Costa Rica sin visión integral del recurso hídrico

--Osvaldo Durán--

El diagnóstico sobre recurso hídrico del 8º informe del Estado de la Nación es certero en cuanto afirma que la crisis del agua es una crisis de administración -aunque desde luego no es solo eso-, también porque constata la carencia de una visión integral del agua a partir del ciclo hidrológico, señalando los desajustes provocados por la explotación para beneficio privado a la par que se socializan los daños, asimismo porque recuerda, entre otras cosas, que las áreas de mayor crecimiento poblacional -Chorotega y Central- son las que tienen menor oferta de agua, que no hay cuantificación ni propuestas para la protección del recurso, que más del 60% del agua consumida en la Gran Área Metropolitana (Gam) es de fuentes subterráneas y que en áreas tan vulnerables como la Península de Nicoya no se cuenta con un balance hídrico.

Nuestra revisión de los problemas del recurso hídrico parte del hecho de que el país carece de una visión integral para la protección de la naturaleza, lo que incide negativamente sobre el agua. Una visión integral incluiría, entre otros aspectos, protección de mantos acuíferos, bosques y aguas subterráneas, nacientes, calidad de agua, cobertura de servicios, gestión administrativa y financiera, participación real y organización social e institucional.

La proclama del estado costarricense en pro de la naturaleza choca con una realidad que delata carencia de contenido financiero, personal insuficiente y, muchas veces, falta de capacitación técnica y negligencia, lo cual impide atender la demanda nacional de protección de los recursos naturales. El estado, lejos de asegurar la protección de la naturaleza, más bien usa los parques nacionales como fuente de ingreso; la responsabilidad de defensa de la naturaleza debe ser compartida por el estado y los ciudadanos. Ella seguirá siendo agredida mientras se le trate como mercancía y no se creen y apliquen instrumentos efectivos para que quienes la perjudican asuman su responsabilidad. A partir de esta visión general hacemos algunos comentarios y proponemos sumar varios retos a los enumerados en el informe.

El informe del Estado de la Nación transcribe el diagnóstico actualizado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobre la vulnerabilidad del recurso hídrico y la cobertura y calidad del agua que se consume especialmente en la Gam. Esta información da seguimiento a informes anteriores como el llamado Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica, (del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados [AyA] del año 2000), del que en un artículo anterior (en Ambien-tico 104) indicamos que los resultados del análisis de una muestra de 2.033 acueductos realizada por AyA, en el año 2000, revelaron que 990 no eran potables. Aunque los problemas en la Gam no se pueden despreciar, el informe deja un sabor vallecentraleño o urbanocéntrico, lo que crea un riesgo adicional, pues ante la falta de planificación y la explotación desmedida del agua en el Valle Central la presión sobre los acuíferos en las comunidades rurales será cada vez mayor.

Los informes de AyA subrayan problemas que hemos discutido en muchas comunidades y foros, como el Foro Social del Agua, organizado por Fecon en 2002 con la participación de 65 organizaciones de todo el país: ausencia de sistemas tarifarios que respondan a costos reales y cobro justo, desfinanciamiento de AyA y carencia de recursos técnicos calificados, negligencia pública y privada y, como se concluyó en dicho evento, ausencia de un sistema operativo y legal que permita procesar y hacer responder a los culpables de daños causados al recurso hídrico.

Un aspecto muy positivo de los estudios de AyA, de la Universidad Nacional y de otras instituciones, recogidos en el Estado de la Nación, es la cuantificación de costos asociados a la contaminación del recurso hídrico. Estos análisis pueden ser importantes referencias técnicas para cuencas nacionales fuera del Valle Central, en las que los impactos negativos de todas las actividades humanas (contaminación domiciliar y productiva principalmente), aún no han sido medidos y, por tanto, nadie asume la responsabilidad. Desde nuestra visión no se trata de imponer únicamente acciones punitivas, sino de orientar de manera integral la tarea colectiva de recuperar el agua con una visión planificada de cuencas hidrográficas.

Una gestión participativa en el uso y manejo del recurso hídrico permitiría superar los tradicionales roles de las municipalidades y asadas (acueductos manejados comunalmente) reducidos al cobro de recibos, construcción de acueductos y su mantenimiento, que en la mayoría de los casos constituyen un desempeño deficiente. El reto urgente es sumar a estas labores calificación técnica para una administración y manejo integral del recurso a partir de una estrategia que enfoque el fortalecimiento de la capacidad de gestión organizativa, administrativa y financiera. Esta tarea requiere, además, la reeducación de la población -clientes y consumidores de todo tipo- para que la protección del recurso y el costo social y financiero real del agua sean comprendidos y asumidos responsablemente.
Otro reto es establecer un precio justo por el servicio del agua, lo que implica que las instituciones y organizaciones sociales puedan establecer rangos de usuarios y definir cobros diferenciados para cada tipo, de manera que el precio responda a criterios verificables según el uso que se le da al agua y a los niveles de consumo. Los costos del agua por lo general no compensan los costos de operación de los servicios, por lo que las asadas son entidades pobres económicamente. Con todo, el problema principal no es el bajo cobro a las familias, sino las tarifas subsidiadas que disfrutan consumidores mayores como empresas privadas, hoteles, industrias e instituciones estatales. Éste es un problema estructural que debe ser corregido con urgencia pues, de lo contrario, el cobro con justicia seguirá siendo un simple ideal. El precio justo tiene relación directa con el logro de la equidad en el uso, pago y diferenciación entre consumo humano, doméstico, empresarial, industrial, agrícola, etcétera. Como bien indica el Estado de la Nación, "no cobrar por contaminación es otorgar un subsidio ambiental", a lo que deberíamos agregar que otro subsidio social es el que toda la sociedad otorga a las empresas privadas y al estado cuando sus pagos no corresponden a su consumo.

El caso de las comunidades de Lorena -en Guanacaste- frente al lujoso hotel Meliá Conchal, que retoma el informe del Estado de la Nación, evidencia carencia de planificación, concesiones injustas a favor de la empresa privada, contaminación salina, etcétera. El problema de fondo, y sus consecuencias humanas y sociales, que no se plantea en el informe, es el trasiego de influencias políticas que deja a las comunidades en peligro inminente de quedarse sin agua como resultado de la promoción turística desenfrenada. Ese hotel explota 72 litros de agua por segundo en cuatro pozos del acuífero Huacas, y en octubre de 2000 pidió una nueva concesión por otros 60 litros por segundo del acuífero Nimboyores, que se usaría en el riego de una cancha de golf de 30 hectáreas. La sola sospecha de riesgo para las comunidades debe ser motivo suficiente para frenar o, por lo menos, condicionar y regular con celo cualquier desarrollo empresarial. Dichosamente, las comunidades de la región han sido muy valientes y firmes y están en lucha por sus derechos frente a los empresarios, el estado y la municipalidad de Santa Cruz que ha otorgado permisos al complejo hotelero. En una revisión de la situación nacional consideramos de la más alta importancia un conflicto social como ése, pues en medio de la crisis de agua que padecemos el uso turístico -lucrativo y privado- del agua no puede estar encima de usos como el doméstico, el agrícola y el de protección de ecosistemas. Para las condiciones sociales de las comunidades afectadas por el problema, mucha de cuya población es simplemente mano de obra de los complejos turísticos, la propuesta de desalinizar agua que hace el informe, se torna poco menos que irónica. La simple pregunta de cuánto costaría esto y cuántas familias podrían pagar por agua de ese tipo resulta más que suficiente para exigir al estado que atienda a las comunidades y detenga el desastre natural y social que se está gestando.

La protección verdadera del agua pasa por identificar los efectos negativos del desperdicio, la contaminación y otras formas de destrucción del agua como las talas y la erosión, vengan de donde vengan: casas, fincas, industrias, hoteles, etcétera, y hacer que se asuma la responsabilidad material. Esto requiere un compromiso real que va mucho más allá de concienciarse -lo cual comúnmente se reduce a una proclama. Urge no limitarse a la atención casi exclusiva la contaminación dejando de lado la protección completa de los mantos acuíferos. Una muestra clarísima de insolvencia estatal relacionada con la falta de cumplimiento de deberes para la conservación de bosques y agua es que muchas causas penales por tala y contaminación que dañan directamente bosques y áreas de recarga acuífera prescriben, dando esto lugar a la absoluta impunidad. Ligada a este problema persiste la urgencia de modificar la definición de bosque contenida en la Ley Forestal, pues la mayoría de las nacientes se encuentran en áreas de bosque menores de dos hectáreas. Urge una nueva legislación con visión integral del agua que norme la planificación de cuencas hidrográficas para el aprovechamiento regulado y sustentable del recurso, legislación que debiera apoyarse en la propuesta elaborada por el amplio y calificado equipo de la Secretaría Técnica del Agua instituida por el Poder Ejecutivo -propuesta denominada Ley del Recurso Hídrico, en la cual se retomó los mejores elementos de los anteriores proyectos de ley formulados por el Minae, la Defensoría de los Habitantes y el (ahora ex) diputado José Merino (en aquel equipo, que operó en 2002-2003, estuvieron representados los ministerios de Salud, de Ambiente y de Economía, los institutos de Electricidad, de Acueductos y Alcantarillados y de Riego y Avenamiento, además de Fecon).

A pesar de su peso institucional y del aval consensuado por parte de las instituciones del estado y Fecon -en tanto representante civil-, la propuesta dicha prácticamente ha sido dejada de lado por el mismo gobierno, lo que significa desconocer la labor de la Secretaría Técnica y, sobre todo, rechazar la visión de fondo del proyecto orientada a fortalecer el control sobre el agua por parte del estado y las organizaciones sociales -como las asadas y las municipalidades-, propiciando, a cambio, los intentos de privatización del recurso hídrico promovidos por los organismos financieros internacionales y sus allegados [véase a este respecto, en esta misma edición y del mismo autor, "Alianzas privatizadoras del agua"]. La propuesta de ley de la Secretaría Técnica, a diferencia de las anteriores calificadas por el Estado de la Nación como "acciones precipitadas que carecen de estrategia nacional", se fundamenta en una visión nacional integradora que permite planificar la administración y usos del recurso hídrico en todo el territorio nacional a partir de la visión de cuencas hidrográficas. Ciertamente, como dice ese informe, hasta ahora no ha habido ninguna acción para involucrar a la comunidad nacional en la definición de la nueva legislación sobre agua. De no realizarse este proceso, o de realizarse de manera formal con propuestas surgidas a última hora, el país, y particularmente las comunidades, corren el riesgo de una subasta privada del agua.

Finalmente, un punto en el que no coincidimos con el Estado de la Nación es el referido a la función del estado. Según nosotros, debe fortalecerse la capacidad y eficiencia de la gestión estatal y, por lo tanto, nos parece extremadamente peligrosa la concesión del sistema de alcantarillado sanitario de San José a empresas privadas. Esta entrega, valorada positivamente por el informe, ha sido en otros países un paso previo a la privatización del agua y es presentada como respuesta ante la falta de capacidad del estado como administrador y ente rector. Esta acusación contra lo público, que mucho tiene de cierta, olvida, o por lo menos no explicita, que la insolvencia económica y la ineficiencia de instituciones como AyA han sido en gran medida provocadas por los gobiernos. El ejemplo más claro de esto es el decreto emitido por el Poder Ejecutivo gracias al cual, según lo explica el sindicato de empleados de AyA, la administración central del estado queda eximida del pago del agua durante los próximos treinta años. Estas anomalías constituyen una creación de desigualdades desde el estado, profundizan la incompetencia institucional y crean espacios para justificar una posterior privatización del agua. Fortalecer integralmente la función del estado es la única garantía para asegurar principios básicos como la solidaridad en la distribución, la equidad en los precios y pagos y, en fin, la preservación del acceso al agua como derecho humano inalienable y fundamental.