Eduardo
Gudynas
Finalmente, se realizó en Johannesburgo la Cumbre de la Tierra. Culminando un largo proceso, del 2 al 4 de septiembre más de 100 jefes de estado se congregaron allí con el claro mandato de lograr acuerdos básicos para preservar el planeta. El antecedente inmediato -Río de Janeiro 1992- terminó con un conjunto de acuerdos internacionales y un enorme plan de acción (Agenda 21). Se quería que esta nueva Cumbre avanzara más en los compromisos asumidos diez años atrás.
A lo largo de 2002 muchos analistas alertaron que la Cumbre de Johannesburgo marchaba al fracaso, y los resultados así lo confirmaron. Se sucedieron las reuniones preparatorias y los países no lograron acuerdos básicos debido a las discrepancias entre los gobiernos. Llegados a Johannesburgo apenas se logró un consenso básico, con un breve Plan de Acción repleto de generalidades y una declaración política con una sucesión de aspiraciones.
Tal pobre resultado en buena medida se explica por la posición de Estados Unidos que, más allá de este caso, ejerce un militante combate a los compromisos ambientales internacionales, alcanzando unos extremos tan negativos que a muchos gobiernos les resulta muy sencillo distanciarse y aparecer como ambientalmente más sensibles. Ése es el caso de la Unión Europea, que -por ejemplo- frente a la resistencias estadounidenses para controlar la emisión de gases invernadero, ofrece y defiende un plan vistiéndose así de verde. Pero sus propuestas son tímidas e insuficientes a la luz de los datos del panel científico internacional sobre cambio climático. Ni qué decir de la incapacidad europea para controlar la contaminación del suelo y el agua debido al uso excesivo de agroquímicos.
Por otro lado, lo que se presenta como uno de los éxitos de Johannesburgo, la ratificación del Protocolo de Kyoto por Canadá, Japón y Rusia, en realidad muestra a tres naciones que a regañadientes se adhieren a un acuerdo internacional que viene siendo discutido desde hace cinco años. La Cumbre de Johannesburgo, por cierto, no fue convocada para resolver los problemas de anteriores tratados, sino para avanzar hacia el futuro.
Los países latinoamericanos también se beneficiaron de las posiciones ambientalmente regresivas de Washington y desplegaron muchas declaraciones. La propuesta de Brasil, apoyada por todo el continente, de alcanzar un 15% de energías renovables, tuvo calurosa recepción entre oenegés y la prensa. En esa situación no podemos olvidar que, por ejemplo Venezuela, alternaba entre apoyar ese tipo de ideas y defender las posturas pro-petróleo junto a los países árabes y demás miembros de la Opep. Por otro lado, el gobierno brasileño no logra avanzar con medidas concretas de protección de su biodiversidad, especialmente en la zona del Cerrado que continúa desapareciendo por el avance de cultivos de soja y cría de ganado.
Hay más contrastes entre los discursos en el púlpito de Johannesburgo con las realidades latinoamericanas. Por ejemplo el protagonizado por el presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, quien recordó que el mundo necesita el oxígeno de nuestros bosques, pero advirtió que "eso tiene un costo", y agregó que "hasta ahora, el Primer Mundo nos dice: cuiden los bosques y muéranse de hambre". Sin embargo, el gobierno ecuatoriano ampara la destrucción de sus propios bosques por la construcción de un nuevo oleoducto desde la región amazónica hacia la costa del Pacífico, enfrentándose a grupos ambientalistas que desean protegerlo. De la misma manera, la estrategia de Noboa y otros presidentes latinoamericanos de reclamar “pagos por conservación” nos hace más dependientes de las naciones industrializadas, y olvida que la conservación es un imperativo para nuestras mismas naciones y no un negocio de trueque.
Parecería que por cada uno de los llamados de los gobiernos de América Latina a la conservación existe más de un ejemplo de fracasos y retrocesos dentro de sus fronteras. Frente a esto, insistir en lo negativo de la posición de Washington puede llevar a minimizar las responsabilidades de nuestros políticos. Esa problemática llegó al extremo con la sucesión de críticas a los subsidios, especialmente los agrícolas, y el reclamo del “libre comercio”. Así, casi con alegría, nuestros gobiernos convalidaron una nueva sombra que emerge de Johannesburgo: transferir los temas ambientales a la Organización Mundial de Comercio, de manera que la biodiversidad, el agua, el suelo y los demás elementos de la naturaleza pasan a ser mercaderías y servicios, quedando sujetos a las regulaciones de dicho organismo. Siguiendo ese camino difícilmente tendremos estrategias ambientales adecuadas, y deberemos cargar con la culpa de ese fracaso.