Desarmonía entre indígenas
y áreas protegidas

--Marcial Arias--

Las áreas protegidas siguen estando dominadas por los conceptos y enfoques científicos sobre la naturaleza, que son occidentales. Ello es así porque tales enfoques están estrechamente vinculados con el surgimiento de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales y la Unión Mundial para la Conservación (IUCN), lo cual permitió que se exportara un modelo de conservación al mundo tropical a través del establecimiento de "áreas protegidas". El modelo considera a los seres humanos como amenazas a la naturaleza y trata de excluirlos mediante el establecimiento de grandes áreas bajo control estatal y privado en las que solo se permite el acceso a los y las turistas y a los científicos y científicas. Este modelo de conservación plantea serios problemas a los pueblos indígenas, porque la visión impuesta de la naturaleza no solo se acomoda muy poco con nuestra percepción, como pueblos, de nuestros territorios y de las fuerzas naturales, sino que también nos conduce a un conflicto directo con las agencias estatales, privadas y oenegés ambientalistas y conservacionistas, que tratan de controlar nuestras tierras en nombre de la conservación.

Los parques nacionales y otras áreas protegidas han llevado directamente a graves violaciones de los derechos humanos y a la movilización forzosa de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales. Es común que nuestros métodos tradicionales de manejo y control de tierras y territorios ancestrales se vean alterados por la imposición de reglas y normativas externas, lo que socava la autoridad de nuestros líderes y causa el empobrecimiento y la degradación ambiental. Las mujeres indígenas han sufrido más y muy frecuentemente a causa de la mayoría de estas intervenciones.

Afortunadamente, los conservacionistas no han sido ciegos frente a esos problemas. A partir de mediados de la década de los setenta se realizaron esfuerzos tendientes a reconciliar las intervenciones conservacionistas con el respeto a los intereses de los pueblos indígenas. En 1975, en su 12ª Asamblea General, en Zaire, la UICN aprobó una resolución reconociendo el valor y la importancia de los "estilos tradicionales de vida y las habilidades del pueblo que le permiten vivir en armonía con su ambiente" y recomendando que los gobiernos "mantuvieran y alentaran los estilos tradicionales de vida" e "implementaran medios por los cuales los indígenas puedan incorporar sus tierras en áreas de conservación sin renunciar a sus derechos de propiedad, uso o tenencia". La misma resolución también se mostró contraria al desplazamiento y declaró que "tampoco esas reservas deberían ser proclamadas en ninguna parte sin una adecuada consulta". Esa resolución fue repetida en 1982 en el Congreso Mundial de Parques Nacionales, en Indonesia, afirmando los derechos de las sociedades tradicionales a la "autodeterminación social, económica, cultural y espiritual" y "a participar en las decisiones que afectan a la tierra y a los recursos naturales do los cuales dependen". La resolución aboga además por "la implementación de acuerdos conjuntos de gestión dentro de sociedades que han manejado tradicionalmente los recursos y las autoridades de las áreas protegidas'.

No obstante, en la práctica, los intentos concretos de hacer participar a las comunidades locales en el manejo de áreas protegidas no han sido muy exitosos, a causa de que las acciones han sido iniciadas y dirigidas desde el exterior. Experimentos más recientes de gestión conjunta, que reconocen los derechos indígenas -de propiedad y de control- y que brindan asistencia técnica, han tenido mayor éxito. No obstante, el manejo general de las áreas protegidas tiende a entrar en conflicto con los pueblos indígenas, frecuentemente porque las normativas nacionales elaboradas desde la plataforma de la legislación occidental requieren el desplazamiento de los pueblos indígenas o la extinción de sus derechos.

Durante los últimos tres años, la Alianza Internacional buscó dialogar con las organizaciones conservacionistas tratando de lograr que revisaran sus políticas relativas a los pueblos indígenas y las áreas protegidas, insistiendo en que no estaba negociando los derechos de sus miembros sino solamente explorando formas para definir mejor las obligaciones de las organizaciones conservacionistas que tratan con los pueblos indígenas. Como parte del diálogo, la Alianza elaboró su propia declaración de principios, basada en la Carta de la Alianza, donde aclaró nuestra visión sobre cómo debemos ser tratados por las organizaciones conservacionistas. Las respuestas de éstas fueron diversas: unas expresaron reservas en relación con la insistencia de los pueblos indígenas sobre un enfoque de la conservación basado en sus derechos ancestrales, otras se manifestaron estableciendo una política propia sobre pueblos indígenas y conservación reconociendo explícitamente nuestros derechos a nuestros territorios y a un consentimiento libre e informado.

No obstante, la puesta en práctica de estos principios será un largo proceso. Existen otras presiones -de parte de los estados, las compañías comerciales de ecoturismo, los organismos conservacionistas más conservadores y las agencias internacionales que financian la conservación- que prefieren el viejo modelo de conservación que les otorga poderes ilimitados sobre nuestras tierras.