En la segunda mitad del siglo XX un grupo de costarricenses visionarios orientaron la expansión del sector eléctrico del país hacia el uso de fuentes limpias y renovables, procurando mayor bienestar social en todas las zonas del país mediante el aumento constante de la cobertura de la demanda eléctrica. Al respecto, el acta constitutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (Ice) (artículo 2) establece que se debe procurar la utilización racional de los recursos naturales, terminando con la explotación destructiva y el desperdicio de los mismos, y protegerse las cuencas hidrográficas, lo que representa todo un reto, ya que en la actualidad los problemas en ese campo son muy complejos.

El aumento de la demanda eléctrica entre los años cincuenta y setenta fue muy grande debido al crecimiento que experimentó la industria por la sustitución de importaciones y por la ampliación de la cobertura eléctrica nacional. En 1970 ésta era de 49,46%, y en el 2000 llegó a 94,4%. En la actualidad, las tasas de crecimiento de la demanda eléctrica se ubican entre el 5% y el 6%, lo cual hace necesario multiplicar por 2,33 la capacidad instalada entre los años 2000 y 2015 (Ice. Plan de Desarrollo Eléctrico. 2000).

Las fuentes energéticas actuales para abastecer la demanda eléctrica del país son la hidroeléctrica, la geotérmica, la eólica, la térmica y la solar, cada una con ventajas y desventajas.

 Costa Rica: Capacidad instalada por fuente energética 

Fuente

TOTAL

Hidroeléctrica

Eólica

Térmica

Geotérmica

Capacidad instalada

1.512MW

69,69%

2,78%

18,13%

9,40%

Fuente: Cenpe, Ice. Octubre 2000.  

La energía solar es una fuente renovable y limpia con un gran potencial; no obstante, su uso actual es limitado. Un Kw conectado a la red eléctrica puede alcanzar un costo de entre $13.000 y $15.000, lo cual es muy elevado si se compara con proyectos hidroeléctricos donde el costo se ubica entre $1.800 y $2.000. Otro escollo es su almacenamiento y disposición, que cambia según el lugar del país. La energía solar fotovoltaica ha sido utilizada por el Ice para solucionar la dificultad de abastecimiento a familias rurales dispersas y alejadas de la red eléctrica; pero, aun subsidiándola, esta solución tiene limitaciones, dentro de las que lo caro de la importación de los sistemas solares fotovoltaicos ocupa un lugar destacado.

La energía geotérmica es una fuente que el país está empleando gracias a un proceso de investigación que el Ice ha realizado por cerca de treinta años. No obstante que el costo del KW de esta energía es más elevado que el del generado por las plantas hidroeléctricas, su producción ha sido incentivada por la ventaja de que no se depende de las oscilaciones de disposición de agua, y las plantas en operación existentes tienen un alto factor de planta (más del 90%). Pero un problema serio que enfrenta el recurso geotérmico nacional es que el mayor potencial viable de explotación se encuentra en parques nacionales, lo cual hace imposible su desarrollo.

El recurso eólico es otra fuente que se ha estudiado y se explota en el país, siendo Costa Rica uno de los países del mundo con mayor participación de esa fuente dentro de su capacidad instalada. No obstante, ésta tiene limitaciones, como la de que es necesario contar con otra planta (hidroeléctrica o térmica) de respaldo que le reduzca las fluctuaciones de voltaje, además de que no es energía firme (no está disponible en cualquier momento).

La generación con plantas térmicas tiene efectos negativos sobre la salud pública por las emisiones de contaminantes, que afectan el clima planetario. Por otra parte, los costos de importación de combustibles fósiles representan un alto porcentaje de las divisas del país.

La energía hidroeléctrica es la fuente más importante de generación eléctrica del país, siendo su potencial actual cercano a 9.000 MW. El costo de inversión por KW es el más bajo para las fuentes renovables y sus costos de operación son los más bajos entre todas las alternativas existentes. Además, el componente nacional en los procesos constructivos es alto y el insumo que utiliza para generar electricidad es local, el agua. No obstante, existen serías limitaciones para el desarrollo hidroeléctrico: (1) el 56% de ese potencial se encuentra dentro de áreas protegidas y reservas indígenas -en parques nacionales está el 10%, en reservas indígenas el 31% y el resto en reservas forestales y zonas protectoras-; (2) la falta de planificación en el desarrollo de pequeñas plantas eléctricas ha provocado efectos sociales y ambientales negativos acumulativos que han llevado a comunidades aledañas y organizaciones ambientalistas a tener un papel más activo, exigente y crítico ante futuros desarrollos hidroeléctricos; (3) el recurso hídrico tendrá cada vez mayor demanda, lo que genera conflictos por el uso del mismo en las cuencas hidrográficas, y –relacionado con lo anterior- (4) diversos sectores sociales beligerantemente pretenden proteger ciertos usos del agua dificultando el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

La capacidad reguladora y planificadora del estado ha fallado, lo cual agudiza los problemas.

El país tiene el reto de lograr disminuir o conciliar hasta donde sea posible los diferentes intereses, de no lograrlo el modelo de desarrollo del sector eléctrico nacional estará en serio peligro. Dentro de las acciones prioritarias que deben llevarse a cabo están:

Las comunidades afectadas por proyectos eléctricos deben ser compensados y disfrutar de los beneficios que la sociedad obtiene de sus recursos naturales. Los grupos ambientalistas deben tener claro que sí no se desarrollan proyectos hidroeléctricos, la generación del país dependería de plantas térmicas, las cuales tienen efectos negativos sobre la salud pública, ambientales y económicos. Debe tenerse presente, además, que en la pugna por el uso de los recursos naturales existen sectores que buscan defender sus intereses, los cuales no siempre corresponden a los del país.

Los planteamientos anteriores llevan a la discusión sobre el enfrentamiento entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, y entre –por un lado- interés y beneficio nacional y -por otro lado- intereses de las comunidades potencialmente afectadas. Las posiciones extremistas en uno u otro sentido no permiten llegar a acuerdos e iniciar las acciones que se requieren con urgencia.  


El autor es director de Planeamiento Ambiental del Instituto Costarricense de Electricidad e investigador del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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