Participación social en lo ambiental y
Estado de la Nación

--Ivannia Ayales y Vivienne Solís-

La participación de la sociedad civil en el campo ambiental fue un tema poco relevado en el capítulo "Armonía con la naturaleza" del Estado de la Nación (2003), similarmente a como sucedió en las cuatro ediciones anteriores a éste. Tal tema es abordado, en este último informe, tímida y sectorialmente, de modo poco integral, lo cual hace que las conclusiones del capítulo no permitan ver bien los obstáculos a una mejoría en la gestión ambiental nacional ni los avances logrados.
Dicho capítulo parte de la consideración de tres ejes conceptuales correspondientes a tres procesos en marcha: gestión del patrimonio, gestión del cambio y gestión del riesgo, procesos que, anotamos nosotras, deben contar con la participación social para lograr articularse en un esfuerzo de país y poder rescatar, conceptual y prácticamente, las iniciativas estatales y de la sociedad civil. El tema de la participación civil es el eje que, probablemente, lograría integrar esos procesos que todavía se perciben como elementos aislados en el capítulo.

Entre los aportes dados para la elaboración del capítulo "Armonía con la naturaleza" estuvieron algunos cuyo papel era facilitar el entendimiento de los avances y retrocesos de la participación civil en materia de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, seguramente por limitación de espacio, en la versión final de ese capítulo solo se incluyeron, y de forma aislada, algunos casos de participación civil analizados por nosotras, omitiendo los planteamientos que los acompañaban referentes a las características necesarias para que la participación en el campo ambiental sea efectiva, sostenible y respetuosa de los individuos. Estos planteamientos los presentamos a continuación como complemento necesario a lo dado a conocer por el Estado de la Nación.La participación debe de ser significativa e involucrar a los sectores con equidad: Para que la participación sea significativa debe estar basada en el acceso a oportunidades, en información y en generación de conocimiento para la toma de decisiones. Si se pretende contribuir efectivamente a los propósitos de la conservación y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, es necesario que las mujeres se conviertan en sujetos activos de sus derechos ambientales, y humanos en general, de modo que se viabilice un desarrollo social y personal con equidad y justicia. Los covirenas (comités de vigilancia de los recursos naturales), organizados por el Ministerio del Ambiente para vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, y que son ya más de 188 en el país, con la participación de 2.450 personas, 400 de ellas mujeres, son expresión del tipo de participación social significativa.

La participación debe de ser informada y deben rescatarse las lecciones aprendidas de los procesos de participación civil en la conservación: El año 2002 fue rico en aportes conceptuales a nivel nacional en función de la discusión de experiencias de participación ciudadana en el tema de conservación. Expresión de esto es una larga lista de publicaciones entre las que destaca Ambien-tico [omitimos el listado].

La participación como un derecho debe ser continua: Una participación reactiva y sin una estrategia clara a seguir puede convertirse fácilmente en activismo y perder su impacto. La participación como proceso que integra diferentes sectores, aun con intereses diversos, asume el reto de democratizar la gestión ambiental. Los procesos que apuntan hacia el diálogo, la apertura para espacios de propuesta, negociación y consenso, se convierten en ejemplos más efectivos y con mayor impacto en el tiempo. Expresión de esto en 2002 fue el Foro Ambiental, que elaboró una Agenda Ambiental

La participación debe ser local (descentralizada): Este tipo de participación se relaciona con una distribución democrática de poderes y competencias para que las decisiones, en cuanto a los aspectos políticos, sociales y administrativos de la gestión ambiental, puedan tener una amplia y efectiva participación local que tome en cuenta las necesidades y los problemas que enfrentan las poblaciones involucradas. Entre otras expresiones de esto, en 2002, estuvieron la lucha comunitaria en defensa de las aguas costeras llevada a cabo por el Comité de Lucha en Defensa de las Aguas Costeras de Santa Cruz (Guanacaste), Comité desde el que 13 comunidades adversan el uso de agua que hace un gran hotel de la zona; y el funcionamiento vigoroso de muchos y muy diversos comités locales y comités regionales en el Área de Conservación La Amistad-Caribe.

La participación debe orientarse a la justicia y a la equidad: En la gestión ambiental se requiere una participación activa, articulada y equitativa, de los distintos sectores de la sociedad civil. Merecen atención especial las garantías de respeto a la contribución de los pueblos indígenas en este tema, según sus formas propias de organización, su identidad cultural y la asociación indisoluble que tienen con sus territorios; también merece atención la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de los elementos de la biodiversidad, tomando en cuenta la consideraciones de género y el acceso a oportunidades. Lo que desde hace unos ocho años sucede en Cerros de Jesús (Guanacaste), donde opera una fundación con ese nombre, ejemplifica una participación del tipo que aquí se reseña.

La participación debe combatir la pobreza: La participación con justicia y la equidad en la distribución de beneficios de la biodiversidad también son requisitos indispensables de políticas que permitan la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del planeta. Desde el punto de vista socio-económico se requiere fortalecer las comunidades para que manejen eficientemente su productividad y la biodiversidad de su entorno, en una relación inteligente con el mercado, conociendo, valorando y cuantificando con métodos sencillos el valor de los recursos naturales. Este tipo de participación es el impulsado eficazmente por el Foro Emaús en el Caribe ante la problemática del cultivo del banano y la problemática ambiental en general.

La participación debe aspirar a la incidencia en políticas, ser vinculante y articulada: La participación debe potenciar a las organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de sus demandas, para influir en sus propias condiciones de vida y lograr el respeto por los derechos ambientales individuales y colectivos. La participación debe proponerse también una gestión ambiental que procure la democratización y la construcción de formas de desarrollo sociales, políticas y ambientales más sostenibles y democráticas. Fecon (Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza), destacadamente entre otras organizaciones, viabiliza este tipo de participación.Se considera que en Costa Rica la sociedad civil ha empezado a interesarse en el ambiente, aunque un movimiento ambiental consolidado y con identidad propia está todavía en proceso de construcción. El movimiento ambiental ha ido acrecentando su protagonismo y se está esforzando por convertirse en un actor nacional con incidencia en las políticas estatales vinculadas con el ambiente. La problemática ambiental genera constantemente nuevos retos, y esto requiere no solo un planteamiento reactivo sino procesos cada vez más claros de planificación, formulación de indicadores y monitoreo de la gestión. Se trata de ir trascendiendo hacia un planteamiento holístico considerando la problemática ambiental, social, económica y cultural del país.

La desarticulación que puede percibirse en el movimiento ambiental es probable que no esté relacionada con su capacidad de generar acciones y reaccionar ante problemas, sino que más bien lo esté con la falta de una visión estratégica de las prioridades ambientales que permita que los resultados obtenidos sean registrados, sistematizados, evaluados y difundidos desde una perspectiva crítica y reflexiva.

La participación de la sociedad civil en materia ambiental no puede verse como un proceso homogéneo y consensuado desde un inicio; al contrario, debe ser asumido como un espacio en donde confluyen intereses diversos y en conflicto. Precisamente eso se convierte en una oportunidad para ir generando formas de negociación y de concertación en materia ambiental entre diferentes actores.

La gestión de las organizaciones ambientalistas puede estar limitada por la dependencia de factores externos, por normativas obsoletas que no responden a los intereses ciudadanos o por procesos que impiden oportunidades reales de participación e incidencia. No obstante, existen experiencias locales de desarrollo y gestión ambiental que brindan aprendizajes y nuevas ideas para estrategias más claras de acción, lo que implica el reto de articularlas con iniciativas a escala nacional para lograr la incidencia en políticas y la construcción paulatina de una gestión ambiental basada en intereses locales y en las aspiraciones de equidad y bienestar humano.