Ambiente urbano postergado

--Carlos Manuel Rodríguez-

En diferentes oportunidades he expuesto mi apreciación personal sobre la institucionalidad ambiental que ha desarrollado el país: la inversión pública ambiental se ha dado con el objeto principal de crear una institución que se concentre en los temas y retos de la agenda verde, entendida ésta como lo forestal, la biodiversidad, las áreas protegidas y temas conexos. Hemos confundido, pues, el concepto de gestión ambiental con el de conservación de recursos naturales biológicos y, en consecuencia, a lo que es un ministerio de conservación de recursos naturales le llamamos Ministerio del Ambiente, sin que verdaderamente lo sea, ya que la institución ambiental que hemos creado es, sin duda, un ministerio que de manera simplista podría llamarse Ministerio de Parques Nacionales -sin menosprecio de la gestión muy positiva que ha logrado a través de tres décadas. Esto obedece, según mi manera de ver, a que las prioridades y los retos ambientales del país se han concentrado en las zonas rurales alrededor del tema de la deforestación y lo que ella conlleva, habiendo descuidado la construcción de la visión y de la institucionalidad ambiental a fin de atacar los retos ambientales del presente que se concentran en las zonas urbanas asociados a la contaminación ambiental.

Por eso, cuando estudié el último informe del Estado de la Nación no hice más que confirmar la necesidad de que el país sea conciente de lo imperioso de invertir (y no me refiero a términos exclusivamente financieros) en construir una visión estratégica, y la institucionalidad que conlleva ésta, para afrontar los retos ambientales y del desarrollo sostenible. Como titular del Ministerio del Ambiente (Minae), al leer el capítulo de "Armonía con la Naturaleza", sentí, en términos generales, que las funciones, responsabilidades y obligaciones propias del Minae son valoradas en términos positivos, aun cuando reconozco el avance lento en la consolidación de los parques nacionales, en hacer sostenible el aprovechamiento forestal, en desminuir la caza y la tala ilegales, en focalizar el pago de servicios ambientales, etcétera. Producto no de una incapacidad institucional para hacerlo sino de muchos años continuos de decrecimiento en el presupuesto. Hoy el Minae tiene 100 guardaparques menos que hace 10 años y el presupuesto operativo en este término decreció en más del 100 por ciento en relación con el total del presupuesto del Ministerio.Comparto totalmente la valoración que hace el Estado de la Nación de la gestión ambiental en otros temas que no son competencia directa del Minae: contaminación de aire y gestión de los ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Salud; contaminación de aguas y gestión del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y del Ministerio de Salud; desechos sólidos y gestión de este Ministerio, del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y de las municipalidades; contaminación por agroquímicos y gestión del Ministerio de Agricultura; y pesca marina irracional y gestión del Instituto Costarricense de Pesca. Con lo anterior quiero decir que la responsabilidad del funcionamiento del aparato estatal ambiental se encuentra dispersa, y lo peor es que no obedece a una responsabilidad rectora al más alto nivel político. Nuestra historia reciente nos indica, y el Estado de la Nación en reiteradas oportunidades nos ha demostrado, que los temas ambientales tratados por instituciones que no son el Minae constituyen asuntos de segundo orden.

Cada vez que tengo oportunidad de compartir con otros colegas de la comunidad internacional sobre los retos de la agenda ambiental global, me convenzo más de que las diferencias en esta materia no son tan agudas entre el mundo desarrollado y nuestro país, considerado en vías de desarrollo. En efecto, las preocupaciones son más o menos las mismas que hoy reconocemos en el país y que nos obligan a iniciar un proceso con responsabilidad histórica, social y política que nos permita enfrentar tales deficiencias: (1) el débil reconocimiento de los aspectos ambientales y el papel que juegan en las estrategias nacionales de desarrollo, (2) la dispersión normativa a nivel interno y a nivel internacional que conduce a una visión fragmentada de lo ambiental, (3) la debilidad -derivada en gran parte de lo anterior- de las estructuras institucionales para la emisión, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y (4) la insuficiencia de los recursos asignados al desarrollo ambiental de los países.

A pesar de que desde la Cumbre de Río de 1992 quedó claramente establecido el carácter intersectorial o transversal de la política ambiental, la evolución general hacia la plena interiorización de este concepto en la emisión de políticas y en la gestión publica -prestación de servicios- ha sido sumamente lenta. Los esfuerzos nacionales en esta dirección han sido prolíficos en el discurso y las buenas intenciones (esfuerzos como Ecodes, Eco2005, Ecosos, etcétera), pero poco efectivos en su concreción. Resulta casi una verdad de Perogrullo pero debemos reiterarlo: entre la clase política y los tecnócratas nacionales no ha existido una valoración adecuada de la dimensión ambiental del desarrollo que nos lleve a desarrollar un proyecto de país en esa materia; es decir, que nos lleve a la definición de una política de estado que perdure más allá de los ciclos gubernamentales de turno. Hoy, cuando nos debatimos en una coyuntura internacional caracterizada por las tendencias al libre comercio, debemos esforzarnos para que los efectos de éste incidan con el menor impacto negativo posible en nuestro ambiente.

Nuestro país ha sido por muchos años un campeón en la emisión de normas en los diferentes niveles del ordenamiento jurídico, lo que nos sitúa sin duda alguna a la vanguardia entre los miembros de la comunidad internacional. Posiblemente hemos firmado más acuerdos internacionales en materia ambiental que las potencias desarrolladas, creyendo con ello superar nuestras propias deficiencias en la generación de cambios concretos positivos en el ambiente mismo. Cantidad de leyes orgánicas y especializadas definiendo competencias y rectorías ministeriales y de entidades técnicas desconcentradas en campos tan diversos como energía, agua, suelos, biodiversidad, pesca, aire, salud humana, etcétera, nos colocan en un enmarañado legal que más que facilitar la labor de los jerarcas y funcionarios nos envuelve en un interminable ir y venir analizando si la responsabilidad es nuestra o de la agencia o ministerio tal, que reclama derechos históricos sobre este o aquel campo de actividad pública, cual si se tratara de un proceso de dilucidación de derechos de propiedad y no de un servicio público. A cada ley corresponden igual o mayor cantidad de reglamentos y normas técnicas y de procedimiento que finalmente convierten a la administración en su principal enemigo, al no encontrar el camino para la eficiente prestación de los servicios que el desarrollo del país demanda.

La situación legal descrita nos lleva necesariamente a la falta de claridad en la dirección y coordinación políticas, posiblemente porque pretendemos encontrar en las leyes orgánicas o especializadas las herramientas para el cumplimiento de tan trascendental y delicada misión, y olvidamos que nuestras instituciones particulares no actúan en forma independiente del resto del ordenamiento jurídico, particularmente de aquel que determina el rango, el alcance y las modalidades de autoridad de las diferentes entidades del gobierno -cual es el caso de la Constitución Política y de la Ley General de Administración Pública.

Nos queda finalmente el tema de los recursos. No puede gerenciarse una agenda ambiental tan amplia y comprensiva como la que nos describe el artículo 50 constitucional y la Ley Orgánica del Ambiente si no se revisan los criterios para la asignación de recursos públicos a la política ambiental. El Ministerio del Ambiente no puede cumplir con esa función si sigue recibiendo básicamente los recursos creados por leyes especiales, con destinos específicos a determinadas áreas del accionar ambiental del país. Un Ministerio del Ambiente sin el personal adecuado, que profesionalmente corresponda con las necesidades de una agenda multidisciplinaria, con un respaldo tecnológico adecuado que permita constituir y consolidar una herramienta básica para ejercer la labor de seguimiento, evaluación de la política y rendición de cuentas, como lo es un sistema de información ambiental, no puede pretender convertirse en una entidad estratégica para hacer realidad los mandatos de la Ley Orgánica del Ambiente, de ser capaz de armonizar el uso productivo de los recursos naturales con su conservación.
Estas consideraciones nos llevaron a insistir en la necesidad de un esfuerzo nacional tendiente a consolidar una verdadera estrategia nacional ambiental, ya que como lo apuntan los últimos informes del Estado de la Nación, el reto de lo ambiental está en llegar a conceptuar una visión ambiental de país.