La di-gestión del patrimonio: cuestión de enfoques

--Gustavo Induni--

El VIII informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible dedica un total de 53 páginas al capítulo "Armonía con la naturaleza", de las que menos de 15 están destinadas al apartado "Gestión del patrimonio", el cual constituye el objeto de las consideraciones siguientes. Para empezar, cabe preguntarnos cuál es la mejor manera de digerir un informe que, desde la óptica de quien lee su capítulo IV, resulta tener una visión circunscrita al registro de algunos de los acontecimientos que ocurren durante un año en particular, sin una conexión lo suficientemente explícita con la información recabada en años previos. Esto supone que el análisis detenido de las tendencias pasa a segundo plano, cediendo su lugar a la descripción enumerativa, casi anecdótica, de datos y circunstancias relacionados con el quehacer ambiental.

Ante este contingente de información un tanto fragmentaria y, en algunos casos, incompleta y fundamentada en comunicaciones personales, apreciaciones y puntos de vista de entrevistados, resulta inevitable echar de menos un enfoque alternativo. Porque el Estado de la Nación, con todos sus muchos méritos, se muestra ayuno de indicadores consistentes para el tema que nos ocupa y, lejos de recabar la información ex profeso a partir de un conjunto predeterminado de indicadores robustos y versátiles, pareciera incorporar en sus páginas una colección de recortes procedentes de cuanta información aparezca y esté circunstancialmente disponible. Es decir, nos toca digerir un documento salpicado de datos interesantes, pero sin una estructura prediseñada que sintetice, en unos cuantos indicadores, la información más relevante para ponderar las tendencias y estimar el grado de avance en relación con el período anterior. Por ejemplo: ¿serán indicadores adecuados y suficientes, con miras a evaluar la gestión del patrimonio, la superficie cubierta por cada una de las categorías de manejo de áreas protegidas y la variación anual en la visitación que reciben dichas áreas (cf. cuadro 4.2)? Ciertamente, se asemeja más a una instantánea que a una película sobre nuestra realidad.

Quisiéramos ahora referirnos a tres aspectos centrales en el debate sobre las áreas protegidas y la sociedad, que de alguna manera son abordados en el informe de marras. Primero, salvar el patrimonio natural de una nación no es ni remotamente una responsabilidad exclusiva de su sistema nacional de áreas silvestres protegidas, puesto que semejante empresa comporta la necesidad de un enfoque integrado en los niveles local, regional, nacional e internacional, que concilie el desarrollo con la conservación, dado que las causas primarias para la pérdida de la biodiversidad deben buscarse fuera de las áreas protegidas, asociadas a la incapacidad del actual modelo de desarrollo para solucionar los problemas de la pobreza y de la inequidad, del acelerado incremento demográfico y de la subvaloración de que han sido objeto los recursos naturales históricamente (Stedman-Edwards 1998). Así, pues, la lenta materialización de la propuesta conocida como Gruas (García 1996), "que busca proteger un 19,5% del territorio nacional a través de parques nacionales y reservas biológicas", según lo refiere el Estado de la Nación, no debiera ser motivo de asombro si reconocemos la magnitud del proyecto que representa indemnizar a los propietarios de las 643.381 hectáreas actualmente declaradas como parques nacionales, reservas biológicas y monumentos nacionales, de las cuales un 88% ya ha sido adquirido gracias al esfuerzo en pleno de la sociedad costarricense (Sinac-Minae 2003). Todo lo cual se pondría fácilmente en perspectiva si el Estado de la Nación realizara una sencilla comparación con el resto de los países del área.

En segundo lugar, el tema de las extinciones debiera ser considerado detenidamente a la luz de lo que sabemos: las extinciones siempre han existido y siempre existirán por cuanto son uno de los motores de la evolución orgánica. La cuestión entonces tiene que centrarse en determinar si la pérdida de especies y otros grupos taxonómicos mayores es producto de variables que podríamos controlar o si se trata de eventos inevitables. Basta revisar los doce principios del enfoque ecosistémico adoptados por la quinta conferencia del Convenio sobre Diversidad Biológica -CDB- (Pnuma 2000) para darse cuenta de que el marco en ellos propuesto reconoce que el cambio es inevitable y que, por lo tanto, la respuesta está en adoptar un enfoque adaptativo en la gestión ambiental. Y es aquí justamente donde interviene el estudio de la salud de los ecosistemas, como un medio indispensable para aprender haciendo. Concordamos con el Estado de la Nación en que ésta es una de las tareas más urgentes para procurar una gestión responsable del patrimonio natural, al igual que lo es la necesidad de trascender de una vez por todas el viejo paradigma del laisser faire, entendiendo que la naturaleza algunas veces requiere nuestra ayuda mediante el manejo activo (i.e. interventivo) de sus recursos para garantizar la provisión futura de bienes y servicios ambientales, particularmente en los casos que ameriten restauración ecológica o control de especies exóticas invasoras.

El tercer aspecto es la utilización que hace el Estado de la Nación de los resultados obtenidos por Arguedas (2002) en su evaluación rápida de 19 áreas silvestres protegidas como parte de los esfuerzos que alimentaron la primera fase del Foro Ambiental Nacional. Se señala, por ejemplo, que "solo el 44% de las áreas estudiadas tiene un administrador a tiempo completo sin ningún recargo, el 39% lo tiene pero con recargo de otras funciones ... y el resto de las áreas (17%) son administradas desde las oficinas subregionales"; omitiéndose mencionar las recomendaciones que el mismo Arguedas plantea, entre las que está la aplicación de un sistema de jerarquías para el manejo, donde existan áreas protegidas "con un administrador a tiempo completo y personal a su cargo" y otras con la administración "como recargo del jefe subregional u otro funcionario que él designe". Es evidente que sin una priorización sería imposible hacerle frente a la administración de las 155 áreas protegidas del país con poco menos de 400 guardaparques; es clara la urgencia de contar con un plan director nacional para su manejo. Éste, que ha sido identificado como necesidad apremiante desde los ochenta (Morales y Cifuentes 1989) y a lo largo del último lustro (v.g. Morales y Bermúdez 2002, Sinac-Minae 2002), está ahora en proceso de diseño, el cual debiera ser muy participativo: la participación pública es una de las fronteras que deben ser alcanzadas para redimensionar el papel de las áreas protegidas dentro de la sociedad.

Finalmente, estimamos necesario apuntar que el fideicomiso para las áreas protegidas creado por la Ley de Biodiversidad aún no está funcionando, por diversos motivos, al contrario de lo que sugiere erróneamente el Estado de la Nación (cf. p. 202), adjudicándole a quien escribe estas líneas dicha afirmación. De hecho, actualmente se realizan distintas gestiones en procura de establecer esta figura para la administración de los fondos que financian la operación de las áreas protegidas.

Referencias bibliográficas
Arguedas, Stanley. "Estudio rápido de manejo para una muestra de 19 áreas protegidas gerencialmente fuertes de Costa Rica", en Ugalde, Álvaro. 2002. Hacia una agenda ambiental para el desarrollo: un reto nacional. CR-USA. San José.
García, Randall. 1996. Propuesta Técnica de Ordenamiento Territorial con Fines de Conservación de Biodiversidad en Costa Rica: Proyecto Gruas. Minae-Sinac. San José.
Morales, Róger y Fernando Bermúdez. "Estrategia para el fortalecimiento del sistema nacional de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica - Sinasip", en Ugalde, Álvaro. 2002. Hacia una agenda ambiental para el desarrollo: un reto nacional. CR-USA. San José.
Morales, Róger y Miguel Cifuentes. 1989. Sistema Regional de Áreas Silvestres Protegidas en América Central: Plan de Acción 1989-2000. Catie. Costa Rica.
Pnuma. 2000. De la Política a la Ejecución: Decisiones de la Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Pnuma. Nairobi.
Sinac-Minae. 2002. Agenda para las Áreas Silvestres Protegidas Administradas por el Sinac. Sinac-Minae. San José.
Sinac-Minae. 2003. Informe Nacional sobre el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas. Sinac-Minae. San José.
Stedman-Edwards, Pamela. 1998. Root Causes of Biodiversity Loss: An Analytical Approach. WWF.