Libre mercado, ambiente y fuerza de trabajo

--Manuel Argüello--

La previsible transformación radical de los territorios productivos que implica nuestra forma particular de inserción en la globalización -dada nuestra localización en el patio trasero y área de influencia más inmediata de la mayor potencia económica del mundo- conlleva necesariamente una nueva forma de generación de riesgos, pero a la vez implica cambios en la dimensión de posibles desastres, ya no por el gran tamaño de las amenazas vinculadas a fenómenos naturales de gran escala, como los huracanes, el cambio climático o El Niño, sino por lo formidable del impacto que puedan tener y van a tener la apertura comercial y la integración de mercados.
Más allá de la discusión sobre si se puede o se requiere la integración de nuestra economía a nuevas zonas comerciales abiertas (como el TLC con EU o el propio proceso del Área de Libre Comercio de las Américas [Alca]), hay dos temas clave que requieren investigación prospectiva y actitudes proactivas: Primero, los impactos territoriales que puedan desatar procesos de degradación ambiental, estancamiento en zonas -ahora u otrora- de alta producción y densidad poblacional o abruptos saltos en el tipo de uso del suelo en amplios territorios que sobrepasen las fronteras nacionales de pequeños países y economías como las centroamericanas. Y, segundo, el inmenso impacto que ya tiene todo ello sobre la movilidad relativa de la fuerza de trabajo en el istmo y que podría aumentarse sustancialmente aun cuando una de las características de los tratados que supuestamente se "negocian" es precisamente la ausencia de una preocupación (e incluso ausencia del tema como un todo) respecto de la apertura simultánea de la movilidad de esa mercancía especial que es la fuerza de trabajo, la que más bien encuentra nuevas restricciones e imposiciones: la población, los seres humanos en comunidad, aparecen como compradores potenciales, como mercado, pero no como productores y oferentes de su capacidad de trabajo, es decir como mano de obra de muy diversa relativa capacidad y capacitación, y por tanto con impactos que pueden ser gravísimos si se le permite una movilización "libre" según los vaivenes del mercado y según su éxito relativo en relación con su inserción en el mercado laboral en rápida transformación.

La creación de una inmensa zona de libre comercio enfatiza procesos ya en marcha a partir del Plan Puebla Panamá, como la construcción de corredores de comercio y logístico; así como el desarrollo centrado en sitios estratégicos regionales como los grandes puertos, los canales secos y los ductos interoceánicos, en particular en ciertas localizaciones que lo facilitan en el istmo. La integración más intensa de la región y su integración como conjunto dentro de otra dimensión territorial como el TLC con EU o, más aun, el propio Alca, implicará el favorecimiento a inmensas empresas para que puedan superar las barreras que hasta ahora podrían significar los controles arancelarios y restricciones de nuestras pequeñas economías.
Por otro lado, en la parte positiva, lo cierto es que desde siglos atrás nuestras economías han sido muy abiertas y nuestros territorios han estado disponibles para tales inversiones. De hecho, durante la segunda parte del siglo XIX el istmo vivió la euforia de la construcción de un canal interoceánico con propuestas desde mediados de siglo en Nicaragua, y entre Costa Rica y Nicaragua, lo mismo que en la zona donde finalmente se construyó una república y un canal, el de Panamá; ello con todas las implicaciones geopolíticas y estratégico-militares que son conocidas y siguen vigentes de diversas maneras.
Algo parecido puede plantearse respecto de las plantaciones bananeras, que en el caso de Costa Rica implicaron no solo la entrega de casi toda la costa atlántica a un empresario por parte del gobierno de entonces, sino también dar una concesión de 100 años al ferrocarril y muchas otras prebendas y formas de control gubernamental que no dejaron de lado todo tipo de abusos y formas de discriminación racista contra indígenas y afrocaribeños traídos como fuerza de trabajo. La apertura a tal tipo de transformaciones agresivas y de grandes consecuencias se tuvo también en la transformación de Guanacaste y muchos otros territorios similares en todo el istmo en relación con la apertura del mercado de EU a la carne y, luego del bloqueo a Cuba, también a la caña. Décadas después, una nueva transformación estratégica se plantea hacia la diversificación y el incremento de la agroexportación no tradicional, a la que se integran grandes contingentes de población y relativamente muy importantes extensiones de territorio, especialmente por su concentración en algunas áreas donde se sustituye el café y otros cultivos tradicionales, pero que en estos días encuentran un relativo cierre, vía aranceles, de los mercados europeos; esto último, de manera irónica, simultáneamente a los cantos de sirenas que lanzan loas al libre mercado.
No es algo nuevo el proceso de introducción rápida e impactante de las empresas multinacionales, como ya sucedió cuarenta años atrás con el inicio del proceso de integración centroamericana, cuando cientos de empresas del área fueron absorbidas por las multinacionales o simplemente desaparecieron frente a la formidable nueva competencia. Pero, a la vez, el impacto en el empleo fue muy por debajo del esperado y las condiciones de trabajo se impusieron en forma que violaban muy a menudo y ampliamente la legislación laboral vigente, por lo menos en Costa Rica.
La migración entre regiones dentro de los países, y la migración internacional en particular hacia afuera de la región y preferentemente hacia EU, ha sido la respuesta adaptativa de los pobladores que padecen el torbellino, y al igual que cuando las pérdidas y los daños se originan en la vulnerabilidad frente a los eventos naturales. En estos casos, los desempleados y los que se encuentran de pronto con que su capacitación laboral es obsoleta (sin que haya procesos y programas de reconversión laboral paralelos a la reconversión productiva en cada zona, región o país), deben buscar nuevos sitios de inserción, con lo que no pocas veces se abandonan viejas zonas de cultivo ya no rentables (como el café en cientos de pequeñas fincas de las montañas del sur del Valle Central de Costa Rica) y se colonizan zonas nuevas, sin que los territorios hayan sido preparados para recibirlos, generándose, por lo tanto, procesos múltiples de degradación ambiental por hacinamiento o utilización de cuencas, planicies aluviales o zonas costeras inundables -como el Valle de La Estrella en Costa Rica o el Bajo Lempa en El Salvador-; así como por la destrucción de escarpadas faldas montañosas o volcánicas, como sucede en casi todos los conos de la cadena volcánica desde Guatemala hasta Costa Rica.
Todo ello implica, también, una gran presión territorialmente concentrada sobre el recurso hídrico, no solo en nuevos valles industriales, como la región de San Pedro Sula en Honduras, sino también en los megaproyectos y complejos de marinas turísticas, como sucede en toda la costa pacífica de Costa Rica.
Con cada uno de esos cambios, desde la destrucción de los bosques muy húmedos del Atlántico para plantar banano, hasta la destrucción del bosque seco del Pacífico para sembrar algodón, sorgo o ganadería extensiva tradicional, se han ido construyendo territorios de alta vulnerabilidad tanto a eventos naturales como a los vaivenes del mercado. Las reglas cambian y las cambian los grandes centros de poder; pero las subregiones y zonas rurales no tienen plan b. Si se cierra la producción bananera en el Pacífico Sur, habrá que migrar; si quiebran las pequeñas fincas cafetaleras de Acosta, habrá que migrar; si desaparece la producción de helechos, frutas o flores -dada la dictadura sobre los mercados en Europa o EU; aunque prediquen la libertad de los mercados-, también habrá que migrar. Habrá que migrar de una economía rural quebrada en El Salvador y en Nicaragua, pero también si la población más calificada de Costa Rica encuentra escasa inversión y baja demanda de fuerza de trabajo sofisticada por el estancamiento, la recesión o la guerra que impulsan también los mismos gobiernos que imponen la libertad de mercados cuando lo desean y donde lo desean.
El último siglo de cambios debió dejar muchas lecciones aprendidas, pero parece que no hay tal proceso de aprendizaje. Los técnicos de alto nivel del comercio exterior siguen trabajando en lo suyo, pero no tienen contrapartes que generen las condiciones a negociar que permitan evitar los impactos negativos, depredadores y destructivos que tanto sobre el ambiente como sobre los pobladores tuvieron las radicales modificaciones de la vida social con los cambios económicos y de la estructura productiva que se han sufrido. En particular, los más recientes vinculados con el Mercado Común Centroamericano o la relocalización de la fuerza de trabajo en Centroamérica, y, en particular, la inmensa migración de nicaragüenses hacia Costa Rica para insertarse en algunos sectores bien precisos como la construcción, la corta de café y cítricos -en el norte-, la seguridad privada y el servicio doméstico, con referentes territoriales también claramente definidos; pero en todos los casos sin las adecuaciones ambientales, habitacionales o de servicios sociales e infraestructuras mínimas para asegurarles una vida digna y la seguridad frente al impacto de los consuetudinarios daños y pérdidas que se dan asociados con fenómenos naturales como el ciclo de las lluvias o la liberación de energía de las fallas locales o continentales.

Ni los organismos especializados ni menos aun las estructuras de gobierno vinculadas al desarrollo, e incluso menos las vinculadas con la política social, han tenido el peso, la información o el interés de impulsar las actividades requeridas paralelas a los cambios económicos que aseguren la vida o, al menos, reduzcan o mitiguen el riesgo. Los nuevos cambios previsibles en la producción agrícola, la organización productiva -por ejemplo con el impacto sobre el sistema de maquila en zonas francas que tendrá la eliminación de los incentivos y privilegios de que hasta ahora disfrutan- y su relativa concentración en algunas zonas o sitios, deberán acompañarse de procedimientos y periodos de preparación que permitan mitigar el impacto, tanto sobre la degradación ambiental como sobre la estructura del empleo. Una readecuación productiva debe ir acompañada de la correspondiente reconversión laboral, es decir, de nueva capacitación de la vieja fuerza de trabajo y en particular de los contingentes de jóvenes que están accediendo al mercado laboral. Una apertura a ultranza en lo comercial y las inversiones de multinacionales debe ir acompañada de la correspondiente política migratoria y la salvaguarda de la aplicación obligatoria de la legislación laboral, no simplemente de la imposición de la llamada flexibilidad laboral, que no es otra cosa que la explotación a ultranza (o sea la reducción salarial impuesta por procesos como devaluación o impuestos al salario y equivalentes) y el desempleo o subempleo obligado.
Las estrategias locales y regionales deberán ser herramientas aplicables tanto a la negociación internacional, donde se prevean los impactos locales y se programen las readecuaciones que protejan tanto el ambiente y el disfrute de los recursos naturales por parte de las próximas generaciones, como a la protección de la población local o regional, evitando la migración y el empobrecimiento forzado como consecuencia.
No serán los negociadores de las grandes potencias los que protejan a nuestros campesinos -aquéllos protegen los suyos-; pero tampoco parece que nuestros negociadores tengan mayor interés en este asunto, ya que a menudo pugnan por la flexibilización laboral, la desregulación radical y la privatización generalizada junto a la reducción y casi aniquilación del rol estatal. Corresponde entonces a las organizaciones locales y regionales, a los pobladores organizados, los gremios, las organizaciones ambientalistas, los gobiernos locales y en general a los directamente afectados, la preparación de propuestas preventivas que permitan una inteligente inserción en la economía global, por vía de tratados negociados y a la vez por vía del desarrollo de contrapesos que protejan o impulsen el bienestar de quienes serán directas víctimas si quedan al vaivén de los avatares del mercado, que no es -nunca ha sido y nunca será- libre, sino controlado por grandes fuerzas de enormes empresas (incluso algunas monopólicas) y no solo por parte de los estados. La regulación del mercado se origina precisamente en esas inmensas corporaciones, cuya dimensión supera con mucho la capacidad de nuestras economías, pero no por ello debe doblegar la fortaleza de nuestra soberanía en tanto que estados independientes y dignos.