Los generadores privados de electricidad impulsan proyectos para robustecer el desarrollo de nuestros recursos renovables, disminuir la factura petrolera y la dependencia de recursos externos. Costa Rica, país reconocido por su patrimonio ambiental, ha sido bendecido por la naturaleza con el agua, uno de los recursos más abundantes y preciados en el país, capaz de generar la vida y la energía necesaria para impulsar las actividades productivas que conduzcan a un desarrollo sostenible.
Ante
el temor de que el desarrollo de proyectos energéticos cause graves daños en
los ecosistemas, algunos ambientalistas -desde un punto de vista equivocado-
pretenden restringir e incluso mantener intocado el ambiente, tal como aquellos
antropólogos que, en la década de los setenta, defendían el inmovilismo
cultural de los grupos indígenas. Por el contrario, la solución es un modelo
de producción de energía autosuficiente y generador de riqueza a largo plazo,
capaz de suplir las crecientes necesidades eléctricas sin con ello implicar la
destrucción del patrimonio ambiental.
Se
ha llegado al consenso de que el recurso agua es una de las mejores opciones
para producir energía de forma limpia y renovable, que puede ser desarrollada
por los sectores privado y público, argumento que es respaldado por los
miembros de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), la
mayoría generadores privados de electricidad.
Con
base en la ley Nº 7.200/7.508 unos 28 proyectos de generación privada han
instalado 210 MW de energía renovable en el 2001 (hidroeléctrico, geotérmico,
eólico y biomasa) y se espera que en los próximos tres años este valor
alcance 350 MW (incluyendo los proyectos BOT [construye,
opere y transfiera]).
De los proyectos actualmente contratados, 46,2 MW son eólicos, y constituyen el
campo eólico en operación más grande de Latinoamérica.
En
la actualidad las necesidades eléctricas del país se resuelven
fundamentalmente por medio del dúo hidrotérmico, con base en agua, como
recurso fundamental, y en los combustibles fósiles como respaldo al sistema eléctrico.
La relación que tradicionalmente se ha mantenido en el sector eléctrico entre
fuente renovable de energía y fuente térmica (combustible fósil) es de 85% y
15%, respectivamente, lo cual le ha permitido al país sortear exitosamente las
situaciones de crisis mundial por efecto de los aumentos desmedidos en los
precios del petróleo. Los recursos hidráulicos proveen el 70% de la capacidad
instalada de generación eléctrica, aunque su producción anual media es de
81%. Se ha determinado un potencial de 9.600 MW de hidro, 1.000 MW de geotérmico
y 600 MW eólico comercial, estudiados en diferentes etapas y agrupados de forma
que puedan irse desarrollando en función de sus costos y sus tamaños.
La
energía geotérmica, proveniente de la utilización del vapor de agua de las
zonas magmáticas, sólo es una ayuda para satisfacer las grandes necesidades de
la sociedad, y buena parte de ese recurso se encuentra protegido en parques
nacionales. La energía eólica, proveniente de la fuerza del viento, ha tenido
grandes avances en su desarrollo tecnológico, pero tampoco es suficiente, y es
un recurso que no se puede embalsar, como el agua. La utilización de estas
fuentes naturales contrasta con el desarrollo de la electricidad en el resto de
los países de Centroamérica. Desde la reciente apertura del sector eléctrico
en el istmo hay una proliferación de centrales térmicas con combustibles fósiles
no renovables, debido a que los riesgos inherentes a los proyectos de energía
renovable son mayores que en los proyectos térmicos y a que, consecuentemente,
es más difícil atraer inversionistas que se comprometan con el desarrollo de
las fuentes renovables.
Lograr
que la inversión extranjera centre su interés en el desarrollo de plantas eléctricas
con energía renovable es una tarea ardua pero absolutamente necesaria, dado que
Costa Rica no cuenta con el ahorro interno necesario para concretar esos
proyectos. Para un inversionista que quiera trabajar en un país regido por el
derecho, la señal legislativa debe ser clara y estable, sin dar lugar a
interpretaciones que perjudiquen la labor empresarial, especialmente en los
proyectos de energía renovable, que son una actividad que requiere estabilidad
a largo plazo.
La
carencia de petróleo que aqueja a Costa Rica hace más meritorio el acudir a
las fuentes renovables de energía, porque la importancia de aquél significa
una gran salida de divisas. La producción eléctrica a partir de fuentes
renovables propias, aprovechando mano de obra, capacidad gerencial y recursos
naturales nacionales, hace factible las exportaciones a países vecinos de una
energía con alto valor agregado nacional con la consecuente entrada de divisas.
Además de que se reduce la contaminación por gases de efecto invernadero.
En
este escenario, el sistema de pagos de servicios ambientales, que surge como una
alternativa financiera que le da el verdadero valor al bosque, es un mecanismo
efectivo para la conservación y el mejoramiento de las cuencas hidrográficas
que influye directamente en la cantidad y la calidad del recurso hídrico. Ese
sistema, que permite cobrar a quien se beneficia de los servicios ambientales
del bosque y pagar a los dueños de bosque que producen tales servicios, ha sido
asumido voluntariamente por los generadores privados de energía con base en
mediciones de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica
Central, que se encarga de realizar las inspecciones técnicas, siendo Fonafifo
(Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal) quien hace los contratos con
los propietarios de la cuenca hidrográfica. La Ley Forestal de 1996 establece
que esos pagos se alimentarán de un tercio de los ingresos por concepto del
impuesto selectivo de consumo sobre los combustibles y otros hidrocarburos. El
fin último del programa, en el que el estado costarricense invirtió más de
$100 millones en las últimas dos décadas mediante incentivos fiscales y pagos
directos, es promover la conservación y el manejo de los recursos forestales,
haciendo que éstos sean actividades productivas generadoras de ingresos para
satisfacer las necesidades básicas de los propietarios.
Acope
ha indicado que para que el pago de servicios ambientales sea sostenible a largo
plazo se requiere el sustento de actividades rentables por largos períodos,
como la producción hidroeléctrica, constituyéndose así una relación simbiótica
entre el bosque y el proyecto. En el mercado eléctrico esto requiere un balance
para lograr la participación efectiva de los proyectos con energía renovable a
precios competitivos. Habida cuenta el carácter competitivo del mercado futuro,
es necesario ayudar a la energía renovable a competir con la energía termoeléctrica.
La internalización de los costos ambientales podría da
r una ponderación más
justa a la contribución ambiental de los proyectos renovables.
Otra forma de colaborar con dicho objetivo es colocando certificados de reducción de emisiones de carbono. La Oficina Costarricense de Implementación Conjunta, adscrita al Ministerio del Ambiente, impulsa el Proyecto Fondo Prototipo de Carbono (PCF), mediante el cual el Banco Mundial ha destinado $10 millones a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En estos momentos tres de los proyectos hidroeléctricos asociados a Acope –Don Pedro, Volcán y Platanar- han adoptado el PCF concientes de la importancia de garantizar la satisfacción de una creciente demanda de energía mediante opciones limpias y renovables. Con estos proyectos los generadores privados de electricidad efectivamente robustecen el desarrollo de nuestros recursos renovables y disminuyen la factura petrolera y la dependencia de recursos externos.
Mario Alvarado, ingeniero civil, es director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope). Silvia Cabezas es periodista funcionaria de Acope.