Áreas silvestres protegidas amenazadas por intereses productivistas

--Rolando Portilla--

Nuestras áreas silvestres protegidas están gravemente amenazadas, en principio por falta de financiamiento apropiado que permita su defensa, consolidación y operación, y en el fondo por falta de conciencia sobre la gran importancia de su conservación y aprovechamiento sostenible. Debemos entender que podemos preservar parte de nuestro territorio, que no debemos intervenir ni explotarlo todo. Hay zonas donde, por el desconocimiento existente, debiera privar el principio precautorio. Así, en parques nacionales y reservas biológicas solo debiera realizarse actividades de educación ambiental, investigación y ecoturismo controlado, y esas áreas debieran ser vistas como un recurso estratégico nacional para la conservación de la biodiversidad, del agua y del suelo, para el desarrollo de un ecoturismo controlado y para el crecimiento integral del ser humano. Nuestros parques nacionales conservan un gran número de las 205 especies de mamíferos, de las 849 de aves, de las 160 de anfibios, de las 218 de reptiles y de las 130 de peces de agua dulce que se han encontrado en el país, y preservan la mayor parte de las aproximadamente 9.000 especies de plantas vasculares que se han identificado, lo que corresponde a casi el 4% del total de especies de plantas que existen en el mundo (Boza 1988: 8). Debe entenderse, por fin, que la preservación constituye un uso apropiado del territorio y un factor de desarrollo -utilizando este concepto en forma amplia e integral. Claro que debemos producir y satisfacer nuestras necesidades básicas, pero podemos hacerlo conservando: estableciendo zonas urbanas, industriales, agrícolas y forestales, al lado de zonas para la preservación -como parques y reservas biológicas- con muy severas limitaciones de las actividades antrópicas. Según la propuesta Grúas, el 12,6% del territorio bajo esas categorías de protección debiera incrementarse a 19,5% para dar mayor viabilidad a la conservación de la biodiversidad en esas áreas (García 1997: 48). En las otras áreas protegidas, que abarcan un 13% del territorio -como reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre-, pueden desarrollarse actividades productivas pero bajo estricto control y sin que se contradigan los objetivos de esas categorías de protección. Esto, sin embargo, no está suficientemente claro a nivel nacional y los abusos en tales áreas son bastante comunes, sobre todo en lo que concierne al cambio de uso del suelo producto de actividades madereras, agropecuarias y turísticas. Dos ejemplos de ello son la Reserva Forestal Golfo Dulce y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Es fundamental, entonces, establecer, en primer término, políticas claras sobre áreas protegidas en el Ministerio del Ambiente (Minae) y en otras instituciones (Instituto Costarricense de Electricidad [Ice], Instituto de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades, etcétera). En el tema energético no ha sido posible hasta ahora, a pesar de que así lo indica la ley, que el Minae y el Ice establezcan como política no desarrollar proyectos de infraestructura energética (hidroeléctricos, geotérmicos, petroleros…) en parques nacionales y reservas biológicas. La visión y voluntad en esas instituciones es otra: priva aún una visión muy desarrollista que apunta a la explotación futura de los parques nacionales con proyectos de desarrollo energético. Es inadmisible que, por ejemplo, en contra de la ley se haya construido una torre de telecomunicaciones dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo. Mientras tanto, el Minae apoya o hace la vista gorda ante esos atropellos.

Producto de la lucha contra el conjunto de proyectos de ley -tendientes a la privatización del Ice-denominado combo del Ice, la sociedad costarricense hizo planteamientos muy importantes sobre áreas protegidas en el campo energético. El proyecto de Ley de Fortalecimiento del Ice propuesto por la representación social en la comisión mixta legislativa del año 2000 indicó que, por su importancia ecológica y social, no se desarrollarían proyectos de desarrollo eléctrico ni de telecomunicaciones en los parques nacionales ni en las reservas biológicas, y que en las otras áreas protegidas los proyectos de desarrollo eléctrico estarían sujetos a estrictas medidas de mitigación y compensación ambiental (planes de manejo de cuencas, determinación de zonas críticas, participación comunitaria, etcétera). Por su parte, el Plan de Acciones Inmediatas (Ice 2000), elaborado luego de un importante consenso tanto externo como dentro del Ice, señaló que "[e]n el caso de parques nacionales y reservas biológicas es necesario que el Ice emita un compromiso institucional en el que se establezca que, por su importancia ecológica y social, no desarrollará proyectos de generación en estas áreas". Además, se ha dado razones de sobra -técnicas, ecológicas, legales y filosóficas- para la no intervención de los parques nacionales (Portilla 2002). Tal vez lo más relevante es que, para el desarrollo energético nacional futuro, no dependemos necesariamente del potencial en las mismas.

Desafortunadamente, todos estos planteamientos y acuerdos han sido desatendidos e irrespetados por el Frente Interno de Trabajadores del Ice (Fit) y por la administración superior de la institución. Lo actuado por éstos representa una grave burla a los sectores sociales que lucharon por la defensa del Ice y del ambiente durante el conflicto del combo. Actualmente, el Fit y la administración superior del Ice impulsan otro proyecto de ley, distinto al formulado por la representación social, que es prácticamente omiso en materia ambiental y que no incorpora los planteamientos establecidos por dicha representación en materia de áreas protegidas.

Es hora de que el Ice y el Minae asuman una política y una voluntad de verdadero respeto hacia las áreas protegidas, en especial de no intervención de nuestros parques nacionales con proyectos de desarrollo energético comercial. No perdemos la esperanza de que por el bien del país se rescaten los acuerdos históricos de la lucha contra el combo en el tema de áreas protegidas y se establezcan como política estatal y como legislación nacional, para saldar así -por lo menos en ese campo- la gran deuda que el Fit y el Ice tienen con los sectores sociales, en especial con el ambientalista.

Recientemente, el Minae ha elaborado un borrador de decreto para otorgar concesiones de servicios no esenciales en áreas protegidas, lo cual debe verse como una privatización solapada de esas áreas, porque con ello se traslada del sector público al privado -aunque se trate de oenegés y fundaciones privadas- la administración de los servicios en las áreas protegidas: estacionamientos, restaurantes, tiendas, rafting, etcétera. Esta apertura puede convertirse en un precedente muy peligroso que podría permitir posteriormente el otorgamiento de concesiones para la administración total de un área protegida, o para realizar turismo a gran escala, o para desarrollar proyectos energéticos o mineros.

En vez de abrirse las áreas protegidas al desarrollo comercial, los recursos generados por ellas debieran exclusivamente reinvertirse en su propia operación. Aquí lo que se está aplicando es la estrategia de desfinanciar las áreas protegidas para justificar su posterior privatización, la misma estrategia usada por los sectores neoliberales, con el combo, para privatizar el Ice. Pero si el estado es eficiente y puede obtener sin aperturas los recursos para administrar un área protegida, ¿por qué privatizar?

Hace falta dinero para consolidar y operar apropiadamente las áreas silvestres protegidas, pero también hace falta conciencia y sensibilidad sobre el verdadero significado e importancia de éstas, sobre el enorme potencial de los ecosistemas que encierran, no tanto económico sino como fuente de crecimiento mental y espiritual de sus visitantes, como fuente de incitación al respeto de las diversas formas de vida y como medio para entrar en contacto y unión con lo esencial en nosotros y en el universo.

Referencias bibliográficas
Boza, Mario. 1988. Parques Nacionales de Costa Rica. Editorial Heliconia. San José.
García, Randall. 1997. Biología de la conservación y áreas silvestres protegidas: situación actual y perspectivas en Costa Rica. Inbio. Costa Rica.
Ice. 2000. Plan de contingencia. Informe final. Comisión Coordinadora del Área Eléctrica - Ice. San José.
Portilla, Rolando. 2002. Parques nacionales y reservas biológicas: razones para mantenerlos como zonas de conservación inalterada. San José.