¿Podrá el gobierno contra las vislumbrables injurias del TLC y el PPP?

--Por América Nuestra--

El 24 de febrero de 1982, al presentar el Plan para la Cuenca del Caribe, el entonces presidente Reagan expresó: "La región del Caribe es una arteria vital, estratégica y comercial para EU. Casi la mitad del comercio estadounidense, dos tercios de nuestro petróleo importado y más de la mitad de nuestros minerales estratégicos importados pasan a través del Canal de Panamá o del Golfo de México". Y en la guerra actual por el control de los mercados decrecientes esta importancia se multiplica: nuestra región tiene condiciones geo-estratégicas y una riqueza de recursos apetecidos por el gran capital: abundante y barata fuerza de trabajo, dos océanos a corta distancia, gran variedad de suelos, bosques, incomparable biodiversidad, abundancia de agua y de yacimientos de minerales e hidrocarburos, entre otros.
Casi veinte años después, el 12 de febrero de 2001, el presidente mexicano Vicente Fox reveló -en su reconocido papel de vocero regional de los EU- la existencia del Plan Puebla-Panamá (PPP), que fue firmado en junio del mismo año por los presidentes centroamericanos y funcionarios del Banco Mundial. Este Plan constituye la última versión de planes regionales que dicen buscar "el desarrollo sostenido e integral" y prometen miles de millones de dólares que nunca llegan, como fue el caso de la Alianza para el Progreso de inicios de los sesenta. Las consecuencias de estos proyectos están a la vista: mayor concentración de la riqueza al mismo tiempo que el deterioro de los servicios sociales y del desempleo acrecienta la pobreza de las mayorías. Y nuestro país no es una excepción. Por ello el director del Incae (Instituto Centroamericano de Administración Empresarial) afirma que "las condiciones productivas generadas por el TLC [con EU] podrían ampliar la brecha social dentro de los países" (La República, 20-9-02). ¿Cómo impedirá el gobierno que con estos TLC y PPP se profundicen esas tendencias?

Hace un año el director de la Cámara de Exportadores afirmó que "no se realizan esfuerzos para detectar posibles triangulaciones en las importaciones, que pondrían en peligro la supervivencia del productor local y de las finanzas públicas (La República, 4-12-01), y, meses antes, Doris Osterlof, asesora de dicha Cámara, había advertido (Semanario Universidad, 25-5-01) que solo se percibía "la negociación por la negociación o la firma de tratados, pero no de su implementación como instrumentos de desarrollo", dado que no existe en Costa Rica "una auténtica administración de comercio exterior", lo que lleva al verticalismo de la política comercial que provoca fricciones entre el gobierno y los sectores productivos. De ello dan cuenta, entre otros, los productores de arroz y de papa, así como la ausencia de beneficios para los agricultores y otros trabajadores nacionales después de años de TLC. ¿Cuáles condiciones defiende el gobierno en estas "negociaciones" para garantizar que el comercio constituya un instrumento de desarrollo?
El gobierno de EU ya definió sus objetivos por sectores para el TLC con Centroamérica (La República, 18-11-02), que obviamente conciernen a eliminar toda barrera a sus exportaciones y a facilitar el ingreso "temporal" de sus empresarios, garantizándoles un "trato favorable". Por otro lado, sectores productivos regionales proponen crear una mesa de negociación agrícola, en especial por el proteccionismo estadounidense a sus agricultores y el abandono gubernamental de los nuestros, pero el ministro de Comercio Exterior informó a finales de noviembre que no habrá discusiones por sector dado que "la mayoría de países centroamericanos no cuenta con un amplio grupo de negociadores". Por razones conocidas, hasta los obispos del país afirman que los TLC firmados por el país "han arruinado al agro" (La Nación, 2-11-01). ¿Piensa el gobierno seguir estimulando este proceso de desmantelamiento de la producción de nacionales? ¿Cómo y cuáles condiciones exigirá en este TLC en beneficio de nuestros productores?
Si bien tampoco habrá un grupo de negociación en energía, creemos que es muy probable que el Tratado haga eco de las disposiciones sobre energía del TLCAN (el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica) en el que los negociadores crearon una política energética liberalizada, antiambiental y anticonservación, fundamentada en exportaciones generadoras de grandes ganancias a corto plazo y de alto costo, controlada por las empresas de energía transnacionales. Si este régimen energético desregulado se extendiera a Centroamérica tendría consecuencias devastadoras en cuanto al uso excesivo de combustibles fósiles y el crecimiento desproporcionado de hidroeléctricas. El caso del gas es un buen ejemplo: en Canadá, para cumplir con las disposiciones del TLCAN, se invalidaron los poderes de la entidad reguladora National Energy Board y se desmanteló la "garantía de suministro vital" que exigía que Canadá mantuviese un superávit de gas natural suficiente para 25 años. El acuerdo impuso un sistema de "repartición proporcional" mediante el cual el suministro canadiense de energía a EU está garantizado a perpetuidad. Energía no solo es gas o petróleo, también significa electricidad, lo que atañe de forma directa a nuestro país, el cual, dentro de la estrategia regional del Plan Puebla-Panamá, ya ha sido seleccionado como suministrador de electricidad, lo que implica enormes impactos ambientales y sociales: la tendencia a fragmentar el ecosistema del río, el cambio en los patrones de flujo de los mismos, el desplazamiento de poblaciones, otros efectos sociales y culturales negativos sobre las comunidades, también sobre la flora y las faunas acuática y terrestre, productividad agroindustrial desplazada, cambios al paisaje y el efecto sinergético ambiental que ocasiona una cadena de proyectos en una cuenca, pues no se trata solamente de efectos individuales de un solo proyecto. ¿Hará el gobierno un ejercicio soberano del modelo de las garantías ambientales preservando a nuestro país de este mercado global de la energía?
Es improbable que bajo este Tratado EU no busque extender las disposiciones del TLCAN referentes a recursos hídricos, las cuales establecen un mercado de agua, lo que supone una enorme presión particularmente en cuanto al agua para uso de las comunidades y anticipa la privatización del suministro (actualmente, existen múltiples conflictos en esa materia: por ejemplo, en Guanacaste, las comunidades de Lorena luchan para garantizar su acceso al agua contra la transnacional hotelera Meliá). El TLCAN utiliza la definición de "bienes" del Gatt que claramente incluye "aguas, incluso aguas naturales o artificiales, y aguas aireadas". Existen tres disposiciones clave del TLCAN que ponen en peligro al agua. La primera es la relativa a tratamiento nacional; la segunda consta en el Capítulo 11, en la cláusula inversionista-estado, y la tercera consta en el Artículo 315, "repartición proporcional", la misma disposición que creó un mercado liberalizado de energía. Según los artículos 315 y 309, ningún país puede reducir o restringir la exportación de un recurso una vez establecida su comercialización. La lista de servicios del Gatt, cuya negociación se encuentra actualmente en curso, incluye "servicios ambientales". Es muy probable que los servicios ambientales, que incluyen los hídricos, se incorporen de manera similar al Tratado. Esto significa que los servicios públicos de agua podrían ser impugnados según las disposiciones de tratamiento nacional del acuerdo propuesto, lo que ocasionaría que servicios tales como el suministro de agua o tratamiento de aguas residuales sean privatizados y subcontratados a empresas hídricas transnacionales. ¿Defenderá el gobierno el amplio control público del agua, que es una de nuestras mayores conquistas como sociedad, o cederá al establecimiento de un mercado del agua?
La región mesoamericana es conocida como la segunda región en biodiversidad del planeta: 1.797 especies de mamíferos, 4.153 de aves, 1.882 de reptiles, 944 de anfibios, 1.132 de peces, 75.861 de plantas -sin hablar de incontables microorganismos. La biodiversidad es hoy un recurso estratégico debido a que las tecnologías de punta hacen uso de ésta, y si es estratégica debe ser controlada, y esto es precisamente lo que busca el Plan Puebla-Panamá a través del Corredor Biológico Mesoamericano. ¿El gobierno defenderá verdaderamente la biodiversidad para su uso sustentable por las comunidades y las futuras generaciones, o impulsará con mayor fuerza el modelo de la biopiratería tristemente célebre gracias al Inbio (Instituto Nacional de Biodiversidad?
En relación con los servicios, es conocido el apetito que despierta en el capital transnacional, en especial en telecomunicaciones, energía, banca y seguros -los dos primeros ya destacados en el PPP. Y pese a que el presidente Pacheco ha sostenido que no apoyará su privatización, las condiciones de jurisdicción internacional que propician tratados como los que nos ocupan, permiten alimentar serias dudas. Por ejemplo, un especialista en derecho público externó que "no existen restricciones para que el Gobierno ofrezca una apertura en telecomunicaciones, seguros o energía, pues los monopolios en estas áreas están fijados por leyes específicas [no por la Constitución], las cuales quedarían sin efecto ante un tratado de libre comercio en la jerarquía normativa" (El Financiero, 17/24-11-02). Y ya sabemos adónde conducen estas aperturas, aunque sean graduales. ¿Qué medidas precautorias avanza el gobierno para evitar la subordinación de las leyes nacionales a los TLC y al PPP?
Como se ha evidenciado en los acuerdos avanzados en el Plan Puebla-Panamá, éste constituye básicamente un proyecto de infraestructura y control de fuentes energéticas en el marco de una industrialización con base en la maquila, que amenaza desintegrar las comunidades rurales y provocar mayores desajustes sociales y ambientales. Por ello, reputados analistas afirman que la mención del desarrollo humano en los objetivos es solo un adorno:
a) La extensión de las maquiladoras hacia el sur tiene como clave la existencia de mano de obra barata, sobre todo ahora que China ingresó a la OMC y abrió su mercado laboral, más barato aun. En EU el valor de la fuerza de trabajo no desciende de $5 por hora, mientras en maquilas centroamericanas, como en Nicaragua, se paga apenas a $0,25 la hora. ¿De concretarse este proyecto, cómo evitará el gobierno la desvalorización de la fuerza de trabajo costarricense?
b) Uno de los aspectos privilegiados en el PPP se refiere a la interconexión vial (construcción de una megacarretera, necesaria para las maquiladoras). No hablamos de "integración vial", como expresa el discurso oficial, porque el proyecto no incluye un centavo para vías de penetración o caminos vecinales. Cada país deberá financiar el tramo correspondiente en su territorio (además del mejoramiento de los puertos, de núcleos de mantenimiento, etcétera), todas enormes inversiones nacionales para "comodidad" del capital transnacional, y que pagaremos todos los contribuyentes. Asimismo, de esta manera se aumenta la deuda y en momentos en que se busca desatar pánico en torno a la cuestión fiscal. ¿Cómo justifica el gobierno estas inversiones que no benefician a los costarricenses, al mismo tiempo que pide se aprueben más impuestos? Ante el caos vial en el área metropolitana y las dificultades de los nacionales para sacar sus productos, ¿por qué no se prioriza la inversión en el mejoramiento de la red vial nacional?
c) En la porción mexicana incluida en el PPP se localiza el 65% de las reservas petroleras de ese país y se obtiene el 94% de la producción de crudo, el 54% del gas y el 90% de la producción de petroquímicos básicos y secundarios. En la costa atlántica centroamericana han aparecido reciente y simultáneamente grandes intereses empeñados en la exploración petrolera. Ambas situaciones articuladas evidencian el propósito de "integrar" una cadena de yacimientos bajo un control único en tiempos en que justamente la ambición por el control mundial del petróleo llama a la guerra (Afganistán, Irak, Colombia, Venezuela). Y aunque el presidente Pacheco se ha comprometido públicamente a rechazar la exploración petrolera, sabemos que los caminos de la política están sembrados de "tentaciones". ¿Está él dispuesto a mantener su posición ante eventuales presiones o modalidades de condicionalidad cruzada?
d) Como todos sabemos, el control de la producción de alimentos y de las fuentes energéticas del planeta son indispensables para la consolidación de lo que ya algunos llaman el neoimperio, proyecto que se apoya en la presencia y supremacía militar de EU. Por ello hasta Oscar Arias ha expresado que "Esto ha permitido a Washington tornarse en extremo arrogante y conducir unilateralmente su política exterior, la cual podría poner en peligro la paz mundial" (La Nación, 24-7-02). Los avances en el PPP (que incluye la participación del gobierno mexicano, socio de EU en el TLCAN) y el inicio de "negociaciones" hacia el TLC-CA-EU se han acompañado, coincidentemente, de acuerdos militares y policíacos entre países de la región y EU. En mayo se instaló una oficina regional de la Interpol en El Salvador y luego Guatemala aceptó la llegada de doce mil militares estadounidenses; el presidente dominicano informó recientemente de la llegada de ocho mil soldados estadounidenses a su país con misión desconocida y en nuestro territorio quieren instalar la versión contemporánea de la tristemente recordada Escuela de las Américas, donde se entrenaron los peores torturadores, dictadores y narcotraficantes de América. ¿Qué hará el gobierno para evitar el incremento de la militarización de la región?