Intereses indígenas y Proyecto Hidroeléctrico Boruca

--Katia Sacchi--

El Proyecto Hidroeléctrico Boruca (PHB) nació, al principio de los años setenta, con el apogeo mundial de las represas hidroeléctricas concebidas como las mejores alternativas de regulación de aguas, distribución de alimentos y producción eléctrica. A partir de 1977, con la institución de las reservas indígenas en Costa Rica, y de 1994, con la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, la situación para la ejecución del PHB cambió. De hecho, éste incluye varios territorios indígenas en el área que prevé inundar, por lo que, con base en los artículos 6, 7 y 16 de ese Convenio se hace necesaria la consulta a los pueblos indígenas afectados para poder continuar con el desarrollo del mismo. A pesar de esto, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), responsable del proyecto, nunca se preocupó por involucrar a los pueblos indígenas afectados en el proceso de toma de decisiones sobre la realización del proyecto, presentándoselo más bien como un hecho. Esta actitud provocó la reacción fuerte de un grupo de mujeres de la comunidad indígena brunca de Rey Curré (Yimba), la única comunidad indígena que sería totalmente inundada por la represa, y el levantamiento de varios sectores de la misma comunidad en oposición a dicho proyecto.

En un programa emitido por Canal 15, en el año 2000, el Ice, representado entonces por Hernán Fournier (director ejecutivo del PHB), apuntó los beneficios para la población costarricense en general: cobertura del 60% de la demanda nacional, venta de energía eléctrica durante los primeros cinco años de actividad de la represa y falta de alternativas energéticas para Costa Rica. Además, el Ice defiende su proyecto a través de consideraciones sobre la degradación de las tierras indígenas a inundar: que tienen bajo valor económico y ecológico y bajo valor arqueológico en la zona debido al intenso saqueo al que ha sido ésta sometida. Más aun, considera que los propios indígenas han sido responsables del saqueo de los sitios arqueológicos y define a los opositores del PHB como "filibusteros" y "amarillistas". La defensa del PHB, se basa, asimismo, en el hecho de que ése data de antes del establecimiento legal de las reservas indígenas, también en que las exploraciones del Ice han sido en tierras propias y en que los mecanismos de consulta requeridos por el Convenio 169 de OIT no están claramente definidos.
Sin embargo, el Ice ha cambiado su posición rápidamente y ha creado un equipo de trabajo ad hoc para las relaciones con las comunidades indígenas, escogido en parte con sugerencias de los mismos indígenas. Al mismo tiempo desarrolla una campaña nacional a favor de la hidroelectricidad como fuente energética amigable e indispensable para el desarrollo del país. Esta actitud ambigua puede crear un vacío alrededor de los pueblos indígenas afectados, quienes al final pueden aparecer, ante una opinión pública manipulada por la publicidad del Ice, en contra del progreso y del bienestar de todo el país.

Por otra parte, los habitantes de la comunidad indígena de Yimba se sienten atropellados en sus derechos por la forma impositiva en que se les presentó el PHB. Les parece una amenaza grave a su integridad como pueblo, que está recuperando sus tradiciones y cultura a través de la enseñanza de su idioma y su historia, y que tiene una producción artesanal muy desarrollada basada en los recursos naturales del lugar. El río Térraba tiene una importancia central en su cultura, por la pesca, la recreación, el transporte y las historias que se desarrollan alrededor del mismo. Alejarse del río sería como perder a un ser querido (Rojas 2002. Com. pers.). Sienten, además, que al ser trasladados se perderían como pueblo indígena, perderían su arraigo, su forma de vivir ligada a sus cultivos y sería un poco como morirse sin que se terminen sus vidas. Piensan, también, que su traslado y la pérdida de su cultura sería un peligroso antecedente para otros pueblos indígenas. En función de esto han obtenido apoyo a su lucha por parte de otras organizaciones indígenas nacionales, dando un paso importante hacia la unidad indígena y el avance de la autonomía de los pueblos indígenas costarricenses.

Desde el punto de vista del impacto ambiental, el PHB tendría, entre otros, un efecto devastador sobre los manglares de Térraba-Sierpe, sitio de reconocida importancia ecológica. Esto hace que la defensa de los derechos de los pueblos indígenas se una a la lucha de los conservacionistas. Es así como la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) expresa, en el tercer borrador de un documento -en elaboración- sobre energía, la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones, del respeto de las culturas indígenas y la necesidad de pasar de un modelo energético consumista e hidroelectricista a uno de ahorro y desarrollo de fuentes energéticas renovables no convencionales (radiación solar, viento, biomasa, hidrógeno…) (Fecon 2002).

Lo mismo se expresa muy claramente en el informe final de la Comisión Mundial de Represas, que plantea que las represas hidroeléctricas han contribuido al desarrollo humano en el siglo pasado pero con costos exagerados para las poblaciones desplazadas, las comunidades río abajo, los contribuyentes y el ambiente, por lo que seguir por ese camino "no es una opción ni factible ni deseable". También plantea que es necesario evaluar los impactos sociales y ambientales de las represas al mismo nivel que las evaluaciones económicas y financieras, y que a las poblaciones afectadas hay que involucrarlas en el proceso de toma de decisiones, proporcionándoles información clara y transparente sobre el tema. Asimismo, desplaza el enfoque de las represas al desarrollo de agua y energía; determina las alternativas viables a corto plazo en la gestión de la demanda de servicios, la eficiencia en el suministro, la disminución del consumo, las medidas de reciclaje y las opciones descentralizadas a pequeña escala (micro-hidro, sistemas solares, eólicos y de biomasa), más que todo para las zonas rurales y encuentra las limitantes a estos sistemas en barreras del mercado, institucionales, intelectuales, financieras y en incentivos (a veces ocultos) a las opciones convencionales. Finalmente, enfoca la falta de equidad en la repartición de costos y beneficios (los que pagan los costos más altos son por lo general los sectores más vulnerables de la población, quienes no reciben luego los beneficios de los proyectos) (Comisión Mundial de Represas 2000).

También el Banco Mundial ha elaborado recientemente su propia política respecto de los pueblos indígenas: Reconoce la necesidad de que éstos participen y se beneficien de los proyectos de desarrollo financiados por esa entidad en vez de verse perjudicados por los mismos, y también dicta que quien recibe el financiamiento tome medidas para la integridad y el bienestar de los pueblos indígenas afectados; asimismo, coloca en una posición central la salvaguardia de los intereses y la cultura de los pueblos indígenas que se enfrentan a cambios promovidos por el exterior, los cuales deben darse en "un pleno respeto de su dignidad, sus derechos humanos y su identidad cultural". Para estos fines, el Banco Mundial plantea la necesidad de considerar los aspectos sociales y culturales de los proyectos y que los pueblos indígenas participen con conocimiento de causa en todas las fases del ciclo del proyecto (Banco Mundial 1998).

Todos estos valores y criterios, tanto los de la Comisión Mundial de Represas como los del Banco Mundial, se ven en gran parte desatendidos por la manera de actuar del Ice con el PHB: en cuanto a la repartición de los beneficios, a la información completa sobre el proyecto, a los métodos de consulta y, en general, al proceso de toma de decisiones. Sería muy importante que el Banco Interamericano de Desarrollo, quien está financiando el estudio de factibilidad del proyecto, también elaborara su política respecto de los pueblos indígenas y enfocara el concepto de desarrollo en términos de respeto de culturas diferentes y de repartición equitativa de costos y beneficios.

En conclusión, parece que la lucha de Rey Curré revela la distancia que todavía existe entre el pueblo y los centros de poder económico y político. Tiene un alcance mundial y, cualquiera que sea su resultado final, será un antecedente importante tanto para las reivindicaciones de los pueblos indígenas como de los conservacionistas de todo el mundo.

Referencias bibliográficas
Banco Mundial. 1998 Política del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas. Tema de discusión para la revisión de la Directriz Operativa DO 4.20 . World Bank. Washington, DC. (Sitio web: www.worldbank.com)
Comisión Mundial de Represas. 2000. Represas y Desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones. Earthscan Publications Ltd. UK. (Sitio web: www.damsreport.org)
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente. 2002. Documento de Posición: Elementos para la Definición de un Modelo Energético Sustentable para Costa Rica. (Borrador N° 3). Impresión doméstica. San José.
Comunicaciones personales
Rojas, Enid (presidenta de la Asociación Espíritu en Lucha). 2002.