La Costa Rica pobre y desempleada

Manuel Argüello

Sociólogo especialista en planificación urbana, es profesor e investigador en la Universidad Nacional.

Las condiciones de pobreza van acompañadas normalmente de una precaria inserción laboral, con alta inestabilidad -como en la construcción, la corta estacional y los servicios personales como arreglo de jardines- y baja remuneración, con familias pobres concentradas en algunos barrios localizados en zonas de bajo costo de la tierra -lo que implica condiciones de alto riesgo y bajo nivel de servicios e infraestructura. Muchas familias jefeadas por mujeres constituyen el grupo principal de la pobreza urbana, lo que hace más difícil el acceso al mercado laboral formal en condiciones de cumplimiento de jornadas y en las condiciones de exigencia de este mercado -la maquila, el trabajo doméstico, los servicios comerciales, etcétera.
En algunas regiones del país estas condiciones de la población pobre se han agravado recientemente en función de cambios abruptos o paulatinos pero constantes en los mercados normales, como las zonas bananeras del Pacífico sur o la Zona Norte. Algunas zonas mantienen desde décadas atrás una bajísima demanda laboral formal por la ausencia de inversión privada y la reducción paulatina de la inversión pública, la que se ha ido constituyendo en prácticamente la única fuente de empleo (Limón zona central) y la población pobre (que supera en muy altos porcentajes los niveles de escala nacional: alrededor del 35% en Guanacaste, por ejemplo) no tiene más remedio que emigrar o insertarse en forma muy inestable en servicios personales (en algunos casos ilegales) vinculados al turismo estacional internacional. Esto fue una característica de la Zona Norte pacífica durante decenios, pero durante la última década el impacto del desarrollo turístico ha creado una nueva fuente de empleo directo e indirecto en ciudades intermedias y poblados costeros de toda la región que, sin embargo, todavía no permite a la región crecer en forma tal que se impida la migración o se reduzcan sustancialmente los desmedidos índices de pobreza.
En Costa Rica dos zonas son especialmente vulnerables a los cambios abruptos del contexto nacional e internacional de las últimas dos décadas sin que haya una contraparte local o nacional que permita organizar una respuesta razonable en términos de la búsqueda de equilibrios entre condiciones ambientales y procesos de transformación económica y social: las regiones del Pacífico central y del Caribe sur. Evidentemente hay otras zonas que sufren graves impactos, como la zona fronteriza norte y la propia Área Metropolitana de San José, así como algunas ciudades intermedias; pero las dos regiones inicialmente citadas acumulan una variedad de procesos de intervención de tal magnitud que están provocando situaciones irreversibles y muy destructivas, mientras que son escasos los estudios y más escasas aun las propuestas de respuesta hacia lo local que integren aspectos territoriales con la planificación económico-social y en particular sobre empleo, desigualdad y pobreza junto a criterios de riesgo en un contexto analítico que dé relevancia a los conceptos de sostenibilidad.

Desde tiempos coloniales, la región del Atlántico (o Caribe) sur de Costa Rica ha sido reconocida como una de las más ricas, tanto por su biodiversidad y riqueza natural como por ser multi-étnica y rica en posibilidades de desarrollo cultural. No obstante, ese potencial sigue latente y, al contrario, la población regional, también desde la Colonia, se ha caracterizado por sus altísimos niveles de pobreza, de explotación desmedida de la fuerza laboral y de represión y segregación social, tanto con los autóctonos habitantes precolombinos como con los inmigrantes afro-caribeños traídos o atraídos por el desarrollo de nuevas formas de explotación y trabajo en la región, tanto con el cacao como con el ferrocarril y con el banano (hasta entrados los años treinta) y luego con la explotación turística y de turismo sexual, junto a la extracción de riquezas de las zonas protegidas y las reservas indígenas. Más recientemente, en las últimas décadas, junto a la nueva explotación bananera que de nuevo integra inmigrantes indígenas de las zonas fronterizas del sur, se ha desarrollado una extensa explotación vinculada al cultivo y trasiego de drogas, con lo que los niveles de explotación, violencia, represión y opresión contra la población campesina ha llegado a límites similares a los de la Colonia.
El Pacífico central es una extensa región que abarca al menos tres cantones (Garabito -Herradura, Jacó-, Parrita y Aguirre -Quepos), pero que debe entenderse en un contexto más amplio que involucra el gran corredor de comercio que comunica a Panamá con Nicaragua y constituye la costanera sur, todavía en proceso, pero ya implicando cambios abruptos en toda la zona que va desde Barranca (cantón de Puntarenas), pasando por Esparza y hasta el Pacífico sur del país, incluyendo la zona conocida como Región Brunca. Si bien ésta no es una zona de contrastes étnicos, sí lo es en cuanto a niveles de ingreso y sí lo fue desde los años cuarenta en términos del impacto de las plantaciones. Ésta fue una zona poco poblada hasta hace unas pocas décadas y, de hecho, hasta el inicio de las plantaciones seguía siendo una gran reserva de biodiversidad. El fácil acceso desde el Valle Central ha ido permitiendo el crecimiento de actividades económicas ligadas al turismo desde hace pocas décadas, pero con una tendencia acelerada y sin control, con las funestas consecuencias observables en ciudades como Jacó o Quepos. Más recientemente, las nuevas formas productivas multinacionales en lo turístico han descubierto esta zona de manera que está en medio de inmensas transformaciones en aspectos como el precio de la tierra y la especulación inmobiliaria.
La región atlántica presenta uno de los más bajos índices de desarrollo y los más altos de pobreza del país, y equivale en sus condiciones a la situación de otros países de Centroamérica. Lo que ha dado como consecuencia que la población joven presente los más altos índices de desempleo y que la migración sea la única salida para la supervivencia (la población negra migra a Nueva York y otras ciudades de EU). Esta condición de población emigrante es una característica que identifica a las dos regiones, pues también la zona del Pacífico central -en particular luego del cierre de las bananeras- es una zona de expulsión de población y de miseria extrema en pueblos desolados. Esta situación de crisis en el Pacífico no ha sido para nada superada por intentos como los parques comerciales libres de impuestos u otras inversiones públicas o privadas, y se sigue a la espera de la finalización de la carretera.
En ambas costas, la estructura productiva basada en la gran plantación para la exportación o la pequeña economía de subsistencia solo ha sido complementada o sustituida por la instalación a lo largo de la línea costera de una suerte de enclaves muy pequeños de explotación turística de la riqueza natural (turismo ecológico) y/o de la población local (turismo sexual), que tuvo un período de auge en algunos puntos durante la década de los años ochenta y principio de los noventa y decayó en algunas áreas seriamente durante la siguiente década, con lo que algunos pueblos quedaron llenos de hoteles abandonados. En ambos casos, con ello se incrementó la inmigración hacia la zona y el comercio informal en los principales centros comerciales y de servicios al turismo. Sin embargo, en aquellos sitios en que se mantienen las condiciones de la época de auge, y en particular en los principales pueblos cabeceras de distrito, por ejemplo en Jacó y Herradura, y Puerto Viejo y Cahuita, este crecimiento abrupto en los establecimientos de servicios comerciales y turísticos no estuvo complementado por las infraestructuras necesarias para permitir un desarrollo equilibrado y, por el contrario, en todos esos sitios la alta contaminación ha sido uno de los principales impactos (ruido, basura, desechos líquidos, exceso de vehículos, etcétera), y no el desarrollo económico local o el aumento del empleo y la reproducción o estimulo de diversas formas de trabajo e ingreso en la zona. En varios de esos sitios los grados de contaminación y explotación excesiva del recurso hídrico pone en serio peligro la existencia propia de la zona como sitio de explotación turística, y en pocos años podría enfrentar un proceso de decadencia y ruina.
En consecuencia, aunque en las dos regiones se puede encontrar enormes cantidades de pequeños establecimientos, en su mayoría éstos son propiedad de inmigrantes europeos y norteamericanos, quienes los atienden personalmente y no requieren más que una muy baja contratación local de personal de apoyo o productos; estos últimos, incluyendo en el caso del Atlántico el pescado y los mariscos, son importados de otras partes del país o del extranjero. Los grandes proyectos hoteleros y turísticos son más comunes y típicos del Pacífico, donde no solo ya se han consolidado algunos, sino que están en proceso de construcción u organización otros varios de cientos o miles de hectáreas que generan un tipo de impacto concentrado en términos de empleo y demanda, pero siempre escaso, pues desarrollan al interior del complejo prácticamente todas las actividades. En ningún caso este tipo de inversión logra generar una demanda laboral equivalente a la oferta -o más bien la sobre-oferta- generada por el abandono de las plantaciones y el ingreso de nuevas generaciones al mercado laboral.
Más allá de tales actividades se puede encontrar trabajos tradicionales vinculados al comercio y los servicios en los pueblos bananeros y fronterizos con Panamá -en el caso del Atlántico- y las tres cabeceras de cantón -en el caso del Pacífico. Estos últimos son los centros comerciales de la región predominantemente agrícola, y en el caso de Jacó, la más importante ciudad-turística de toda la región. Los poblados de las dos regiones han sufrido y siguen sufriendo por las inundaciones, cada vez más en la medida que hubo un cambio sustancial en la estructuración del territorio a partir del terremoto de principios de la década de 1990 en Limón y por las condiciones hidro-meteorológicas y geológicas de la estrecha franja costera pacífica, sin que hasta la fecha se hayan puesto en práctica medidas de mitigación y menos aun de modificación del patrón de uso del suelo en función de las nuevas condiciones. Y no porque no haya propuestas, sino porque las existentes no han tenido el apoyo local suficiente y menos aun el respaldo de políticas estatales que las soporten y promuevan o, simplemente, porque hay grandes intereses empresariales y políticos que las relegan. En estas circunstancias, las condiciones han tendido a empeorar, tanto en lo económico como en lo laboral y en el riesgo frente a desastres, con sus secuelas de pérdidas de largo plazo e impactos inmediatos en la población y la estructura productiva y laboral, lo mismo en Sixaola que en Parrita.
En las zonas más altas y las faldas montañosas de Talamanca, las centenarias condiciones de explotación y vejación siguen golpeando a las comunidades indígenas del Atlántico que viven en sus reservas y sufren, en vez de disfrutar, las condiciones especiales de la propiedad, pero a la vez tienen serias dificultades para sacar provecho de esa condición de reserva de sus propiedades. Esta población especialmente impactada por la miseria y falta de servicios e infraestructuras de toda índole, padece el impacto cotidiano de la explotación y violencia a que los someten los nuevos colonizadores: los blancos traficantes y comerciantes de drogas que actúan impunemente frente a la ausencia casi total de elementos mínimos de seguridad o autoridad. Pero no solo eso, sino que durante décadas han sufrido por la ausencia de opciones de desarrollo de sus economías de auto-subsistencia, a lo que se ha sumado la explotación de los comerciantes y productores no indígenas que usurpan sus tierras ancestrales o los contratan ilegalmente por bajísimos salarios.
Una estrategia de desarrollo regional con una perspectiva de desarrollo humano sostenible para cada una de estas regiones ni siquiera se ha discutido, no obstante que en Limón sí se ha dado una amplia discusión en torno a la explotación petrolera y son permanentes las noticias sobre impactos de desastres y sobre denuncias de violencia contra los indígenas y de la pobreza y abandono que se sufren. Aunque se han propuesto algunas formas concretas de inversión o explotación, las contradicciones son muy amplias por los múltiples intereses particulares que chocan entre sí. Mientras algunos pugnan por abrir las reservas indígenas, otros presionan para que se mantengan las condiciones de abandono. Las organizaciones indígenas defienden sus ancestrales derechos y han hecho propuestas concretas y viables, pero no escuchadas; algunos impulsan la inversión pública en infraestructuras mientras otros sugieren que no tiene sentido invertir en una zona casi despoblada y para beneficio de unos pocos dueños extranjeros de hoteles; algunos proponen un impulso al desarrollo de la zona sur fronteriza teniendo como eje a Sixaola mientras otros insisten que ese poblado debe desaparecer dado que no tiene opciones económicas y está sujeto al impacto casi diario de las inundaciones en razón de que ahora prácticamente está localizado en el cauce del río -condición crítica que comparte Parrita.
En los tres cantones del Pacífico central, más allá de la especulación inmobiliaria son pocas las iniciativas de inversión que no se basan en el turismo mismo, y la expectativa por la futura carretera costanera -y los esperados beneficios que traería- hace cada vez más importante la planificación del conjunto del corredor de comercio y logístico que tome como eje la creación de empleos de calidad y adecuadamente remunerados, y no solo de una ciudad o una playa o un cantón, sino de toda la zona costera y del corredor más allá de los límites nacionales.
Se requiere la planificación integrada del desarrollo de los tres cantones en un contexto mayor: el de los demás cantones a lo largo de la costanera y de los cantones a lo largo de la carretera hacia el Valle Central (Atenas, San Mateo, Orotina). La zona y su enorme riqueza biológica, con sus grandes humedales costeros y sus reservas, algunas ya raquíticas, es desde hace muchos años la víctima de la falta de tratamiento de las aguas de desecho del Área Metropolitana de San José y la aparatosa destrucción de la cuenca del río Tárcoles, pero además ahora peligran otras zonas todavía no tan contaminadas y los principales pueblos por la propia contaminación en desechos sólidos y líquidos que ellos mismos producen, así como la falta de fuentes de agua potable, que tanto demandan y en tan grandes magnitudes los desarrollos turísticos tipo enclave (v.g. Los Sueños, en Herradura) y la aceleradísima urbanización de las cabeceras de cantón, como Jacó -que ya semeja un suburbio pobre de San José- y Quepos con su enorme contaminación, pobreza y falta de oportunidades y empleo.

La política nacional vinculada al empleo tiende a fijarse en las negociaciones laborales y en la respuesta a gremios, y a partir de la permanencia de equilibrios macroeconómicos, y no se diseña en función de atender o contrarrestar las condiciones de pobreza de distinta naturaleza y con grandes diferencias regionales, con lo que se continúan agravando situaciones ya de por sí críticas desde años atrás. Así, mientras en algunos sitios y sectores se puede identificar una política de empleo basada en la tolerancia y la permisividad de condiciones de contratación y de salario que claramente atentan contra la legalidad y los precios y condiciones de vida de la población (como sucede con la población guaimí del Atlántico sur en las bananeras), en otras las políticas (como las que promueven el desarrollo turístico) tan solo indirectamente impactan la pobreza preexistente.
Las políticas públicas relacionadas directa o indirectamente con el empleo no se han diseñado siguiendo patrones estratégicos que atiendan las condiciones concretas de pobreza según región y sector, y con ello su impacto se diluye o deja de lado amplios sectores de población y amplias regiones del país. La migración internacional de costarricenses es una respuesta social a ello, y se tienen algunas zonas donde las remesas del exterior es lo que permite la supervivencia de familias de las zonas costeras mencionadas, y de otras regiones donde, sin embargo, las familias pueden ser dueñas de varias hectáreas de café (v.g. en la zona de Los Santos y el Valle de El General).
Las políticas directamente ligadas con la creación de empleo -como las de financiamiento a ciertos grupos como microempresarios- no alcanzan ni la cobertura, ni la universalidad ni la amplitud financiera, pero tampoco la concentración territorial -a partir de condiciones concretas regionales de pobreza- como para que sus impactos puedan cambiar en forma cualitativa (o que se noten en las mediciones periódicas cuantitativas) las condiciones características de la población pobre del país. En particular sobre el subempleo, el empleo informal y las bajas remuneraciones es donde más omiso es el estado costarricense y donde los impactos son menores. Al sur del Atlántico las poblaciones inmigrantes se insertan en las bananeras, lo mismo que en el norte en la corta de cítricos y otros empleos agrícolas estacionales, pero la oferta de empleo es muy superada por las corrientes migratorias que se explican en su origen y no en su destino -o sea, no se explican principalmente por la demanda de empleo aquí, sino por la inexistencia de empleo en sus países de origen. En ambos casos se insertan en condiciones de ilegalidad o legalidad muy precaria (pero tolerada), y ello implica una muy baja remuneración (en el límite de la subsistencia), inestabilidad y flujo constante en búsqueda de mejores condiciones hacia las ciudades intermedias, los principales puertos y la región central-urbana del país en el caso del norte (nicaragüenses especialmente), pues en el Atlántico sur la población indígena panameña se queda inserta y estancada en contratos bananeros similares a los de hace 60 años.
La tolerancia como política, pero sin dirección o enfoque particular para propiciar una u otra tendencia específica, constituye en sí una política de empleo dado el enorme impacto que genera en el mercado laboral, tanto en su existencia como en los niveles de salario y disfrute de las demás garantías sociales y laborales establecidas en la legislación nacional, que tienden a dejar de cumplirse o a suavizarse en su aplicación (en la construcción los "contratistas" burlan por completo el Código de Trabajo y pagan a destajo sin ningún aseguramiento en salud o seguridad laboral como lo exige la ley), y ha sido la constante durante las tres últimas administraciones.
Los intentos de legalización de los emigrantes -v.g. la amnistía- han permitido su regularización, pero no han ido acompañados de procesos vinculados con su inserción en el mercado laboral en condiciones "normales" según la legislación nacional, y por lo tanto no constituyen tampoco un cuerpo de política integrado y directamente orientado a mejorar las precarias condiciones de vida y de trabajo de esa gran población. Ni en general -en relación con la pobreza y su diferenciación regional- ni en particular -en relación con la población emigrante nacional o extranjera- hay un cuerpo de política diseñada a impactar su introducción relativa en el mercado laboral y mejorar las condiciones de inserción. La tolerancia o las acciones puntuales de corto alcance apenas han afectado sectores pequeños o desaparecen al poco tiempo -como tantos otros programas de política social- dejando un impacto a medias que se diluye con los años. Es en este aspecto vinculado al empleo y a su análisis regional donde hay una explicación cada vez más clara para el aumento de la desigualdad y, a la vez, donde menos se ha dirigido la política social, que ni es regional ni es concentrada ni es priorizada, y continúa padeciendo de un enfoque reactivo, sectorial y paliativo que diluye los fondos disponibles y nunca logra impactos sucesivos, ni en el territorio ni en el mediano plazo.
Una política social que parta de una regionalización minuciosa y modifique aspectos puntuales, pero esenciales, en las zonas críticas, orientada hacia la inserción estable y en búsqueda de impactos concentrados sobre poblaciones críticas, es esencial para mantener, en un futuro muy cercano, la estabilidad política y la paz social del país.