Liberalización económica acarreará inseguridad alimentaria

--Eduardo Aguilar y Ambika Chawla--


El Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), cuyo diseño inicial es de 1994, es un modelo que, siguiendo las mismas directrices del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), contempla una serie de medidas implementadas y ratificadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que en el Alca tienden a ser más rígidas y más perentorias. Aunque pueda ser muy temprano para evaluar los impactos socioeconómicos, ecológicos y culturales de ese tratado de liberalización de mercados, pues las negociaciones aún no han concluido, podemos inferir que serán similares a los que se dieron como resultado del TLCAN: aumento del poder de las corporaciones multinacionales, privatización de los servicios públicos, decaimiento paulatino de los derechos laborales, aumento en la explotación de los recursos naturales, "americanización" de las culturas locales y desplazamiento de pequeños agricultores como resultado de la creciente inseguridad alimentaría. Considerando la importancia clave de la agricultura en la región centroamericana, este artículo examinará las políticas comerciales del Alca y sus potenciales implicaciones en el sector agrícola de América Central.

Tradicionalmente, las economías de la región han dependido de la agricultura de subsistencia y de la exportación de cultivos tradicionales (como café y banano) las cuales dan liquidez a la economía. El sector agrícola tiene un gran peso en la economía Centroamericana, con un producto agrícola bruto de alrededor del 10%. Por ejemplo, en Costa Rica, la agricultura contribuye en aproximadamente un 11% de la economía, y en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala la dependencia de ese sector es aun mayor. En promedio, en toda la región, un 60% de la población está ligada a pequeñas y medianas empresas agrícolas. Por lo tanto, cualquier cambio en las políticas comerciales en este sector tendrá un impacto significativo, no solo en la economía y seguridad alimentaria, sino en la identidad y la cultura de las personas cuya forma de vida está directamente ligada a la tierra.
De acuerdo con Naciones Unidas, la seguridad alimentaria es "la habilidad de hogares, localidades, regiones y naciones para comprar y cultivar la comida suficiente, variada y de calidad para satisfacer sus necesidades nutricionales". Hoy día, un gran porcentaje de la población latinoamericana sufre de inseguridad alimentaría y pobreza rural: más de 90 millones de campesinos latinos y del Caribe viven por debajo de la línea de pobreza, y 47 millones viven en extrema pobreza. Pese al crecimiento económico global, la pobreza rural ha crecido entre un 10 y un 20% en los últimos tres años. Y, desafortunadamente, las negociaciones del Alca en agricultura podrían incrementar esta situación en los países involucrados. Para aclarar cómo el Alca amenaza potencialmente la seguridad alimentaria en la región, examinaremos aquí las medidas comerciales de eliminación de aranceles y subsidios y de acceso a mercados, las cuales reestructurarán significativamente las actuales políticas comerciales.

El Alca busca la eliminación de los aranceles y subsidios para los agricultores latinoamericanos, mientras los grandes negocios agrícolas de EU continuarían obteniendo altos montos en subsidios, desembocándose así en un desbalance comercial en el que los mercados de América se verían inundados con productos más baratos de la gran potencia del Norte.
El gobierno de EU invierte cerca de $28 billones anuales en subsidios a sus agricultores, la mayoría propietarios de extensos terrenos, lo que equivale a cerca del 40% de las ganancias de los mismos, lo cual los convierte en competidores muy agresivos en el mercado internacional. Estas ventajas competitivas les permite exportar el maíz y el trigo a un precio entre un 20 y un 46% por debajo del costo de producción. A diferencia de esto, los gobiernos latinoamericanos, siguiendo las directrices de los programas de ajuste estructural dictados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos comerciales, se ven obligados a invertir cada vez menos en subsidios al sector agrícola, para mitigar sus deudas externas.
La eliminación de los subsidios para pequeños y medianos agricultores en México bajo el TLCAN ya ha traído amargas consecuencias para la población, desde su aprobación en 1994, desplazando a miles de pequeños agricultores. Como resultado, se estima que unos 600 campesinos migran diariamente a las ciudades. Una liberalización del comercio con diferencias tan grandes en las políticas agrarias de los gobiernos solamente supone la creación de un abismo mayor entre las clases sociales, favoreciendo a las grandes empresas transnacionales. De acuerdo con la oenegé estadounidense Public Citizen, los grandes ganadores del TLCAN son los grandes negocios agrícolas, muchos de los cuales han tenido ganancias asombrosas. Bajo el TLCAN, la empresa Archer Daniels Midlands ha triplicado sus ganancias: de cerca de $110 millones a $301 millones, y las ganancias de ConAgra crecieron de $143 millones a $413 millones.
El tema del acceso a los mercados es difícil de abordar en tanto las discusiones no sean claras en torno a quién procuran favorecer. Los mercados locales buscan tener acceso para sus productos con privilegios sobre los productos importados, de ahí que existan las tarifas reguladoras tanto para importaciones como para exportaciones. Sin embargo, con el Alca se busca eliminar estos aranceles, lo que favorecería a los productos importados (y subsidiados) provenientes de mercados más poderosos, y apuntalaría las exportaciones de los productos de las transnacionales que tienen grandes operaciones en los países latinoamericanos. Los pequeños productores, por lo general, no son exportadores en el mercado internacional, así que le venden sus productos a grandes comercializadoras, las cuales se verían beneficiadas con la reducción en las tarifas de exportación.
Adicionalmente a los impactos sociales de las políticas agrarias, habría otras graves consecuencias ambientales: daños por el uso intensivo de agroquímicos que pequeños y medianos agricultores se verían forzados a utilizar en el afán de mejorar sus cultivos para competir con las grandes empresas extranjeras; y, más solapadamente, aumentaría la contaminación del agua y el aire a causa del aumento del transporte aéreo y marítimo a través de importaciones y exportaciones.

Eduardo Aguilar, ingeniero agrónomo, es miembro de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon); y Ambika Usha Chawla, geógrafa, es colaboradora de la campaña América Central No Esta En Venta, de Amigos de la Tierra Internacional.