En el mundo
las disparidades son crecientes y muchos millones de seres humanos no tienen
satisfechas ni siquiera sus necesidades básicas más elementales. Los bosques,
los minerales y los combustibles fósiles están siendo explotados a ritmos
absolutamente insustentables para proveer con recursos naturales a la economía
globalizada. La democracia se ve progresivamente erosionada a medida que el
poder se va concentrando en menos manos. La diversidad biológica y cultural está
desapareciendo a ritmos alarmantes y muchas conquistas sociales y ambientales
trabajosamente logradas se encuentran seriamente amenazadas. Si persistimos en
este rumbo las perspectivas para las generaciones presentes y futuras son
aterradoras. El verdadero desafío que tiene la humanidad es brindarle una
calidad de vida digna a una población estimada en 10 mil millones de habitantes
para el año 2050, reduciendo al mismo tiempo los impactos sobre el ambiente a
niveles sustentables, pero la globalización económica neoliberal está
haciendo imposible enfrentar tal desafío. Aun así, el discurso oficialista
sigue sosteniendo que “no existen alternativas”. AT discrepa: En primer
lugar, los fundamentos teóricos de la economía neoliberal son anacrónicos.
Las facilidades cada vez mayores para el movimiento de capitales en el planeta
hacen que hoy muchos países encaren dificultades para retener y atraer recursos
financieros indispensables para el funcionamiento económico y el bienestar
social. Las grandes empresas utilizan su poderío para enfrentar entre sí a los
gobiernos necesitados de contante, consiguiendo así importantes exenciones
impositivas y presionando hacia abajo las condiciones y normas sociales y
ambientales en todo el mundo. La demanda creciente por recursos que se agotan es
hoy un importante factor limitante, y se hace cada vez más evidente que la
riqueza no se redistribuye por chorreo (trickle down) entre la
población, como sostenían los proponentes neoliberales. En balance, la
globalización económica neoliberal representa cada vez más una situación en
la que algunos pocos ganan y la gran mayoría pierde -en lugar del sistema en el
que todos ganan, prometido por sus partidarios.
La dimensión
del problema puede resultar desalentadora, pero aún es posible encaminarnos
hacia un futuro distinto -democrático, equitativo y sustentable-, para lo que
tenemos que replantearnos cuestiones básicas: qué necesitamos de nuestras
economías, cuáles serían los mecanismos de decisión y reglamentación más
adecuados y qué tipo de información económica sería necesaria.
Lo que
debemos hacer
Un sistema
económico confiable y productivo debe tener como objetivo la satisfacción de
las necesidades de la gente, mediante el uso equitativo y ecológicamente
sustentable de los recursos del planeta, teniendo en cuenta que no son
inagotables. La erradicación de la pobreza, la sustentabilidad social y
cultural, la equidad intergeneracional y la dignidad humana deben constituir
importantes fines económicos. Es necesario administrar los niveles de producción
y consumo, y el trato preferencial a los países y pueblos empobrecidos ha de
ser uno de sus componentes básicos.
Ya no basta
con procurar la maximización del PBI. Para alcanzar tales objetivos ahora se
requieren políticas económicas ingeniosas en el ámbito nacional e
internacional que fomenten grados óptimos de actividad económica, fundadas en
principios básicos acordados internacionalmente que incluyan: respeto a los
derechos humanos; respeto por la diversidad biológica, cultural y económica;
subsidiariedad económica y política; equidad intra e intergeneracional,
abarcando una redistribución del control sobre los recursos como la tierra, y
el pago de la deuda ecológica; transparencia y responsabilidad pública y
rendición de cuentas por parte de los gobiernos, las empresas y otros grupos de
interés; garantías al “derecho a saber” o de información de la ciudadanía;
acceso ciudadano a la justicia; aplicación del principio de “quien contamina
paga”, responsabilidad jurídica de las empresas por daños ocasionados y
obligación de indemnizar a los damnificados; respeto por normas de alta calidad
respecto del ambiente, la salud y la seguridad, las condiciones sociales,
laborales y sanitarias; y aplicación del principio precautorio.
La diversidad
es parte indisoluble de la sustentabilidad y, como en cualquier otro orden, tal
principio también debe aplicarse al ámbito de la economía. La diversidad económica
implica estrategias económicas variadas, economías diversificadas (lo que
supone un abanico de sectores y actividades económicas, en lugar de una economía
basada en una o dos mercancías), y diferentes actores dentro de cada sector de
la economía (es decir, no a los monopolios). Los países y las
comunidades deben contar con la posibilidad de optar por aquellos mecanismos y
estrategias económicas que consideren más convenientes para la satisfacción
de sus necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales, en cualquier
momento que lo crean oportuno. Esas decisiones deberán apuntar a optimizar la
actividad económica y mantener cierto grado de autosuficiencia, a fin de
promover el desarrollo de economías fuertes y diversas, capaces de aguantar y
adaptarse a los sacudones externos.
También es
necesario devolver la toma de decisiones a la base de la sociedad, aplicando el
principio de subsidiariedad económica (es decir, la toma de decisiones al nivel
más básico que corresponda en la estructura de poder). Es conveniente, además,
que intervengan diversos niveles en la toma de decisiones, contribuyendo a
establecer controles y equilibrios entre las diversas instancias de decisión
para así reducir las probabilidades de que ocurran abusos de poder en
cualquiera de las diversas esferas.
Debemos medir
nuestro bienestar económico de maneras mucho más ingeniosas. En particular,
debemos reconocer y valorar equitativamente el trabajo, e incluir los verdaderos
costos sociales y ambientales del transporte en los precios al consumidor. Tal y
como se calcula hoy en día, el PBI no mide ni valora la calidad de vida, los
avances sociales, la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y la
calidad ambiental. Importantes roles sociales como el cuidado de niños y
ancianos en el hogar, y las tareas domésticas, a los que generalmente no se les
asigna ningún valor económico. Los precios subvalorados del transporte
-subsidiados por el bajo precio de los combustibles fósiles, que no incluye los
verdaderos costos sociales y ambientales de su explotación y uso-
de hecho suponen darle preferencia a modos de producción y comercio
altamente contaminantes y destructivos del hábitat, en vez de a la producción
y el comercio locales.
Disminuir el empleo de recursos y la conflictividad
Muchos
recursos naturales, tanto renovables como no renovables, ya han sido gravemente
sobreexplotados. En efecto, si toda la gente en el mundo consumiera al nivel que
muchos en el Norte lo hacen ahora, en el año 2050 necesitaríamos de ocho
planetas Tierra para proveernos de los recursos que necesitaríamos entonces. Se
requieren cambios sustantivos en los patrones de producción y consumo (que a su
vez requerirán acuerdos internacionales eficaces y previsores) para garantizar
que el consumo mundial de recursos permanezca dentro de límites sustentables,
por la salud y el bienestar perdurable de todos. Esos cambios, no obstante,
deberán tener en cuenta y encarar los problemas de infraconsumo, especialmente
en el Sur.
Implementar
políticas de reciclaje, reutilización y recorte en el uso de materias
primas y productos es un elemento absolutamente clave para lograr mayor
eficiencia y reducir el consumo de recursos en el Norte. Sin embargo, para
librar recursos que permitan un justo aumento del consumo de los pueblos
empobrecidos y al mismo tiempo recortar el empleo global de recursos a niveles
sustentables, los países deberán promover también estrategias de suficiencia
y de manejo de la demanda.
Disminuir el
empleo de recursos en el Norte traerá probablemente más paz y seguridad que la
economía neoliberal (al reducir la competencia por los recursos), y además
alberga potencialmente la posibilidad de generar mucho más empleo.
Las políticas
económicas vigentes -como las promovidas por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional- agravan la pobreza y las desigualdades al transferir
las riquezas desde los países pobres hacia los del Norte, lo cual se recrudece
con el pago de la deuda, que es cobrada haciendo caso omiso del hecho de que los
países ricos tienen una deuda ecológica con los países del Sur (en virtud del
acceso permanente a sus recursos naturales, infravalorándolos) que supera
ampliamente el monto de la deuda financiera del Sur. Esta redistribución debe
ser revertida a fin de alcanzar un equilibrio que garantice que el acceso a los
recursos y a los beneficios derivados de su uso esté distribuido
equitativamente dentro de cada país y entre los diversos países y regiones. La
deuda financiera debe ser eliminada; y el acceso a los recursos, a una vida y un
ambiente sanos deben ser proclamados derechos humanos fundamentales.
Aplicar
políticas que promuevan la estabilidad económica (y que contribuyan o, por lo
menos, no erosionen la sustentabilidad) ha de constituir un componente
fundamental de las economías sustentables. Los gobiernos deben poder controlar
y orientar los flujos de inversión tanto nacional como extranjera, y asimismo
dar preferencia y acoger las inversiones en la economía productiva “real”,
en lugar de las “virtuales” en la economía financiera. Acoger
selectivamente a los inversionistas extranjeros, establecer requisitos de
desempeño decididos localmente y regímenes preferenciales para las empresas
locales y nacionales y reglamentar la actividad de los inversionistas nacionales
-todo ello a fin de promover economías sustentables- deberá ser la norma.
Re-equilibrar
el comercio, fortaleciendo las economías locales
Un
cierto grado de comercio internacional es inevitable e incluso conveniente, pero
la clave para satisfacer las necesidades básicas de la población reside en
disponer de economías y comunidades locales sanas y vigorosas. No obstante,
unas y otras están hoy siendo erosionadas por el neoliberalismo. Es necesario
re-equilibrar el comercio restándole primacía al comercio internacional y dándole
prioridad al local y al regional (y a la pequeña y mediana empresa), y fomentar
mayor autosuficiencia local. Las economías y comunidades locales deben ser
vigorizadas. La gente debe gozar del derecho a reforzar la protección de su
ambiente local y nacional a través de gobiernos electos democráticamente, a
fomentar actividades económicas sustentables de pequeña escala y ejercer
control local sobre sus recursos naturales compartidos. Esto supone abandonar
las políticas de desarrollo orientado hacia las exportaciones, impuestas desde
fuera. Además, no puede permitirse que las normas del comercio invaliden leyes
diseñadas para proteger a las comunidades locales, el ambiente y la salud pública.
Con esto no queremos decir que todas las decisiones deban tomarse
necesariamente en el ámbito local. La aplicación de los conceptos de
subsidiariedad y democracia económica debería alentar e incrementar la
participación y los aportes desde el ámbito local y la diversidad económica y
proporcionar los controles y equilibrios adecuados.
Si
las metas de la economía mundial fuesen modificadas de conformidad con estas
propuestas, el papel y la naturaleza misma de las empresas también cambiaría.
En términos generales y a través de normas de reglamentación nacional e
internacional, se esperaría de ellas que contribuyesen al logro de un conjunto
de objetivos, y se les exigiría el compromiso de generar niveles óptimos de
actividad económica y aplicar normas sociales y ambientales de alta calidad
(entre otras, que disminuyan su utilización de recursos, reduzcan los niveles
de contaminación, garanticen buenas condiciones laborales y fomenten la
igualdad entre los sexos). También se requeriría de ellas que rindiesen
cuentas de manera amplia ante la ciudadanía. Cambiar los indicadores con que
medimos el bienestar económico también alentaría a los gobiernos a asegurarse
que las empresas cumplan con esos objetivos.
Tanto
a las empresas nacionales como a las empresas que quisieran iniciar operaciones
o abrir filiales en otro país distinto al de origen se les debiera exigir
adhesión y cumplimiento de los siguientes principios: (1) consentimiento
previamente informado de la comunidad mediante procesos de decisión definidos
por la propia comunidad que será afectada por una actividad o proyecto
empresarial; (2) realización de estudios de impacto ambiental y social; (3)
responsabilidad financiera y penal por tareas de limpieza y recuperación
ambiental y control de contaminación; (4) pago de regalías a las comunidades
en cuya jurisdicción la empresa extrae recursos; (5) derechos comunitarios
frente a la destrucción social, cultural, física o económica provocada por un
proyecto empresarial, y (6) respeto a los derechos humanos y aplicación de
normas sociales (inclusive laborales) y ambientales de alta calidad. Es de
central importancia que la competitividad deje de ser el objetivo principal de
los diseñadores de políticas, y pase a ser uno entre otros y que, además,
quedara reglamentada mediante la introducción de legislación internacional
contra la formación de monopolios, oligopolios, carteles y otras prácticas
anticompetitivas.
Liberar
la información, garantizando transparencia y democracia
Generar
economías sustentables y democráticas constituye una meta ambiciosa que sólo
podrá ser realizada si se asegura que las políticas internacionales reflejen
verdaderamente y encaren las esperanzas y aspiraciones de la gente por
sociedades justas y equitativas -nacional y globalmente. Para lograrlo es
fundamental dar pasos firmes hacia la descentralización política. Será
absolutamente necesario garantizar que las naciones y las comunidades sean los
actores principales en la toma de decisiones; que todos los órganos de decisión
pertinentes -desde el ámbito local hasta el internacional- sean genuinamente
representativos y participativos, y que la gente disponga de oportunidades
reales para participar en la toma de decisiones en el ámbito de la económica.
Por
otra parte, los gobiernos debieran negociar acuerdos internacionales aprobados
por sus ciudadanos, haciéndose plenamente responsables ante ellos de sus
propios actos, lo cual sólo será posible cuando se pueda determinar con
claridad sus acciones. La transparencia externa de las negociaciones comerciales
intergubernamentales debe aumentar significativamente.
Actualizar la infraestructura, rediseñando normas e instituciones
Los
componentes regionales e internacionales de un comercio re-equilibrado requerirán
un sistema eficaz de reglas y acuerdos verdaderamente multilaterales basados en
nuevas metas económicas que deberán integrarse como complemento y no en
contraposición a la legislación nacional e internacional no referida al
comercio; requerirán, asimismo, un conjunto de leyes acordadas
internacionalmente referidas a temas no estrictamente económicos, como la
equidad y la producción y consumo sustentables. Las instituciones
internacionales y regionales de comercio y financieras deberán ser incorporadas
plenamente a la estructura de Naciones Unidas; el Banco Mundial y el FMI tendrán
que cambiar sus formas de funcionamiento en consonancia con las políticas de
una economía sustentable; y los acuerdos multilaterales sobre ambiente,
desarrollo, salud, derechos humanos y laborales debieran primar sobre el
comercio.
Para
el logro de todas estas ambiciosas metas la cooperación intergubernamental es
clave: debiera incentivarse a los gobiernos para que colaboren entre sí
-incentivos y sanciones tendrían que constituir un rasgo de los tratados
multilaterales. Al diseñar y aplicar políticas nacionales de protección del
ambiente y la salud, los gobiernos debieran estar obligados a prever efectos
involuntarios perjudiciales para otros países, y los tribunales internacionales
debieran tener mandato para resolver las disputas consecuentes, que habrían de
saldarse con base en principios acordados.
Amigos de la Tierra Internacional es una federación de organizaciones ecologistas independientes en 66 países de África, Asia, Europa, América Latina y Norteamérica.
