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Turismo, áreas
protegidas Eduardo Carrillo
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Analizando el capítulo "Armonía con la Naturaleza" del Estado de la Nación (publicado en 2003, con información de 2002) vemos que no hemos avanzado en la conservación y manejo de las áreas protegidas en Costa Rica, sino que hemos retrocedido significativamente: el presupuesto asignado al Ministerio del Ambiente ha decrecido un 3,9 por ciento respecto del año anterior y hay un aumento de la presión sobre los recursos naturales que en las áreas se protegen. Quizás el problema más serio en la conservación y manejo de las áreas protegidas en Costa Rica es que los ingresos por concepto de visitas turísticas a las áreas no se devuelven a ellas con la rapidez y en la cantidad requeridas, pues son depositados en la caja única del estado, quien es el que decide cuándo y cuánto va a cada una de las áreas, lo cual, como lo señala el Estado de la Nación, está produciendo un franco deterioro de ellas, por no dotárseles del presupuesto básico para operar. La paradoja es que el turismo, principal fuente de divisas de Costa Rica, viene mayoritariamente atraído por la fama del país en cuanto a conservación de los recursos a través de las áreas protegidas, y el Instituto de Costarricense de Turismo y las empresas del sector atraen al turista con fotos de plantas y animales protegidos haciendo énfasis en nuestras bellezas naturales. Pero para proteger verdaderamente los recursos de un área es necesario hacer una inversión que, entre otras cosas, permita: (1) apoyar la contratación y mantenimiento de personal que proteja los recursos, (2) apoyar la creación de nueva infraestructura y el mantenimiento de la existente para recibir al turista y (3) generar información constante sobre el estado de conservación de los recursos que se encuentran en el área y establecer si las actividades humanas desarrolladas en el área tienen un impacto sobre aquéllos. Solo así se puede asegurar que los recursos naturales están siendo conservados en las áreas. Pero Costa Rica no está invirtiendo en las áreas protegidas. Según la Contraloría General de la Republica -citado por el Estado de la Nación-, los recursos de inversión del Sistema Nacional de Áreas de Conservación vienen disminuyendo desde 1996, lo que muestra la falta de visión de los políticos de turno de los ocho últimos años, que han pensado que podemos seguir viviendo de la fama, siendo la realidad otra: hay áreas protegidas con insuficiencia de dinero para mantener las actividades básicas de manejo y sin ninguna posibilidad de crear infraestructura adecuada para atender la creciente demanda de los visitantes, lo cual terminará alejando a éstos. Los pocos guardaparques que tenemos en las áreas protegidas tienen que dedicarse a atender al turismo y a dar mantenimiento a las instalaciones para su uso. El Parque Nacional Manuel Antonio, por ejemplo, visitado por alrededor de 150.000 personas por año, no recibe el dinero suficiente para dar mantenimiento a su escasísima y ya defectuosa infraestructura y menos para invertir en una nueva para recibir turismo; en él no hay rotulación adecuada ni recursos para educación del visitante, que debiera ser uno de sus principales objetivos. El Parque Nacional Corcovado, una joya biológica, y el Parque Nacional Tortuguero, están al borde del colapso por la presión de la cacería y la extracción ilegal de recursos en los últimos años, sin que el gobierno haya tenido capacidad de respuesta. El Estado de la Nación describe la problemática de nuestras áreas protegidas pero no profundiza en las posibles soluciones. Esas áreas están a punto de colapsar y estamos muy cerca de perder lo logrado en cuanto a protección en los últimos 30 años. La solución a corto plazo está en manos de los gobernantes y en su aceptación de que el apoyo financiero a aquéllas no es un gasto sino una inversión.
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