Es necesaria la movilidad de la fuerza de trabajo en TLC

-Manuel Argüello--

No habrá libre comercio mientras no haya libre movilidad de la fuerza de trabajo, lo que implica el movimiento de grandes contingentes de trabajadores, no nada más de los forzados por la quiebra de las economías preexistentes en sus territorios, sino también de los que busquen mejores condiciones en las regiones o países donde la demanda de trabajo permita insertarse en forma estable y con un precio acorde a la calificación y destrezas de los trabajadores. La movilidad libre de la fuerza de trabajo, sin embargo, tiene como correlato que las condiciones sociales en que se da la contratación tiendan a equilibrarse, y ello puede ir en beneficio o en detrimento tanto de los propios trabajadores como de los territorios que habitan y de las condiciones ambientales en que se explotan los recursos naturales ahí localizados.

Si se abrieran las fronteras para la movilidad de la fuerza de trabajo en Centroamérica, entre los países ocurriría lo que ya ocurre entre regiones (entre Costa Rica y Nicaragua ya está ocurriendo): la migración masiva tendería a cambiar rápidamente las condiciones de los contratos de trabajo al margen de las limitaciones legales. La libre movilidad de la fuerza de trabajo tendería "naturalmente" a bajar el precio de ésta -es decir, los salarios y otros beneficios- en las labores menos calificadas y con más abundancia de trabajadores dispuestos a contratarse en condiciones que rondan el límite de la supervivencia. Habiendo una gran oferta de mano de obra fácilmente se encuentran formas de contratación violatorias de la legislación social o laboral que permitan la llamada flexibilización laboral, tan ansiada por los sectores empresariales y algunos entes financieros multilaterales, como el Banco Mundial. En Costa Rica esto ha sido claro con los cierres de las bananeras y las fincas ganaderas tradicionales, que afectan regiones enteras -como el Pacífico Sur y Limón-, y también con el ingreso masivo de nicaragüenses al mercado laboral, como por ejemplo al de la construcción, donde es común la subcontratación que permite burlar la legislación laboral o social: múltiples empresas constructoras que aparentan cumplir con todos los requisitos subcontratan personas que a su vez subcontratan, y entonces las construcciones se subdividen en múltiples tareas concretas subcontratadas, de manera que en última instancia un trabajador labora a destajo y por bajísimos salarios sin seguro ni garantía laboral alguna. Similarmente sucede en ciertas ramas de la agricultura, en el comercio y en la seguridad privada, a pesar de las restricciones fronterizas, de manera que no es esperable que suceda lo contrario sin éstas.

Las condiciones laborales disminuidas significan sobrexplotación de recursos naturales y sobreutilización de servicios sociales, pero también hacinamiento, barrios de alta densidad y bajísimas condiciones sanitarias, de vivienda y de servicios. En algunos países centroamericanos ello implica el uso de leña para cocinar por parte de cientos de miles de familias y también conexiones ilegales a las redes eléctricas, por ejemplo. En todos los casos, una baja en las condiciones de contratación, en particular en el precio de la fuerza de trabajo, implica un severo deterioro de las condiciones de vida de cientos de miles de trabajadores y sus familias, incluso luego de haber migrado para evitar las zonas de concentración del hambre.

El aspecto positivo de la apertura de las fronteras para la movilidad de la fuerza de trabajo se expresaría en que aquellos trabajadores mejor calificados, o con destrezas apropiadas, podrían insertarse en mejores condiciones en la estructura laboral gracias a que evitarían el actual impedimento al trabajo a los no nacionales y el impedimento a la migración internacional.

No obstante, las negociaciones referidas a las zonas de libre comercio no están considerando la posibilidad de abrir el mercado de la fuerza de trabajo y permitir su libre movilidad. Ello implicaría una detallada revisión de la legislación laboral y social, pero también de la ambiental: por ejemplo, no podría permitirse que en una zona fronteriza se realizara una explotación petrolera -como la que impulsa ahora Nicaragua- mientras al otro lado esa explotación se prohibe -como ahora en Costa Rica. Una restricción tal implicaría desempleo y migración forzada de un lado de la frontera, y la no restricción implicaría, además de migración del otro lado de la frontera, un impacto ambiental con consecuencias sociales y económicas en ambos lados.

En la región centroamericana, mientras en un país las luchas laborales han logrado unas condiciones mínimas dignas para la reproducción social y la contratación laboral, a la vez que las previsiones políticas y el equilibrio de fuerzas políticas han permitido altos niveles de calificación y salud para extensos segmentos de la población de ese país, en otros países las luchas laborales han sido reprimidas brutalmente y los sectores políticamente dominantes han utilizado las finanzas públicas como cotos de caza familiares. En ese contexto general, la libre movilidad de la fuerza de trabajo en Centroamérica requeriría un trabajo previo y paralelo de dimensiones gigantescas para equilibrar las condiciones generales de la región o, por lo menos, para impulsar tendencias hacia el equilibrio -como se ha hecho en otras zonas del planeta. El libre comercio con otros países requiere formas de negociación que no permitan que las inmensas diferencias en las condiciones laborales y de producción lleven a la masificación de la pobreza, no solo de los ya pobres sino de los que todavía no lo son pero tienden a serlo.

En Costa Rica, las políticas social y sobre pobreza no se han concentrado en los sectores sociales en miseria extrema, lo que ha permitido que sectores de bajos ingresos, pero no considerados pobres según las arbitrarias medidas estadísticas que definen la pobreza, se mantengan en condiciones dignas. La no restricción del subsidio a los ultrapobres ha permitido que los grupos sociales que se encuentran inmediatamente por encima de la denominada línea de pobreza complementen sus ingresos y tengan opciones como educación gratuita y salud pública de calidad, lo que se traduce en opciones de movilidad social ascendente, al menos al cabo de una o dos generaciones. En otras palabras, múltiples formas de salario indirecto complementan los ingresos obtenidos en el mercado laboral y colaboran con las relativamente buenas condiciones de vida de amplios segmentos de la población, en particular los urbanos calificados.

En la medida en que no se tomen en cuenta esas condiciones y no se negocien junto con las negociaciones de apertura de los mercados de las mercancías distintas a la fuerza de trabajo, no podemos hablar de libre comercio, dado que quedan inmensas desigualdades en las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo y, por tanto, de uno de los componentes básicos de los costos de producción de cualquier empresa o sector productivo. Financiar la política social en Costa Rica con impuestos a las planillas, logrando así trabajadores más calificados y abundancia de profesionales y técnicos, hace que nuestros costos de producción sean más altos que los de los otros países centroamericanos, donde eso no se hace, y, asimismo, nuestra competitividad se vea comparativamente disminuida. En consonancia con esta lógica, algunos líderes empresariales concluyen que habrá que reducir o eliminar nuestra política social y los consecuentes gastos estatales "superfluos". Los técnicos del Banco Mundial concuerdan y exigen una política social solo para atender a los más pobres, para lo que los fondos sociales son superabundantes, y que se acabe con las desviaciones consideradas corruptas, entre las que consideran los subsidios a sectores con ingresos superiores al que marca la línea de pobreza. Pero no toman en cuenta que descuidar el apoyo a esos sectores provocará un engrosamiento de los segmentos que desciendan de nivel y, por lo tanto, aumentará la pobreza, como ya se ha probado en muchos países donde se han aplicado tales medidas. Ello haría que nuestros trabajadores fueran más "competitivos" frente a, por ejemplo, los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro territorio.