Esta tendencia es más notable aun en el caso latinoamericano. En 1993, la Ley de Modernización Agrícola, en Honduras, devolvió el control sobre los bosques ejidales a las corporaciones municipales de ese país. Ahora dichas corporaciones son dueñas de casi un tercio de los bosques y entre el 10 y el 15% de toda la madera que se produce sale de esos bosques. En Bolivia, la Ley Forestal de 1996 creó las figuras de reservas forestales municipales y unidades forestales municipales (UFM) y asignó el 25% de todo el dinero que se recauda de impuestos, regalías, tasas y multas forestales a los gobiernos municipales. En el mismo año, en Guatemala se aprobó una Ley Forestal que faculta a los gobiernos municipales a participar en la fiscalización de las actividades forestales y el control de los incendios forestales; y ya hay docenas de gobiernos municipales guatemaltecos que tienen su propio Oficina Forestal Municipal. En algunas municipalidades de Bolivia, Brasil y Nicaragua los gobiernos municipales están creando planes municipales de uso del suelo. En otros casos, gobiernos municipales se están metiendo a la administración de áreas protegidas, proyectos de reforestación, programas de educación ambiental, conflictos sobre el establecimiento de minas en zonas boscosas y actividades similares.

En la mayoría de los casos mencionados arriba, la participación de los gobiernos municipales en las actividades forestales fue producto de una nueva ley o política nacional, o sea, fue resultado de una decisión específica de parte de los gobiernos nacionales de descentralizar funciones y el control sobre ciertos recursos. En otros casos, los mismos gobiernos municipales han tomado la iniciativa, estableciendo nuevos impuestos, aprobando ordenanzas municipales, gestionando recursos directamente con agencias externas o utilizando canales informales y políticos para influir sobre las decisiones de los gobiernos centrales. No pocas veces extralimitan sus funciones legales, pero el hecho de que su actuar sea "ilegal" no significa que sea menos relevante.

Como el párrafo anterior sugiere, el nuevo impulso que han tomado los gobiernos municipales en materia forestal surge tanto de procesos que vienen desde arriba como desde abajo. En términos generales, tanto las agencias internacionales como los gobiernos nacionales de la región han buscado municipalizar cada vez más actividades, y como resultado el peso de los gobiernos municipales en el gasto público total ha aumentado de forma significativa. Consideran que los gobiernos municipales pueden entregar servicios y realizar inversiones de forma más eficiente y más acorde con las demandas locales. En el caso específico de la gestión forestal, existe un consenso creciente en cuanto a que los gobiernos centrales han fracasado en sus esfuerzos para manejar los recursos y que se necesita descentralizar algunas de las responsabilidades relacionadas con los mismos, aunque también persisten dudas acerca de la capacidad y voluntad de los gobiernos municipales en ese sentido.

Desde el punto de vista de los gobiernos municipales, muchos ven los recursos forestales como una fuente potencial de ingresos, tanto para ellos como institución como para los habitantes de su municipio. Dichos ingresos pueden provenir de impuestos, regalías, multas, venta de productos forestales de bosques municipales, transferencias de los gobiernos centrales y estatales y proyectos con financiamiento externo. Algunos países, como Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, tienen leyes o reglamentos que otorgan a los gobiernos municipales un porcentaje del dinero recaudado por el gobierno central de las actividades forestales. Hay estados de Brasil donde el gobierno estatal devuelve a los gobiernos municipales parte de los impuestos de valor agregado que se recaudan en función de la superficie de áreas protegidas que tiene cada municipio o su habilidad de manejar bien sus cuencas. Muchas municipilidades cobran impuestos por la madera que se aprovecha o se procesa dentro del municipio, peajes a los camiones que pasan con madera y tasas y patentes de varios tipos. Incluso hay municipalidades que han intentado pasar ordenanzas que prohiben la salida de madera en troza del municipio, para poder asegurar que la madera se procese localmente y así generar más empleos y recaudar más impuestos. También hay un número creciente de proyectos multilaterales y bilaterales que financian actividades forestales y ambientales municipales.

Muchos de los municipios más forestados son muy pobres y los bosques constituyen uno de sus pocos recursos de valor económico. Para ellos, el dinero recaudado de la actividad forestal suele ser una porción muy importante de su presupuesto municipal. Hay por lo menos diez municipios en Honduras donde los impuestos forestales aportan más del 25% del presupuesto municipal, y situaciones parecidas se dan en muchos otros países. (En ese sentido, la Amazonia brasileña constituye una excepción notable, ya que allí las transferencias del gobierno federal y los gobiernos estatales constituye la principal fuente de ingresos de la gran mayoría de los gobiernos municipales.)

Sería injusto, sin embargo, dar la impresión de que la única cosa que motiva a los gobiernos municipales a meterse en asuntos forestales es el dinero. Sobre todo en las municipalidades que ya han perdido una gran parte de su cobertura forestal, muchos de los gobiernos municipales tienen una preocupación verdadera por la degradación de sus cuencas. En general, los municipios más urbanos y con mayores ingresos buscan mantener áreas verdes en sus zonas rurales. Donde los pueblos indígenas y organizaciones de extractivistas han logrado dominar a los gobiernos municipales, generalmente han usado su posición para defender los derechos territoriales de dichos grupos. En muchos lugares, los gobiernos municipales han defendido los intereses locales contra la entrada de empresas mineras o madereras de afuera que se apropian de los recursos y dejan poco a cambio. Por otro lado, también se dan múltiples casos donde los gobiernos municipales han intervenido en cuestiones forestales para defender a los grandes ganaderos y madereros. De hecho, sobran ejemplos en que los mismos alcaldes y consejales son ganaderos y madereros.

Bueno, hasta aquí bien. Pero queda la pregunta: ¿la municipalización de la gestión forestal es buena o mala? Con tanta diversidad de situaciones esa pregunta resulta muy difícil contestar. Para cada ejemplo bueno se puede encontrar uno malo, y al revés. Además, todo esto es tan reciente que en la gran mayoría de casos resulta demasiado prematuro para llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, se puede adelantar algunas hipótesis iniciales.

Mucha gente critica la municipalización de la gestión forestal argumentando que los gobiernos municipales son corruptos, carecen de capacidad técnica, defienden a los grupos élite y sólo se preocupan por los intereses locales, y no por los nacionales y globales. También consideran que el interés de los gobiernos municipales en maximizar sus ingresos provenientes de las actividades forestales les podrían llevar a promover el aprovechamiento de la mayor cantidad de madera posible. Todo esto –con destacadas excepciones– es cierto. Empero, generalmente las personas que lo plantean no toman en cuenta que –de nuevo con destacadas excepciones– todas esas críticas se aplican de igual forma a los gobiernos centrales. Tanto los gobiernos centrales como los municipales tienen rasgos propios que hacen que estos problemas tomen distintas formas. Pero -a priori- resulta difícil decir qué nivel de gobierno sea mejor o peor en cuanto a estos temas en términos generales. Además, muchas veces se disfraza de decisiones técnicas aspectos que en el fondo son políticos, que tratan de quién puede tener derecho a aprovechar los recursos forestales.

Lo que sí se ha constatado es que pocos gobiernos municipales tienen la capacidad técnica de implementar proyectos complejos, como los de reforestación, los planes de uso del suelo, los programas de extensión forestal y los planes de manejo, de tal forma que cumplan los requisitos de los gobiernos nacionales. Las principales excepciones en ese sentido son los gobiernos municipales más grandes y los que tienen mucho apoyo de proyectos externos.

Por otro lado, el involucramiento de los gobiernos municipales en la gestión forestal generalmente ha ayudado a mejorar ligeramente el acceso de los grupos locales a los recursos forestales y su participación en los beneficios que provienen de los mismos. No se trata de grandes sumas de dinero, ni de grandes cantidades de recursos forestales, pero algo es algo.

En cada país siempre hay una minoría de gobiernos municipales que realmente están avanzando en la gestión ambiental –generalmente en coordinación con organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y proyectos externos. Donde esto se da existe el potencial de por lo menos crear un marco institucional más efectivo, democrático y sostenible.

La experiencia demuestra que aun cuando los presidentes y las legislaturas nacionales apoyan una mayor municipalización de la gestión forestal, casi siempre los servicios forestales nacionales resisten y se generan conflictos entre ellos y los gobiernos municipales. En lugar de buscar cómo fortalecer los gobiernos municipales, dándoles capacitación y recursos, terminan peleándose por lo que consideran decisiones ilegales, o inapropiadas, por parte de los gobiernos municipales. Eso es una lástima. Todo indica que para bien o para mal la gestión de los recursos naturales se va a descentralizar cada vez más. Por lo tanto, no se trata de descentralizar o no, sino de cómo descentralizar bien. Y para eso hace falta una alianza estratégica entre los gobiernos centrales y los municipales, apoyada por la sociedad civil y la cooperación externa. Ojalá Costa Rica pueda aprender algunas lecciones de sus vecinos latinoamericanos.

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