Tras una interminable y a menudo verborreica discusión pública en la que casi nunca se pone de manifiesto lo esencial, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el recién pasado 30 de octubre la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, que le asigna a las municipalidades en el Presupuesto Ordinario de la República una suma no inferior a 10% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. Se establece que ese porcentaje se irá completando gradualmente, a razón de 1,5% anual, y que la ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados entre las 81 municipalidades del país.

El camino dificultoso de toda reforma constitucional exige, para que ésta se incorpore a la Carta Magna, que reciba dos debates en una legislatura con una votación no menor a los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea; el mencionado proyecto pasa entonces al Poder Ejecutivo, que lo enviará a la Asamblea con el mensaje presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria con sus observaciones; a continuación, la Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare con no menos de 38 votos, formará parte de la Constitución.

A pesar de que la reforma contó con el apoyo de la fracción oficialista del Partido Unidad Social Cristiana, el superministro Baruch la recibió en su despacho del Ministerio de Hacienda con una sonora carcajada diciendo que los diputados sólo aprueban locuras; quizás por eso el señor presidente, cuando estamos a dos meses de finalizar el período de sesiones extraordinarias, no ha convocado el proyecto, lo que atrasaría, en el mejor de los casos, dos años el trámite de la reforma constitucional. Ya decía Bernard Shaw que "si hubiera veinte maneras de decir la verdad y sólo una de mentir, el gobierno daría con ella. Decir mentiras forma parte de la naturaleza de los gobiernos".

El asunto es sencillo: los gobiernos neoliberales, hipercentralistas y privatizadores, no están dispuestos a ceder el control de importantes recursos financieros del estado a los poderes locales, que por estar más cerca de los ciudadanos pueden ser más proclives a tomar en cuenta la presión democrática de fiscalización y participación para decidir cómo, cuándo y en qué se invierte el dinero de todos.

La reforma constitucional, aunque tímida y temerosa, apunta al corazón de la polémica en curso sobre la manoseada reforma del Estado. La presión de los globalitarios, núcleo duro de la administración Rodríguez Echeverría, pugna por colocar el estado al servicio del capital altamente concentrado y centralizado pilotado por la fracción financiera; por ejemplo, defienden a capa y espada el principio de caja única y una disciplina draconiana para que los dineros públicos se orienten prioritariamente a las necesidades de acumulación y de hacer negocios de la nueva oligarquía oligopólica transnacional, que les deja a ellos sus propios dividendos. Cuando ellos hablan de reducir el tamaño del estado y usan los vocablos descentralizar y desregular, están trabajando por colocar en manos privadas, sin controles democráticos y sin rendición de cuentas, recursos públicos de la nación, desde el Ice hasta la zona marítimo-terrestre.

Frente a esa tendencia, se viene articulando en el país una red de resistencia ciudadana que lucha contra la expropiación privada de la democracia y de los dineros y de los recursos públicos. La batalla por formas de democracia participativa y directa, por espacios de control ciudadano, se libra en muchos campos, entre ellos el municipio, donde en un período de derrotas globales de los movimientos populares puede emerger una ciudadanía más crítica, más luchadora, más exigente respecto de la educación y de la salud que queremos, del tipo de ciudad en qué desearíamos vivir y del aire y el agua que deberíamos tener. No es por casualidad que para la gente de izquierda y progresista el municipio brasileño de Porto Alegre, con sus experiencias exitosas de presupuesto

participativo, se haya transformado en objetivo emblemático de la radicalización de la democracia frente a los nuevos poderes oligárquico-autoritarios que nos asfixian.

Ahí está la importancia de esta reforma constitucional. Parece necesario luchar por ella, para conquistar espacios democráticos mientras el viejo topo sigue cavando las fracturas de un poder que nos explota y nos humilla.

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