Agenda y perspectivas del ambientalismo tico

--Álvaro Fernández--

El movimiento ambientalista costarricense ha avanzado durante los últimos cuarenta años en la consolida-ción de una agenda verde -relacionada con el ambiente natural y la conservación de la biodiversidad-, aunque ésta se encuentre todavía, como veremos, a medio camino. Mientras tanto, las agendas marrón -relacionada con contaminación-, azul -del agua- y gris -del caos urbano- se hallan apenas en el tintero. Más aun: la percepción holística y sinérgica de lo ambiental como imbricado en toda acción social no es todavía más que una intuición imprecisa para unos cuantos.

Y, más allá de las agendas, aflora la cuestión del agente: la construcción de un sujeto político ambientalis-ta -que congregue en torno a un hondo accionar común a sectores determinantes de la sociedad nacional- escasamente comienza a proyectarse. (A propósito: un movimiento no es lo mismo que un sujeto político: éste se da una dirección consciente y posee un propósito eficaz de autoafirmación.) Sin embargo, la confi-guración gradual del sujeto a partir del movimiento se manifiesta durante las últimas cuatro décadas en un lento pero acumulativo efecto de irradiación desde pequeños grupos de intelectuales a círculos cada vez más amplios de la población. Esto ha ocurrido en forma inicialmente esporádica o reactiva, pero tenden-cialmente sistemática y sistémica. Cristalizaciones importantes de esta evolución se manifiestan en la institucionalidad y la legislación nacional, a partir de obras como el Ministerio del Ambiente (1986), la Fiscalía Ambiental (1993), la reforma al artículo 50 de la Constitución Política (1994), el Sistema Nacio-nal de Áreas de Conservación, la Ley Orgánica del Ambiente y la Secretaría Técnica Ambiental (1995) y la Ley de Biodiversidad (1998). Pero donde alienta el dinamismo medular de esta evolución es en accio-nes ciudadanas que desarrollan una nueva institucionalidad. Entre los procesos más recientes debemos señalar los de la Asociación Ecologista Costarricense en Osa (prolongado por el proyecto gubernamental de la Agenda XXI Local en la península), el Foro Emaús y el movimiento antipetrolero en la vertiente atlántica, el movimiento contra la minería a cielo abierto en la zona norte y la lucha contra el combo del Ice a escala nacional. Todo ello, ¿es poco o mucho? ¿Es suficiente? ¿Es adecuado? Conviene sopesar los hechos; aquí solo pretendo estimular su consideración.

La agenda verde se ha plasmado básicamente en la creación de un sistema nacional de parques y áreas protegidas que alcanza alrededor de un 25,6% del país. El programa de pago por servicios ambientales -sobre todo a través del impuesto a la gasolina, la tarifa hídrica experimentada en Heredia y la venta inter-nacional de sumideros de carbono en el marco del Protocolo de Kioto- constituye la esperanza fundamen-tal de que este sistema de áreas protegidas se consolide y subsista, dejando un legado estratégico a las generaciones futuras.

Una amenaza grave es el hecho de que casi una tercera parte de estas áreas protegidas -incluyendo un 12% que aún no ha sido cancelado- pertenezca todavía a propietarios privados, no obstante el importante esfuerzo de pago realizado durante la administración pasada. Otro peligro concomitante es la vulnerabili-dad de las áreas de amortiguamiento, expuestas a actividades depredadoras que quebrantan finalmente las áreas núcleo.
Por otro lado, si bien otro 20% del país se encuentra bajo cobertura forestal, revirtiéndose así -en los últi-mos años- una de las mayores tasas de deforestación en el mundo, aquí pende siempre el peligro de la vuelta atrás. Además, la calidad ecológica de mucha de esta cobertura es muy inferior a la del bosque primario y su biodiversidad.

También es necesario agregar que el sistema de parques y áreas protegidas se encuentra bajo controles frágiles e insuficientes capacidades administrativas. Al mismo tiempo, en los últimos años han declinado las visitas y por lo tanto la capacidad de autosostenimiento financiero -de por sí aún débilmente estructu-rada. Mientras tanto, una auténtica política de ecoturismo, forjada desde la sostenibilidad comunitaria a escala local en las áreas de amortiguamiento, todavía espera su hora.

Sin embargo, ¿puede pensarse -como soñó Daniel Janzen- que la idea de los parques nacionales en tanto oasis de biodiversidad, depositarios de una parcela imprescindible de sus bienes y servicios ambientales, ya forma parte de la identidad nacional? De ser así, estaría aportando un elemento central a la construc-ción del sujeto político ambientalista costarricense. A este respecto, queda en el aire un reto mayor: la visión de un sistema de áreas de conservación que desarrolle un mecanismo descentralizado o policéntrico de uso ambientalmente adecuado del territorio nacional.

El desafío de un uso apropiado del territorio nacional y sus recursos, incluyendo nuestros mares, está en el meollo de las agendas más duras que quedan por delante. El sujeto político ambientalista mostrará su di-namismo y capacidad de agencia enrumbando a la nación por la senda de la sostenibilidad integral. Se trata de una agenda plural y hermosa, esencialmente vinculada con los patrones de producción y consumo de la Costa Rica contemporánea.
La contaminación en la agricultura que envenena suelos, aguas y cuerpos, así como el callejón sin salida de una montaña creciente de desechos sólidos, nos enfrentan con la desigualdad social e insostenibilidad ambiental de estos patrones de producción y consumo. Acciones seminales en el campo de la producción orgánica y la reducción y reutilización de los empaques, están marcando una salida. Pero es necesaria una redistribución social y territorial de los recursos nacionales para romper el nudo, con un diseño a largo plazo de nuestra inserción en los mercados internacionales que procure la especialización en productos ambientalmente adecuados.

Los modos de transporte constituyen otro reto central, anclados en una distribución irracional de las acti-vidades económicas, las zonas de vivienda y los centros comerciales, y en una creciente desigualdad so-cial, donde la mitad de la población se mueve en vehículos casi unipersonales congestionando cualquier infraestructura vial posible, y la otra mitad transita dejando nubes tóxicas igualmente perniciosas. La revi-sión vehicular constituye un requisito esencial de la transformación necesaria, pero solo si se acompaña de una reestructuración de los incentivos para reducir la compra de automóviles privados e impulsar meca-nismos de transporte público no contaminante.

Las fuentes energéticas del sistema productivo actual presentan en la hidroelectricidad una ventaja, por lo que el Instituto Costarricense de Electricidad debe defenderse y mejorarse mediante una cuidadosa plani-ficación ambiental y territorial que reduzca sus impactos negativos en ecosistemas y poblaciones locales. Esto entronca con la dependencia de los combustibles fósiles en el transporte automotor, condenada a la obsolescencia en el mediano plazo, y la necesidad de reorientar el consumo hacia fuentes alternativas en un transporte público revigorizado. La potenciación de otras fuentes energéticas -eólica, geotérmica, so-lar- requiere también una planificación ambiental del uso del territorio, cabal pero democrática. El proyec-to Gruas es un adelanto en esta dirección.
La crisis de las agendas marrón, azul, y gris -sin abordar- se hace patente en el agua metropolitana; miles de intoxicados en 2001 y reincidencia en 2003 son el campanazo de alerta, pero los peligros son más gra-ves: sobrexplotación de acuíferos, contaminación por nitratos, ausencia de plantas de tratamiento de las aguas residuales, falta de voluntad política para reordenar el sistema de captación y distribución, cobrán-dole a los usuarios -como ya empezó a hacer la Empresa de Servicios Públicos de Heredia con la tarifa hídrica- una inversión que indudablemente será poca comparada con los costos sociales futuros de la in-acción. Aquí, nuevamente, la solución profunda pasa por impulsar un uso apropiado del suelo, la conser-vación de las cuencas, la reforestación de las zonas de captación.
Todo ello será imposible sin resolver de manera sustantiva la cuestión del sujeto político ambientalista. La construcción de una ética de la sostenibilidad va mucho más allá que una nueva legislación, aunque se trate de las sonadas Garantías ambientales constitucionales. Hay un reto fundamental: crear colectiva-mente códigos de comportamiento coherentes y eficaces que se cumplan en los corazones y en las volun-tades, más acá y más allá de los códigos escritos en piedra. Reglas en uso asumidas libremente por las personas que involucren nuestra identidad como ciudadanos, consumidores y productores, como hijos e hijas de un tiempo y una vida que requieren de nuestro concurso para subsistir y trascender.