Desarrollismo hidroeléctrico antiecológico
Osvaldo Durán
El Instituto
Costarricense de Electricidad (Ice) ha invertido últimamente sumas crecientes
en planeamiento y diseño de plantas hidroeléctricas (en Los Llanos, Laguna,
Siquirres y Guayabo), de plantas geotérmicas (en Las Pailas y Borinquen) y de líneas
de transmisión: Ë5.993 millones en 1999, Ë7.576 en 2000 y
Ë11.837 millones en
2001 (según los Estados financieros y opinión de los auditores correspondientes a
los años 1999, 2000 y 2001). El
Ice tiene la capacidad financiera y técnica para asegurar la satisfacción de
la demanda energética nacional, pero ha confundido el desarrollo energético
con la hidroelectricidad, creyendo que son sinónimos. El sector eléctrico del Ice obtuvo en el año
2000 un excedente neto de Ë19.851.000.000 y de Ë19.126.000.000 en 2001, lo que confirma que
esa entidad podría desarrollar un sistema de inversión exclusivamente pública
para asegurar la satisfacción de la demanda eléctrica nacional. Esta institución
sigue siendo la principal empresa del sector con el 81,2% del negocio (1.373 MW),
los proyectos privados controlan 13,2% (204 MW) y otros distribuidores manejan
el 7,6% (111MW).
El plan de expansión
hidroeléctrica del Ice proyecta crear represas en 13 ríos. Además de en
Sarapiquí, Pacuare y Savegre, en Sixaola, Naranjo, Chirripó, San Carlos,
Matina, Parrita, Barranca y, por supuesto, en Térraba, con un potencial
identificado de hasta 2.025 MW. Además, el plan contempla la ampliación de la
explotación en el Sarapiquí y el Reventazón. La suma de esta posible generación
llegaría a 7.333,2MW, lo que comparado con la actual capacidad instalada
efectiva de 1.689,11MW (75% hidroeléctrica, 14% térmica, 9% geotérmica y 3% eólica), crea una seria duda respecto de si es necesario producir tal
cantidad de electricidad únicamente para satisfacer la demanda nacional, que según el Ice crece a un promedio de
5,5% anual. Más alta aun es la
proyección (hecha en 2002) del Diagnóstico
del sector energía para el IV plan nacional de energía, 2002-2016, del
Ministerio del Ambiente (Minae), que calcula el potencial energético
inexplotado de nuestros ríos en 8.153,3 MW.
Si bien la exportación
de energía no sería un mal negocio para el Ice, no necesariamente beneficiaría
al pueblo (con, por ejemplo, reducciones de tarifas). Además hay dos
cuestionamientos de fondo: Primero, no hay ninguna garantía de que la explotación
hidroeléctrica tenga y pueda cumplir con la planificación de cuencas hidrográficas,
pues esto ni siquiera existe para la generación de consumo interno; y al no
existir esa planificación se estarían destruyendo más ríos para incrementar
un negocio cuyos beneficios para el país no son nada claros. Y, segundo, lo
peor de la idea exportadora, desde la perspectiva de un desarrollo energético
sustentable, de protección de ríos, de parques nacionales y de salvaguarda de
las comunidades impactadas, es que se hace una invitación directa a todas las
empresas relacionadas con la generación eléctrica, incluidos los cogeneradores
privados amparados en las leyes 7.200 y 7.508, a “sumarse al esfuerzo
exportador” (Castro, René, La Nación, 1-9-2002: 19A). No se debe olvidar que 29 proyectos
privados que generan únicamente el 13,2% de la electricidad nacional recibieron
solo entre enero y julio de 2001 Ë16.440.600.000
(Ice -
Centro de Servicios de Finanzas. 24-8-2001. Informe
Financiero. San José), y en 2002 es posible que
superen la barrera de los Ë30.000.000.000.
La
propuesta de Plan de Contingencia para el Ice, de octubre de 2000, establece que
los parques nacionales y las reservas biológicas serán excluidas de todo tipo
de proyecto de explotación energética y que un virtual uso hidroeléctrico de
otras áreas protegidas solo será ejecutado por el Ice bajo estrictas normas de
seguridad social y ecológica. Sin embargo, en este momento la dirección de esa
entidad, al rechazar la Propuesta de Políticas y Lineamientos Ambientales del
Ice, elaborada por sus propios funcionarios y el Frente Interno de Trabajadores
del Ice, está abriendo caminos hacia la explotación energética dentro de
tales áreas. El presidente ejecutivo de la institución y el subgerente de
Energía han reconocido públicamente (Canal 13, TVDiario 18-8-2002, y ante la Junta Directiva de Fecon)
que si fuera necesario desarrollar hidroeléctricas dentro de parques nacionales
y la legislación lo llegara a permitir, lo harían.
La
aprobación de 10 principios ambientales por parte del Consejo Directivo del Ice
no constituye una medida integral y es un paliativo ante el rechazo de la
propuesta mencionada. Esos principios pueden constituir un avance desde la
perspectiva institucional, pero son solo normas generales cuya aplicación es
absolutamente insegura si revisamos las prácticas de la institución en
proyectos como Angostura, Peñas Blancas, Sarapiquí, Pirrís y Boruca, donde se
careció y carece de mecanismos efectivos de planificación ambiental y social.
No se trata únicamente de responder
a un requerimiento técnico, sino de dotar el diseño de los planes integrales
de manejo de las cuencas con el contenido económico necesario y, sobre todo, de
elaborarlos, negociarlos y ejecutarlos en procesos participativos, a fin de
evitar las imposiciones y la simple utilización de las comunidades y sus
recursos por parte del Ice.
El modelo de desarrollismo
energético del Ice basado en la explotación del agua atenta contra
la seguridad social y ecológica
de Costa Rica. La ejecución de proyectos hidroeléctricos
no ha obligado a esa entidad, ni a los empresarios privados, a aplicar todas las
debidas normas de seguridad social y ambiental. Sigue sin diseñarse e
implementarse planes de manejo de las cuencas en las que se genera
hidroelectricidad. Angostura es un claro ejemplo de la falta de planificación
y, por ende, de impactos sociales y ambientales negativos en las comunidades de
Turrialba: irrespeto del caudal ecológico del río y desaparición literal del
Reventazón desde el embalse hasta la casa de máquinas, desaparición de
especies, cambios severos en el microclima de la zona debido al embalse, etcétera.
El mito de la generación de posibilidades turísticas se desdice con creces en
el caso de Angostura, pues el embalse se ha convertido en un gigantesco y fétido
lago de excrementos humanos y basura provenientes de Cartago y Turrialba, a lo
que se suma una creciente sedimentación debida a la carencia de manejo integral
de la cuenca del Reventazón hacia arriba del embalse. El río Turrialba también
fue represado y la piedra y sedimentos acumulados ya están a la altura y a
pocos metros de la pared de concreto. Adicionalmente, la muerte del río
Reventazón eliminó la fuente de trabajo e ingresos que proporcionaba el raftin.
El
desarrollo energético nacional debe ser discutido y definido con la participación
directa de las comunidades en las cuales se implementan los proyectos hidroeléctricos.
Debe introducirse los conceptos de soberanía y autonomía para que los derechos
y necesidades de las comunidades sean atendidas y resueltas. En los casos de
posibles proyectos que atenten contra poblaciones indígenas, como Boruca y
Pacuare, este asunto es aun más relevante. En síntesis, los derechos y
prioridades de desarrollo integral de las comunidades deben estar por encima de
los intereses particulares de cualquier proyecto público o privado.
Hay
abundante evidencia de la carencia de una visón planificada y de la imposición
que los proyectos hidroeléctricos significan para el país. Al proyecto
Angostura podemos sumar el proyecto Peñas Blancas, en el que la municipalidad y
los vecinos denunciaron la carencia de prevención y mitigación de impactos
sociales y ambientales. En el proyecto Pirrís el Grupo de Enlace de
organizaciones comunales del Pirrís está denunciando la explotación de tajos
y talas en áreas de protección de agua, y una total carencia de información
sobre el plan de manejo de la cuenca, lo cual es una obligación incluida en el
estudio de impacto ambiental. La urgencia del Ice por implantar el proyecto
Boruca provocaría el desplazamiento de los 1.200 habitantes indígenas de esa
región, 25.000 hectáreas inundadas y, lógicamente, la destrucción de uno de
los patrimonios culturales más importantes del país. Tanto el proyecto Boruca
como los cinco posibles proyectos en Pacuare violarían abiertamente el Convenio
169 de la Organización Internacional de Trabajo ratificado por Costa Rica. En
comunidades de la cuenca del Pacuare, como Bajo Pacuar, Mollejones y San Pablo,
la táctica del Ice es la misma que en todo el país: se ofrece arreglar
caminos, mejorar escuelas, regalar materiales, etcétera. En Boruca el Ice está
pagando sumas millonarias a empresas consultoras para ablandar a las comunidades
y hacerles creer que el proyecto Boruca coincide con sus necesidades de
desarrollo.
En general, las relaciones
del Ice con las comunidades son verticales e impositivas. Sin embargo, la
exposición de numerosos problemas en muchos sitios del país está permitiendo
que las comunidades entiendan y ejerzan su derecho a establecer procesos de
información, diálogo y negociación con el Ice. El ejercicio de esos derechos
es lo que puede hacer que el Ice inicie una nueva etapa de relaciones con las
comunidades del país afectadas negativamente por sus proyectos.
Debe
exigírsele a la dirección del Ice el cumplimiento de todas las normas de
seguridad social y ecológica en cada uno de sus proyectos. El reto más urgente
que se plantea a la sociedad costarricense, y no solo al Minae y al Ice, es
planificar el desarrollo energético nacional investigando e implementando más
ampliamente sistemas alternativos de desarrollo energético –más allá de la
hidroelectricidad y el petróleo- a fin de no sacrificar los recursos naturales.
Un nuevo modelo energético, que es ya necesario, habría de replantearse la
escala de los proyectos (desde la perspectiva economicista tradicional cuanto más
grande un proyecto mejor es, sin importar la protección de los recursos
naturales utilizados). La implementación de alternativas energéticas debe
explorar escalas pequeñas y ajustadas a la disponibilidad de recursos en
regiones y comunidades. El desarrollo energético
nacional debe asegurar la protección
absoluta de los parques nacionales y las reservas biológicas ante cualesquiera
proyectos energéticos, lo mismo que el uso mínimo y restrictivo de todas las
áreas protegidas. En Costa Rica, a pesar de los
avances logrados, ya arribamos a un estado de fragilidad y vulnerabilidad de los
recursos naturales que nos obliga a comprender que tan estratégico para el país es la generación energética como
la protección de la cultura, los derechos de los pueblos y la conservación
estricta de todos los recursos naturales.
Osvaldo Durán, sociólogo, es presidente
de la Asociación Proal, directivo de la Federación para la Conservación de la
Naturaleza y miembro de los Grupos de Trabajo en Energía y Aguas de esta
entidad.