Cambiar patrones de producción y consumo

--Miki Bors--

En las últimas semanas, varias municipalidades de la Gran Área Metropolitana se han visto agobiadas por el colapso de su servicio de recolección de desechos, convirtiendo sus comunidades en sitios apestosos, con basura acumulada por hasta 15 días. Paralelamente, el fantasma del cierre inminente e inevitable de los rellenos sanitarios de muchas comunidades está presente y crece la preocupación por encontrar nuevos sitios idóneos y aceptados por la población.

En la situación crítica actual, la incineración o gasificación de los desechos puede ser muy tentadora para los políticos, las administraciones municipales y hasta para los vecinos, dado que les promete deshacerse de los desechos fácilmente y hasta generando energía. Para Costa Rica, una decisión política a favor de ese tipo de tratamiento representaría, en lugar de un avance, un fracaso en el manejo ambientalmente adecuado de los desechos sólidos, porque se estaría dando al traste con el principio de la Carta de la Tierra en cuanto a la necesidad de cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo: dejaría de procurarse prioritariamente la reducción de desechos porque la planta, para su operación óptima, los requiere en grandes cantidades. (En Holanda -donde sí se acata ese principio- se estima que los materiales de empaque conforman hasta un 25% de los desechos generados post-consumo, y en un proyecto gobierno-industria se está trabajando en reducir esas cantidades. En Alemania existe una ley que castiga los envases no retornables y obliga a la industria y al comercio a asumir su responsabilidad en la separación y la recuperación de los materiales reciclables. En ambos países funcionan plantas incineradoras, pero a la par existen programas nacionales obligatorios dirigidos a la reducción de los desechos antes de ser tratados en aquéllas, las cuales tienen además controles eficientes y confiables de los niveles de contaminación producto de los procesos térmicos.)

El manejo técnico-administrativo de la recolección de los desechos es responsabilidad de las municipalidades, la mayoría de las cuales en Costa Rica tienen un grave atraso en cuanto a capacidad financiera y recursos humanos calificados, además de que han sufrido tradicionalmente el manejo político de su gestión. De esta manera, aspectos como la actualización anual obligatoria de las tasas, o no se cumplen por temor político de ser impopulares, o sí se efectúan aplicando aumentos sin estudios evaluadores ni planes operativos dirigidos a una mejora continua, y, por lo general, se cuenta con personal sin la capacitación respectiva. Como consecuencia, la recolección de los desechos se está realizando igual que hace 15 años, cuando la cantidad era inferior a la mitad de la actual. La única modernización ha sido en equipos de compactación, sin que para su uso adecuado se haya introducido una modernización administrativa, con planificación, controles efectivos, evaluaciones periódicas, capacitación interna ni campañas de educación en la comunidad. El actual deterioro de esos equipos, que cuestan $50.000 cada uno, es el resultado de la falta de visión y voluntad política de los gobiernos locales en cuanto a realmente cumplir con su responsabilidad y prestar servicios eficientes, transparentes y sostenibles.

Dado que el tema de la basura es tan desagradable que solo se le aborda cuando la negligencia reinante produce situaciones de emergencia -v.g. amenaza del dengue- o de urgencia -v.g. pérdida de credibilidad de un alcalde-, nunca se han elaborado sistemas cantonales de separación y recuperación de los materiales reciclables, que podrían conducir a una reducción de desechos de hasta un 35% o más. Aunque el concepto del reciclaje fue introducido y promovido en Costa Rica desde hace años, la responsabilidad para su concretización ha sido asignada casi exclusivamente a la sociedad civil, a pesar de que el artículo 280 de la Ley General de Salud obliga a la separación de forma general. Existen en el país los tradicionales recuperadores informales, pequeñas iniciativas de acopio y recuperación de los materiales reciclables, así como algunos grandes recuperadores comerciales, y cada día hay más industrias que reciclan los diferentes tipos de material, por lo cual no existe ninguna excusa para la inacción de las municipalidades. Su ausencia en la labor de promover y facilitar la reducción de las cantidades de desechos a ser transportados y tratados a altos costos, ha provocado, primero, el deterioro, y, actualmente, el colapso de los servicios en muchos lugares. Uno de los factores fundamentales para la incapacidad administrativa es el hecho de que, por lo general, los mismos funcionarios municipales ya manejan su propio sistema de recuperación que les garantiza un ingreso adicional considerable, y, entonces, la administración desiste de implementar sistemas externos eficientes y controlables, los cuales vendrían a competir con el negocio de dichos funcionarios.

Los últimos responsables del manejo inadecuado de los desechos sólidos son los ciudadanos en general. Ellos no producen los desechos, pero generan basura cuando compran productos en envases de plástico y empaques innecesarios y cuando sacan las bolsas de sus casas con todos los materiales revueltos, dejándolas a cualquier hora en la acera, en un lote baldío o en un río. Muchos no pagan o están morosos con la tasa municipal correspondiente a ese servicio y, por lo general, la consideran elevada e injusta -con toda razón, por lo deficiente del servicio. Ante todo, tendrían que aprender a rechazar el consumo excesivo e irresponsable. En cuanto al reciclaje, muchos hogares y empresas ya están separando sus desechos, pero a menudo se desmotivan por el reducido alcance de sus esfuerzos o la deficiente recolección de los materiales separados, debido a la falta de una gestión decisiva e integral de las municipalidades.

Viendo y oliendo las enormes cantidades de basura, así como escuchando declaratorias de urgencia, excusas y promesas de alcaldes y políticos, las comunidades y el país siguen esperando que un día se introduzca en Costa Rica una verdadera gestión integral de los desechos sólidos, según el principio de la cuna a la tumba. Esta gestión requiere, en primer lugar, que el gobierno asuma una posición firme en cuanto a obligar a la industria y al comercio a cumplir con su responsabilidad en la reducción de los desechos por medio de cambios en los patrones de producción, que las municipalidades implementen sistemas técnico-administrativos avanzados y sostenibles y que la población tenga no solo una mayor conciencia ambiental, sino que también ejerza su derecho a exigir una administración competente de los servicios municipales. Como siempre, no es hasta en momentos de crisis cuando finalmente hay acción, y las soluciones tomadas en pánico no suelen ser las óptimas, y para atender emergencias por lo general los principios del desarrollo sostenible se consideran secundarios. La solución que proponemos es incómoda para todos pero es la única viable si pretendemos honrar la Carta de la Tierra: cambiar nuestros patrones insostenibles de producción y consumo.