TLC perjudicaría el ambiente

--Manuel López --

El inicio de las negociaciones para santificar el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (TLCCA) ha generado múltiples reacciones: de entusiasta aceptación por parte de los sectores privilegiados por las políticas de apertura comercial, de desinterés por parte de sectores escasamente informados, de cautela por parte de sectores temerosos de perder cuotas de mercado y de decidida oposición por parte de organizaciones sociales, comunales y de distinguidas personalidades. La asimetría caracteriza nuestras relaciones con EU: al tiempo que ese país constituye el principal socio comercial de Costa Rica, es también cierto que nuestro país, y en general el área centroamericana, no reviste una importancia comercial estratégica para la superpotencia, al menos desde la perspectiva de los grandes números del comercio. Sin embargo, la administración Bush ha concedido especial importancia a la región, tras lo que encontramos un complejo entramado de intereses donde se expresan las contradicciones de la economía global, es decir del capitalismo.
Lo verdaderamente característico de la economía internacional es el estancamiento del crecimiento. En la prensa comercial esta crisis se evidencia en la variabilidad de las noticias: un día anuncian el despegue de la confianza de los consumidores y el inicio del fin del desempleo, y al día siguiente informan de miles de despidos y de las bajas expectativas del consumo. La crisis lleva a enfrentar una situación en la que se da un agresivo proceso de redistribución del producto mundial y sus beneficios. Obviamente, esta redistribución será determinada por quienes ejercen el poder global. Este proceso no está exento de contradicciones y la opción ahora es redistribuir y concentrar la riqueza, incluso a través del reparto de la parte del pastel que acapara el capital transnacional. Esta redistribución es un proceso en extremo violento; no es casual la actual estrategia de guerra de la administración Bush que acompaña a la intensificación de los procesos de la apertura comercial a nivel global.
Entonces, la economía global es la economía de la empresa transnacional, que es global por el alcance y los escenarios en que se realizan sus operaciones productivas así como su toma de decisiones y sus correspondientes flujos financieros. Es, pues, un engranaje que demanda una enorme flexibilidad. La estrategia entonces es clara: sentar las bases institucionales para la flexibilización del accionar del capital global, profundizar el proceso de apropiación de los factores de la función de producción (que serían básicamente dos: los recursos y servicios naturales y la fuerza de trabajo) e incorporar nuevos negocios en sectores que precisamente suponen las mejores posibilidades de incrementar la acumulación de capital.
Esta estrategia podemos sintetizarla como una agresiva apropiación de mercados. La economía global se caracteriza por crecientes esfuerzos de los centros de poder (EU, Europa, Japón) por consolidar sus mercados, en primer término en sus áreas de influencia directa. EU realiza este proceso bajo la bandera del libre comercio, y desde 1994 su estrategia ha recibido el nombre de Área de Libre de Comercio de las Américas (Alca), de la cual no nos ocuparemos aquí, pero sí apuntaremos un hecho que explica el interés reciente en el TLCCA. La ascensión de Lula al gobierno de Brasil significa el mayor escollo en la ejecución de los planes de expansión de EU, porque aquel país, al ser la mayor potencia económica de la región latinoamericana, ha presentado diferentes objeciones al Alca. El ascenso de Lucio en Ecuador, las posiciones de desarrollismo nacionalista de Chávez en Venezuela y la crisis argentina son también factores que frenan la implementación del Alca sin que este cambio de la correlación de fuerzas a nivel latinoamericano signifique su fin, sino que simplemente señala que la velocidad de su implementación variará, por lo que actualmente EU privilegia una política de pequeños pasos. Al existir ahora el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN) es obvio que el próximo paso es Centroamérica, de lo cual hemos tenido un elocuente prólogo a través del Plan Puebla-Panamá (PPP).

Hay tres características de la región centroamericana que determinan el interés de EU en el TLCCA, en el PPP y en el Alca:
La pobreza. El 60% de los mesoamericanos son pobres (el 75% vive con menos de $2 al día) y además serán desplazados de sus actividades tradicionales y hasta de sus comunidades como consecuencia de la liberalización de la agricultura y de la ejecución de los megaproyectos del PPP -por ejemplo las hidroeléctricas en Guatemala. Se garantiza así una mano de obra barata. La región tiene cerca de 100 grupos étnicos, la mayoría de los cuales no sabe mayor cosa sobre las negociaciones de apertura comercial, a pesar de sus implicaciones.
La biodiversidad. Centroamérica, conjuntamente con el sureste mexicano -es decir, Mesoamérica-, es conocida como la segunda región en biodiversidad del planeta: 1.797 especies de mamíferos, 4.153 de aves, 1.882 de reptiles, 944 de anfibios, 1.132 de peces, 75.861 de plantas sin hablar de innúmeros microorganismos. Se estima que la región representa un 7% de la biodiversidad conocida de la Tierra. Además, los bosques de la región y sus enormes reservas de agua plantean un gran desafío a la voracidad de las transnacionales.
La biodiversidad es hoy un recurso estratégico debido a que las tecnologías de punta hacen uso de ésta, y si es estratégica debe ser controlada, y esto es precisamente lo que busca el TLCCA, obviamente en beneficio de las compañías transnacionales norteamericanas.
La posición geográfica del istmo. Dada su singular posición geográfica, Centroamérica también será un corredor terrestre y marítimo para el flujo de bienes hacia el Norte y hacia los grandes mercados de la economía global. EU concentra el 80% de su economía entre el río Mississipi y la costa atlántica, lo que implica una gran dificultad de transportar productos hacia la costa pacífica (California) con el fin de exportarlos hacia los mercados del Pacífico asiático, zona con la que EU desarrolla un intercambio sumamente dinámico.

El presidente Pacheco ha afirmado que las negociaciones en torno al TLC recién comienzan y no se debe, entonces, adelantar resultados. Formalmente esto es cierto; sin embargo, y como bien dice nuestro pueblo, por la víspera se saca el día. Es decir, podemos prever con suficiente certidumbre cuál podría ser el panorama de un tratado con EU a la luz de la experiencia del TLCAN, a lo que es conveniente sumar el perfil ideológico de nuestros negociadores.
El eje del TLCAN es el llamado Capítulo 11, que va más allá que ningún otro acuerdo o tratado comercial en el mundo al garantizar una serie de derechos y privilegios a los inversionistas internacionales. Su aspecto más controversial es que permite a inversionistas privados demandar a los gobiernos miembros del Tratado de manera directa y a exigirles compensaciones cuando éstos incumplan cualquiera de las muchas obligaciones del Capítulo 11. Este poder sin precedentes otorgado a las corporaciones transnacionales restringe la habilidad de los gobiernos para proteger el bienestar público y el ambiente, así como para asegurar que las inversiones ayuden a alcanzar objetivos para el desarrollo social y económico de los pueblos. El Capítulo 11 logra así garantizar nuevos mercados a las transnacionales norteamericanas eliminando toda una serie de medidas públicas tendientes al bienestar de las personas y el ambiente.
El Capítulo 11 del TLCAN no solo se ha usado para impugnar exitosamente una cantidad de reglamentos sanitarios y ambientales en Canadá, EU y México, sino que también se ha utilizado para crear un efecto de enfriamiento para advertir a los gobiernos que no conviene tomar ciertas medidas reguladoras por temor a violar las disposiciones acerca de inversiones del TLCAN. Como explica Steven Shrybman, experto en aspectos jurídicos del comercio, "las disposiciones de inversionista-estado del TLCAN representan nada menos que un desvío radical de las normas legales nacionales e internacionales de por lo menos tres maneras fundamentales. En primer lugar, otorgan a las empresas el derecho de ejecutar directamente un tratado internacional del cual no son partes signatarias y según el cual no tienen obligaciones. Segundo, extienden el arbitraje comercial internacional a reclamaciones que no tienen nada que ver con contratos comerciales sino con leyes y políticas gubernamentales. Tercero, crean derechos jurídicos sustantivos con respecto a expropiación y tratamiento nacional que van más allá de los que están a disposición de la ciudadanía o de las empresas locales".
Los gobiernos deberán estar preparados para pagar un alto precio por el derecho de proteger la salud ambiental, animal y humana en el ámbito de su mandato. El abogado en asuntos comerciales Barry Appleton explica que "podrían condimentar la comida de los niños con plutonio líquido; si se lo prohíbe y la empresa productora es estadounidense, habrá que pagar una indemnización". Organizaciones como Public Citizen's Global Trade Watch han informado que EU se ha empeñado en liberalizar el sector servicios, incluyendo sanidad, educación, servicios ambientales y servicios hídricos.
Según informa Public Citizen, EU está tratando de expandir al resto del hemisferio las reglas de proteccionismo empresarial acerca de patentes, plasmadas en el TLCAN, que otorgan a la empresa titular de una patente en un país determinado derechos monopólicos de comercialización, lo que por ejemplo imposibilitaría el acceso a medicinas tradicionales.
El Grupo de Miami (EU, Canadá, Argentina y Chile) tiene el objetivo de obligar a los países de las américas a aceptar la biotecnología y los alimentos genéticamente modificados, lo que responde a los intereses de empresas como Cargill, Monsanto y Archer Daniels Midland por encima de los requisitos de supervivencia de los pequeños agricultores, campesinos y comunidades de toda Latinoamérica.
La posición de EU en el tema de servicios tiene como propósito fundamental restringir el suministro de servicios de todos los niveles de gobierno y facilitar el acceso a contratos gubernamentales por parte de las empresas transnacionales en innumerables áreas, incluyendo salud, educación, energía, servicios hídricos y de protección ambiental, propiedad inmobiliaria, seguros, turismo y muchos otros sectores. Todo esto presenta una grave amenaza para los programas sociales. Algunos estados, especialmente el costarricense, suministran servicios de sanidad universal, educación pública, puericultura, jubilaciones, asistencia social y muchos otros servicios sociales sin fines de lucro, los cuales están seriamente amenazados por estas disposiciones.
Posiblemente el mandato del grupo de negociación de acceso a mercados será seleccionar una metodología y un cronograma para la eliminación de los aranceles y las barreras no arancelarias restantes, y acordar el ritmo al que se reducirán los aranceles. Potencialmente, las barreras no arancelarias incluyen todo lo que hacen los gobiernos, incluso la prestación de servicios y la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos y del ambiente. En esta lógica, los criterios de acceso a mercados menoscaban la facultad del estado costarricense de adoptar medidas para la protección de la salud, el bienestar de las personas y el ambiente, los derechos laborales, los derechos humanos y muchos otros.
Se espera que la discusión en torno a los derechos de propiedad intelectual se aboque a "reducir las distorsiones del comercio y promover y asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual". Actualmente se ha ido mucho más allá del alcance inicial de proteger invenciones originales y productos culturales y ahora se permite la práctica de patentar plantas, formas animales y semillas.

En materia ambiental, entre 142 países registrados en el índice de sostenibilidad ambiental, EU ocupa el lugar 51º, por debajo de Honduras y Costa Rica. Esto nos adelanta perfectamente el nivel de sensibilidad ambiental que ha de orientar la posición de EU. En el caso del TLCAN, los ministros de ambiente tienen actualmente una menor jurisdicción que sus homólogos del sector comercial. Cuando los ministros de los países del TLCAN anunciaron, en diciembre de 1998, que facultarían a la Comisión para la Cooperación Ambiental -entidad del TLCAN que se ha convertido en un organismo de control sin poder- para examinar los casos relacionados con el Capítulo 11, transgredieron los límites establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional canadiense (DFAIT) y sus instituciones hermanas de EU y México. Meses después, los ministros de ambiente invalidaron totalmente los nuevos poderes, limitando a la entidad de tal forma que casi la desmantelan.

Si bien no existe un grupo de negociación TLCCA dedicado exclusivamente a temas de energía, es muy probable que se haga eco de las disposiciones sobre energía que forman parte integral del TLCAN. En ese marco, los negociadores crearon una política energética liberalizada, antiambiental y anticonservacionista, fundamentada en exportaciones generadoras de grandes ganancias a corto plazo y de alto costo, controlada por las empresas de energía transnacionales, con poco interés en el aumento de precios y en las consecuencias ambientales de sus acciones. Si se extendiera al resto del hemisferio este régimen energético desregulado, tendría consecuencias devastadoras en la lucha contra el uso excesivo de combustibles fósiles en nuestros países.
Por ejemplo, en Canadá, para cumplir con dichas disposiciones del TLCAN, se invalidaron los poderes de la entidad reguladora National Energy Board y se desmanteló la "garantía de suministro vital" que exigía que Canadá mantuviese un superávit de gas natural suficiente para 25 años. El acuerdo comercial impuso un sistema de "repartición proporcional" mediante el cual el suministro canadiense de energía a EU está garantizado a perpetuidad. El gobierno de Canadá acordó que ya no tiene el derecho de "rechazar una solicitud de licencia o revocar o cambiar una licencia de exportación de energía a EU", aunque fuese por razones relativas a prácticas ambientales o conservación.
Los acuerdos de libre comercio obligarán a nuestros países a comprometerse a una política energética controlada por exportaciones masivas y garantizadas a EU, al control empresarial de las provisiones y a una política económica que depende más que nunca de la explotación de recursos primarios. Esta orientación tiene en la práctica, como consecuencia, la implementación de estrategias como el Plan Colombia, que a costa de garantizar el control de EU sobre esos recursos estratégicos da pie a acciones eminentemente bélicas.
Energía no solo es petróleo, también significa electricidad, lo que atañe de forma directa a nuestro país, el cual ya ha sido seleccionado, dentro de la estrategia regional del PPP, para asumir el papel de suministrador de electricidad a partir del recurso hídrico, lo que implica enormes impactos ambientales y sociales negativos: tendencia a la fragmentación del ecosistema fluvial, cambio en los patrones de flujo de los ríos, desplazamiento de poblaciones, efectos sociales y culturales negativos sobre las comunidades, efectos negativos ecológicos sobre flora, fauna acuática y terrestre, productividad agroindustrial desplazada, cambios al paisaje y otros más. Además, más allá de los efectos individuales de un solo proyecto, el efecto sinergético de una cadena de proyectos en una cuenca (por ejemplo en el río Sarapiquí) es cada vez mayor.

De igual manera, es improbable que, bajo el TLCCA, EU no extienda las disposiciones del TLCAN en lo referente a recursos hídricos, las cuales establecen un mercado continental de agua, lo que supone una enorme presión particularmente en cuanto al agua para uso de las comunidades, y de hecho anticipa los planes de privatización del suministro de agua. El Capítulo 3 del TLCAN establece obligaciones, e incluso derechos de tratamiento nacional, respecto del acceso a mercados para el comercio de bienes. Utiliza la definición de bienes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt), que claramente incluye "aguas, incluso aguas naturales o artificiales, y aguas aireadas". Según los artículos 315 y 309 del TLCAN, ningún país puede reducir o restringir la exportación de un recurso una vez establecida su comercialización. Además, ningún gobierno puede imponer un impuesto a la exportación o cobrar más a los clientes de otro país del TLCAN que a los clientes nacionales. Las exportaciones de agua estarían garantizadas al nivel adquirido durante los 36 meses precedentes; cuanta más agua se exporte, más será el caudal que se deberá exportar; y aunque se llegara a determinar que el movimiento masivo de agua daña el ambiente, dichos requisitos continuarían en vigor.
Si cualquier gobierno intentase mantener los servicios de agua en manos del estado, las empresas transnacionales tendrían enormes derechos de indemnización según el Capítulo 11. Esta pérdida de control público del agua es absolutamente inaceptable para países como Costa Rica. En conclusión, la explotación actual de los recursos naturales de la región por parte de empresas canadienses y estadounidenses aumentaría considerablemente bajo el TLCCA. Las empresas transnacionales de minería, energía, agua, ingeniería, silvicultura y pesca tendrían nuevo acceso a la base de recursos invalorables de cada país y contarían además con el derecho de impugnar a cualquier gobierno que tratase de limitar dicho acceso, valiéndose de las disposiciones de inversionista-estado. La habilidad de los gobiernos, el costarricense entre ellos, para proteger el bienestar integral de los ciudadanos, el ambiente o establecer normas ambientales respecto de la extracción de recursos naturales se vería sensiblemente reducida, al igual que el derecho de garantizar que las actividades de las empresas extranjeras generen empleos locales.

Respecto de agricultura y seguridad alimentaria debemos apelar a la realidad. México, después de ocho años en el TLCAN, tiene un nivel de pobreza sin precedentes: del 70%. Durante esos años el salario mínimo perdió más de tres cuartos de su poder adquisitivo. El caso del agro mexicano es sumamente revelador. A nueve años de existencia del TLCAN, la mayoría de los 25 millones de campesinos mexicanos se encuentran en bancarrota. Sin embargo, lo peor está por venir cuando se implemente este año la desgravación de los productos agrícolas.
En el artículo de Guillermo Correa, "Guerra contra el TLC" (Proceso, 29-12-02), se dice que "Antes del TLCAN, en 1993, México importó 8,8 millones de toneladas de granos y oleaginosas; para el año 2000 se estima una importación de más de 20 millones de toneladas, o sea, 2,3 veces más... En lo que va del TLCAN, las importaciones ascienden a 13.606 millones de toneladas. Caso similar sucede con las carnes, frutas de clima templado y demás, compras que han desplazado a los productores nacionales, aumentando el desempleo en el campo en más de 1 millón de personas; además de que han destruido parte de la infraestructura física del país. "Según los especialistas, México tiene una balanza comercial crónicamente deficitaria, con una tendencia a crecer. En nueve años de vigencia del TLCAN, el déficit asciende a $14.500 millones, cifra equivalente a 4,3 veces el presupuesto para el campo en 2003 …Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la pérdida de empleos es de 1.780.000 fuentes de trabajo, de las cuales casi 600.000 se relacionan con productores de granos básicos. "De todos los porcicultores, 40% ha abandonado la actividad; lo mismo sucede con 24% de los dedicados a la papa, al arroz, al maíz". Y así podríamos profundizar en ejemplos.
Lo expuesto nos lleva a no compartir el optimismo del ministro de comercio exterior, Alberto Trejos, cuando afirma que "La expansión y la liberalización del comercio son indispensables para acelerar el crecimiento económico y promover la creación de empleo y el desarrollo en nuestros países. Esto es particularmente importante en el caso de los países centroamericanos cuyo futuro, como economías pequeñas y en desarrollo, está directamente relacionado con nuestra capacidad de integrarnos y de participar plenamente en el mercado internacional".
Consideramos evidente que el TLCCA obedece a la política de pequeños pasos de EU para garantizar su expansión a todo el hemisferio, y a la consolidación de sus posiciones dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que precisamente tendrá una de sus más decisivas rondas de negociaciones en el mes de septiembre en Cancún, México, donde sin ninguna pretensión sensacionalista podemos decir que se estará negociando el futuro de la humanidad cuando se negocien temas como: agricultura, derechos de propiedad intelectual, organismos genéticamente modificados, inversiones, turismo, energía y servicios.

Expresamos con honda convicción que no aceptamos el modelo del TLCCA, el PPP, el Alca y el modelo de intercambio globalizado de la OMC, y, contrariamente, vislumbramos la posibilidad de un proyecto alternativo de región, el cual se ha de construir sobre la capacidad de las comunidades de decidir localmente cuáles son sus propias necesidades y en qué medida necesitan del comercio internacional, regional o local. En otras palabras, las economías locales deberán tener la posibilidad de elegir hasta qué punto quieren ser autosuficientes y generar su propia riqueza y fuentes de trabajo, al mismo tiempo que mantienen abierta la opción al comercio. Por supuesto, se requiere sistemas democráticos y participativos de toma de decisiones económicas, tanto a nivel nacional como internacional. La toma de decisiones en cuestiones clave exige procesos verdaderamente democráticos. Un sistema económico viable y productivo debe fijarse como meta la satisfacción de las necesidades de todas las personas, con base en un uso equitativo de los recursos limitados del planeta. La erradicación de la pobreza, la sustentabilidad social y cultural, la equidad intergeneracional y la dignidad humana deben ser objetivos clave. Es necesario administrar los niveles de producción y consumo; y el trato preferencial y diferenciado para los países y pueblos empobrecidos debería ser un componente integral de una verdadera estrategia de desarrollo hacia la sustentabilidad que no podrá alcanzarse a través de ningún acuerdo que, como el TLCCA, solo busca la hegemonía del interés comercial, que es el interés de unas cuantas transnacionales que hoy controlan la riqueza de la humanidad.