Resumen del capítulo "Armonía con la naturaleza"
del octavo informe (2002) del Estado de la Nación

La aspiración de un desarrollo en armonía con la naturaleza se ha venido considerando en las últimas ediciones de este Informe en torno a tres ejes conceptuales: gestión del patrimonio, gestión del cambio y gestión del riesgo.

Lo medular del patrimonio natural de Costa Rica está dentro de las áreas silvestres protegidas, directamente a cargo del estado, y que comprenden parques nacionales, reservas biológicas, monumentos naturales y reservas naturales absolutas, entre otras modalidades de protección. Esas áreas, junto con otras de propiedad mixta, como los refugios de vida silvestre, representan un 25,6% del territorio nacional. Sin embargo, solo un 12,6% del territorio está en parques y reservas, que son los regímenes de protección más completos, cuando la meta es el 19,5%. Por otra parte, el 11% de los terrenos de parques nacionales, y el 45% de los de reservas biológicas, monumentos nacionales y reservas naturales absolutas, permanecen bajo propiedad privada, ya que el estado no ha cancelado los $54.700.000 que adeuda a sus propietarios.

Los informes sobre el Estado de la Nación han señalado en forma reiterada las carencias de información en este campo, y específicamente en lo relativo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). En 2001, con más información disponible, se pudo constatar problemas en la gestión del Sinac que no se han resuelto, en gran medida por deficiencias de planificación y falta de recursos materiales y humanos. No obstante, hay ejemplos de gestión exitosa, en particular con la participación del sector privado nacional e internacional, en el Área de Conservación Guanacaste y en la Cordillera Volcánica Central, dos casos que se documentan en el capítulo 4. A ello hay que agregar la existencia de numerosas reservas privadas, que se han venido a sumar a las que por muchos años han administrado la Organización de Estudios Tropicales y el Centro Científico Tropical, entre otros. La Red Costarricense de Reservas Privadas, en la que participan 102 propietarios, abarca el 1,1% del territorio nacional, en tanto que el 65% de los refugios de vida silvestre comprende tierras privadas. En suma, se estima que entre el 5% y el 8% del territorio nacional está bajo protección privada. La dificultad de calcular la cobertura exacta se debe a que algunas tierras se encuentran al mismo tiempo dentro de diversos regímenes de protección y administración.

Esa vasta extensión territorial no garantiza, sin embargo, el logro de una de las metas centrales de la conservación: la supervivencia de especies amenazadas. Los grandes felinos como el jaguar, numerosas especies de anfibios y algunas aves como la lapa verde, se encuentran al borde de la extinción en Costa Rica. De allí la importancia de que existan zonas de amortiguación y corredores biológicos más allá de las áreas protegidas, donde esas especies puedan encontrar el abrigo y el alimento que necesitan. Un caso ilustrativo es el de la lapa verde, que está a punto de extinguirse debido a la extracción selectiva, en tierras agrícolas y ganaderas, del almendro de montaña, árbol en el que anida. Cabe señalar, como nota positiva, que en 2001 se actualizó la Propuesta Nacional de Corredores Biológicos y se duplicó el número de proyectos financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco del Corredor Biológico Mesoamericano.
Las actitudes y la conducta de los costarricenses en materia ambiental son interesantes y a veces contradictorias. Una encuesta de la Universidad Nacional identificó cinco actitudes predominantes hacia la fauna y las denominó: inquisitiva, sentimental, esquemática, materialista y sentenciosa. La población mas educada se caracteriza por las acritudes inquisitiva y sentenciosa; sin embargo, en ese grupo es frecuente la tenencia de animales silvestres en cautiverio en los hogares.
En. otro orden, las y tos costarricenses de hoy generan el doble de la basura que hace veinte años, y no siempre disponen de ella adecuadamente: se han identificado más de 200 botaderos de basura solamente en la Gam. Y algo aun más grave: de las 3.500 industrias establecidas en las cuencas que desembocan en el Golfo de Nicoya, solo el 5% tiene plantas de tratamiento de aguas.

El eje conceptual de gestión del cambio tiene que ver con la forma en que se administran las demandas de la sociedad sobre el ambiente. Uno de los recursos más presionados tradicionalmente ha sido el bosque, sobre todo para la extracción de madera. Sin embargo, tal como se ha venido señalando en informes anteriores, esa presión tiende a disminuir como resultado del desarrollo de una industria forestal y maderera sostenible, y también gracias a la conversión de potreros y charrales en bosques secundarios. La cobertura forestal del país se acerca al 50% del territorio, si bien existen todavía zonas muy amenazadas. Ahora preocupa la deforestación "críptica" en tierras agrícolas o ganaderas, como en el caso ya mencionado del almendro de montaña. Se ha detectado que la tala ilegal, que se estima en cerca del 33% del total, tiene lugar principalmente en fincas. Para un mejor desarrollo del sector forestal hay que mejorar la inserción de las organizaciones forestales campesinas en el negocio maderero y, muy en especial, consolidar el sistema de pago por servicios ambientales. Este presenta desafíos complejos, por cuanto comporta compromisos económicos cuantiosos y de largo plazo. Posiblemente solo será sostenible si se logra la participación de más actores públicos y privados, mediante la incorporación del costo ambiental en los precios de bienes y servicios, y si se consolida el mercado internacional de fijación de carbono.

Los recursos del mar patrimonial costarricense están fuertemente presionados. Se encuentran sobre todo en la costa del Pacífico, donde la pesca artesanal y costera ha sufrido drásticas disminuciones en sus capturas, como resultado de la sobrepesca, el efecto de arrastre de los barcos camaroneros y la contaminación, especialmente del Golfo de Nicoya. Esto se combina con un creciente número de pescadores artesanales; la falta de otras opciones de trabajo en los cantones costeros da lugar a una actividad económica de difícil subsistencia. En cambio, las capturas del sector palangrero, que opera en mar abierto, han sido crecientes en los últimos diez años. Con predominio de especies como el dorado, el tiburón y los peces 'picudos como el marlin, el vela y el espada. Preocupa especialmente el impacto ambiental de la captura incidental de especies como las tortugas marinas, y los altos volúmenes de fauna de acompañamiento del camarón que
capturan los barcos arrastreros. Urge la aprobación de una nueva Ley de Pesca, que sustituya a la obsoleta Ley 190, de 1948, todavía vigente.

En 2001, dos episodios de intoxicación masiva en la Gam, debidos a contaminación de fuentes de agua superficiales, llamaron la atención del país sobre la crítica situación del recurso hídrico y colocaron el tema en un lugar prioritario de la agenda ambiental. Las principales preocupaciones ciudadanas se concentraron en la vulnerabilidad de los recursos hídricos y la calidad del agua. La ausencia de medidas de protección de fuentes y zonas de captación estratégica y de control y reducción de la contaminación se ha transformado en un riesgo silencioso pero inminente de escasez de agua de calidad, degradación ambiental y problemas de salud pública.

La contaminación de las fuentes superficiales es solamente la punta del témpano. El mayor problema del agua en Costa Rica está bajo tierra. Más del 60% del agua para consumo humano y más del 36% de la de uso industrial se obtiene de fuentes subterráneas. Según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el consumo de agua en la Gam se duplicó en cuatro años. Allí existen cerca de 5.000 pozos registrados y un número indeterminado de pozos ilegales; no se sabe a ciencia cierta cuánta agua se extrae de ellos. El estado de los acuíferos se desconoce en gran medida. Los más estudiados son los del Valle Central: los acuíferos Barva y Colima, y sin embargo la información sobre ellos es todavía insuficiente. No obstante, se han comenzado a detectar niveles altos de nitratos en aguas del acuífero Barva, y se presume una condición de vulnerabilidad del Colima Superior. Ello se debe principalmente a la falta de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas negras en la Gam.

El uso generalizado de tanques sépticos (68,5%) sin plantas de tratamiento y el vertido sin tratar de aguas residuales a los cauces, termina por producir en el largo plazo contaminación por nitratos en los mantos acuíferos. En el río Virilla se vierten diariamente cerca de 250.000 m3 de aguas residuales sin tratamiento. Durante el año 2001, el AyA, junto con otros actores, inició la gestión formal para la rehabilitación del alcantarillado sanitario y las plantas de tratamiento, mediante la formulación del proyecto de concesión del alcantarillado sanitario metropolitano. Este tipo de infraestructura, con la que se pretende cubrir el 95% de la población metropolitana, no ha sido objeto de inversión en las últimas décadas, lo que ha provocado un rezago significativo. El costo de esta obra se estima en $300.000.000.

Pero no solamente la contaminación de los acuíferos y la desprotección de las fuentes superficiales ponen en riesgo a la población, también lo hacen las malas condiciones de muchos acueductos. Casi el 25% de la población nacional no recibe a domicilio agua de calidad potable, y numerosos acueductos se encuentran deteriorados o carecen del mantenimiento necesario.

La respuesta institucional a los problemas del agua ha sido lenta, débil y dispersa, como es disperso el sistema institucional y jurídico que regula al recurso hídrico. No obstante, en 2001 se presentaron señales esperanzadoras, como la formulación del ya mencionado proyecto de concesión del alcantarillado metropolitano, la presentación de tres proyectos de ley en materia de recursos hídricos que se encuentran en la Comisión de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa y el inicio de un diagnóstico integral sobre la situación del sector, coordinado por AyA y la Organización Panamericana de la Salud, del cual se espera tener un conocimiento más preciso respecto de las medidas e inversiones más urgentes que se requiere.

Entre las iniciativas por atender la problemática del agua sobresalen en el 2001, entre otras, el esfuerzo institucional hecho por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con el programa Plama-Virilla, que ha logrado progresos visibles en coordinación con municipalidades de varios cantones de la cuenca de ese río y el programa Bandera Azul Ecológica, que ha evaluado las condiciones sanitarias y fuentes de contaminación en más de 78 playas del país El Plan Nacional de Desarrollo Urbano, elaborado en 2001, también puede contribuir significativamente a proteger el recurso hídrico en el futuro.
La concentración del 70% del parque automotor y el 85% de las industrias del país en la Gam es un factor que afecta la calidad del aire que respiran las y los habitantes de esta región. Si bien con la eliminación del plomo en la gasolina, en 1996, se logró reducir a límites aceptables una de las formas más peligrosas de contaminación, mediciones recientes del Laboratorio de Química de la Atmósfera, de la Universidad Nacional, indican que sigue existiendo una elevada presencia de partículas en suspensión en el aire de la Gam. Alarma el hecho de que entre las zonas de concentración más altas figure el Paseo Colón, especialmente en las inmediaciones de los hospitales Nacional de Niños y San Juan de Dios. Se espera que una revisión técnica más rigurosa del parque automotor contribuya a disminuir esos niveles.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son los principales riesgos que enfrenta regularmente Costa Rica en lo que concierne a desastres. Ello se explica solo en parte por el intenso régimen de lluvias que tiene el país. De hecho, el 72% de las inundaciones y el 74% de los deslizamientos registrados en el año 2001 no tuvieron relación con eventos hidrometeorológicos extremos. El 23% de las inundaciones se relacionó con problemas en el alcantarillado pluvial urbano o con estrangulamientos de quebradas debido a movimientos de tierra o acumulación de basura. Frente a esta situación, la respuesta institucional en materia de gestión del riesgo sigue avanzando, gracias a la interconexión y la suma de esfuerzos municipales y locales, bajo la coordinación de las instancias
nacionales.

Un hito ambiental importante que se dio en 2001 fue el rechazo de las autoridades nacionales, bajo considerable presión de organizaciones de la sociedad civil, al proyecto de exploración petrolera en la costa atlántica. En el ámbito de la participación, también fue importante la creación de un Foro Ambiental que se propone plantear una agenda nacional concertada, bajo el patrocinio de la Fundación CR-USA.