Falta armonizar
turismo y conservación

Randall García

La importancia económica del turismo para el desarrollo del país se evidencia en estos datos recientes: en 2003, 1,2 millones de turistas generaron más de $1.000 millones, y solo al aeropuerto de Liberia llegaron unos 145.000 pasajeros. Pero ¿cómo es la relación entre turismo y conservación? Para comprender esto sería apropiado seguir la lógica con que el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) aborda el tema de la conservación de la biodiversidad, esto es, considerando la conservación propiamente dicha, el uso de esa diversidad biológica en forma sostenible y la manera en que se distribuyen los beneficios generados por ambos.

Nuestro país, por una parte, ha hecho una gran inversión en áreas protegidas (conservación) y, por otra, el turismo se ha convertido en uno de los usos más populares de estas áreas, un uso que genera beneficios de distinta índole para diferentes sectores de la población. La conservación, entendida en este caso como el conjunto de iniciativas públicas y privadas para mantener la diversidad biológica y el potencial que ella encierra, se beneficia del turismo de diferentes formas: (1) generación de ingresos directos por admisión a áreas protegidas públicas y privadas, (2) generación de ingresos por servicios y actividades asociadas a áreas protegidas y (3) promoción y establecimiento de reservas privadas asociadas al turismo, muchas de ellas en zonas de amortiguamiento, estableciendo una adecuada gradiente de uso de la tierra hacia afuera del área protegida, como sucede en los parques nacionales Volcán Poás y Corcovado.

Simultáneamente, la actividad turística también afecta las iniciativas de conservación in situ de la siguiente forma: (1) concentrando visitación en áreas de limitada capacidad física y de carga, como en el Parque Nacional Manuel Antonio y el Refugio de Vida Silvestre Junquillal en ciertas épocas del año, (2) acrecentando los problemas de aislamiento biogeográfico, como sucede también en Manuel Antonio y (3) promoviendo actividades en sitios que no cuentan con acceso autorizado, como sucede en los parques nacionales Chirripó y Rincón de la Vieja. La situación descrita en cuanto a conservación evidencia las contradicciones prácticas que se dan también en lo que se refiere al turismo como forma de uso sostenible de la biodiversidad.

Anualmente, cerca de medio millón de extranjeros y medio millón de nacionales visitan los parques nacionales y hacen uso de sus facilidades y atractivos. Estos mismos visitantes hacen meritorio el desarrollo de una serie de actividades conexas que generan beneficios económicos directos local y nacionalmente: por ejemplo, cada visitante al Parque Nacional Chirripó gasta un promedio de alrededor de 29.000 colones diarios, de lo cual el 15 por ciento es lo que desembolsa directamente en el Parque, correspondiendo el resto a otros gastos, como transporte y alimentación en la zona (según estudio, aún sin publicar, del Centro Internacional de Política Económica, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación).

Para algunos, la sola posibilidad de disfrute de las áreas protegidas es suficiente beneficio; para otros, la posibilidad de generación de ingresos resulta un beneficio más claro y, en general, el hecho de que las áreas protegidas sean fuente de bienestar espiritual o económico es bien percibido por la colectividad. Dicho de otro modo, esta forma de utilización de las áreas protegidas genera beneficios ambientales importantes en cuanto mejora la percepción social del valor de dichas áreas.

Al tratar el tema de utilización sostenible, cabe destacar la aplicación del Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) a la industria del hospedaje, otorgado por un comité evaluador interinstitucional, el cual constituye un reconocimiento a todas las empresas de hospedaje que, de manera voluntaria, adoptan una serie de prácticas social, económica y ambientalmente amigables, y el cual representa un paso en la dirección hacia un desarrollo más sostenible del turismo.

Al mismo tiempo que se desarrollan iniciativas concretas como el CST, se da una creciente preocupación respecto de los impactos del turismo en las áreas protegidas, justificada por casos concretos, como el estado de muchos senderos en parques nacionales donde no existen medidas concretas de prevención o mitigación. En el CDB, la distribución justa y equitativa de beneficios es el aspecto más polémico y no resulta diferente cuando se analiza la relación turismo-conservación. Algunas cifras lo ilustran: en 2002, la industria turística costarricense generó $1.088 millones, pero el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minae), recibió solo $2,9 millones por concepto de entradas a áreas protegidas por parte de extranjeros. Dentro de la industria turística, el sector hostelero recibe la mayor proporción de los ingresos generados por la actividad: cerca del 33 por ciento del total, lo que obedece a que se requiere recuperar la inversión, que suele ser mayor a la requerida en otras actividades del sector. Sin embargo, si de inversión se trata, ¿cuánto es lo que Costa Rica ha invertido en establecer y mantener sus áreas protegidas como oportunidad de desarrollo?, y ¿cuáles son los mecanismos de recuperación de dicha inversión que permitan al menos su mantenimiento? La discusión aún no termina.

Cabe destacar, además, que el modelo de desarrollo turístico asociado a áreas protegidas, a diferencia del modelo de sol, mar y playa, tiene un alto grado de distribución del dólar turístico y, por lo tanto, un mayor alcance en cuanto a la cantidad de beneficiados de la actividad. Así, el ecoturismo, como le podemos llamar, lleva a una mayor distribución de la riqueza que genera, en comparación con modelos más masivos que predominan en las islas del Caribe y las costas mexicanas.

La coordinación institucional pareciera ser el eje articulador del esfuerzo que se requiere para maximizar beneficios sociales, económicos y ambientales. El desarrollo de una visión conjunta del turismo es fundamental, lo cual no significa hacer consultas, sino trabajar juntos en la construcción e implementación de una visión. La ausencia del Minae en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Turístico es un buen indicador del problema; sus acercamientos al Instituto Costarricense de Turismo se limitan a aspectos operativos, no de desarrollo conjunto; y ésas son dos instituciones llamadas a convocar a los demás actores vinculados a la actividad.

La reciente iniciativa de la Municipalidad de Bagaces, en Guanacaste, para fortalecer el posicionamiento del cantón y sus atractivos naturales, a la luz de la oportunidad que representa el aeropuerto de Liberia, es otro ejemplo de una iniciativa que, para fructificar, requiere de mucha coordinación.

El posicionamiento está dado, pero el sistema requiere ajustes con el fin de maximizar beneficios y disminuir impactos negativos, sobre todo cuando los beneficios resultan muy evidentes. Los perjuicios, por su parte, se presentan como subyacentes, y aún se requiere avanzar en equidad en cuanto a la distribución de beneficios

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