Resumen del capítulo
"Armonía con la naturaleza"
del Estado de la Nación (2003)

El rico patrimonio natural del país tiene varios componentes: bosques, biodiversidad, suelos, aguas superficiales, aguas subterráneas, costas y mar territorial. Conforme tiene un mejor conocimiento del acervo, el potencial y los riesgos asociados a cada uno de esos recursos, la sociedad costarricense descubre nuevas oportunidades, amenazas y desafíos para el desarrollo humano sostenible. El año 2002 no fue la excepción.

Los bosques fueron el punto de partida del interés nacional por la conservación de la naturaleza, a partir de la década de los setenta. Desde entonces se ha logrado revertir la tasa de deforestación, aunque persiste controversia respecto del porcentaje de cobertura boscosa recuperada; correspondiendo la mayor parte de ésta a bosques secundarios, producto del abandono de potreros y tierras de cultivo, que todavía no han alcanzado plena madurez ambiental, especialmente en términos de su capacidad para albergar poblaciones de fauna silvestre. No obstante, esos bosques nuevos juegan un papel importante, en sí mismos y como parte de corredores biológicos. El consumo nacional de madera es de poco más de un millón de metros cúbicos por año. En el período 1998-2001 este consumo fue abastecido por árboles fuera de bosques (43,5 por ciento), bosques naturales (23,5 por ciento) y plantaciones forestales y sistemas agroforestales (33 por ciento). Esa elevada participación de los árboles fuera de bosques en la oferta nacional de madera es motivo de preocupación. Investigaciones de campo hechas por Fundecor (Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central) han puesto en evidencia la práctica de "socolar" bosques para luego presentarlos como potreros con árboles remanentes y solicitar los permisos de corta, lo cual se hace aprovechando debilidades de la Ley Forestal, que no tipifica esa práctica como delito ni tiene definiciones precisas de bosque, bosque secundario ni de tala ilegal.

La conservación de los bosques y las áreas silvestres es una tarea en la que convergen los esfuerzos del sector público y los del sector privado. El 38,7 por ciento de las áreas protegidas (más de medio millón de hectáreas, el 10 por ciento del territorio nacional) es de propiedad privada. Existen en el país 188 comités de vigilancia de los recursos naturales (covirenas) en los que participan 2.450 voluntarios. En 2002 se crearon los comités regionales de las 11 áreas de conservación en que está dividido el país, en algunas de las cuales, como Tortuguero y Amistad-Caribe, diversos tipos de organizaciones locales participan en la gestión, incrementando la eficiencia y ahorrando recursos al estado. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos realiza una valiosa labor de fiscalización de las regencias forestales.

Llama la atención que uno de los principales instrumentos estatales para promover la conservación del bosque, el pago por servicios ambientales (psa) siga recibiendo montos inferiores a los asignados por ley. En 2002 le correspondían al Fonafifo (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) 4.310 millones de colones provenientes del impuesto único a los combustibles pero solamente le fueron entregados 3.067 millones... De especial importancia ambiental y social es el acceso de los pueblos indígenas -cuyos territorios están cubiertos de bosques en un 61,5 por ciento- al psa. En el año 2000, 11 de los 22 territorios indígenas lo solicitaron, y nueve de ellos cumplieron los requisitos, por lo cual recibieron sumas significativas en los años siguientes. Aparte de algunas resistencias de orden cultural, la principal barrera para la incorporación de los territorios indígenas al psa es la falta de titulación de sus tierras. En 2002, la Sala Constitucional acogió favorablemente un recurso planteado por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Rey Curré, y obligó al Instituto de Desarrollo Agrario a proceder de inmediato a la titulación de los territorios indígenas.

Las aguas superficiales y subterráneas son recursos seriamente amenazados. Las superficiales resienten el impacto de los desechos industriales y domésticos sin tratar, además del elevado uso de plaguicidas en la agricultura costarricense, que asciende a 18 kilogramos de ingrediente activo por hectárea, por año. Se ignora el impacto real de esas sustancias en la salud de los agricultores, pues se estima que más del 90 por ciento de las intoxicaciones no se reporta. Se han detectado residuos de agroquímicos en los tejidos de delfines en el golfo Dulce. En este campo, una nota positiva la da el desarrollo local de un nematicida natural a partir de un árbol del bosque tropical seco. Además, algunas empresas bananeras y productoras de helechos han puesto en práctica políticas ambientales destinadas a obtener certificaciones internacionales que incluyen el control del uso de plaguicidas.

La amenaza más seria sobre las aguas subterráneas, además de la infiltración de agroquímicos, procede de la ausencia de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas negras, que obliga a casi toda la población a utilizar tanques sépticos o a verter aguas crudas en cauces superficiales. Ya se han observado señales de contaminación por nitratos en el acuífero Barva. Sin duda, éste constituye uno de los principales desafíos ambientales del país para los próximos años.

Costa Rica apenas empieza a adquirir verdadera conciencia de su patrimonio marítimo y de las oportunidades y retos que éste presenta. El nuevo mapa oficial de la República, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, muestra por primera vez los 598.682 km2 de espacios marinos. Un convenio firmado entre los gobiernos de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica crea un vasto corredor marítimo entre las islas Galápagos y la Isla del Coco, en torno a la cual se han incrementando los esfuerzos de vigilancia y conservación. Es sabido, sin embargo, que el país carece de los recursos necesarios para vigilar apropiadamente su mar continental, lo que permite que flotas extranjeras pesquen ilegalmente en sus aguas. Dentro de lo visible, causa alarma la sobrecaptura de tiburones en busca de sus aletas, que llevó al Instituto Costarricense de Pesca a prohibir el desembarco de tiburones desaletados desde el año 2001. Para controlar ésa y otras prácticas, ese Instituto firmó en 2002 un convenio con el Colegio de Biólogos, destinado a crear un sistema de regencias en materia de pesca responsable.

La actividad pesquera costarricense se desplaza mar adentro, hacia la captura de especies pelágicas como dorado y tiburón, mientras disminuye la captura de especies costeras, diezmadas por la sobrepesca. Preocupa, en este campo, la negativa de los pescadores artesanales del Golfo de Nicoya a observar la veda del año 2002, apremiados por la necesidad de mantener a sus familias y la falta de otras fuentes de ingreso. Cabe señalar aquí que la producción de tilapia en Cañas, Guanacaste, superó en volumen a la pesca total en el Golfo. También aumentó sustancialmente la pesca de sardinas, estimulada por la creciente demanda de la industria enlatadora Sardimar. La Ley de Pesca sigue esperando aprobación en la Asamblea Legislativa.

La producción y el manejo de desechos sólidos están entre los problemas ambientales que Costa Rica ha enfrentado con más dificultad y lentitud. La producción de desechos alcanzó en 2002 la cifra récord de 1,1 kg/persona/día, con un notorio aumento de los embalajes y empaques de alimentos. Aunque en algunas zonas ha mejorado la tecnología de disposición de esos materiales y existen iniciativas puntuales de reciclaje, la mayoría de las municipalidades sigue depositándolos en botaderos a cielo abierto. Se desconoce la forma en que las industrias disponen de residuos peligrosos o altamente contaminantes. De las 36.500 toneladas de aceites lubricantes importadas por el país en 2001, menos del 5 por ciento se recuperó y colocó en sitios apropiados. En cuanto a desechos hospitalarios, no fue sino en el año 2000 que la Caja Costarricense del Seguro Social estableció una política al respecto, y en 2002 inició la medición de los desechos producidos en clínicas y hospitales.

En lo referente a la contaminación del aire hubo algunos progresos, sobre todo con la revisión técnica de vehículos automotores a cargo del consorcio español Riteve. Solamente el 48 por ciento de los vehículos superó la revisión la primera vez, lo que obligó a sus propietarios a efectuar ajustes para obtener sus permisos de circulación. Sin embargo, el constante crecimiento del parque automotor y su funcionamiento en condiciones viales de suma estrechez siguen contribuyendo a la contaminación del aire en los centros urbanos. En 2002 se publicaron por primera vez reglamentos oficiales sobre inmisión y emisión de contaminantes atmosféricos para las industrias. Las mediciones efectuadas en el Valle Central dieron resultados dentro de lo aceptable, gracias a las favorables condiciones de circulación del viento en esa zona.

En materia de gestión del riesgo persisten los problemas de vulnerabilidad debidos principalmente al clima, a la falta de aplicación de las regulaciones y a la ausencia de una previsión sistemática y eficaz. Un doloroso episodio de deslizamientos en el cerro Loaiza de Orosi, y daños sustanciales ocasionados por una marejada al rompeolas de Caldera, pusieron en evidencia una vez más esas debilidades. Deficiencias en la Ley Nacional de Emergencias han impedido consolidar el Sistema Nacional de Previsión de Riesgos y Atención de Emergencias.

El ámbito institucional público de la conservación sigue en situación precaria. Los recursos del Ministerio del Ambiente disminuyeron en un 3,9 por ciento entre 2001 y 2002. Persiste el problema de que el 15 por ciento del área de los parques nacionales y el 46 por ciento de las reservas biológicas permanecen en manos privadas, debido a la incapacidad estatal para indemnizar a sus propietarios. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación continúa mostrando serias debilidades presupuestarias, administrativas y de planificación, que se reflejan en el mal estado de las instalaciones en los parques nacionales y otras áreas bajo su cargo. A pesar de ello, el número de visitantes extranjeros a los parques superó por primera vez el umbral de los 400.000, y el de los costarricenses el de los 500.000. Un caso particularmente grave es el de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, entidad a cargo de evaluar todos los estudios de impacto ambiental que se realizan en el país, y que solo cuenta con 19 profesionales prestados por otros entes, con equipamiento y recursos claramente insuficientes. Esta situación se ha prolongado ya por varios años -de hecho, desde que se creó la Secretaría sin que se le dé solución.