Manuel López
Economista, pertenece a Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica e integra
el Grupo de Trabajo de Energía y Agua de la Federación Costarricense
para la Conservación del Ambiente (Fecon).
En La Nación del 1º de septiembre, René Castro, ex ministro
del Ambiente en la Administración Figueres, publicó un artículo
sobre el Instituto Costarricense de Electricidad (Ice) del siglo XXI, el
cual resulta revelador acerca de la orientación que algunos sectores
quieren dar al Ice y que hasta hace poco era insistentemente negada por
autoridades de esa institución pública, a saber, que el Ice
debe expandir sus actividades hacia la exportación de energía.
Insistentemente se nos dice que la energía hidroeléctrica
constituye una forma renovable o limpia de producción de energía.
Los hechos, tanto en la escala nacional como en la internacional, se han
encargado de restar mérito a esa afirmación. Son muchos los
impactos ambientales y sociales negativos de esta modalidad de generación
eléctrica: tendencia a fragmentar el ecosistema del río, cambio
en los patrones de flujo de los ríos, cambios del paisaje, desplazamiento
de
poblaciones, productividad agroindustrial desplazada, etcétera. Además,
debe considerarse, no solamente
los efectos individuales de un proyecto, sino el efecto sinergético
ambiental que ocasiona una cadena de proyectos en una cuenca. Impactos que
pueden llegar a sobrepasar sustancialmente los eventuales beneficios -como,
por ejemplo, generación de empleo- de los proyectos hidroeléctricos
para las comunidades locales. El trabajo desarrollado por la Federación
Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), conjuntamente
con diversas comunidades de todo el país, nos ha permitido constatar
que existe un enorme conflicto a raíz de la priorización dada
a la generación hidroeléctrica en desmedro de muchos otros
usos posibles del agua, tanto para la satisfacción de necesidades
humanas como de aquéllas propias de los ecosistemas. Este uso excesivo
del agua se da en el marco de una casi total ausencia de planificación
para el desarrollo energético nacional y para la gestión integral
del recurso hídrico. Incluso, y muy a pesar de lo que expone el ex
ministro, los proyectos hidroeléctricos pueden contaminar seriamente
el agua de los cauces y emitir gases de efecto invernadero como consecuencia
de la descomposición de material orgánico existente en el
lecho de los ríos.
Otra evidencia de la no renovabilidad de esta estrategia de generación
es que no se puede construir represas en cualquier lugar; es decir, son
limitadas las posibilidades de construcción de embalses. No olvidemos
tampoco que, invariablemente, con el paso del tiempo las represas, o mejor
dicho las cuencas, se llenan de sedimentos, de ahí que los costos
de desmantelamiento y de reemplazo de los proyectos son cada vez mayores,
no solo en términos monetarios, sino también en cuanto a sus
costos sociales y ambientales, que son la mar de veces imponderables desde
la perspectiva económica tradicional -el proyecto Angostura es un
desgarrador ejemplo de esto.
Vayamos al pasado reciente, concretamente a todo el proceso de lucha contra
el combo Ice (el paquete de leyes con que se quería privatizar esta
institución). Un producto de esa lucha cívica fue el Plan
de Contingencia del Ice, tendiente a definir las acciones de corto y mediano
plazos que garantizaran la estabilidad de la institución. Como parte
de ese plan se definió, entre otras subcomisiones, una encargada
de establecer las políticas y lineamientos ambientales del Ice. Dicha
subcomisión trabajó durante un año en la formulación
de su propuesta, pero el Consejo Directivo del Ice no aceptó sus
recomendaciones, incumpliendo el acuerdo original. Lo cual nos obligó
a denunciar que el Ice ha irrespetado el Plan de Contingencia en su componente
ambiental y que la actual política ambiental de esta entidad es absolutamente
insuficiente. Los aspectos ambientales de tal Plan cobran mayor vigencia
a la luz de los conflictos generados en proyectos como Boruca, Peñas
Blancas, Sarapiquí y Pirrís. El Ice demuestra que su accionar
está lejos de cumplir con una política ambiental que garantice
los derechos de las comunidades y ciudadanos contenidos en la Constitución
Política y la legislación vigente y, en general, acepta los
daños inherentes a esos proyectos y se compromete a presentar planes
técnicos de mitigación luego de muy prolongados procesos de
discusión con las comunidades y organizaciones ambientales, incluso
cuando muchos de los daños ya son del todo irreversibles.
En cuanto a la orientación exportadora que se quiere dar al Ice,
consideramos que tal prioridad es intrínsicamente incorrecta a
partir de la visión de modelo de desarrollo que queremos para nuestro
país. Podemos identificar dos grandes concepciones que determinan
a su vez dos estrategias de desarrollo claramente diferentes en sus objetivos,
en sus impactos y en sus beneficiarios. Por un lado, hay una estrategia
"hacia adentro" basada en las necesidades del país, de
las comunidades y del mercado local. Por otro lado, hay una estrategia
"hacia afuera" en función de los requerimientos del mercado
externo, regional o globalizado. Un desarrollo energético orientado
al mercado externo tendrá como criterio estratégico lo que
ese mercado dicte y no las necesidades locales. Es por ello que la implementación
del Plan Puebla-Panamá nos colocará en una estrategia de
desarrollo marcadamente "hacia afuera". El mercado eléctrico
regional tiene como objetivo el establecimiento de un sistema de intercambios
"garantizados" de energía que eventualmente podría
minar la satisfacción de la demanda interna de nuestro país.
La magnitud de los proyectos requeridos para atender ese mercado no haría
más que exacerbar los perjuicios sociales y ambientales anteriormente
descritos, llegándose a una tensión cuya solución
posiblemente hará insuficientes los mecanismos tradicionales de
solución de conflictos de la sociedad costarricense.
Por supuesto, también nos planteamos la pregunta de a quién
sirve el mercado eléctrico centroamericano. A partir de los documentos
del Plan Puebla-Panamá vemos que tampoco se trata de proporcionar
energía eléctrica para una eventual mejora de la calidad
de vida de las comunidades centroamericanas; en realidad ese mercado regional
vendría a satisfacer las necesidades de la industria maquiladora
y de los megaproyectos de infraestructura vial, portuaria y aérea
que el Plan prevé como parte de la estrategia de poner al istmo
en función de los intereses del intercambio comercial de la economía
estadounidense.
El artículo de René Castro y múltiples declaraciones
de autoridades del Ice, así como las posiciones del sector ambiental
y de las comunidades, nos llevan a una muy necesaria discusión
que consideramos impostergable, la de cuál es la verdadera misión
del Ice, si el desarrollo energético o la hidroelectricidad. Nuestro
análisis nos dice que el Ice ha perdido su sentido de misión.
Esta entidad fue creada -y tiene entonces ahí su razón de
ser- para la satisfacción de las necesidades de energía
eléctrica del país y no, como nos pretenden hacer creer,
para la generación hidroeléctrica, y eso es precisamente
lo que tenemos que recuperar y lo que nos llevó a participar activamente
en la lucha contra el combo Ice. El Ice está en la obligación
de dar un suministro de energía garantizado para la población
y las actividades productivas, mediante mecanismos de generación
que salvaguarden los necesarios equilibrios entre la sociedad y el ambiente
y entre las necesidades de las actuales y futuras generaciones. Actualmente,
estamos impulsando un proceso participativo de discusión que nos
lleve, en el mediano plazo, a redefinir la oferta eléctrica, a
la elaboración e implementación de alternativas energéticas
realmente renovables y limpias que encaminen nuestro desarrollo en términos
de la sustentabilidad, pero también al diseño e implementación
de políticas que afecten decididamente la demanda energética,
de forma que hagamos, como sociedad, un uso verdaderamente eficiente de
la energía. Desde nuestra perspectiva, el Ice que queremos para
el siglo XXI debe estar caracterizado por: (1) enmarcar su actividad en
términos de lograr el desarrollo sustentable del país, partiendo
de las necesidades locales de las comunidades y actividades productivas;
(2) impulsar atrevida y enérgicamente el uso de fuentes energéticas
no convencionales; (3) respetar verdaderamente a las comunidades y establecer
procesos y mecanismos amplios y claros de participación ciudadana;
(4) contribuir en la implementación de procesos participativos
de gestión integrada de cuencas; (5) respetar los parques nacionales
y reservas biológicas; (6) establecer procesos multicriterio para
la evaluación de proyectos y esquemas de desarrollo eléctrico,
y (7) promover un cambio radical en los patrones de consumo eléctrico
por medio de programas de administración de la demanda y de eficiencia
energética.
