Debiéramos comprometernos ambientalmente más en TLC

-- Ana Lorena Guevara--

El problema ambiental es complejo y permanente: no obedece a una situación temporal provocada por un fenómeno económico dado. La contaminación y escasez del agua, la contaminación producto de la emisión de gases provenientes de diversas industrias, el manejo y trasiego de desechos sólidos y sustancias peligrosas, la desertificación y la degradación del suelo, el uso irracional de los recursos naturales y los efectos colaterales que se generan producto de estas actividades, son algunas de las características que describen la magnitud del problema.

A pesar de la importancia del tema y de que existen casi 200 acuerdos multilaterales ambientales firmados, muchos países, principalmente los del Sur, que poseen gran riqueza natural y que han iniciado importantes esfuerzos de conservación, se oponen a incluir el tema ambiental en las agendas de comercio. Esto por la posibilidad de que los países industrializados, con altos estándares ambientales y con capacidad técnica y financiera para implementarlos, impongan sanciones comerciales por la no aplicación de dichos estándares.

Diversas posiciones se han expresado en torno a la relación entre comercio y ambiente. Desde la perspectiva de los que defienden la apertura comercial y la globalización, las medidas o normas que se establezcan para proteger el ambiente podrían llegar a convertirse en barreras para el libre comercio. Para otros, con posiciones menos radicales, el libre comercio permite mejorar el nivel económico de las industrias y del país, lo que conlleva mayor eficiencia en el uso de los recursos, menor producción de desechos e implementación de tecnologías limpias de producción. Desde la perspectiva de los ambientalistas, con la apertura los gobiernos buscan no solo incrementar la productividad y competitividad de sus industrias, sino además atraer inversión extranjera directa. En este caso, la necesidad de generar riqueza podría incitar a una política de reducción de normas y controles a todo nivel, incluidas las relativas a la protección del ambiente, poniendo a éste en peligro.

El problema radica en que el comercio involucra producción y consumo y la forma en que lo venimos haciendo pone en peligro nuestros recursos naturales. En la medida en que se abren las fronteras, el país se ve en la necesidad de mejorar su competitividad, para lo cual requiere producir más, con calidad, procurando un mayor valor agregado a sus productos y el desarrollo de innovaciones que le permitan oportunidades de diferenciación en los mercados. Esto sin duda ejerce presión sobre los recursos naturales y sobre la calidad del ambiente. El reto está en producir más provocando la mínima afectación al ambiente, en función de lo cual se habla de desarrollo sostenible y de establecer un equilibrio entre las medidas comerciales y las medidas ambientales.

En el caso de la negociación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-EU el tema ambiental tiene su base en acuerdos suscritos recientemente, en particular los establecidos entre Chile y Estados Unidos y entre Costa Rica y Canadá. Aunque ambos tienen puntos en común, el tema en disputa es la inclusión o no de sanciones o multas por incumplimiento en la aplicación de la normativa ambiental por cualquiera de las partes. El Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Costa Rica y Canadá no es punitivo y da énfasis al aspecto estratégico de fortalecimiento de la legislación y la normativa para la protección ambiental. Sin embargo, sería mucho más valioso si hubiese incluido temas más puntuales relacionados, por ejemplo, con la capacitación y la promoción del uso de tecnologías limpias por parte de las industrias, el manejo adecuado de desechos o el establecimiento de un plan nacional de educación tendente a concienciar sobre la importancia, no solo de la conservación, sino de la protección ambiental. Por otra parte, ese Acuerdo es claro en reafirmar la soberanía de las partes sobre la forma de explotar sus recursos y proteger su ambiente, pero es débil en cuanto a los mecanismos de verificación para que la normativa y la legislación en esta materia se cumplan.

Es importante recordar que cuando se habla de ambiente los alcances o implicaciones de lo que se haga o deje de hacerse tiene un efecto planetario. De ahí el interés del país vecino, la región y el mundo por que se reduzcan los impactos negativos. Sin embargo, ello no parece lograrse con solo dejar a criterio de un país y a merced de su buena fe la aplicación de políticas ambientales y de desarrollo, que de no ser juzgadas por un tercero podrían no implementarse, implementarse parcialmente o ser tan débiles que no llegaran a asegurar una apropiada protección del ambiente del país y del de los otros países.

De conformidad con lo informado por el Ministerio de Comercio Exterior, la posición costarricense en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es la de promover el derecho soberano de los países de determinar y establecer sus propias políticas y prioridades ambientales, así como de garantizar que no se disminuyan los estándares de protección al ambiente promoviendo para ello niveles óptimos. Además, en lo que respecta a multas o sanciones por incumplimiento en la aplicación de medidas de protección, el país sugiere que no se incluyan en el acuerdo y que en su lugar se establezca una agenda de cooperación. La posición del país es razonable dadas las asimetrías con EU y la imperiosa necesidad de apoyar al sector productivo nacional, evitando imponer más costos en la cadena de producción y menos impedimentos a las exportaciones. Pero también es cierto que, aunque Costa Rica se declara nación plenamente comprometida con la promoción ambiental y el desarrollo sostenible, los esfuerzos hechos hasta ahora no son suficientes. Todos sabemos que existen serios problemas en la atención de la agenda verde y más aun en la atención de los problemas de contaminación, manejo de desechos, producción orgánica y uso de tecnologías limpias -entre otros. De ahí que la negociación de dicho Tratado debiera aprovecharse para establecer y desarrollar una verdadera agenda de cooperación, más allá de los aspectos legales y normativos.

Al igual que se ha hecho en otros campos, como el de la producción y exportación de productos agropecuarios con altos estándares de calidad, Costa Rica debe y puede, si se lo propone, llegar a establecer los más altos estándares ambientales. El compromiso debe asumirse y establecerse un plazo para cumplir con metas medibles y verificables por el estado. La agenda de cooperación establecida con Chile parece ser un buen ejemplo a seguir, ya que plantea problemas puntuales a resolver como -entre otros- el de establecimiento de un registro de emisión y transferencia de contaminantes, el de desarrollo de un programa de capacitación para los agricultores para el mejoramiento de las prácticas agrícolas, el de mejoramiento del cumplimiento y la fiscalización ambiental, el de reducción de emisiones de bromuro de metilo… ¿Por qué no comprometernos nosotros ahora con la protección del ambiente global?