los costarricenses, al igual que
los islandeses, aspirar a tener una política energética nacional de carácter
integral y de largo plazo que potenciara nuestras ventajas en la producción,
transporte y comercialización de las muchas formas de energía renovable, cuyas
fuentes poseemos, generando con base en éstas valor agregado? Costa Rica tiene
mucha agua y fuentes potenciales de energía y, en teoría, nada nos impide
seguir un camino parecido al de Islandia. Pero es imprescindible hacer un plan
nacional basado en tales grandes ventajas nacionales para la generación de
energía y tomar las medidas necesarias para que esta actividad sirva como motor
de desarrollo social, preferiblemente con una amplia participación. Pese a la
amplia intervención estatal en el sector energético, hasta el momento no hemos
sabido promover la investigación y la generación de tecnología para
desarrollar fuentes de energía alternativa, ya que los excedentes financieros
de las empresas estatales energéticas son empleados para otros fines.
Como
sociedad debemos plantearnos cómo queremos que se desarrolle el sector energético.
De todos los componentes de la actividad energética (producción mediante pequeños,
medianos y grandes proyectos, acopio, conducción, distribución mayorista,
venta al detalle, investigación, control de calidad, exportación, importación,
etcétera) debemos decidir qué queremos que realice el sector estatal y qué el
privado, teniendo en mente que el resultado del esquema que se escoja debe
apuntar a desarrollar la más alta competitividad del país. A la luz de la
necesidad nacional de contar con un eficiente y muy amplio suministro de energía
cabe preguntarse: ¿cómo asegurarnos de que el sector de la energía, que se
vislumbra muy promisorio, sirva como motor del desarrollo nacional, con una
amplia participación de la sociedad (como lo fue el café durante más de cien
años), sin que esto significara impactar significativamente el ambiente? ¿Y qué
estrategia nacional podría desarrollarse para que la explotación responsable
de la energía renovable desencadenara la producción nacional en otras
actividades económicas estratégicas para Costa Rica y dinamizara las economías
locales?
La
estrategia debiera apuntar a que la ciudadanía tuviera acceso a los medios de
producción dentro de la actividad de producción de energía facilitando créditos
a largo plazo -con flujos de caja adaptados a la situación particular- a
sectores de la población organizados y sin posibilidades reales de participar
en la actividad con aportes de capital propios. Esto
facilitaría que una parte de la riqueza generada por el sector energético
tuviera una mejor distribución en la sociedad, abriendo la posibilidad de que
muchas entidades -oenegés, municipalidades, universidades y grupos
conservacionistas, empresas privadas y personas- que en la actualidad se
encargan de proteger las cuencas y los bosques, tuvieran acceso directo a los
beneficios del negocio energético. Este esquema daría lugar a empresas
manejadas en forma responsable (social y ambientalmente), con la participación
de los mismos pobladores locales y entidades que se encargan de proteger
recursos naturales concretos. Podría también fijarse incentivos para aquellas
empresas cuyos inversionistas quisieran abrir su capital accionario por medio de
la Bolsa de Valores a todo el público, para que la ciudadanía y sus
organizaciones tuvieran acceso a los medios de producción del sector energético
por medio de la participación accionaria y pudieran utilizar las inversiones de
sus propios recursos como fondos de inversión a largo plazo. Se debería
incentivar también los fideicomisos de inversión para proyectos energéticos,
debidamente administrados por entidades bancarias con experiencia, en los que
las entidades que cuidan los recursos naturales
involucrados en una específica producción energética pudieran formar parte
haciendo aportes en efectivo o en especie, compuestos estos últimos por la
conversión a efectivo de los servicios ambientales que se producen en sus áreas
de influencia. Estas inversiones podrían ser una participación accionaria en
la empresa generadora o el establecimiento de alianzas estratégicas entre ambas
entidades, basadas en compromisos legales. De esta forma, se haría llegar
recursos sanos para la conservación de la naturaleza sin significar una carga
para el estado ni para los consumidores finales.
El
autor, economista, es militante ecologista.