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Ecología política de la guerra
--Eduardo Gudynas- |
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Muchos consideran que el tema de la guerra tiene poco que ver con la perspectiva ambiental o que, a lo sumo, tiene que ver solo por los impactos ambientales que pueda ocasionar; otros la consideran un tema lejano a América Latina. Pero creo que unos y otros están errados, que el drama de la guerra merece ser analizado desde la ecología política, y que en especial los centroamericanos tienen mucho que decir sobre eso. En primer lugar, la presente guerra en Irak ha venido a demostrar que es falso que no haya dinero para la protección y mejoramiento ambiental, como desde hace años se viene repitiendo: La Oficina del Presupuesto de Estados Unidos sostiene que el primer mes de guerra en Irak ha de costar unos 10 mil millones de dólares, y cada mes adicional costará 8 mil millones. Con el dinero de ese primer mes de guerra se cubriría, para todo un año y en todo el planeta, las acciones que en biodiversidad y agricultura manda a realizar la Agenda 21 -el programa ambiental aprobado por todos los gobiernos (incluido el norteamericano) en la cumbre de Rio de Janeiro de 1992. Y el costo anual de aplicación de todos los programas de la Agenda 21 podría cubrirse con el presupuesto de defensa de EU (400 mil millones de dólares), y sobraría dinero. En segundo lugar, esta guerra ha agrietado todo el sistema de convenios y regulaciones internacionales -muchos de ellos específicamente ambientales- que han conformado las naciones desde el fin de la segunda guerra mundial. Tales convenios son muy importantes principalmente por dos razones. La primera se refiere a que en los países que los ratifican se convierten en normas nacionales que llenan en parte los vacíos que hay en sus legislaciones. La segunda se refiere a que esos tratados establecen reglas obligatorias -para todos los países- que son indispensables para encarar problemas planetarios como el recalentamiento de la atmósfera o la pérdida del ozono. Ahora este sistema multilateral se encuentra jaqueado y también ha quedado muy golpeado el sistema de Naciones Unidas y, con ello, sus agencias y programas. Pero lo más grave de esta guerra es la destrucción de la vida, tanto la humana como la no consciente. El secretario general de la Onu sostiene que el 75% de las bajas serán civiles, y es posible que en esta ocasión los muertos sean cientos de miles. Los incendios de los pozos petroleros, la diseminación de sustancias químicas, la contaminación de los cursos de agua y el uso de municiones con uranio amenazan la naturaleza. En la pasada Guerra del Golfo las fuerzas iraquíes incendiaron unos 700 pozos de petróleo con fuertes efectos en el clima regional, se contaminó el 40% de las reservas de agua potable y se alteró la vida costera marina. Éstos y otros efectos, sumados a los que habían ocurrido en los ochenta por la guerra entre Irak e Irán, se han maantenido por años (Mc Neill y Painter 2002). La perspectiva ambiental se ha ampliado hasta dejar en claro que una de las causas centrales de la guerra es ganar un acceso privilegiado a un recurso natural, el petróleo. Si bien los conflictos y guerras por recursos naturales tienen una historia viejísima, es nuevo el reconocimiento actual de la cualidad de recurso natural del petróleo como objeto de disputa, y es nuevo asimismo que la perspectiva ambiental esté incorporada a las consideraciones geopolíticas. Que el conflicto en el Golfo Pérsico sea por recursos naturales inmediatamente desencadena temores en América Latina en tanto poseedora de enormes riquezas en energéticos, biodiversidad y agua. Quedan entonces planteados nuevos temas sobre una geopolítica verde latinoamericana frente a las potenciales disputas sobre nuestras riquezas naturales. Como contrapartida, si contáramos con estrategias en desarrollo sustentable mucho más enérgicas, seguramente nuestras economías no dependerían tanto del petróleo y una de las causas de esta guerra podría minimizarse. La propia insustentabilidad de los estilos de desarrollo actual y, en especial, el uso exacerbado de energía, compelen a algunos estados a asegurarse los suministros energéticos, y prefieren los costos de una guerra antes que la molestia de abandonar sus calefactores o automóviles. En Centroamérica se ha vivido una sucesión de conflictos armados con grave destrucción ambiental que se siente hasta hoy. Oscar Pérez (Ceaspa, Panamá) hace 15 años señalaba que en el conflicto salvadoreño de los ochenta se utilizó intensamente la fuerza militar aérea bombardeando a los guerrilleros, a la población civil y a la naturaleza que los albergaba. En aquellos años la Universidad Centroamericana indicaba que se lanzaba un promedio de 300 libras de TNT por cada guerrillero y, además, se usaba sustancias químicas (Pérez 1987) Muchos centroamericanos tienen bastante que enseñar a los ambientalistas y en especial a algunos partidos verdes europeos que, si bien incorporaron el mantenimiento de la paz al núcleo central de sus programas, han llegado a perder la autonomía y la constancia sucumbiendo ante la fatalidad de la guerra. El caso más dramático ha sido el del líder del Partido Verde alemán Joschka Fischer, que como ministro de Relaciones Exteriores terminó apoyando y defendiendo los bombardeos y la intervención militar en Kosovo. Esta actitud merece una detenida reflexión desde la ecología política: ¿hasta dónde puede llegarse empujado por el realismo político? La experiencia centroamericana brinda el sentido de la respuesta, y la paz no puede ser negociable para ningún ambientalista. Por lo tanto, la ecología política debe abordar la búsqueda de la paz y presentarla como una condición indispensable para cualquier estrategia volcada a la sustentabilidad. La guerra significa la destrucción de la política, porque con ella triunfa una racionalidad militar apoyada en el verticalismo, donde se suceden órdenes de unos pocos y obediencia de muchos más; la confidencialidad y el secreto condicionan el flujo de la información, y las decisiones se sustentan en la violencia. Esta racionalidad invoca una y otra vez a la seguridad en la toma de decisiones y los ámbitos jerárquicos y secretos que genera refuerzan modos autoritarios. Todo esto se opone a lo que busca una política verde, que defiende el más amplio acceso a la información y la participación ciudadana, la toma de decisiones argumentada y la democracia. Referencias bibliográficas |
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