Alianzas privatizadoras del agua

--Osvaldo Durán--

La privatización del agua es un conjunto de acciones encaminadas a permitir que los servicios de agua y también las fuentes (nacientes y áreas de recarga), sistemas de abastecimiento -como acueductos, plantas de almacenamiento, tratamiento y distribución- sean controladas por empresas cuya finalidad es su ganancia particular. La privatización parte de la conversión del agua en una simple mercancía para el lucro privado, lo que es contradictorio con la concepción del agua como derecho humano inalienable y con el principio de solidaridad en la distribución y el acceso equitativo de todas las personas a precio justo -es decir, que cada tipo de consumidor pague por su consumo real. Los intentos de privatización en distintas partes del mundo son apoyados por gobiernos, empresas privadas nacionales y transnacionales, algunos organismos financieros internacionales e, inclusive, organismos no gubernamentales o civiles financiados por empresas privadas e instituciones financieras internacionales -como el Banco Mundial (BM).

En muchos países de América Latina el agua ha sido ya privatizada y es la población más pobre la que está soportando los efectos más negativos por la vía de aumentos de precios, mala calidad y, finalmente, exclusión del servicio. En prácticamente todos los países, grupos privados locales y extranjeros están presionando por eliminar o limitar la participación estatal y de la población organizada en el control de los servicios de agua, para apropiárselos. En la mayoría de los casos, para justificar los procesos de privatización se comienza argumentando sobre la ingobernabilidad del agua, con lo cual se promueve el desprestigio de las instituciones estatales y sociales comunitarias administradoras del recurso, y se exalta sus limitaciones -de por sí existentes. Para los interesados en la privatización no se trata de subsanar debilidades y fortalecer la acción social pública y participativa, sino de eliminarla y allanar el camino a las empresas privadas.

Dado su peso económico global, Estados Unidos es el país con mayor interés en promover la apertura a las inversiones en el negocio del agua, para crear espacio a sus transnacionales y lograr el control directo de recursos en todo el planeta. Según la Red de Ciudadanos sobre Servicios Esenciales (2002), tanto los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio como los gatt constituyen amenazas directas contra los servicios públicos esenciales en todo el mundo agua.

La desestatización es consustancial a las privatizaciones y se impulsa como política oficial desde finales de los años setenta. Todos los programas de ajuste definidos por organismos como el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido agresivos en cuanto a limitar todas las funciones del estado y traspasar a empresas privadas los servicios con posibilidades de generar altas ganancias. La meta es elevar la concentración de la riqueza a escala nacional e internacional. Los tratados de libre comercio siguen la misma dirección.

Los dos casos más agresivos en cuando a privatizaciones fueron Inglaterra, en la época Thatcher, y Argentina, cuya subasta terminó de consumar el gobierno de Ménem. En este último país los privados llegaron a controlar cerca del 80% del producto interno bruto y el resultado social de la privatización fue un total fracaso, como ha sido ampliamente demostrado. El caso argentino ilustra adecuadamente el tipo de acuerdo para la privatización que se teje entre un gobierno local, una transnacional y una institución financiera internacional como el BM. Sobre este aspecto, Barlow (2001) indica que "los proyectos de privatización del agua bajo los auspicios del BM fomentan la creación de monopolios y protegen la corrupción rampante y la extorsión, y a menudo se negocian en el mayor de los secretos. Los acuerdos se consideran propiedad intelectual y el público permanece ajeno a sus modalidades. La confabulación con dictadores como Suharto en Indonesia es muy frecuente. El Banco suele invertir la parte del león de la inversión mientras que la empresa se lleva los beneficios. La Suez prometió invertir $1.000 millones para privatizar el sistema de agua de Buenos Aires, pero terminó invirtiendo únicamente 30 millones; el resto provino de una agencia del BM".

En préstamos para recurso hídrico, las instituciones financieras internacionales establecieron como condición la privatización. Tal imposición se ha hecho efectiva a través de los préstamos de ajuste estructural, y el BM en ocasiones solo presta dinero a través de su Corporación Financiera Internacional, creada exclusivamente para préstamos privados. La misma práctica realiza el Banco Interamericano de Desarrollo. Las políticas de tales instituciones son contradictorias con convenios internacionales de los que ellas son signatarias y, según Hall y Lovina (2001), contradicen, por ejemplo, los acuerdos de la Conferencia de Bonn sobre el Agua -celebrada en 2001-, que establece que ningún donante debe imponer la privatización como condición de financiamiento. El caso de Brasil, donde el 25% de la población carece de agua potable, es elocuente en cuanto a las presiones para la privatización del recurso hídrico por parte de dichas instituciones -particularmente del FMI. En 1999 (Rochefort 2001), el gobierno adquirió con el FMI el compromiso de "vender las compañías estatales y servicios municipales de agua y saneamiento", lo cual resulta absolutamente inseguro no solo por las experiencias vividas en Brasil, sino también a la luz de otros casos como el chileno, donde la privatización de los servicios de agua y saneamiento solo benefició a reducidos grupos de empresarios y creó una situación de caos, ya que cerca del 20% de la población no puede pagar por estos servicios.

La política privatizadora del agua está siendo reforzada directamente por los tratados de libre comercio que los países del norte impulsan como mecanismo actual de control sobre el Tercer Mundo. Según estudios realizados en Canadá, "las opiniones legales señalan que bajo el Tratado de Libre Comercio de las Américas cualquier esfuerzo gubernamental para aplicar medidas ambientales y de salud, incluyendo los estándares para el agua potable y las mejoras ordenadas por las oficinas locales de salud pública, podrían ser comprometidas" [el capítulo 11 permite a empresas cuestionar cualquier disposición, reglamento o ley nacional, si consideran que daña sus intereses] (Canadian Union 2002).

Global Water Partnership (GWP) es una de las entidades civiles transnacionales más agresivas en la tarea de preparar el camino de las privatizaciones. Trátase de un organismo de consultores contratados y pagados desde afuera, carente de toda base social -por su origen no intenta organizar comunidades ni potenciar la organización social. Su relación con las sociedades civiles consiste en presentarse como organismo técnico especializado en el tema del agua. Su labor de cabildeo abarca va desde el estado -a través de instituciones y ministerios- hasta otras organizaciones civiles con las que intenta establecer relaciones -sea de acción o por la vía del pago de servicios profesionales. Como explica Barlow (2001), "en 1996 se asistió a la creación de un nuevo organismo internacional del agua, que se componía más o menos de los mismos actores. El GWP se describe a sí mismo como una red encaminada a la acción de organismos interesados en cuestiones relativas al agua y cuya misión consiste en encontrar las herramientas necesarias en la práctica para resolver los problemas del agua, sobre todo en los países del Tercer Mundo. Entre sus afiliados figuran numerosas oenegés, organizaciones gubernamentales -como la Agencia de Desarrollo Internacional del Canadá, cuya ex-presidenta Margaret Catley-Carlson acaba de ser nombrada presidenta del GWP-, bancos multilaterales y el sector privado. René Coulomb, de la Suez Lyonnaise des Eaux, forma parte del consejo de administración, en el que también figuran representantes del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con sede en Suiza, y del BM. Otro representante de la Suez Lyonnaise des Eaux, Ivan Cheret, forma parte del Comité Consultivo Técnico de GWP ... La organización tiene por principio que el agua es una mercancía económica que tiene un valor económico en todos sus usos competitivos, y sirve para asentar las bases de la prioridad que concede GWP a la privatización de los servicios de abastecimiento de este recurso".

Con la misma claridad, Hans Engelberts, secretario general de la Internacional de Servicios Públicos (3.000.000 de afiliados en todo el mundo) ha explicado: "Los responsables de decisiones están actualmente sometidos a una creciente presión para que dejen la explotación del agua en manos del sector privado, generalmente por concesión o contrato administrativo. La división de agua del BM, las empresas transnacionales que operan en ese sector y los organismos como GWP, han argumentado que la solución de los problemas del agua es siempre el sector privado, trátese de la privatización, de la cooperación público-privado o de la participación del sector privado. Tal doctrina es prácticamente obligatoria para todos los países en desarrollo. Tanto el BM como el FMI imponen la privatización de alguna forma, como condición para financiar el agua y los servicios sanitarios. Esas instituciones afirman, en palabras de Thatcher, que no hay alternativa" (Internacional de Servicios 2001).

En documentos del World Water Council se reconoce que GWP fue creada en 1996 por el BM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia para promover e implementar la administración integral y sustentable del agua". En esta misma dirección de presentarse como un organismo técnico lejano a los intereses de la privatización, en publicaciones nacionales (GWP 2002) GWP se define como una entidad "para ayudar a los países a convertir en acciones concretas las propuestas de la gestión integrada de recursos hídricos". Desde Costa Rica, GWP opera para toda Centroamérica y está intentando, con beligerancia, ser parte de la discusión sobre recurso hídrico. Si tomamos como punto de partida el origen y la conformación de la dirección de la entidad, GWP sería un ente civil estructuralmente ligado a las distintas iniciativas de privatización, paquete que incluye instituciones financieras internacionales, como BM y FMI, y compañías transnacionales que presionan a gobiernos en todo el mundo para la privatización del agua. Aunque los representantes de GWP en Centroamérica puedan exponer una proclama anti-privatizadora, lo cierto es que esta entidad ha sido pluralmente definida como un ente promotor de la privatización, siendo ahora su objetivo visible el convertirse en interlocutor autorizado y aceptado en la región.

Referencias bibliográficas
Barlow, Maude. 2001. El Oro Azul. La crisis mundial del agua y la reificación de los recursos hídricos del planeta. Council of Canadians. Canadá.
Canadian Union of Public Empleyees. 2002. Suez and Vivendi in Canada. Public Works. Canadá.
Global Water Partnership. 2002. Entre Aguas. GWP-Centroamérica.
Hall, David y Emanuelle Lobina. 2002. La privatización del agua en América latina. Unidad de investigaciones de la Universidad de Greenwich. London.
Internacional de Servicios Públicos. Junio 2001. Francia.
Red de Ciudadanos sobre Servicios Esenciales. 2002. Enfrentando la agenda de privatización. USA.
Rochefort, Theo. "Gobierno propone cambios para el saneamiento ambiental", en Revista Cuatrimestral de Saneamiento Ambiental. Edición especial, 20, 2001. Porto Alegre.